Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la solicitud de inmunidad soberana para Uribe, enviada por el Gobierno de Juan Manuel Santos al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Estado colombiano no sólo pretende defender la dignidad y la integridad del ex presidente, sino que pone un obstáculo inmenso en el urgente camino de develar las oscuras, pero finas relaciones que se tejieron entre la clase política y empresarial de Colombia y los jefes paramilitares. El caso de la Drummond, por el que se solicitó la presencia de Uribe para que testificara en un tribunal de los Estados Unidos, puede resultar ejemplarizante en esas perversas relaciones que se establecieron entre políticos, paramilitares y en este caso, con la multinacional minera, que al parecer patrocinó a comandos paracos para ejecutar a dos sindicalistas.
Ante las prácticas genocidas de las AUC y las agrupaciones paramilitares, pero en especial, ante la penetración y cooptación de organismos del Estado por parte de dichos grupos al margen de la ley, mal hace el Gobierno de Santos de pedir ‘inmunidad soberana’ para quien por lo menos guarda simpatías ideológicas con un fenómeno de violencia social, cultural, política y económica que aún Colombia no ha dimensionado - y que lejos de acabarse con la cacareada desmovilización de cerca de 36 mil paramilitares-, está latente en los valores colectivos de una sociedad civil cómplice con el actuar criminal de los paramilitares.
Se entienden la lealtad y el agradecimiento que Juan Manuel Santos profesa por el ex presidente Uribe, pero ello no son razones suficientes para oponerse al develamiento de la verdad alrededor de la muerte de los sindicalistas, a través de una petición de inmunidad para quien no sólo enfrenta demandas por la violación de los derechos humanos, sino para quien extraditó a los jefes paramilitares, dándole más valor político y jurídico a delitos de narcotráfico, que a los delitos de lesa humanidad cometidos por los asesinos de marras.
Ya el Estado colombiano carga con varios fallos condenatorios por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, por la responsabilidad del Estado en las masacres de Ituango y El Aro, esta última, perpetrada en los tiempos en los que Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Ello deja muy mal parado al gobierno de Santos por la apresurada y presionada solicitud enviada al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
A todas luces la petición del gobierno de Santos es inconveniente y demuestra la intención de impedir que se aclaren hechos tan graves como la responsabilidad de la multinacional en el asesinato de los sindicalistas.
Sólo queda esperar que los jueces develen las finas relaciones que tejieron los paramilitares con políticos y partidos políticos y con empresas nacionales y extranjeras. No es probable, por lo menos por ahora, que Santos dé la espalda al ex mandatario. Es una lástima que los ex presidentes gocen de este tipo de inmunidad. Cuando hay de por medio la comisión de delitos de lesa humanidad, quienes hayan dirigido los destinos de la Nación deben ser investigados y juzgados, respetándoles el debido proceso, pero sin la coraza blindada que les entrega de manera natural su condición de ex presidentes, la petición de inmunidad soberana, o por la absolución que muy seguramente le garantizará a Uribe Vélez la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
No basta con declarar que somos un Estado social de derecho y que vivimos bajo un régimen democrático. Necesitamos acciones y hechos que generen confianza en los ciudadanos, alrededor de que ‘nobles investiduras’ no pueden seguir sirviendo para que haya aún más muerte e impunidad en Colombia. Es urgente que en casos como el del Palacio de Justicia, en el que murieron 89 personas y permanecen aún desaparecidos 11 colombianos, se señalen y se castiguen las actuaciones del entonces Presidente, Belisario Betancur Cuartas; de igual forma, para el caso de las masacres cometidas por los paramilitares, su penetración en el Estado y el apoyo electoral recibido por quienes acompañaron a Uribe en la coalición de gobierno en sus dos administraciones, hay que examinar a fondo las responsabilidades que le pueden caber a quien por lo menos guarda simpatías ideológicas con el paramilitarismo (la creación de las Convivir, en lugar de aumentar el pie de fuerza, es una muestra clara de esa simpatía).
El camino es claro: de la inmunidad soberana, pasaremos, rápidamente, a una soberana impunidad.
Con la solicitud de inmunidad soberana para Uribe, enviada por el Gobierno de Juan Manuel Santos al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Estado colombiano no sólo pretende defender la dignidad y la integridad del ex presidente, sino que pone un obstáculo inmenso en el urgente camino de develar las oscuras, pero finas relaciones que se tejieron entre la clase política y empresarial de Colombia y los jefes paramilitares. El caso de la Drummond, por el que se solicitó la presencia de Uribe para que testificara en un tribunal de los Estados Unidos, puede resultar ejemplarizante en esas perversas relaciones que se establecieron entre políticos, paramilitares y en este caso, con la multinacional minera, que al parecer patrocinó a comandos paracos para ejecutar a dos sindicalistas.
Ante las prácticas genocidas de las AUC y las agrupaciones paramilitares, pero en especial, ante la penetración y cooptación de organismos del Estado por parte de dichos grupos al margen de la ley, mal hace el Gobierno de Santos de pedir ‘inmunidad soberana’ para quien por lo menos guarda simpatías ideológicas con un fenómeno de violencia social, cultural, política y económica que aún Colombia no ha dimensionado - y que lejos de acabarse con la cacareada desmovilización de cerca de 36 mil paramilitares-, está latente en los valores colectivos de una sociedad civil cómplice con el actuar criminal de los paramilitares.
Se entienden la lealtad y el agradecimiento que Juan Manuel Santos profesa por el ex presidente Uribe, pero ello no son razones suficientes para oponerse al develamiento de la verdad alrededor de la muerte de los sindicalistas, a través de una petición de inmunidad para quien no sólo enfrenta demandas por la violación de los derechos humanos, sino para quien extraditó a los jefes paramilitares, dándole más valor político y jurídico a delitos de narcotráfico, que a los delitos de lesa humanidad cometidos por los asesinos de marras.
Ya el Estado colombiano carga con varios fallos condenatorios por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, por la responsabilidad del Estado en las masacres de Ituango y El Aro, esta última, perpetrada en los tiempos en los que Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Ello deja muy mal parado al gobierno de Santos por la apresurada y presionada solicitud enviada al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
A todas luces la petición del gobierno de Santos es inconveniente y demuestra la intención de impedir que se aclaren hechos tan graves como la responsabilidad de la multinacional en el asesinato de los sindicalistas.
Sólo queda esperar que los jueces develen las finas relaciones que tejieron los paramilitares con políticos y partidos políticos y con empresas nacionales y extranjeras. No es probable, por lo menos por ahora, que Santos dé la espalda al ex mandatario. Es una lástima que los ex presidentes gocen de este tipo de inmunidad. Cuando hay de por medio la comisión de delitos de lesa humanidad, quienes hayan dirigido los destinos de la Nación deben ser investigados y juzgados, respetándoles el debido proceso, pero sin la coraza blindada que les entrega de manera natural su condición de ex presidentes, la petición de inmunidad soberana, o por la absolución que muy seguramente le garantizará a Uribe Vélez la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
No basta con declarar que somos un Estado social de derecho y que vivimos bajo un régimen democrático. Necesitamos acciones y hechos que generen confianza en los ciudadanos, alrededor de que ‘nobles investiduras’ no pueden seguir sirviendo para que haya aún más muerte e impunidad en Colombia. Es urgente que en casos como el del Palacio de Justicia, en el que murieron 89 personas y permanecen aún desaparecidos 11 colombianos, se señalen y se castiguen las actuaciones del entonces Presidente, Belisario Betancur Cuartas; de igual forma, para el caso de las masacres cometidas por los paramilitares, su penetración en el Estado y el apoyo electoral recibido por quienes acompañaron a Uribe en la coalición de gobierno en sus dos administraciones, hay que examinar a fondo las responsabilidades que le pueden caber a quien por lo menos guarda simpatías ideológicas con el paramilitarismo (la creación de las Convivir, en lugar de aumentar el pie de fuerza, es una muestra clara de esa simpatía).
El camino es claro: de la inmunidad soberana, pasaremos, rápidamente, a una soberana impunidad.
1 comentario:
excelente articulo!.
Amparo N
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