Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
La tesis con la
que Uribe Vélez y una parte importante del Establecimiento negaron durante ocho
años la existencia del conflicto armado interno, hoy sostiene ideológica y
políticamente las posturas asumidas por José Félix Lafaurie y el Procurador Ordóñez
Maldonado frente a la ley de Víctimas y Restitución de Tierras y a las acciones
ya emprendidas por la Unidad de Restitución de Tierras para devolver los
territorios y las tierras a los campesinos despojados, lo que supone quitárselas
a los despojadores de “buena fe” y a sus testaferros.
No se trata,
entonces, de posiciones desconectadas social, económica y políticamente. Por el
contrario, está el país ante una estrategia política de largo aliento, hoy
liderada por Lafaurie y Ordóñez Maldonado, a la que bien se podrían sumar Vargas
Lleras, como eventual candidato presidencial, así como aspirantes a llegar a
alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.
El primero, polémico
ganadero y para muchos analistas simpatizante de la “causa” paramilitar y patrocinador[1] de
grupos paramilitares; y el segundo, funcionario que convirtió la Procuraduría
General de la Nación en una suerte de “bunker” desde donde emprendió una “cruzada”
contra los derechos de la comunidad
LGTBI y se hizo reelegir de manera fraudulenta afectando la propia
institucionalidad estatal.
Es decir, la
tesis negacionista del conflicto armado interno que Uribe impuso a través de su
política de seguridad democrática hoy sirve de pivote para aquellos sectores de
poder que insisten en mantener y extender las circunstancias y condiciones
contextuales que hicieron viable ética y políticamente el levantamiento armado
interno en los años 60. De esa forma, una parte del Establecimiento que se
opone al fin del conflicto y a la ambientación de la paz por la vía de las transformaciones
que el país requiere en la relación Estado-Mercado-Sociedad, hará que en la
contienda electoral de 2018 sus candidatos afectos usen esa tesis para restarle
legitimidad y viabilidad a las acciones de implementación de lo acordado con
las Delegaciones de Paz de las guerrillas.
La negación del
conflicto armado interno terminará justificando las acciones que puedan
emprender los gobiernos del posacuerdo, interesados en no honrar la palabra del
Gobierno de Santos, empeñada en la firma de los tratados de paz a los que se
lleguen con Farc y ELN.
Una vez la tesis
negacionista del origen, la naturaleza y la evolución del conflicto armado se consolide
como proyecto político en el que confluirán sectores de derecha y ultraderecha,
el país quedará dividido y polarizado en dos vertientes: una, interesada en
exigirle al Estado que promueva las transformaciones que demanda la
consolidación de una paz estable y
duradera; y la otra, que insistirá en mantener la democracia restringida,
la doctrina de seguridad nacional y el Estado débil frente al Mercado y
fuertemente represivo frente a los reclamos de sectores sociales.
Es claro que los
sectores sociales, políticos y económicos que confluyan en la vertiente que
exigirá sustanciales transformaciones en el Estado, en el Mercado y en la
Sociedad, lo harán en un estadio de posacuerdos con guerrillas ya
desmovilizadas, circunstancia esta que será aprovechada por aquellos sectores
cercanos a la segunda vertiente, que buscan mantener en el tiempo las
condiciones de ilegitimidad en las que viene operando históricamente el orden
establecido. Y lo harán, imponiendo sus
lógicas a través del uso de la fuerza coercitiva y represiva del Estado o, por
el contrario, usando las fuerzas paramilitares que aún operan en Colombia.
Así entonces, se
equivocan quienes piensan que la tesis negacionista del conflicto armado quedó
en el pasado, o que puede ser “derrotada” o minimizada con la firma de tratados
de paz. Por el contrario, su vigencia está garantizada por las acciones que hoy
promueven y alientan Lafaurie y Ordóñez y que cuentan con el respaldo de gran
parte del Establecimiento.
Preparémonos
para vivir y experimentar acciones violentas de los sectores de poder a los que
no les conviene la consolidación de escenarios de paz, por cuanto se
acostumbraron al uso de las armas como única estrategia para confrontar los
argumentos de quienes de tiempo atrás vienen exigiendo respeto al pensamiento
divergente y modificaciones sustanciales a las correlaciones de fuerza sobre
las cuales opera el Estado colombiano.
Nota: estas reflexiones salieron gracias al diálogo con Carlos Alberto Ruiz Socha y Jesús Alfonso Florez López, en el marco de la Cátedra de Paz.
Nota: esta columna se publicó en la edición 491 del Semanario Caja de Herramientas, http://viva.org.co/cajavirtual/svc0491/articulo02.html
Imagen tomada de La ProclamadelCauca.com
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