Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Cuando altos funcionarios del Estado no responden a los llamados de la justicia, la ciudadanía pierde confianza en el orden social y la institucionalidad estatal se debilita. El daño puede resultar de tal magnitud, que anima a otros a llegar a cargos públicos, con una mediana seguridad de que la ley no les llegará a tiempo o porque simplemente el orden jurídico siempre ofrece fisuras por las cuales huir o esconderse, de tal manera que pueden violar los marcos legales con toda confianza.
Los casos recientes de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS y del ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, representan la debilidad del Estado para someter a aquellos que usando la función pública de manera indebida, lo desacreditaron de tal forma que alimentaron con creces el negativo imaginario colectivo que sobre el Estado tenemos millones de colombianos. Y eso, al parecer, no es valorado por el aparato de justicia y por los operadores judiciales, que apegados a la ley, apenas si alcanzan a emitir órdenes de captura, que terminan siendo saludos a la bandera, en especial en los casos de Hurtado y de Restrepo, ambos, funcionarios del gobierno de Uribe.
El asilo de Hurtado, por ejemplo, se da porque hay un orden internacional que por cuenta de presidentes como el señor Martinelli, de Panamá, termina sometiendo al Estado colombiano, en este caso, a los deseos de Uribe, quien supo hacer buenas relaciones con el hoy Presidente de Panamá, hasta el punto que éste último usó ese orden internacional, a través de la figura del asilo territorial, para burlarse de la justicia de Colombia y por esa vía, debilitar las instituciones estatales ante un sector amplio de la opinión pública que despierta poco a poco del letargo de ocho años de embrujo uribista, y hoy exige que se devele la verdad en torno a los episodios de las interceptaciones ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y detractores del nefasto régimen uribista.
En lo que respecta al ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, estamos ante un hecho reprochable ética, moral y jurídicamente en tanto que el polémico y hoy prófugo de la justicia, fue incapaz de responder por sus actuaciones y de manera cobarde y malintencionada se burla no sólo de la justicia, sino de los ciudadanos colombianos que confiaron no sólo en sus actuaciones, en el caso específico de la desmovilización de un frente de las Farc, sino en que él, como alto funcionario de un gobierno, estaba actuando dentro de los marcos éticos y legales, sobre los cuales se espera que actúen quienes deciden de manera voluntaria ejercer la función pública.
Entonces, el daño que dejan las actuaciones de estos escurridizos, ladinos y taimados funcionarios de Uribe, así como las ejecutorias de Uribe Vélez como Presidente de la República, resulta ser inconmensurable en tanto la confianza ciudadana en el Estado, en la política y en las instituciones, se pierde. Y ello debe ser considerado por los jueces y por la opinión pública como grave.
El asunto no se resuelve únicamente cuando la Fiscalía imputa cargos o la Corte Suprema de Justicia emite fallos condenatorios, cuando a ella le ha correspondido. No. Lo que puso en riesgo es el buen nombre del Estado frente a unos ciudadanos que en muchas ocasiones sienten que éste no les sirve y que por el contrario, en ocasiones los persigue sin justa causa. De igual manera, las actuaciones de Uribe, Hurtado y Restrepo hacen que la política pierda aún sentido en los ciudadanos, que con justa razón se alejan de ella y de la discusión de asuntos públicos, porque reconocen que los caminos jurídicos y políticos para revisar, esculcar y castigar las actuaciones de altos funcionarios públicos no llevan a una pronta justicia.
Estamos ante un daño irreparable y casi imposible de cuantificar. De allí que se requiera de ejercicios de pedagogía política en ciudadanos, especialmente jóvenes, que ven cómo presidentes como Uribe y funcionarios de un gobierno, se burlan de la justicia, del orden social que esos ciudadanos respetan y que consideran como viable.
Insisto en que hay un daño moral en la imagen del Estado que la justicia y la sociedad colombiana jamás podrán cobrarle a sujetos como Uribe, Hurtado y Restrepo. Cuando en un orden social y político como el colombiano, con una evidente debilidad institucional, no se logra fundar una moral estatal y una ética pública, triunfará el crimen, el oportunismo y los intereses individuales. Y justamente, esas son las circunstancias que alimentan la violencia.
Cuando altos funcionarios del Estado no responden a los llamados de la justicia, la ciudadanía pierde confianza en el orden social y la institucionalidad estatal se debilita. El daño puede resultar de tal magnitud, que anima a otros a llegar a cargos públicos, con una mediana seguridad de que la ley no les llegará a tiempo o porque simplemente el orden jurídico siempre ofrece fisuras por las cuales huir o esconderse, de tal manera que pueden violar los marcos legales con toda confianza.
Los casos recientes de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS y del ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, representan la debilidad del Estado para someter a aquellos que usando la función pública de manera indebida, lo desacreditaron de tal forma que alimentaron con creces el negativo imaginario colectivo que sobre el Estado tenemos millones de colombianos. Y eso, al parecer, no es valorado por el aparato de justicia y por los operadores judiciales, que apegados a la ley, apenas si alcanzan a emitir órdenes de captura, que terminan siendo saludos a la bandera, en especial en los casos de Hurtado y de Restrepo, ambos, funcionarios del gobierno de Uribe.
El asilo de Hurtado, por ejemplo, se da porque hay un orden internacional que por cuenta de presidentes como el señor Martinelli, de Panamá, termina sometiendo al Estado colombiano, en este caso, a los deseos de Uribe, quien supo hacer buenas relaciones con el hoy Presidente de Panamá, hasta el punto que éste último usó ese orden internacional, a través de la figura del asilo territorial, para burlarse de la justicia de Colombia y por esa vía, debilitar las instituciones estatales ante un sector amplio de la opinión pública que despierta poco a poco del letargo de ocho años de embrujo uribista, y hoy exige que se devele la verdad en torno a los episodios de las interceptaciones ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y detractores del nefasto régimen uribista.
En lo que respecta al ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, estamos ante un hecho reprochable ética, moral y jurídicamente en tanto que el polémico y hoy prófugo de la justicia, fue incapaz de responder por sus actuaciones y de manera cobarde y malintencionada se burla no sólo de la justicia, sino de los ciudadanos colombianos que confiaron no sólo en sus actuaciones, en el caso específico de la desmovilización de un frente de las Farc, sino en que él, como alto funcionario de un gobierno, estaba actuando dentro de los marcos éticos y legales, sobre los cuales se espera que actúen quienes deciden de manera voluntaria ejercer la función pública.
Entonces, el daño que dejan las actuaciones de estos escurridizos, ladinos y taimados funcionarios de Uribe, así como las ejecutorias de Uribe Vélez como Presidente de la República, resulta ser inconmensurable en tanto la confianza ciudadana en el Estado, en la política y en las instituciones, se pierde. Y ello debe ser considerado por los jueces y por la opinión pública como grave.
El asunto no se resuelve únicamente cuando la Fiscalía imputa cargos o la Corte Suprema de Justicia emite fallos condenatorios, cuando a ella le ha correspondido. No. Lo que puso en riesgo es el buen nombre del Estado frente a unos ciudadanos que en muchas ocasiones sienten que éste no les sirve y que por el contrario, en ocasiones los persigue sin justa causa. De igual manera, las actuaciones de Uribe, Hurtado y Restrepo hacen que la política pierda aún sentido en los ciudadanos, que con justa razón se alejan de ella y de la discusión de asuntos públicos, porque reconocen que los caminos jurídicos y políticos para revisar, esculcar y castigar las actuaciones de altos funcionarios públicos no llevan a una pronta justicia.
Estamos ante un daño irreparable y casi imposible de cuantificar. De allí que se requiera de ejercicios de pedagogía política en ciudadanos, especialmente jóvenes, que ven cómo presidentes como Uribe y funcionarios de un gobierno, se burlan de la justicia, del orden social que esos ciudadanos respetan y que consideran como viable.
Insisto en que hay un daño moral en la imagen del Estado que la justicia y la sociedad colombiana jamás podrán cobrarle a sujetos como Uribe, Hurtado y Restrepo. Cuando en un orden social y político como el colombiano, con una evidente debilidad institucional, no se logra fundar una moral estatal y una ética pública, triunfará el crimen, el oportunismo y los intereses individuales. Y justamente, esas son las circunstancias que alimentan la violencia.
Nota: publicada en el portal www.hechoencali.com, http://www.hechoencali.com/fugas-que-debilitan-la-moral-estatal/
2 comentarios:
Buen artículo,Comunicador.Feliz fin de semana Gayala-
Rodrigo Ramos Sánchez
Hola Uribiño:
¡Buena tarde!
El caso planteado hace referencia a la eficacia de cualquier orden normativo y, por ello, es necesario observar el fenómeno con más detenimiento.
En efecto, la eficacia como posibilidad de producir resultados adquiere varios matices, por ejemplo, real o material, la política y, finalmente la ética o moral o, si se quiere simbólica. Por estas razones, es menester expresar qué resultados se espera que produzca el derecho, desde esa triple categoría, en el pueblo.
Lo mejor del caso es que Juan Pueblo está llegando a la convicción de que los ex servidores del anterior gobierno no eran tan pulcros, honestos y desinteresados como se pregonó, lo que refunda en la eficacia simbólica, pues cuando el encausado jurídicamente se evade del alcance de la justicia, está demostrando que es culpable porque de otra manera no se pierde.
Recuerda que los desobedientes civiles, para demostrar la injusticia del sistema o del régimen, permitían que el brazo judicial los alcanzara y, desde adentro del sistema, probaban la injusticia cometida con ellos.
El innombrable no solo se desprestigia sino que permite que, como efecto boomerang, las consecuencias de su actos se vuelvan contra él y sus seguidores.
Un abrazo,
Luis F.
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