Por:
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca
Página Web: www.recalca.org.co
Correo electrónico: recalca@etb.net.co
Bogotá, 29 de julio de 2008
La Corte Constitucional es del bolsillo del gobierno
En una vergonzosa decisión, la Corte Constitucional declaró que el TLC suscrito entre Estados Unidos y Colombia es constitucional. Aunque el fallo completo no se conoce, del comunicado de prensa emitido se deduce que esta institución declaró la exequibilidad del TLC a pesar de que considera que éste puede ser aplicado en una forma que viole la Constitución y los derechos colectivos. La Corte trató de lavarse las manos ante esta posibilidad con la afirmación de que "los desarrollos o aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales". Por ahora es difícil saber que quiere decir exactamente esta expresión. ¿Se refiere a que el examen de constitucionalidad continúa abierto, ahora en relación con las leyes y decretos de implementación? Si esto es así, significa que los magistrados tenían conciencia de que en todo o en parte, el Tratado y por lo tanto la ley aprobatoria era inconstitucional. Al parecer, según las noticias de prensa, la verdadera consideración que tuvo la mayoría de la Corte fue, para mayor vergüenza, la imposibilidad de llevarle la contraria al "consenso" neoliberal y de poner en dificultades la relación de Uribe con el gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera se atrevió a establecer reservas o declaraciones interpretativas, a sabiendas de que en numerosos aspectos, por lo menos, cabían perfectamente. Pudo más el temor reverencial al ejecutivo.
En todo caso, con este enfoque, eludió el análisis del fondo y la conveniencia económica del mismo y lo diluyó en el futuro examen de las normas que lo implementen. Se reconoce que se ha cometido una grave ofensa a la dignidad nacional con la firma del TLC, pero la Corte, en un acto irresponsable, le pasa la 'papa caliente' a quien le toque implementarlo. Como si la inconstitucionalidad no estuviera ya implícita en los compromisos establecidos en el texto del Tratado. De hecho, es esto último lo que algunos van a tratar de argumentar después. Quiere decir que ni siquiera tuvo la capacidad de defender plenamente la constitucionalidad del Tratado. El alto tribunal perdió totalmente su independencia y se acomodó a las exigencias y presiones del gobierno.
Una sola persona, el magistrado Jaime Araujo Rentaría, se atrevió a llamar las cosas por su nombre e hizo un salvamento de voto. Señaló que el TLC viola más de 100 artículos de la Constitución, que existe una tradición de análisis de fondo de los tratados internacionales, que hubo graves errores de procedimiento en su trámite y que nadie demostró cuantitativamente los beneficios del mismo. También dejo constancia de que "con la aprobación de este Tratado, se acabó la seguridad alimentaria de Colombia, se vulneró el derecho a la salud y al ambiente sano y los derechos de nuestros pueblos indígenas y de las mujeres".
En consecuencia, aunque se considere "cosa juzgada" seguimos convencidos que el Tratado es inconveniente e inconstitucional. Ante la segura expedición por parte del gobierno de todo un arsenal de decretos para la implementación del TLC, inclusive sin contar con la ratificación en los Estados Unidos, llamamos a que la población colombiana se oponga a esta implementación, como una forma de explicar la naturaleza dañina del mismo.
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Bogotá, 29 de julio de 2008
La Corte Constitucional es del bolsillo del gobierno
En una vergonzosa decisión, la Corte Constitucional declaró que el TLC suscrito entre Estados Unidos y Colombia es constitucional. Aunque el fallo completo no se conoce, del comunicado de prensa emitido se deduce que esta institución declaró la exequibilidad del TLC a pesar de que considera que éste puede ser aplicado en una forma que viole la Constitución y los derechos colectivos. La Corte trató de lavarse las manos ante esta posibilidad con la afirmación de que "los desarrollos o aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales". Por ahora es difícil saber que quiere decir exactamente esta expresión. ¿Se refiere a que el examen de constitucionalidad continúa abierto, ahora en relación con las leyes y decretos de implementación? Si esto es así, significa que los magistrados tenían conciencia de que en todo o en parte, el Tratado y por lo tanto la ley aprobatoria era inconstitucional. Al parecer, según las noticias de prensa, la verdadera consideración que tuvo la mayoría de la Corte fue, para mayor vergüenza, la imposibilidad de llevarle la contraria al "consenso" neoliberal y de poner en dificultades la relación de Uribe con el gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera se atrevió a establecer reservas o declaraciones interpretativas, a sabiendas de que en numerosos aspectos, por lo menos, cabían perfectamente. Pudo más el temor reverencial al ejecutivo.
En todo caso, con este enfoque, eludió el análisis del fondo y la conveniencia económica del mismo y lo diluyó en el futuro examen de las normas que lo implementen. Se reconoce que se ha cometido una grave ofensa a la dignidad nacional con la firma del TLC, pero la Corte, en un acto irresponsable, le pasa la 'papa caliente' a quien le toque implementarlo. Como si la inconstitucionalidad no estuviera ya implícita en los compromisos establecidos en el texto del Tratado. De hecho, es esto último lo que algunos van a tratar de argumentar después. Quiere decir que ni siquiera tuvo la capacidad de defender plenamente la constitucionalidad del Tratado. El alto tribunal perdió totalmente su independencia y se acomodó a las exigencias y presiones del gobierno.
Una sola persona, el magistrado Jaime Araujo Rentaría, se atrevió a llamar las cosas por su nombre e hizo un salvamento de voto. Señaló que el TLC viola más de 100 artículos de la Constitución, que existe una tradición de análisis de fondo de los tratados internacionales, que hubo graves errores de procedimiento en su trámite y que nadie demostró cuantitativamente los beneficios del mismo. También dejo constancia de que "con la aprobación de este Tratado, se acabó la seguridad alimentaria de Colombia, se vulneró el derecho a la salud y al ambiente sano y los derechos de nuestros pueblos indígenas y de las mujeres".
En consecuencia, aunque se considere "cosa juzgada" seguimos convencidos que el Tratado es inconveniente e inconstitucional. Ante la segura expedición por parte del gobierno de todo un arsenal de decretos para la implementación del TLC, inclusive sin contar con la ratificación en los Estados Unidos, llamamos a que la población colombiana se oponga a esta implementación, como una forma de explicar la naturaleza dañina del mismo.
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