EL LENGUAJE DE LA GUERRA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El discurso de los derechos, el de la política del reconocimiento, las apuestas multiculturales, así como el derecho internacional humanitario, arrastran y suelen servir para legitimar procesos históricos de dominación, en los que sobresalen relaciones asimétricas entre Estados poderosos y débiles, países desarrollados y aquellos llamados subdesarrollados, culturas dominantes y alternativas, así como entre grupos humanos (élites) y minorías excluidas en contextos complejos como el que ofrece Colombia.  

Así las cosas, no podemos confiar de manera exclusiva en que situaciones, eventos, hechos y circunstancias que ofrece la guerra interna colombiana, deban y puedan explicarse o solucionarse, por ejemplo, dentro de los derroteros que exhibe el derecho internacional humanitario (Convenios de Ginebra) y específicamente en lo que plantean los Protocolos I y II. 

El caso de los dos policías ‘secuestrados’, ‘retenidos’, ‘privados de la libertad’ o ‘capturados’, es un claro ejemplo de los problemas que sobrevienen cuando se pretende ajustar un particular, complejo y degradado conflicto armado como el que soporta Colombia de tiempo atrás, a lo propuesto en el señalado Protocolo II.

Hablar, como lo hacen las Farc, de ‘prisioneros de guerra’, facilita las reacciones del Establecimiento, que usa a los medios de comunicación para mostrar el ‘error’ en el que cae la dirigencia de las Farc al legitimar, explicar, calificar y justificar de esa manera la acción armada en contra de dos miembros de la Policía Nacional.

Esa categoría, desde el derecho internacional humanitario (Protocolos I y II), sería inaplicable, inexistente. Así las cosas, lo que el país necesita es generar categorías y un discurso que sirvan para llamar, calificar, justificar y legitimar las acciones armadas acometidas por las Farc y por las Fuerzas Armadas, ejércitos enfrentados en un largo y sistémico conflicto.

Desechar las orientaciones, los límites y las talanqueras políticas, jurídicas, ideológicas y contextuales que ofrece la legislación internacional que busca ‘humanizar’ las guerras, debería de ser un punto a considerar dentro de la mesa de diálogo, en respuesta a las presiones recibidas por sectores de derecha, aupados por una información periodística-noticiosa amañada e ideológicamente comprometida, con el fin de evitar contaminar la dinámica dialógica puesta en marcha en La Habana.  

Como todo lo anterior se sostiene en los usos particulares de la lengua y en históricas relaciones de dominación, exógenas y endógenas, es urgente plantear un proceso pedagógico que permita entender las diversas dinámicas del conflicto armado interno colombiano, con el claro propósito de deslegitimar prácticas discursivas con las que las fuerzas del Establecimiento ‘justifican’ homicidios y otros tipos de acciones militares. Por ejemplo, es urgente borrar del discurso mediático la frase ‘dado de baja’ con la que la fuerza pública exhibe, explica, justifica y legitima el asesinato de guerrilleros y milicianos. Tanto las Farc, como las Fuerzas Armadas cometen homicidios, dentro y por fuera de escenarios de combate. Es así de claro.  

Hay que aceptar que la guerra y los combatientes crean y recrean un discurso con el que cada ejército, cada fuerza, busca desvirtuar los logros y los triunfos militares y políticos del enemigo. La pretensión de humanizar la guerra interna de Colombia pasa, necesariamente, por la urgente necesidad de concebir categorías, reglas, protocolos y expresiones lo suficientemente universales, con las cuales tanto las fuerzas ilegales como las legales, es decir, guerrilleros y militares, se les reconozca como combatientes y como potenciales victimarios y víctimas.  

Si ya el Estado, el actual gobierno y otras administraciones reconocieron que efectivamente Colombia afronta un conflicto armado interno, porqué no avanzar en la construcción de un derecho nacional, hecho a la medida y a las circunstancias de la guerra colombiana, para no sólo humanizar el conflicto, sino para evitar que acciones militares legítimas, como la de capturar o asesinar miembros del enemigo, terminen tergiversadas por sectores de poder político (la derecha) y mediático, interesados en torpedear y hacer fracasar el proceso de paz, en el que dialogan la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos Calderón.

Mal haría el Gobierno de Santos ordenar a sus voceros en La Habana levantarse de la mesa de diálogo por la ‘captura’, ‘privación de la libertad’, ‘retención’ o ‘secuestro’  de los dos policiales. Estamos en una guerra, a pesar de que al tiempo se esté dialogando, y cada ejército busca golpear a su enemigo y ello debe ser suficiente para que los voceros que dialogan en Cuba, no acepten presiones políticas y mediáticas.

Sectores societales en Colombia están muy sensibles a este tipo de acciones militares, situación que en lugar de poner en igualdad de condiciones y posibilidades a los combatientes de ambos bandos, en especial a los miembros de la Fuerza Pública, lo que hacen es poner a éstos últimos en un lugar de indefensión y de incapacidad, que sólo sirve para tapar errores operacionales y exaltar así las virtudes de los ilegales farianos.