CAMINOS PARALELOS HACIA LA IMPUNIDAD

       

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Poner fin a un largo y degradado conflicto armado interno como el colombiano a través de la negociación política, requerirá no sólo de la voluntad política y militar[1] de los actores armados que hoy dialogan en La Habana, sino de la disposición de actores de la sociedad civil y de la sociedad en general,  para aceptar los términos del pacto que ha de firmarse al final del proceso de paz.

No ha sido fácil adelantar los diálogos de La Habana y mucho más difícil será firmar, ratificar e implementar los cambios con los cuales se pretende avanzar hacia el estadio del posconflicto.

Mientras avanzan las conversaciones en la Isla de los Castro, el país entra y sale de un debate jurídico y político en torno a las penas que deberían purgar los señores de las Farc y de las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Un asunto complejo que suele devenir ideologizado y que además soporta la presión internacional por la presencia de la CPI y de ONG de derechos humanos.

Se crean marcos legales para ‘facilitar’ los procesos de paz y la entrega de armas de las agrupaciones al margen de la ley que han hecho parte de este largo conflicto armado interno. Recientemente se creó la Ley de Justicia y Paz para lograr el desmonte de las estructuras político-paramilitares. Desde la perspectiva de la Justicia Transicional, en ese  turbio proceso de negociación entre el gobierno de Uribe y los jefes paramilitares no hubo justicia, reparación y mucho menos la verdad[2] ha hecho presencia. Posteriormente vino el Marco Jurídico para la Paz, con el firme propósito de avanzar hacia una Justicia Transicional que sostuviera y ambientara jurídicamente el proceso de paz con las Farc.

Ante la posibilidad de que los líderes farianos paguen penas alternativas por sus delitos, el país se ha polarizado. El Procurador Ordóñez, para citar un ejemplo, prendió las alarmas y amenaza que demandará los acuerdos jurídicos que impidan que los jefes de las Farc paguen con cárcel la responsabilidad que les cabe en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Ahora, el Congreso de la República tramita[3] un proyecto de ley estatutaria que ampliaría el fuero penal militar y daría mayor competencia a la Justicia Penal Militar, para conocer los casos de los ‘Falsos Positivos’.

Las voces de protesta no se hicieron esperar: “Recientemente, la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch, HRW, expresó sus preocupaciones al señalar que el término ejecuciones extrajudiciales está ausente del código penal; en cambio, el proyecto dice con toda claridad que los homicidios, las infracciones al DIH y los delitos contra la población civil serían de competencia de la justicia militar. Significa lo anterior que la población civil queda totalmente indefensa y vulnerable frente a los ataques y delitos que cometan policías y militares en su contra, por ejemplo, los mal llamados “falsos positivos”, tipificados en Colombia como homicidios, permitiendo así que los más de 3000 asesinatos de población civil presentados como “muertos en combate” pasen a manos de la justicia penal militar”[4].

Ahora bien, más allá de la clara inconveniencia de ampliar el fuero penal militar, lo que va quedando claro es que se advierten varios caminos para proteger de un lado la institucionalidad castrense y del otro, impedir que el proceso de paz con las Farc se rompa ante la insistencia de ciertos sectores sociales y políticos para que los líderes de la organización guerrillera vayan a la cárcel y paguen de manera ejemplar por los delitos de lesa humanidad cometidos.

Es decir, esos dos caminos están buscando impunidad. Y es claro que habrá impunidad. Es más, es necesario y hasta natural que haya unos grados de impunidad. Habrá penas alternativas y eso hay que aceptarlo y acatarlo. Propongo, entonces, que las discusiones se cierren metiendo en un mismo costal a los miembros de las Fuerzas Amadas, de las guerrillas y de los paramilitares, y otorgar un indulto generalizado[5].

Todos deben ser procesados y juzgados, pero la pena de cárcel no puede convertirse en un impedimento para ponerle fin al conflicto a través de la negociación política y mucho menos debe convertirse en motivo y razón para debilitar a las fuerzas armadas. El gran esfuerzo está allí: la sociedad debe perdonar a todos los actores armados, en tanto que en medio de un conflicto como el colombiano, que se ha desarrollado en medio de un total desconocimiento de las mínimas reglas de la guerra, todos los combatientes han violado los derechos humanos y desconocido e irrespetado el DIH.

No puede el país enfrascarse en una lucha jurídica y mucho menos actuar por miedo ante los compromisos firmados por el Estado colombiano en materia de derechos humanos. Hay que ponerle límites a la legislación internacional y actuar de manera soberana. El mundo deberá comprender que los grados, altos, medios o bajos de impunidad, son necesarios si de verdad se quiere la paz para el país. Eso sí, se debe garantizar que habrá verdad, perdón y reparación a las víctimas, y lo más importante, que no habrá repetición. Eso debería de ser suficiente.

Consolidar el Estado y hacerse por fin al monopolio de las armas debe ser el propósito a conseguir. La sociedad, por su parte, debe unirse en torno a propósitos comunes, colectivos, y ello implicará que las élites de poder, económico y político, cedan espacios y desconcentren el poder.

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[1] Hay dudas de que tanto las Farc, como las fuerzas estatales, sean de verdad organizaciones monolíticas.

[2] Uribe extraditó a varios jefes paramilitares con el ánimo de sepultar la verdad.

[3] La discusión se dio cuando el país estaba ‘ocupado’ con la actuación de la selección Colombia de Fútbol, en el Mundial Brasil 2014.

[4] Tomado de http://www.colectivodeabogados.org/Un-urgente-llamado-al-congreso-No  Consulta: 15 de Julio de 2014.

[5] Incluso los casos particulares como los del Coronel Plazas Vega y del General Uscátegui, deben ser revisados a la luz de esta propuesta.