Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Han pasado ya 10 años de la firma del Pacto de Ralito, momento histórico en el que los paramilitares, apoyados y aupados por sectores de la clase dirigente, empresarial y política de Colombia, buscaron refundar la patria, a la luz de un proyecto de país que nos regresara a las aciagas noches del estado de sitio, a un Estado confesional y a una sociedad sometida a los intereses de unas reducidas élites.
Para Colombia el conflicto armado interno deja innumerables consecuencias, a todo nivel, que bien pudieron facilitar el surgimiento y entronización del paramilitarismo en lo más profundo de los valores sociales colectivos de un país escindido, que se mantiene a pesar de la precariedad de su Estado.
Propongo estas tres consecuencias, que pueden servir de criterios para explicar por qué el paramilitarismo en Colombia, lejos de estar acabado por la entrega y extradición de sus principales cabecillas, es hoy un fenómeno vigente en el escenario electoral previo a las elecciones del 30 de octubre de 2011.
Baja institucionalidad, representada en el imaginario de ineficacia construido alrededor del pobre accionar de la justicia, que tiene un carácter histórico y exalta la debilidad y la incapacidad del Estado de imponerse frente a grupos sociales con conductas anómicas y frente a grupos armados ilegales que desde hace tiempo desconocen su autoridad y lo enfrentan militarmente.
Tradición violenta aceptada socialmente, que induce a pensar que los amplios y disímiles fenómenos de violencia que aún se dan en Colombia, están soportados en la ‘naturaleza violenta’ del colombiano, asociada, además, a un problema fenotípico aupado por la incapacidad de las instituciones estatales y la falta de una sociedad civil estructurada, con una agenda pública común, capaz de exigirle al Estado cumplir con principios y valores modernos.
Conductas societales normatizadas y normalizadas. Desde allí se concibe y se explica que el actuar de la autodefensa, como práctica social complementada o asociada a la posibilidad de hacer justicia por mano propia, el ciudadano colombiano la reconoce o la ha internalizado como norma, lo que, a su vez, permite volver ley socialmente aceptada todas aquellas prácticas y procedimientos que, alejados del contexto y las condiciones propias de un Estado social de derecho, se convierten en hechos perfectamente normales de acuerdo con las precarias condiciones en las que sobreviven el Estado y la sociedad colombianas en su conjunto.
Lo anterior también puede considerarse como la plataforma en la que se montó, actuó y permanece aún el paramilitarismo, la empresa criminal más grande de la historia reciente de Colombia.
Estamos lejos de superar el paramilitarismo por cuenta no sólo de la debilidad del Estado y de las fuerzas militares de someter o acabar con las guerrillas, sino porque existió y existe aún correspondencia entre las formas de actuar de élites sociales, económicas y políticas, dadas a construir una para institucionalidad en aras de conseguir y mantener beneficios y quienes lideraron y lideran aún el ideario paramilitar, hoy en manos de líderes políticos, congresistas, concejales, diputados, exfuncionarios, expresidentes y líderes gremiales. Todos juntos continuarán justificando el paramilitarismo por la presencia de la guerrilla, pero ocultando realmente lo que hay detrás de dicho fenómeno: desplazamiento forzado, la concentración de la tierra, proyectos agroindustriales, minería a gran escala. Es decir, mientras que subsista la necesidad de que el capital nacional y transnacional circulen para mantener el statu quo y las condiciones de inequidad, el paramilitarismo será, dentro de poco, un valor civil de especial reconocimiento social.
Y será así porque la sociedad colombiana en general, los gremios, la Iglesia Católica y los medios masivos de comunicación no se han dado a la tarea de sancionar moralmente el actuar criminal de los paramilitares. Y no habrá sanción moral porque en amplios grupos sociales el paramilitarismo es bienvenido porque justamente no se opone ni al modelo de desarrollo extractivo, ni al capitalismo, por el contrario, ayuda a reproducirlos, eso sí, a través de la violencia política y el desplazamiento forzoso, lo que de todas maneras profundizará más el conflicto colombiano pues al Estado le quedó grande resolver el problema de la cuestión agraria que está de fondo, aupado por unas élites que se benefician de la inoperancia y de la precariedad del Estado colombiano.
Lo cierto es que después de 10 años de firmado el Pacto de Ralito, el paramilitarismo está aún vivo y cada vez más convertido en un ethos compartido social, política, cultural y económicamente por el grueso de la sociedad colombiana.
Han pasado ya 10 años de la firma del Pacto de Ralito, momento histórico en el que los paramilitares, apoyados y aupados por sectores de la clase dirigente, empresarial y política de Colombia, buscaron refundar la patria, a la luz de un proyecto de país que nos regresara a las aciagas noches del estado de sitio, a un Estado confesional y a una sociedad sometida a los intereses de unas reducidas élites.
Para Colombia el conflicto armado interno deja innumerables consecuencias, a todo nivel, que bien pudieron facilitar el surgimiento y entronización del paramilitarismo en lo más profundo de los valores sociales colectivos de un país escindido, que se mantiene a pesar de la precariedad de su Estado.
Propongo estas tres consecuencias, que pueden servir de criterios para explicar por qué el paramilitarismo en Colombia, lejos de estar acabado por la entrega y extradición de sus principales cabecillas, es hoy un fenómeno vigente en el escenario electoral previo a las elecciones del 30 de octubre de 2011.
Baja institucionalidad, representada en el imaginario de ineficacia construido alrededor del pobre accionar de la justicia, que tiene un carácter histórico y exalta la debilidad y la incapacidad del Estado de imponerse frente a grupos sociales con conductas anómicas y frente a grupos armados ilegales que desde hace tiempo desconocen su autoridad y lo enfrentan militarmente.
Tradición violenta aceptada socialmente, que induce a pensar que los amplios y disímiles fenómenos de violencia que aún se dan en Colombia, están soportados en la ‘naturaleza violenta’ del colombiano, asociada, además, a un problema fenotípico aupado por la incapacidad de las instituciones estatales y la falta de una sociedad civil estructurada, con una agenda pública común, capaz de exigirle al Estado cumplir con principios y valores modernos.
Conductas societales normatizadas y normalizadas. Desde allí se concibe y se explica que el actuar de la autodefensa, como práctica social complementada o asociada a la posibilidad de hacer justicia por mano propia, el ciudadano colombiano la reconoce o la ha internalizado como norma, lo que, a su vez, permite volver ley socialmente aceptada todas aquellas prácticas y procedimientos que, alejados del contexto y las condiciones propias de un Estado social de derecho, se convierten en hechos perfectamente normales de acuerdo con las precarias condiciones en las que sobreviven el Estado y la sociedad colombianas en su conjunto.
Lo anterior también puede considerarse como la plataforma en la que se montó, actuó y permanece aún el paramilitarismo, la empresa criminal más grande de la historia reciente de Colombia.
Estamos lejos de superar el paramilitarismo por cuenta no sólo de la debilidad del Estado y de las fuerzas militares de someter o acabar con las guerrillas, sino porque existió y existe aún correspondencia entre las formas de actuar de élites sociales, económicas y políticas, dadas a construir una para institucionalidad en aras de conseguir y mantener beneficios y quienes lideraron y lideran aún el ideario paramilitar, hoy en manos de líderes políticos, congresistas, concejales, diputados, exfuncionarios, expresidentes y líderes gremiales. Todos juntos continuarán justificando el paramilitarismo por la presencia de la guerrilla, pero ocultando realmente lo que hay detrás de dicho fenómeno: desplazamiento forzado, la concentración de la tierra, proyectos agroindustriales, minería a gran escala. Es decir, mientras que subsista la necesidad de que el capital nacional y transnacional circulen para mantener el statu quo y las condiciones de inequidad, el paramilitarismo será, dentro de poco, un valor civil de especial reconocimiento social.
Y será así porque la sociedad colombiana en general, los gremios, la Iglesia Católica y los medios masivos de comunicación no se han dado a la tarea de sancionar moralmente el actuar criminal de los paramilitares. Y no habrá sanción moral porque en amplios grupos sociales el paramilitarismo es bienvenido porque justamente no se opone ni al modelo de desarrollo extractivo, ni al capitalismo, por el contrario, ayuda a reproducirlos, eso sí, a través de la violencia política y el desplazamiento forzoso, lo que de todas maneras profundizará más el conflicto colombiano pues al Estado le quedó grande resolver el problema de la cuestión agraria que está de fondo, aupado por unas élites que se benefician de la inoperancia y de la precariedad del Estado colombiano.
Lo cierto es que después de 10 años de firmado el Pacto de Ralito, el paramilitarismo está aún vivo y cada vez más convertido en un ethos compartido social, política, cultural y económicamente por el grueso de la sociedad colombiana.
Nota: esta columna fue publicada en el portal www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/informativo-kueta-susuza/77-informativo-kueta-susuza/2908-despues-del-pacto-de-santafe-de-ralito-el-paramilitarismo-sigue-vivo-y-presente
4 comentarios:
1. El pacto de Santafé de Ralito fue un simulacro, como dicen los brasileros, un acto ¨para inglés ver¨
2. El paramilitarsmo es una expresión del conflicto armado de larga duración caracteristico de la formacion del estado nación en Colombia.
3.El paramilitarismo ES un valor social en Colombia, es aceptado por amplios sectores (anti)sociales en este país, me aventuro a decir que aquellos que rechazen y condenan el paramilitarismo son una minoría.
4. Siendo consecuente conceptualmente: Si el paramilitarismo es una empresa, entonces, es necesario pensarlo como tal, con sus organigramas, lineas de mando, subgerencias, etc. etc.
Amigo:
Entonces se puede decir que hubo una guerra, por supuesto ilegal…. (si es que hay guerras legales)… y estos paras “la ganaron”, y por supuesto están reclamando lo suyo, so pena de aventar a quienes la subvencionaron?
Jaime
A propósito de tú reflexión “DESPUÉS DEL PACTO DE SANTAFÉ DE RALITO, EL PARAMILITARISMO SIGUE VIVO Y PRESENTE” y una de sus conclusiones:
“…el paramilitarismo, la empresa criminal más grande de la historia reciente de Colombia…”
…considero que te equivocas, a las Autodefensas ilegales (mal llamadas Paramilitares) y su actuar demencial lo han igualado y hasta superado con creces en violencia, sevicia, usura, ambición y malignidad extrema los movimientos insurgentes (léase ONT FARC) y sus áulicos disfrazados de políticos respetuosos de la inclusión y el discenso, los sindicatos depredadores y los colectivos de abogados al servicio de victimas que no lo son, entre otros.
Te reto a que reflexiones sobre estas otras dos “Empresas Criminales” más vivas que el mismísimo “Para militarismo”:
1. Las decenas de “Falsos Desaparecidos” de las masacres que han sido o están siendo cobrados al país por oficinas de abogados cínicos por decir lo menos (esto es un pleonasmo) alineados -entre otros- con las ideologías y prácticas ocultas de Partidos Políticos de izquierda, Centro izquierda y ONG´s que en apariencia protegen los derechos de la ciudadanía cuando lo que persiguen es lucrarse con los dineros de la política de “Reparación de Víctimas”.
¿No son acaso estas actuaciones también el resultado de “Empresas Criminales”? Si no lo sabías un solo caso (Verdadero o falso) de “Reparación de Victimas” le significa a un solo Abogado o a un Bufete de Abogados la medio “friolera” de entre $ 350´000.000,oo a $ 480´000.000,oo millones de pesos contantes y sonantes.
2. El “ALBA / Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” y su agenda oculta de apoyo irrestricto “cueste lo que cueste” (como lo dice el Homínido de Miraflores) a los movimientos insurgentes en Colombia. ¿Te has preguntado cuantas minas antipersona han sembrado o cuantos proyectiles han disparado las ONT FARC en suelo colombiano con apoyo de los dineros de “PDVSA / Petróleos de Venezuela S.A.”, o de “El Chapel S.A.” (Propiedad de Cristina Fernández, el fallecido Néstor Kirchner y su primogénito Máximo Kirchner)?.
Estas son transnacionales que intervienen con sus ríos de dinero en el conflicto colombiano funcionando como “Empresas Criminales”.
Lo paradójico de todo esto mi apreciado -pero equivocado amigo- es que quienes quisieron eliminar los movimientos insurgentes se terminaron aliando con ellos, igualándose a ellos o superándolos a ellos, los que quisieron romper con las prácticas políticas clientelistas terminaron haciéndolo mucho mejor que sus antagonistas (¿te dice algo el Polo y el “Carrusel de la Contratación en Bogotá D.C.”?) y los que quisieron apoyar y proteger a las victimas del conflicto ven como ahora “el mejor negocio” es que se maten más o aparezcan más “falsos desaparecidos” para cobrar más…
Como te lo dije en un correo anterior (que hirió algunas susceptibilidades): “…que entre el diablo y escoja…”
Un abrazo académico y fraterno.
Mario
Hola Uribito:
Me parecen acertadas las tesis de trabajo, pero creo que debería incluirse otra que, aunque pudiera ser considerada consecuencia, es independiente: la apatía o desinterés social por lo público y la política, dado el descanto en que vive.
Luis F.
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