Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La locomotora minero energética
del Gobierno de Santos avanza a toda velocidad sin que a su paso, a esa
descontrolada “máquina”, se le puedan hacer controles en algunas “estaciones”.
La débil institucionalidad ambiental existente en Colombia no puede ni siquiera
examinar, mitigar[1] y mucho menos detener los
efectos negativos[2] que viene dejando sobre
valiosos ecosistemas esa incontrolable locomotora. Tanto así, que las actividades
de mitigación quedan prácticamente supeditadas a la “buena voluntad” de las
empresas que tienen intereses en la exploración y explotación de recursos del
subsuelo.
Como punta de lanza del modelo de
desarrollo extractivo, la locomotora minero energética de tiempo atrás viene
posando su pesada estructura sobre ecosistemas de páramo, sub páramo y
llanuras; y ahora se anuncia su llegada a
territorios, ecosistemas valiosos y estratégicos y a lugares como La
Macarena, en donde aún podemos gozar de la rabiosa belleza de Caño Cristales.
Con la aprobación de la licencia
ambiental que autoriza la exploración de hidrocarburos (Resolución de ANLA,
0286, del 18 de marzo de 2016) a la empresa HUPECOL OPERATING CO LLC, es claro
que sobre el Río de los Siete Colores se ciernen enormes riesgos, a pesar de
los 68 kilómetros
que separan las plataformas de
exploración[3] de dicho afluente y de sus
ecosistemas asociados.
Si bien el Presidente Santos
ordenó suspender provisionalmente la licencia ambiental otorgada a la empresa
HUPECOL, de origen estadounidense, la decisión técnica, jurídica y política
tomada por la ANLA deja entrever la existencia de una política ambiental[4]
pensada exclusivamente para garantizar beneficios económicos a empresas
nacionales y multinacionales. Una política ambiental[5] que,
sostenida en una histórica y débil institucionalidad, prácticamente abocaría al
país a soportar desastres ambientales y a la privatización de recursos
estratégicos como el agua.
En relación con la proximidad de la
firma del fin del conflicto armado, es probable que la ANLA y el Gobierno de
Santos estén pensando en aumentar la presencia de proyectos de exploración y
explotación minera en aquellos lugares en los que por largo tiempo las
guerrillas ejercieron “soberanía”. Es decir, que una vez desmovilizadas y
reintegradas las Farc y el ELN a la vida civil, el Gobierno estaría dispuesto a
vender al mejor postor los servicios ambientales[6] de zonas
cercanas a PNN e incluso, dentro de estos mismos territorios sobre los que el
Estado aún ejerce poca presencia institucional y por lo tanto, exiguo control
sobre disímiles actividades legales e ilegales que allí se desarrollan.
Así, esos y otros ecosistemas
biodiversos pasarían de sobrevivir a la otoñal presencia de las guerrillas y a
los daños ambientales generados por las actividades militares (incluye
atentados) adelantadas por estos grupos subversivos, a sufrir quizás los
mayores daños y efectos por cuenta de las empresas nacionales y extranjeras
interesadas en aprovechar que el país “estará en paz[7]”, lo
que les facilitaría la exploración y explotación de petróleo, coltán y oro,
entre otros.
Sin duda, la reacción de sectores de opinión que se oponen a la
exploración petrolera en ese lugar específico de La Macarena, “obligó” al
Presidente a ordenar la suspensión de dicha licencia. Decisión esta que puede
estar sostenida en una recomendación de sus asesores en el sentido en que dejar
avanzar las actividades de exploración de HUPECOL, afectaría aún más la imagen
del Gobierno, de cara a la aprobación del plebiscito, si este sobrevive al
examen que le hará la Corte Constitucional.
Adenda: llama la atención el silencio de las Delegaciones de Paz de
las Farc y del ELN en torno a la licencia ambiental otorgada a la empresa
estadounidense. ¿Acaso Farc están pensando más en la salida de Simón Trinidad,
que en oponerse a la exploración de HUPECOL? Es claro que la variable ambiental
no es transversal a las Agendas pactadas.
Imagen tomada de cañocristales.com
[3] En la Resolución se lee: “requiriendo para ello la construcción de hasta quince
(15) plataformas multipozo y la perforación de hasta diez (10) pozos
exploratorios en cada plataforma multipozo…” La actividad de exploración estará ubicada en: “El AIPE Serranía
se localiza en una zona de litigio de límites entre los municipios de La
Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el
departamento del Caquetá, tiene una extensión de 34.649 ha y se encuentra
bajo la competencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de La Macarena (CORMACARENA) y la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía — CORPOAMAZONIA.
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