Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Arranca el juicio por injuria y calumnia, caso en el que el ex presidente Samper Pizano demanda por esos delitos a la columnista e investigadora Claudia López. Más allá de los argumentos jurídicos de la defensa de Samper, lo que deben tener en cuenta los jueces en estos casos es la naturaleza del periodismo, en especial el ejercicio de la doxa, tan necesaria para el fortalecimiento de la democracia, así como la condición de figura pública de un mandatario cuestionado por la probada penetración de dineros del cartel de Cali, en la campaña que lo llevó a la Presidencia (1994-1998).
Cuando un columnista señala, comenta, explica y opina alrededor de las actuaciones de Presidentes y altos dignatarios del Estado, da vida a la democracia, la hace real, en cuanto esa opinión recoge, muy seguramente, molestias sociales colectivas encarnadas en cada uno de los ciudadanos que rechazan las actuaciones de un candidato a la Presidencia que no sólo posibilitó la injerencia de la mafia en la contienda electoral de entonces, que al final inclinó la balanza a su favor, alcanzando la Presidencia de la República, sino que le provocó un daño mayúsculo al país y a los colombianos, expresado en la confirmación de ese imaginario que señala que somos un país de mafiosos, de traquetos y de bandidos. Y por último, debe ser suficiente para el juez que lleva el caso Samper-López, que las opiniones negativas, los gruesos epítetos y las insinuaciones de la columnista, lo único que expresan – y recogen – es la desaprobación de quienes creen que en Colombia la política está, de tiempo atrás, al servicio del crimen.
Cuando un periodista, columnista e incluso, un ciudadano del común emite una opinión a través de un medio masivo, o en un lugar de la red de Internet (por ejemplo un blog), en contra de un ex presidente o de cualquier otro funcionario público, en la que se descalifica lo actuado y lo decidido en su administración, lo expresado por el ciudadano debería quedar por fuera de cualquier alcance legal, en términos de la comisión de un delito tal y como los que se le imputan a la columnista Claudia López.
Y debería ser así, por las siguientes consideraciones que no pretenden desconocer la existencia de méritos jurídicos en la demanda interpuesta el ex presidente Samper, pero sí defender el derecho que nos cabe a los ciudadanos de opinar en cualquier sentido, contra aquel que no sólo traicionó la fe depositada por los ciudadanos que dieron su voto, sino que puso en evidencia el grado de penetración de la mafia del narcotráfico en la democracia colombiana:
En un régimen democrático, la opinión pública sobre asuntos y personajes públicos no sólo le da sentido a la democracia, sino que ella misma funciona como válvula de escape a las naturales resistencias y malestares sociales que genera el poder de aquellos que democráticamente han sido elegidos para llevar los destinos de una nación, de una región, o una entidad administrativa, pero que actúan bajo la orientación de sus propios intereses, afectando negativamente la vida de millones de ciudadanos. Por lo anterior, los delitos de injuria y calumnia se hacen inaplicables por cuanto el ciudadano, en muchos casos víctima del ejercicio inescrupuloso del poder de ese mandatario y además, desprovisto de herramientas para enfrentarlo de manera simétrica, sólo le queda apelar a la opinión, al uso particular de la lengua, para rechazar, defenderse, aprobando o desaprobando las acciones concretas de un poder incontrastable.
El ejercicio periodístico de la opinión pone límites sociales y políticos al poder de un mandatario al que le caben mayores responsabilidades por la investidura que representa y con la cual resulta determinante para la vida de millones de ciudadanos que no tienen cómo responder y defenderse de las decisiones adoptadas de manera discrecional por el mandatario de turno. Así las cosas, el periodismo de opinión, el ejercicio de la doxa, debe quedar libre de imputaciones legales no sólo por su naturaleza contestataria, sino porque él mismo exhibe el grado de madurez de la democracia, de las instituciones democráticas, de la sociedad, del periodismo y por supuesto, de aquellos que al fungir como Presidentes, quedan a merced del escrutinio público y por lo tanto, sujetos a recibir todo tipo de epítetos con los cuales los ciudadanos tienen derecho a (des) calificar su gestión.
En Colombia es claro que tenemos un Estado débil y vivimos en una democracia en proceso de consolidación, lo que de manera temprana hace legítima la opinión de los columnistas y de los ciudadanos, y necesaria la actitud receptiva y comprensiva de aquellos funcionarios públicos sobre los cuales se ciernen demandas, descalificaciones y señalamientos. Mal hace Samper en ocupar al aparato judicial del país, buscando resarcir un daño en su imagen, en su honra, del que el único responsable es él, por haber sido capaz de apelar a todo tipo de estratagemas para hacerse con la Presidencia y así dar rienda suelta a sus ansias de poder.
La figura presidencial en Colombia viene investida de un especial halo, que convierte a los presidentes casi en deidades, en ídolos a emular, en figuras con un especial don. Ello ha permitido que el poder presidencial desborde los límites políticos, legales y constitucionales sobre los cuales debe caminar y actuar un presidente, lo que aumenta el descontento social cuando lo actuado por el mandatario va en contravía del bien común. Muestra de ese carácter se expresa en el actuar de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que históricamente ha sido incapaz de señalar responsabilidades políticas y jurídicas a mandatarios, señalados de violar la ley y la constitución. En el caso de Samper, lo sucedido con el investigador Heyne Mogollón es muestra fehaciente de que éste recibió presiones (y hasta dádivas) para precluir la investigación que se abrió contra Ernesto Samper por la penetración de dineros de la mafia en la campaña Samper Presidente.
Mal haría el juez que lleva el caso Samper-Claudia López, al encontrar culpable por los delitos de injuria y calumnia a la investigadora. Un fallo en esa dirección iría en contravía de lo expresado por la Corte Constitucional en autos anteriores en los que dicha corporación ha señalado que, en aras de preservar el debate público y la democracia, la defensa de la honra de funcionarios públicos es menor a la de un ciudadano del común. Y significaría un duro golpe contra las libertades de expresión y de conciencia.
Los límites a la libertad de expresión de los columnistas no los debe establecer un juez, y menos aún un político, un presidente o un ex presidente: tan solo el lector lo puede hacer, siguiendo, compartiendo, desestimando o descalificando las opiniones de éstos. Y ello lo logra el lector cuando, en cualquier dirección, decide o no continuar la lectura del texto de opinión. Larga vida a la doxa.
Arranca el juicio por injuria y calumnia, caso en el que el ex presidente Samper Pizano demanda por esos delitos a la columnista e investigadora Claudia López. Más allá de los argumentos jurídicos de la defensa de Samper, lo que deben tener en cuenta los jueces en estos casos es la naturaleza del periodismo, en especial el ejercicio de la doxa, tan necesaria para el fortalecimiento de la democracia, así como la condición de figura pública de un mandatario cuestionado por la probada penetración de dineros del cartel de Cali, en la campaña que lo llevó a la Presidencia (1994-1998).
Cuando un columnista señala, comenta, explica y opina alrededor de las actuaciones de Presidentes y altos dignatarios del Estado, da vida a la democracia, la hace real, en cuanto esa opinión recoge, muy seguramente, molestias sociales colectivas encarnadas en cada uno de los ciudadanos que rechazan las actuaciones de un candidato a la Presidencia que no sólo posibilitó la injerencia de la mafia en la contienda electoral de entonces, que al final inclinó la balanza a su favor, alcanzando la Presidencia de la República, sino que le provocó un daño mayúsculo al país y a los colombianos, expresado en la confirmación de ese imaginario que señala que somos un país de mafiosos, de traquetos y de bandidos. Y por último, debe ser suficiente para el juez que lleva el caso Samper-López, que las opiniones negativas, los gruesos epítetos y las insinuaciones de la columnista, lo único que expresan – y recogen – es la desaprobación de quienes creen que en Colombia la política está, de tiempo atrás, al servicio del crimen.
Cuando un periodista, columnista e incluso, un ciudadano del común emite una opinión a través de un medio masivo, o en un lugar de la red de Internet (por ejemplo un blog), en contra de un ex presidente o de cualquier otro funcionario público, en la que se descalifica lo actuado y lo decidido en su administración, lo expresado por el ciudadano debería quedar por fuera de cualquier alcance legal, en términos de la comisión de un delito tal y como los que se le imputan a la columnista Claudia López.
Y debería ser así, por las siguientes consideraciones que no pretenden desconocer la existencia de méritos jurídicos en la demanda interpuesta el ex presidente Samper, pero sí defender el derecho que nos cabe a los ciudadanos de opinar en cualquier sentido, contra aquel que no sólo traicionó la fe depositada por los ciudadanos que dieron su voto, sino que puso en evidencia el grado de penetración de la mafia del narcotráfico en la democracia colombiana:
En un régimen democrático, la opinión pública sobre asuntos y personajes públicos no sólo le da sentido a la democracia, sino que ella misma funciona como válvula de escape a las naturales resistencias y malestares sociales que genera el poder de aquellos que democráticamente han sido elegidos para llevar los destinos de una nación, de una región, o una entidad administrativa, pero que actúan bajo la orientación de sus propios intereses, afectando negativamente la vida de millones de ciudadanos. Por lo anterior, los delitos de injuria y calumnia se hacen inaplicables por cuanto el ciudadano, en muchos casos víctima del ejercicio inescrupuloso del poder de ese mandatario y además, desprovisto de herramientas para enfrentarlo de manera simétrica, sólo le queda apelar a la opinión, al uso particular de la lengua, para rechazar, defenderse, aprobando o desaprobando las acciones concretas de un poder incontrastable.
El ejercicio periodístico de la opinión pone límites sociales y políticos al poder de un mandatario al que le caben mayores responsabilidades por la investidura que representa y con la cual resulta determinante para la vida de millones de ciudadanos que no tienen cómo responder y defenderse de las decisiones adoptadas de manera discrecional por el mandatario de turno. Así las cosas, el periodismo de opinión, el ejercicio de la doxa, debe quedar libre de imputaciones legales no sólo por su naturaleza contestataria, sino porque él mismo exhibe el grado de madurez de la democracia, de las instituciones democráticas, de la sociedad, del periodismo y por supuesto, de aquellos que al fungir como Presidentes, quedan a merced del escrutinio público y por lo tanto, sujetos a recibir todo tipo de epítetos con los cuales los ciudadanos tienen derecho a (des) calificar su gestión.
En Colombia es claro que tenemos un Estado débil y vivimos en una democracia en proceso de consolidación, lo que de manera temprana hace legítima la opinión de los columnistas y de los ciudadanos, y necesaria la actitud receptiva y comprensiva de aquellos funcionarios públicos sobre los cuales se ciernen demandas, descalificaciones y señalamientos. Mal hace Samper en ocupar al aparato judicial del país, buscando resarcir un daño en su imagen, en su honra, del que el único responsable es él, por haber sido capaz de apelar a todo tipo de estratagemas para hacerse con la Presidencia y así dar rienda suelta a sus ansias de poder.
La figura presidencial en Colombia viene investida de un especial halo, que convierte a los presidentes casi en deidades, en ídolos a emular, en figuras con un especial don. Ello ha permitido que el poder presidencial desborde los límites políticos, legales y constitucionales sobre los cuales debe caminar y actuar un presidente, lo que aumenta el descontento social cuando lo actuado por el mandatario va en contravía del bien común. Muestra de ese carácter se expresa en el actuar de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que históricamente ha sido incapaz de señalar responsabilidades políticas y jurídicas a mandatarios, señalados de violar la ley y la constitución. En el caso de Samper, lo sucedido con el investigador Heyne Mogollón es muestra fehaciente de que éste recibió presiones (y hasta dádivas) para precluir la investigación que se abrió contra Ernesto Samper por la penetración de dineros de la mafia en la campaña Samper Presidente.
Mal haría el juez que lleva el caso Samper-Claudia López, al encontrar culpable por los delitos de injuria y calumnia a la investigadora. Un fallo en esa dirección iría en contravía de lo expresado por la Corte Constitucional en autos anteriores en los que dicha corporación ha señalado que, en aras de preservar el debate público y la democracia, la defensa de la honra de funcionarios públicos es menor a la de un ciudadano del común. Y significaría un duro golpe contra las libertades de expresión y de conciencia.
Los límites a la libertad de expresión de los columnistas no los debe establecer un juez, y menos aún un político, un presidente o un ex presidente: tan solo el lector lo puede hacer, siguiendo, compartiendo, desestimando o descalificando las opiniones de éstos. Y ello lo logra el lector cuando, en cualquier dirección, decide o no continuar la lectura del texto de opinión. Larga vida a la doxa.
1 comentario:
Muy bien don German en la defensa del derecho a la opiniòn.Està pendiente el juicio por las mal llamadas Chuzadas en donde se atentò contra la libertad individual y el libre ejercicio ciudadano durante el gobierno de don Capataz Uribe.
Rodrigo Ramos
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