Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
Varios hechos recientes y otros
no tanto, son expresiones inequívocas de que en dos departamentos del suroccidente colombiano, Valle del Cauca y
Cauca, hay graves problemas de legitimidad y de gobernabilidad de mandatarios
locales y claro está, de los propios gobernadores.
Baste con señalar tres casos
municipales para sostener que hay una clara crisis política y de representación
en el Valle del Cauca y en el Cauca. Señalo dos casos para el Valle del Cauca y
uno para el Cauca. Inicio con la capital del Valle.
Las múltiples violencias que
afronta Cali no sólo dejan en evidencia la nula efectividad de las respuestas
policivas ordenadas por el alcalde Guerrero y sus antecesores para enfrentar
tanto el crimen organizado, como la delincuencia común, sino el desinterés de
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas para tratar de comprender
qué es lo que sucede en la capital del Valle, con una tasa de homicidios que la
tiene como la cuarta ciudad más violenta del mundo.
Es claro que el aumento del pie
de fuerza y los toques de queda son estrategias que sólo sirven para
criminalizar y estigmatizar a cientos de miles de ciudadanos que sobreviven en zonas
de la ciudad en condiciones claras de vulnerabilidad. Al señalar a las
pandillas y a algunas bandas criminales que operan dentro de la urbe como
únicas responsables de los homicidios y de la violencia generalizada, se
ocultan las finas relaciones que existen entre diversos actores generadores de
violencia que están asociados con sectores legales e ilegales, lo que
claramente evidencia una crisis ética y moral de la sociedad caleña y de la
institucionalidad del Estado local, y por ese camino, de un débil Estado
regional, correlato de la precariedad del Estado nacional.
A los problemas que enfrenta la
ciudad de Cali se suman el colapso del Estado municipal en Buenaventura. La Ciudad
Puerto afronta de tiempo atrás graves problemas de orden público y una clara degradación
social, fruto de la combinación de varios factores a saber: falta del Estado en
los ámbitos nacional, regional y local. Penetración paramilitar y mafiosa en la
sociedad y en sectores del Estado local. Luchas por rutas del narcotráfico y
por el control territorial de zonas de explotación aurífera y una palpable,
pero no reconocida exclusión étnica de una élite ‘blanca’ que desde Cali y la región mira con desdén a
los afrocolombianos que sobreviven en condiciones lamentables en esteros y en
las zonas marginales de Buenaventura. Y no se puede desconocer que subsisten
problemas de liderazgo en las comunidades afrocolombianas organizadas.
De esta forma, los casos de Cali
y Buenaventura sirven para evidenciar que el departamento del Valle del Cauca,
como actor político y administrativo deviene en una crisis de liderazgo
político, determinante para que las fuerzas ilegales organizadas y con nexos
con sectores legales de la sociedad civil, ganen terreno y alcancen legitimidad
dentro de una sociedad con procesos civilizatorios en vía de colapsar dado que no
hay referentes de orden para seguir y emular.
Ahora miremos lo que sucede en
otra zona de esta parte del suroccidente colombiano: el departamento del Cauca.
Los históricos problemas de orden público que soporta el Cauca, a los que se
suman los conflictos socio ambientales de una agresiva minería legal e ilegal
que se posó en puntos estratégicos de su geografía, facilitan que episodios
como el que recientemente ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao se
den en medio de un Estado local, regional y nacional incapaz de controlar no
sólo a las fuerzas insurgentes, sino a los ejércitos privados que hoy cuidan
las minas ilegales.
Por su cercanía a la ciudad de
Cali, el desastre socio ambiental en zona rural de Santander de Quilichao
demanda que las autoridades ambientales y las fuerzas vivas de los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca entren a evaluar la situación
presentada, dado que el río Quinamayó, afluente del Cauca, fuente hídrica que
sirve a los caleños y a los vallecaucanos, sufre la contaminación por mercurio
que deja la explotación de oro en dicha mina ilegal.
El caso de Santander de Quilichao
es la clara expresión de un Estado local ‘capturado’ por fuerzas del
narcotráfico que saben aprovecharse del empobrecido capital cultural de cientos
de miles de habitantes que no tienen otra opción que enterrarse en profundos
huecos para buscar oro y mantener a sus familias.
Con estos tres casos queda en
evidencia una profunda crisis de liderazgo regional y local, que es correlato
de la precariedad y de las dificultades que afronta el Estado nacional para
erigirse como un orden justo y legítimo. Cali, Buenaventura y Santander de
Quilichao hacen evidente la crisis de la política y de los procesos
civilizatorios echados a andar con los más mínimos referentes de ética pública,
de moralidad y de orden institucional.
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