Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, muy dado a dar batallas jurídicas cargadas de prejuicios, debería de ser más acucioso para investigar y sancionar a los funcionarios públicos, responsables de los estragos que deja la ola invernal en Colombia.
Aunque hace días el propio Ministerio Público informó sobre la apertura de investigación preliminar contra los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, y de Magdalena, Omar Díaz-Granados Velásquez, por su presunta responsabilidad en la tragedia que viven sus departamentos por las inundaciones, lo que esperamos los colombianos es que haya sanciones ejemplarizantes para quienes desde la función pública, actuaron con negligencia.
Y no sólo debe investigarse a gobernadores, sino también a alcaldes y directores de las Corporaciones Regionales, convertidas de tiempo atrás en fortines políticos, circunstancia que las hace incapaces de cumplir con las tareas ambientales asignadas, por cuanto priman intereses clientelistas y no técnicos para el nombramiento tanto de directores como de los funcionarios sobre los cuales recae la responsabilidad de vigilar los cauces de los ríos, estudiar la resistencia de jarillones y en general, de hacer cumplir en el territorio los principios ambientales consagrados en la Ley 99 de 1993.
Ojalá el Ministerio Público investigue rápidamente a los mandatarios seccionales y los sancione, pues el actuar negligente e irresponsable de esos funcionarios obligó al actual gobierno a declarar la emergencia social y económica y en ese contexto, muy seguramente vendrán impuestos transitorios (que se harán permanentes), que deberemos de pagar todos los colombianos. Además, los estragos dejados por el invierno muy seguramente afectarán los indicadores de crecimiento económico.
Ya el mismo Presidente Santos criticaba hace unas horas a las Corporaciones Regionales y anunciaba de paso su intervención. Insisto en que los directores de dichas corporaciones también deben ser castigados por el Procurador Ordóñez, quien también abrió investigación preliminar contra varios directores de las CAR.
Ordóñez, quien es muy dado a perseguir a quienes no comparten su forma de pensar, tiene la responsabilidad jurídica y política de investigar y sancionar a quienes participaron de la más alta demostración de negligencia e incapacidad política y técnica del Estado, para enfrentar una ola invernal.
De igual manera, el gobierno de Santos está en mora de proponer una política ambiental coherente, dado que en los ochos años de Uribe, jamás hubo política ambiental. Y debería empezar el señor Santos por revisar las concesiones mineras entregadas por el gobierno anterior a multinacionales, pues a juzgar por la incapacidad de gestión de las corporaciones regionales, de alcaldes y gobernadores, los impactos ambientales y culturales los veremos cuando inicie la próxima ola invernal.
Hora de hacer también un llamado a los medios de comunicación para que no insistan más en responsabilizar de lo sucedido a la ola invernal. Con frases como la naturaleza se ensañó contra el pueblo…, invisibilizan a los responsables señalados líneas arriba. Insistir desde los micrófonos y las rotativas que se castigue a los funcionarios estatales que no tomaron las medidas necesarias para mitigar el impacto de una ola invernal fuerte, es un buen inicio para ir depurando al Estado de tanto negligente.
Adenda: ¿Le cabe alguna responsabilidad a la Procuraduría Ambiental y Agraria por los errores cometidos por alcaldes, gobernadores y directores de Corporaciones Autónomas Regionales?
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, muy dado a dar batallas jurídicas cargadas de prejuicios, debería de ser más acucioso para investigar y sancionar a los funcionarios públicos, responsables de los estragos que deja la ola invernal en Colombia.
Aunque hace días el propio Ministerio Público informó sobre la apertura de investigación preliminar contra los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, y de Magdalena, Omar Díaz-Granados Velásquez, por su presunta responsabilidad en la tragedia que viven sus departamentos por las inundaciones, lo que esperamos los colombianos es que haya sanciones ejemplarizantes para quienes desde la función pública, actuaron con negligencia.
Y no sólo debe investigarse a gobernadores, sino también a alcaldes y directores de las Corporaciones Regionales, convertidas de tiempo atrás en fortines políticos, circunstancia que las hace incapaces de cumplir con las tareas ambientales asignadas, por cuanto priman intereses clientelistas y no técnicos para el nombramiento tanto de directores como de los funcionarios sobre los cuales recae la responsabilidad de vigilar los cauces de los ríos, estudiar la resistencia de jarillones y en general, de hacer cumplir en el territorio los principios ambientales consagrados en la Ley 99 de 1993.
Ojalá el Ministerio Público investigue rápidamente a los mandatarios seccionales y los sancione, pues el actuar negligente e irresponsable de esos funcionarios obligó al actual gobierno a declarar la emergencia social y económica y en ese contexto, muy seguramente vendrán impuestos transitorios (que se harán permanentes), que deberemos de pagar todos los colombianos. Además, los estragos dejados por el invierno muy seguramente afectarán los indicadores de crecimiento económico.
Ya el mismo Presidente Santos criticaba hace unas horas a las Corporaciones Regionales y anunciaba de paso su intervención. Insisto en que los directores de dichas corporaciones también deben ser castigados por el Procurador Ordóñez, quien también abrió investigación preliminar contra varios directores de las CAR.
Ordóñez, quien es muy dado a perseguir a quienes no comparten su forma de pensar, tiene la responsabilidad jurídica y política de investigar y sancionar a quienes participaron de la más alta demostración de negligencia e incapacidad política y técnica del Estado, para enfrentar una ola invernal.
De igual manera, el gobierno de Santos está en mora de proponer una política ambiental coherente, dado que en los ochos años de Uribe, jamás hubo política ambiental. Y debería empezar el señor Santos por revisar las concesiones mineras entregadas por el gobierno anterior a multinacionales, pues a juzgar por la incapacidad de gestión de las corporaciones regionales, de alcaldes y gobernadores, los impactos ambientales y culturales los veremos cuando inicie la próxima ola invernal.
Hora de hacer también un llamado a los medios de comunicación para que no insistan más en responsabilizar de lo sucedido a la ola invernal. Con frases como la naturaleza se ensañó contra el pueblo…, invisibilizan a los responsables señalados líneas arriba. Insistir desde los micrófonos y las rotativas que se castigue a los funcionarios estatales que no tomaron las medidas necesarias para mitigar el impacto de una ola invernal fuerte, es un buen inicio para ir depurando al Estado de tanto negligente.
Adenda: ¿Le cabe alguna responsabilidad a la Procuraduría Ambiental y Agraria por los errores cometidos por alcaldes, gobernadores y directores de Corporaciones Autónomas Regionales?
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