Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Odian a quienes hoy desean poner fin a la
guerra, y admiran a las elites que hicieron todo para hacer legítimo el
levantamiento armado.
Después
de varios desencuentros y una histórica y bien construida desconfianza[1],
delegados del Gobierno y del ELN decidieron iniciar la fase pública de la
negociación política del fin del conflicto armado, el próximo 7 de febrero.
Hay
que celebrar el anuncio, pero debemos reconocer que hay una circunstancia
política que desde ya juega en contra del buen curso de la negociación: Santos está de salida de la Presidencia.
De esta forma, los negociadores tendrán que apurar el paso y llegar a acuerdos
antes de que termine la actual administración.
La
única forma de hacerlo es hacer que confluyan varios puntos de la Agenda
pactada con el ELN, con el proceso de implementación del Acuerdo Final de
Colón, firmado entre el Gobierno de Santos y la dirigencia de las Farc. De no
hacerse así, se abrirá espacio a las posturas radicales, en especial cuando
desde el COCE se exija a Santos hacer cambios estructurales en el
funcionamiento del Régimen, al final de su mandato. Si ha sido difícil para varios sectores de
poder aceptar el sentido de la negociación lograda con las Farc, no es difícil
imaginar la reacción ante mayores exigencias que en verdad permitan pensar que
“se le está entregando el país a la guerrilla”.
Muy
seguramente la fase pública que se espera arranque el 7 de febrero y en adelante
las propias discusiones que se darán en Quito, recibirán las presiones propias
de un escenario político-electoral que girará en torno a dos asuntos: el
primero, la implementación del Acuerdo Final al que llegaron el Gobierno y las
Farc y el real compromiso estatal para construir una paz estable y duradera sobre la base de cumplir con la palabra empeñada; y
el segundo, la lucha contra la corrupción, convertida como nunca en un asunto
electoral de gran interés para un electorado acostumbrado a votar en medio de
masacres, tomas sangrientas de pueblos, ataques a estaciones de policía y bases
militares y voladuras de torres y oleoductos, en el marco de un conflicto
armado del que hoy ya poco se habla.
Si
la dirigencia del ELN actúa con responsabilidad histórica y lee con sabiduría y
“sacrificio ideológico” el momento histórico que vive el país, promoverá en sus
delegados la idea de negociar con el Gobierno de manera rápida, supeditando la
discusión de la Agenda pactada, a los dos temas públicos sobre los cuales
girará el pulso presidencial entre los sectores que creen posible construir una
paz estable y duradera, y aquellos empecinados en torpedear el proceso jurídico,
social, cultural y político que recién comienza para lograr la implementación
del Acuerdo Final (II), alcanzado en La Habana.
Por
ejemplo, la liberación del ex congresista Odín Sánchez debería de guiar la
discusión de la Agenda pactada entre el Gobierno y el ELN, para exigirle al
Establecimiento compromisos reales en la lucha contra la corrupción. Liderar
esa discusión la daría al COCE y a esa guerrilla, un carácter social y político
distinto, en un ambiente electoral polarizado.
Quizás
a las élites de poder no les convenga que el tema de la corrupción se imponga
en la próxima contienda electoral y menos aún, que resulte determinante a la hora de elegir
un nuevo Presidente. De allí la necesidad de que el ELN libere al ex
congresista Odín Sánchez, quien es apenas un eslabón de las redes clientelares, mafiosas y corruptas que históricamente han guiado las relaciones Estado, Mercado y
Sociedad.
Está
claro que el Estado tiene toda la capacidad militar para extender el conflicto
armado interno con el ELN[2].
Con la desmovilización de las Farc, y el reagrupamiento de los Paramilitares,
le quedará más fácil a la Fuerza Pública golpear militarmente a los “Elenos”. Por
ello insisto en que develar a nivel nacional e internacional el carácter
mafioso de esas élites de poder que han “cooptado y capturado” el Estado para
su propio beneficio, puede resultar más favorable y rentable políticamente para
la guerrilla del ELN, que insistir en una lucha armada caduca y anacrónica.
Los
comandantes del ELN deben entender que por primera vez el electorado colombiano
participará de una elección presidencial en donde el tema central es la
corrupción y no la guerra. Ojalá comprendan que se requiere conquistar a un
electorado que poco a poco comprende que la Gran Prensa[3],
durante más de 50 años, inoculó la idea de que el único problema del país era
la presencia de las guerrillas. Semejante engaño sirvió para ocultar el real
cáncer que sufre el Estado y la sociedad: la
corrupción[4].
No
son tiempos estos para mantener posturas dogmáticas y sueños románticos. Es
posible redireccionar los objetivos del Estado, si a través de la discusión
pública logramos desenmascarar a los corruptos y a partir de allí, discutir un nuevo ethos[5]
sobre el cual anclemos esa paz estable y duradera que tanto anhelamos.
Señores
del COCE: tengan en cuenta que Santos está de salida.
Adenda: si en su política exterior, el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump decide desconocer el Acuerdo Final (II), el
próximo Gobierno de Colombia deberá optar por el multilateralismo y consolidar
los apoyos que la Unión Europea y los países de América Latina le han ofrecido
para asegurar escenarios de posconflicto.
Imagen tomada de notimerica.com
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