PAZ, CHUZADAS Y ELECCIONES EN COLOMBIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En lugar de propuestas de gobierno para consolidar el Estado-nación, los candidatos a la presidencia recorren Colombia para cautivar incautos e ignorantes votantes, con promesas de campaña que terminarán consolidando el asistencialismo como política de Estado.

Eso sí, las campañas hacia la presidencia avanzan en medio de escándalos que involucran a las huestes del candidato de la Ultraderecha, Óscar Iván Zuluaga y del Presidente-candidato, Juan Manuel Santos Calderón, representante de la centro derecha.

Primero fueron los hechos turbios en los que estuvo involucrado el asesor publicitario de la campaña del Presidente-candidato, J. J. Rendón, quien renunció a su cargo para no ‘ensuciar’ la campaña de Santos. A ese primer golpe de la campaña de Zuluaga, el Presidente-candidato, con el equipo de la Fiscalía, responde con el  allanamiento de una oficina privada de interceptaciones ilegales de telecomunicaciones manejada por Andrés Fernando Sepúlveda, quien ya fue capturado y será procesado por espionaje, entre otros delitos. Sepúlveda es cercano ideológicamente a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y por tanto, al ex presidente Uribe Vélez.

En las finas relaciones entre la campaña del candidato del Centro Democrático, la micro empresa electoral de Uribe Vélez, aparece Luis Alfonso Hoyos hasta hace unas horas director general (y espiritual) de la campaña del poco carismático Óscar Iván Zuluaga. Alfonso Hoyos es la conexión con Zuluaga y con Uribe. Hay, entonces, una fina red de relaciones políticas con sectores de la sociedad civil y del estamento militar de Bogotá que no desean que la paz se firme y se avance hacia exigentes escenarios de posconflicto. Eso está claro y es allí en donde deben trabajar la Fiscalía y la Contrainteligencia para develar quiénes son los militares activos y retirados y otros actores, interesados en que la guerra se prolongue indefinidamente.

Las actividades ilícitas de interceptación de comunicaciones del Presidente, de sus negociadores en La Habana y quizás de la plataforma informativa de la cúpula de las Farc instalada en Cuba, tenían el claro propósito de torpedear el proceso de paz que se adelanta en la isla de los Castro, hasta provocar el rompimiento de los diálogos. Si la Fiscalía tiene la razón y encuentra que efectivamente la central de interceptaciones ilegales montada por Sepúlveda, con el posible apoyo o con la anuencia de un sector de la Inteligencia Militar afecta a Uribe Vélez, buscaba deslegitimar el proceso de paz, estamos entonces ante el primer aviso que la ultraderecha le hace a Santos y al país que lo acompaña en su esfuerzo de ponerle fin al conflicto armado interno.

Es decir, este hecho hay que sacarlo del contexto electoral y darle uno más amplio, en la medida en que está de por medio un proceso de paz delicado, que avanza en medio de rumores e incertidumbres que han llegado a oídos de familiares de militares y policías que creen que van a perder beneficios. Pero especialmente, hay preocupación en los militares y civiles que clara y directamente se benefician de la guerra, a través de contratos para proveer pertrechos para la guerra, sobre los cuales los organismos de control poca vigilancia pueden ejercer.

Es claro que detrás de Sepúlveda hay sectores de poder económico, político y militar que no están dispuestos a apoyar el proceso de paz y menos aún aceptarán la reducción de las FFMM, como consecuencia del fin del conflicto. Ese es el asunto de fondo, que viene, por supuesto, acompañado de posiciones en contra de que haya verdad, justicia y reparación, en el marco de una justicia transicional que no sólo deberá garantizar penas alternativas a los miembros de las Farc, sino a todos los actores armados, y ello incluye a los militares. Es decir, la justicia transicional deberá meter en una misma bolsa o costal las violaciones a los derechos humanos cometidas por paras, militares y guerrilleros. Como combatientes, todos son responsables de los crímenes cometidos y la violación de los DD.HH.

Mientras llega el siguiente escándalo y a pocos días de la primera vuelta presidencial, el país asiste a más y más desastres socio ambientales, producto de un modelo de desarrollo extractivo que sólo beneficia a empresas nacionales y multinacionales, así como a narcos, paras, políticos y guerrilleros, involucrados en la explotación de oro.

Nota 1: Llama la atención que Luis Alfonso Hoyos haya intentado entregar información al Noticiero RCN, de tiempo atrás afecto al entonces presidente Uribe. Varias preguntas surgen: ¿por qué justamente a ese noticiero? ¿Acaso Sepúlveda y Hoyos reconocen en dicho noticiero alguna afinidad ideológica con la ‘causa’ uribista? Este asunto no debe de pasar de soslayo.

Nota 2: La Fiscalía debe develar quiénes están detrás de Sepúlveda. Él apenas es el eslabón de una larga lista de interesados en que Santos no se reelija, pero sobre todo, que la paz no se firme. Santos debe hacer una purga masiva en las fuerzas militares si se encuentran vínculos con Sepúlveda y Luis Alfonso Hoyos y la campaña de Zuluaga.