Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Después del proceso de desinstitucionalización liderado y ejecutado por Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos presidenciales (2002-2010), el país esperaba que Juan Manuel Santos liderara una carrera inversa, en aras de lograr una mínima institucionalidad, golpeada fuertemente por el carácter megalómano que encarnó y encarna aún el ex mandatario antioqueño. Pero no ha sido así.
Cuando ya casi completa dos años de gobierno, el Presidente Santos Calderón fracasa en esa aspiración, exhibiendo una profunda crisis institucional, generando así una baja o débil institucionalidad con la que tambalea la aspiración constitucional que consagra a Colombia como un Estado social de derecho.
La débil institucionalidad permite la aparición de proyectos políticos con un claro carácter sectorial, que no sólo enmascara las aspiraciones individuales de candidatos a la Presidencia, sino que desecha principios y aspiraciones constitucionales de especial arraigo popular que, definidas por el contexto de la constituyente de 1990 y consagradas en el texto de la Carta Política de 1991, buscaban que el país transitara, por fin, caminos que lo llevaran a gozar de una verdadera legitimidad, con instituciones y una institucionalidad democráticas fuertes. Pero no fue así.
En el fallido y escandaloso proyecto de reforma a la justicia de 2012, se concentran varias evidencias de una desinstitucionalización que confirma la precariedad y la debilidad del Estado, situación que conviene a empresarios, a las fuerzas de la globalización, élites regionales y en general a las mafias políticas, de diverso tipo, enquistadas en partidos y movimientos políticos, así como la incapacidad de jefes de gobierno y de Estado, de liderar cambios que permitan pensar en una institucionalidad distinta, o en el diseño de instituciones fuertes, autónomas y al servicio de lo público.
El clientelismo, como institución política generadora de una amañada gobernabilidad, es el factor que más aporta a la acción desinstitucionalizante liderada por todos los mandatarios elegidos hasta el momento. Con él o ella, Juan Manuel Santos logró conseguir forzosos e interesados consensos a través de lo que se llamó la Unidad Nacional, que no es más que el correlato de un viejo proceso de cooptación del Legislativo por parte del Ejecutivo. Con un Congreso de bolsillo, el gobierno de Santos impulsó una reforma a la justicia, acomodándola a los mezquinos intereses de congresistas y magistrados, para someter, con éstos últimos, a las altas cortes, al vaivén político, en especial a la Corte Suprema de Justicia.
El respeto entre los tres poderes públicos, el mantenimiento de su independencia y el ejercicio institucional colaborativo sobre la base de un amplio sentido de lo público y de la responsabilidad estatal, son factores generadores de una institucionalidad democrática que requiere de un liderazgo y de unos líderes distintos a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón.
Del primero, recordemos brevemente su aspiración de superar el Estado social de derecho, y de llevar al país a un estadio que él mismo llamó como Estado de Opinión, que no era más que el ejercicio autoritario y caprichoso del poder, soportado en una discutida legitimidad popular, sostenida, por supuesto, en la ignorancia de millones de ciudadanos, en la compra de igual número de conciencias a través de la entrega de recursos económicos de planes como Familias en Acción y en una legitimidad mediática, entregada por unas empresas periodísticas o medios masivos amedrentados, cooptados y acomodados, a través de un hincado ejercicio del periodismo.
Del segundo, recordemos que el programa Familia en Acción[1] hoy es un marco legal con el que se institucionaliza el clientelismo, arma profundamente desinstitucionalizante, pero con efectos positivos en materia político-electoral. Santos sabrá sacar provecho de esa circunstancia socio electoral, para buscar su reelección, amenazada hoy por la aparición del movimiento uribista, Puro Centro Democrático y por su incapacidad de liderar un proceso político de claro enfrentamiento, entre otros problemas, a la concentración de la riqueza en pocas manos, a la superación del conflicto armado interno, así como al establecimiento de controles fiscales, políticos y ambientales a una inversión extranjera que cabalga desbocada a lo largo y ancho del país.
Incapaz de liderar un proceso de fortalecimiento del Estado, Juan Manuel Santos Calderón confirma su carácter liberal, en lo económico, con el que busca el desmonte del Estado social de derecho, allanando el camino para que las fuerzas del mercado limiten la acción estatal de acuerdo con los intereses de empresarios nacionales y de inversionistas extranjeros, en especial, los de las multinacionales madereras y mineras o aquellas que lideren proyectos productivos (monocultivos) en zonas de especial fragilidad ambiental.
Eso sí, hay que señalar que la desinstitucionalización hace parte del proceso neoliberalizador de la economía y de la política, que convierte poco a poco al Estado en un negociador con fuerzas y actores del mercado que lo superan en capacidad.
La desinstitucionalización del Estado se hace en aquellos frente de trabajo, sobre todo lo social, pero se fortalece la institucionalidad con la que se ejerce el orden de las fuerzas del mercado a como dé lugar.
Es decir, mientras se desinstitucionalizan unas áreas, otras se fortalecen. Por ejemplo, para dar impulso a la locomotora minera el gobierno de Santos fortalece, de un lado, los rieles institucionales para asegurar beneficios a las empresas mineras, nacionales y multinacionales, y por el otro lado, debilita la institucionalidad ambiental[2].
Con todo, a pesar de que los uribistas del Puro Centro Democrático consideren a Santos como un usurpador y como un traidor de la política de seguridad democrática, lo cierto es que tanto Uribe Vélez[3] como Santos Calderón han aportado al desmonte del Estado social de derecho y al mantenimiento de las precarias condiciones de unas instituciones democráticas históricamente débiles.
Cercano el escenario electoral de 2014, el país, nuevamente, se polarizará en torno a la posibilidad de que AUV llegué a la Casa de Nariño así sea en cuerpo ajeno, y a la búsqueda de la reelección de Santos. Mientras ello sucede, la debilidad de las instituciones y la institucionalidad democráticas seguirá siendo considerada como un factor político menor, que poco afecta los procesos de consolidación del Estado y la búsqueda de su legitimidad.
[1] “Presidente Juan Manuel Santos sancionará hoy jueves la Ley de Familias en Acción, luego de ser aprobados los informes de conciliación por las plenarias de Senado y Cámara. Así lo anunciaron este miércoles el director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, y el senador Juan Lozano Ramírez. Esta iniciativa, del senador Juan Lozano y de la bancada del Partido de la U, formaliza el Programa de Familias en Acción, convirtiéndolo en política de Estado para garantizarles permanentemente a los niños menores de 18 años, de los hogares en situación de pobreza extrema, desplazados, indígenas y afrodescendientes, los subsidios de nutrición y educación por parte de la Nación”. Tomado de http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/14109-programa-familias-en-accion-sera-politica-de-estado
[2] En la administración de AUV se debilitaron las instituciones ambientales. Por ejemplo, la licencia ambiental se convirtió en un mero trámite, perdiéndose como herramienta técnica, ambiental y científica de mitigación de impactos ambientales.
[3] “En el terreno de la economía, Álvaro Uribe otorgó cuantiosas exenciones tributarias para atraer inversionistas extranjeros que hubieran venido de todos modos para apropiar recursos naturales escasos y de elevadas rentas. No quiso aumentar la participación ni la vigilancia de la Nación en los ingresos que generan el oro, el petróleo y el carbón, que no son renovables. Fue una política irresponsable con los contribuyentes y las futuras generaciones” (Tomado de Salomón Kalmanovitz. La Plataforma del Puro Centro Democrático, http://www.elespectador.com/opinion/columna-360061-plataforma-del-puro-centro-democratico).
2 comentarios:
Hola Uribito.
Comparto que tenemos poca institucionalidad y que ella beneficia a las fuerzas medievales existentes en nuestra sociedad, pero creo que aterrizan en un lugar común: la manida verdad sobre el uribismo.
Cada que los medios, en los cuales te incluyo, vuelven sobre lo mismo y magnifican el fenómeno, éste se resiste a desaparecer. Recuerda que lo más grave no es que hablen mal de uno sino que lo ignoren, que no lo tengan en cuenta. El uribismo está ganado porque los críticos, en cada una de sus columnas, le hacen el juego y no lo dejan morir.
Luis F.
Ayer hablaba con una amiga y le decía que atacar a Uribe es como patear un perro muerto (es un dicho brasilero). Pero no se trata de atacarlo y si de evidenciar el juego político y eso no lo hace la gran prensa nacional. Me parece que para hacer un análisis adecuado de la gestión del Presidente Santos es sus dos años de gobierno, es necesario hacer un cálculo del margen de acción que él tiene para sacar adelante su programa e inventariar los grandes desafíos que enfrenta. En ese sentido no podemos esperar ni exigir que en dos años desmonte la estructura narco política y corrupta creada principalmente en los ocho años del anterior gobierno.
Esperar ese desmonte seria como creer que todo depende de la voluntad del presidente y no es así. La correlación actual de fuerzas, no favorece en lo mas mínimo al actual gobierno, dentro de esas fuerzas encontramos: la desidia de los militares, algunos de los cuales llegaron a proponer remover al presidente Santos; el ex-presidente Uribe y su labor desestabilizadora para la gobernabilidad; los intereses del actual poder legislativo y judicial; los intereses del gran capital y de los Estados Unidos; y la extrema derecha, entre otros. Dos imágenes se me antojan cuando pienso en la gestión del presidente Santos, la de un rehén, la de alguien que se encuentra sitiado o inmovilizado, y la de alguien que es arrastrado por las corrientes caudalosas de un rio, que en este caso no es otro que el de la historia de la nación colombiana.
A Uribe no hay que restarle importancia, lo que hay que hacer es leer sus acciones desde otra óptica. Sus acciones políticas y el reguero de pinzas que deja por donde pasa los veo como actos desesperados de alguien que esta utilizando el prestigio que tiene para intimidar al gobierno, obligarlo a detener algunas investigaciones y al mismo tiempo blindarse contra una posible extradicción. En última instancia todo depende de la voluntad del Tío Sam.
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