Ahora que vivimos bajo el poderoso influjo de la publicidad bancaria, que nos lleva hasta el cielo (banco de Colombia) y nos hace ver la realidad de otra manera (banco de Bogotá), también predominan las visiones optimistas y hasta eufóricas sobre nuestra realidad política.
Desde las insuperablemente cínicas y gobiernistas, apenas propias de un bufón de Palacio, como la de José “Obtuso” Gaviria, al afirmar que las investigaciones de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia son “la apoteosis de la seguridad democrática”, hasta las más ingenuas que ven en esta coyuntura la oportunidad para la refundación de la política, después de su depuración de criminales. Sin duda, una de las mayores dificultades para superar esta encrucijada histórica es poder reconocerla en sus justas dimensiones, sin caer en los extremos del optimismo obtuso o del pesimismo apocalíptico.
Una forma de hacerlo, es reconociendo que estamos viviendo una auténtica coyuntura histórica de revelación, que nos está develando la verdadera matriz de nuestro sistema político: la simbiosis entre la política y el crimen. Esta simbiosis se encuentra situada más allá del orden constitucional y legal y se ha convertido en el hilo conductor de sus principales transformaciones y crisis. Así como hace 17 años la Asamblea Nacional Constituyente fue catalizada por la violencia magnicida y terrorista de Pablo Escobar, hoy presenciamos la consolidación de un proyecto político hegemónico que, bajo el espejismo de la “seguridad democrática” y como respuesta al miedo ciudadano, está fraguando una nueva alianza entre los privilegiados de siempre con nuevos y potentados criminales, privilegiados por su lucha contrainsurgente, mediante la llamada ley de “Justicia y Paz”.
No sólo se trata de una alianza entre el plomo, el polvo cristalino, la tierra ubérrima y la plata, sino también de un sincretismo ideológico y cultural entre un pasado anacrónico, provincial, neofeudal y violento (cuya mejor expresión son las AUC) con la tecnocracia del power point, Internet y la formación académica internacional, bien reflejada en la personalidad ultramontana y también ultramoderna del Presidente Uribe, rodeado de jóvenes tecnócratas y asesores que añoran el regreso de esa autoridad patriarcal providente, protectora e infalible que encarnaban los abuelos y viejos “paisas”.
Para ejemplificar esta alianza, basta citar el testimonio de quien es considerado el máximo estratega de las Autodefensas, José Vicente Castaño, en entrevista concedida a la revista Semana hace poco más de un año: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos.”[1]
Sobre la simbiosis entre la política y el crimen, bastaría recordar las reveladoras declaraciones del Senador Miguel de la Espriella, del partido “Colombia Democrática”, organización que se precia haber fundado el Senador Mario Uribe con su primo y hoy Presidente, Álvaro Uribe Vélez.
El Senador de La Espriella comienza por recordar que en el año 2001 “nos llegó una citación. Pensaba que era a algunos políticos de Córdoba, después me di cuenta que no era sólo los de Córdoba sino de muchísimos políticos de diferentes regiones del país. Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y Mancuso, nos hablaron unos profesores venidos de la Universidad de la Sorbona y propusieron la creación de un movimiento comunal y político que de alguna manera defendiera las tesis de las autodefensas y que propendiera por un proceso de paz con las autodefensas. Esa fue una reunión que se hizo en Ralito, tengo que decirlo… Con posterioridad a esa reunión se nos solicitó la firma de un documento. Todos lo firmamos. Todos los que estábamos ahí sin excepción. Ahí hubo liberales que salimos del partido y liberales que se mantienen en el partido. Hubo conservadores. Hubo personas que ocupan cargos en el gobierno. Hubo líderes gremiales. Ahí se estaba planteando la creación de un movimiento que respaldara la creación de un movimiento político con una visión más nacionalista.”[2] Al respecto, no deja de ser una curiosa coincidencia que el nombre escogido por el Presidente Uribe para agrupar en torno suyo al mayor número de Movimientos políticos haya sido “Primero Colombia”, bajo cuyo auspicio viene gobernando desde el 2002.
En nuestra historia reciente esta relación entre el crimen y la política ha sido determinante, diferenciándose por sus grados de confrontación, negociación, connivencia, complicidad, coalición táctica o alianza estratégica. Así, podríamos decir que en el extremo de la confrontación, incluso confundiendo la ética política con la moral patriarcal y la política con el honor personal, estuvieron Rodrigo Lara Bonilla y Luís Carlos Galán en su cruzada contra Pablo Escobar y el narcotráfico. Entre la confrontación, la negociación y la connivencia, oscilaron Virgilio Barco y Cesar Gaviria, mientras que Samper se movió desde la negociación, pasando por la complicidad hasta concluir en la confrontación de sus generosos patrocinadores, no sólo con el encarcelamiento de los Rodríguez, sino también mediante el restablecimiento constitucional de la extradición. En la coalición táctica con las FARC estuvo Andrés Pastrana, quien alcanzó en segunda vuelta la Presidencia, en gran parte gracias al veto de las FARC a Horacio Serpa y a su compromiso personal de ofrecerles la zona de distensión, convertida paulatinamente en retaguardia de crímenes de lesa humanidad.
Pero lo novedoso y escabroso del presente es que estamos en la fase de la alianza estratégica entre la política y el crimen. En el lado institucional tenemos al Presidente Uribe, que cuenta con un gran respaldo mediático y de movimientos electorales más o menos efímeros, integrados en su mayoría por bandadas de tránsfugas, oportunistas, ambiciosos y corruptos -salvo contadas excepciones- y en la contraparte criminal tenemos a la fuerza espectral de las Autodefensas que se encuentra en un acelerado proceso de metamorfosis, siendo por ello casi imposible distinguir entre políticos y criminales. Su metamorfosis es tan vertiginosa y exitosa, que incluso ya se están convirtiendo en la autoridad moral que pretende conducir el proceso de paz y reconciliación entre los colombianos, como se desprende de su comunicado público emplazando a los Congresistas a decir toda la verdad sobre el alcance de dicha alianza.
Al respecto, han señalado: “Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo "la verdad os hará libres". El conocimiento de la verdad plena es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro la repetición azarosa de hechos de violencia. El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el más valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese círculo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos”.[3]
Tal es la peculiaridad y gravedad de esta coyuntura que ha desnudado, como ninguna otra, el carácter espurio y falaz de un sistema político que se reviste con los oropeles de la democracia para ocultar así las fuerzas de facto y criminales que rigen su gobernabilidad. De allí su carácter electofáctico. Por ello, el mayor desafío es superar esa falsa e hipócrita imagen, como punto de partida para transitar hacia un auténtico régimen democrático. Para asumir semejante desafío se requiere tanto un cambio en las reglas del juego político como de jugadores, pero sobre todo de actitud y compromiso ciudadano, que es mucho más que una cuestión de buena voluntad y discursos moralizantes, pues la autonomía y la libertad de los electores no crece en medio del hambre, la marginalidad y la manipulación de su miedo. Pero la complejidad de este inhóspito paisaje, requiere al menos otro Calicanto.
[1] - Revista Semana Edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 32.
[2] - El Tiempo, Domingo 26 de Noviembre de 2006, Nación, página 1-16.
[3] - El Tiempo, Noviembre 23 de 2006.
Una forma de hacerlo, es reconociendo que estamos viviendo una auténtica coyuntura histórica de revelación, que nos está develando la verdadera matriz de nuestro sistema político: la simbiosis entre la política y el crimen. Esta simbiosis se encuentra situada más allá del orden constitucional y legal y se ha convertido en el hilo conductor de sus principales transformaciones y crisis. Así como hace 17 años la Asamblea Nacional Constituyente fue catalizada por la violencia magnicida y terrorista de Pablo Escobar, hoy presenciamos la consolidación de un proyecto político hegemónico que, bajo el espejismo de la “seguridad democrática” y como respuesta al miedo ciudadano, está fraguando una nueva alianza entre los privilegiados de siempre con nuevos y potentados criminales, privilegiados por su lucha contrainsurgente, mediante la llamada ley de “Justicia y Paz”.
No sólo se trata de una alianza entre el plomo, el polvo cristalino, la tierra ubérrima y la plata, sino también de un sincretismo ideológico y cultural entre un pasado anacrónico, provincial, neofeudal y violento (cuya mejor expresión son las AUC) con la tecnocracia del power point, Internet y la formación académica internacional, bien reflejada en la personalidad ultramontana y también ultramoderna del Presidente Uribe, rodeado de jóvenes tecnócratas y asesores que añoran el regreso de esa autoridad patriarcal providente, protectora e infalible que encarnaban los abuelos y viejos “paisas”.
Para ejemplificar esta alianza, basta citar el testimonio de quien es considerado el máximo estratega de las Autodefensas, José Vicente Castaño, en entrevista concedida a la revista Semana hace poco más de un año: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos.”[1]
Sobre la simbiosis entre la política y el crimen, bastaría recordar las reveladoras declaraciones del Senador Miguel de la Espriella, del partido “Colombia Democrática”, organización que se precia haber fundado el Senador Mario Uribe con su primo y hoy Presidente, Álvaro Uribe Vélez.
El Senador de La Espriella comienza por recordar que en el año 2001 “nos llegó una citación. Pensaba que era a algunos políticos de Córdoba, después me di cuenta que no era sólo los de Córdoba sino de muchísimos políticos de diferentes regiones del país. Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y Mancuso, nos hablaron unos profesores venidos de la Universidad de la Sorbona y propusieron la creación de un movimiento comunal y político que de alguna manera defendiera las tesis de las autodefensas y que propendiera por un proceso de paz con las autodefensas. Esa fue una reunión que se hizo en Ralito, tengo que decirlo… Con posterioridad a esa reunión se nos solicitó la firma de un documento. Todos lo firmamos. Todos los que estábamos ahí sin excepción. Ahí hubo liberales que salimos del partido y liberales que se mantienen en el partido. Hubo conservadores. Hubo personas que ocupan cargos en el gobierno. Hubo líderes gremiales. Ahí se estaba planteando la creación de un movimiento que respaldara la creación de un movimiento político con una visión más nacionalista.”[2] Al respecto, no deja de ser una curiosa coincidencia que el nombre escogido por el Presidente Uribe para agrupar en torno suyo al mayor número de Movimientos políticos haya sido “Primero Colombia”, bajo cuyo auspicio viene gobernando desde el 2002.
En nuestra historia reciente esta relación entre el crimen y la política ha sido determinante, diferenciándose por sus grados de confrontación, negociación, connivencia, complicidad, coalición táctica o alianza estratégica. Así, podríamos decir que en el extremo de la confrontación, incluso confundiendo la ética política con la moral patriarcal y la política con el honor personal, estuvieron Rodrigo Lara Bonilla y Luís Carlos Galán en su cruzada contra Pablo Escobar y el narcotráfico. Entre la confrontación, la negociación y la connivencia, oscilaron Virgilio Barco y Cesar Gaviria, mientras que Samper se movió desde la negociación, pasando por la complicidad hasta concluir en la confrontación de sus generosos patrocinadores, no sólo con el encarcelamiento de los Rodríguez, sino también mediante el restablecimiento constitucional de la extradición. En la coalición táctica con las FARC estuvo Andrés Pastrana, quien alcanzó en segunda vuelta la Presidencia, en gran parte gracias al veto de las FARC a Horacio Serpa y a su compromiso personal de ofrecerles la zona de distensión, convertida paulatinamente en retaguardia de crímenes de lesa humanidad.
Pero lo novedoso y escabroso del presente es que estamos en la fase de la alianza estratégica entre la política y el crimen. En el lado institucional tenemos al Presidente Uribe, que cuenta con un gran respaldo mediático y de movimientos electorales más o menos efímeros, integrados en su mayoría por bandadas de tránsfugas, oportunistas, ambiciosos y corruptos -salvo contadas excepciones- y en la contraparte criminal tenemos a la fuerza espectral de las Autodefensas que se encuentra en un acelerado proceso de metamorfosis, siendo por ello casi imposible distinguir entre políticos y criminales. Su metamorfosis es tan vertiginosa y exitosa, que incluso ya se están convirtiendo en la autoridad moral que pretende conducir el proceso de paz y reconciliación entre los colombianos, como se desprende de su comunicado público emplazando a los Congresistas a decir toda la verdad sobre el alcance de dicha alianza.
Al respecto, han señalado: “Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo "la verdad os hará libres". El conocimiento de la verdad plena es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro la repetición azarosa de hechos de violencia. El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el más valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese círculo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos”.[3]
Tal es la peculiaridad y gravedad de esta coyuntura que ha desnudado, como ninguna otra, el carácter espurio y falaz de un sistema político que se reviste con los oropeles de la democracia para ocultar así las fuerzas de facto y criminales que rigen su gobernabilidad. De allí su carácter electofáctico. Por ello, el mayor desafío es superar esa falsa e hipócrita imagen, como punto de partida para transitar hacia un auténtico régimen democrático. Para asumir semejante desafío se requiere tanto un cambio en las reglas del juego político como de jugadores, pero sobre todo de actitud y compromiso ciudadano, que es mucho más que una cuestión de buena voluntad y discursos moralizantes, pues la autonomía y la libertad de los electores no crece en medio del hambre, la marginalidad y la manipulación de su miedo. Pero la complejidad de este inhóspito paisaje, requiere al menos otro Calicanto.
[1] - Revista Semana Edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 32.
[2] - El Tiempo, Domingo 26 de Noviembre de 2006, Nación, página 1-16.
[3] - El Tiempo, Noviembre 23 de 2006.
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