Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En regímenes políticos en proceso de consolidación, las fuerzas militares se erigen como un factor de apoyo clave en la medida en que el Estado, como es el caso de Colombia, no guarda para sí el monopolio de las armas, espera que ellas coadyuven de manera clara y definitiva a hacerse con ese monopolio. También suelen jugar las fuerzas militares y de policía el rol de coerción a libertades ciudadanas, a la generación de miedo, pero especialmente, de soporte político a un determinado régimen que busca de prisa alcanzar, con el respaldo militar, una legitimidad esquiva al Estado de tiempo atrás e incluso, al mismo régimen de Gobierno que reconoce la importancia de mantener privilegios en el alto mando y aumentar el gasto militar.
Uribe sabe que teniendo contentos a los Comandantes de fuerza y en su conjunto a las fuerzas militares, alcanza algo de la esquiva legitimidad del Estado colombiano, en un proceso en el cual sus dos administraciones han hecho todo para mantener la lealtad de los militares, a pesar de los golpes constitucionales que desde las huestes del propio Gobierno de Uribe se le han dado a la Constitución, a la institucionalidad y al equilibrio democrático.
Comprada la lealtad de los militares con el aumento del presupuesto para la guerra interna y los beneficios para los altos mandos, en lo consecutivo va a ser muy difícil gobernar para quienes en sus proyectos de gobierno tengan la idea de desmontar lo que Uribe le ha entregado a las fuerzas militares. El asunto no es menor. No se trata de la entrega de unos recursos, de la exaltación por los buenos resultados operacionales y la exhortación para aniquilar pronto a los criminales de las FARC. No. Uribe ha logrado que las fuerzas militares se articulen de manera frontal a su proyecto neoconservador, articulado al desmonte de garantías constitucionales, especialmente en materia de derechos políticos y libertades ciudadanas.
Es decir, lo que se evidencia hoy en Colombia es la generación de una inconveniente sinergia entre la acción presidencial y el actuar castrense, cuyos puntos de encuentro son claros: aumento del pie de fuerza sin consideraciones fiscales, claridad en que no habrá castigos severos para aquellos que violen los derechos humanos, inmunidad a futuro en caso de la comisión de delitos de lesa humanidad, premios burocráticos para comandantes de fuerza, expresados en la entrega de embajadas y comisiones de agregados. Sin duda, una peligrosa sinergia de la cual hay ya macabros ejemplos en esta parte del hemisferio.
Nunca como antes ese tipo de sinergias resultaron tan inconvenientes para el régimen democrático, pues están soportadas en un ideario político-militar contrario al espíritu de la Constitución política de 1991, aupado por el gran capital nacional y transnacional.
Los ya casi 300 mil hombres en armas que hacen parte del pie de fuerza de las fuerzas militares colombianas, significarán en el mediano y en el largo plazo un problema pensional para las arcas del Estado y de salud mental para quienes estarán convencidos de habernos librado de un problema (las FARC), sin que puedan dimensionar que ellos mismos se convertirán en otro y quizás de mayor cuidado para la seguridad ciudadana y la viabilidad del Estado.
En regímenes políticos en proceso de consolidación, las fuerzas militares se erigen como un factor de apoyo clave en la medida en que el Estado, como es el caso de Colombia, no guarda para sí el monopolio de las armas, espera que ellas coadyuven de manera clara y definitiva a hacerse con ese monopolio. También suelen jugar las fuerzas militares y de policía el rol de coerción a libertades ciudadanas, a la generación de miedo, pero especialmente, de soporte político a un determinado régimen que busca de prisa alcanzar, con el respaldo militar, una legitimidad esquiva al Estado de tiempo atrás e incluso, al mismo régimen de Gobierno que reconoce la importancia de mantener privilegios en el alto mando y aumentar el gasto militar.
Uribe sabe que teniendo contentos a los Comandantes de fuerza y en su conjunto a las fuerzas militares, alcanza algo de la esquiva legitimidad del Estado colombiano, en un proceso en el cual sus dos administraciones han hecho todo para mantener la lealtad de los militares, a pesar de los golpes constitucionales que desde las huestes del propio Gobierno de Uribe se le han dado a la Constitución, a la institucionalidad y al equilibrio democrático.
Comprada la lealtad de los militares con el aumento del presupuesto para la guerra interna y los beneficios para los altos mandos, en lo consecutivo va a ser muy difícil gobernar para quienes en sus proyectos de gobierno tengan la idea de desmontar lo que Uribe le ha entregado a las fuerzas militares. El asunto no es menor. No se trata de la entrega de unos recursos, de la exaltación por los buenos resultados operacionales y la exhortación para aniquilar pronto a los criminales de las FARC. No. Uribe ha logrado que las fuerzas militares se articulen de manera frontal a su proyecto neoconservador, articulado al desmonte de garantías constitucionales, especialmente en materia de derechos políticos y libertades ciudadanas.
Es decir, lo que se evidencia hoy en Colombia es la generación de una inconveniente sinergia entre la acción presidencial y el actuar castrense, cuyos puntos de encuentro son claros: aumento del pie de fuerza sin consideraciones fiscales, claridad en que no habrá castigos severos para aquellos que violen los derechos humanos, inmunidad a futuro en caso de la comisión de delitos de lesa humanidad, premios burocráticos para comandantes de fuerza, expresados en la entrega de embajadas y comisiones de agregados. Sin duda, una peligrosa sinergia de la cual hay ya macabros ejemplos en esta parte del hemisferio.
Nunca como antes ese tipo de sinergias resultaron tan inconvenientes para el régimen democrático, pues están soportadas en un ideario político-militar contrario al espíritu de la Constitución política de 1991, aupado por el gran capital nacional y transnacional.
Los ya casi 300 mil hombres en armas que hacen parte del pie de fuerza de las fuerzas militares colombianas, significarán en el mediano y en el largo plazo un problema pensional para las arcas del Estado y de salud mental para quienes estarán convencidos de habernos librado de un problema (las FARC), sin que puedan dimensionar que ellos mismos se convertirán en otro y quizás de mayor cuidado para la seguridad ciudadana y la viabilidad del Estado.
Estas circunstancias muy seguramente no las ha previsto el Gobierno de Uribe, concentrado en acabar con las FARC. De ganar la guerra interna, ¿qué hará el Estado colombiano con un pie de fuerza de ese tamaño? De ¿dónde saldrán los recursos para continuar manteniendo una fuerzas armadas cuyo enemigo ya no existe?
Cuando los regímenes, sean estos de izquierda o de derecha, fincan su legitimidad en el apoyo comprado e irrestricto de las fuerzas militares, lo que ocultan son sus graves problemas para generar consensos, su incapacidad para respetar el ordenamiento constitucional, para liderar cambios profundos de beneficio de amplias mayorías y para cambiar sustancialmente la historia del país que representan y guían.
Uribe, como patriota y como obediente soldado, va llevando a las fuerzas militares a un lento, pero progresivo proceso de mercenerización, en el que la mística militar queda sujeta a la entrega de premios, recursos y privilegios que las hará actores perjudiciales para la democracia que dicen defender.
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