YO DIGO SÍ A LA PAZ

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lunes, 15 de septiembre de 2014

TOCAR FONDO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Tanto en ámbitos gubernamentales y académicos como en aquellos espacios en donde transcurre la cotidianidad suelen discutirse algunos problemas del país: poca y deficiente presencia del Estado, sociedad atomizada, violencia política en el marco del conflicto armado interno, múltiples violencias urbanas y diversas expresiones de desorden e indisciplina social. Se quedan por fuera de este corto listado muchos más.

Pero todos esos problemas, asuntos o temas, a pesar de tener un anclaje histórico, ninguno ha permitido que el país toque fondo, es decir, que se propongan y se aseguren cambios sustanciales y estructurales en las maneras como funciona hasta el momento la relación Estado-Mercado-Sociedad. Y no hemos tocado fondo porque siempre cambiamos para que todo siga igual: las mismas élites en el poder, cooptando y capturando el Estado para el beneficio de unos cuantos, la guerra interna y las múltiples expresiones de violencia urbana y un generalizado comportamiento ciudadano premoderno.

Y así, con todo y problemas, el país sigue adelante en medio de muchos asuntos y problemas sin abordarse y sin solucionarse. Casi podríamos hablar de un Estado de Cosas Inconstitucional Generalizado, parodiando aquella declaración de la Corte Constitucional en el contexto del desplazamiento forzado interno.

Pero quizás la variable que nos va a llevar a tocar fondo como Estado organizado y como sociedad atomizada sea la ambiental.  Si revisamos los daños ecológicos y ambientales que viene dejando la explotación minera en Colombia, gracias a la permisividad de los gobiernos de Uribe y Santos, y en un rápido ejercicio de prospectiva, es posible pensar que vendrán para el país graves conflictos socio ambientales que muy seguramente no van a ser solucionados por vías pacíficas, sino a través del uso de la fuerza y de la violencia.

Ya hay elementos contextuales que hacen posible pensar e imaginar escenarios negativos: de un lado, el desinterés de los gobiernos de Uribe y Santos por consolidar las autoridades ambientales, convertidas en nidos clientelares y en meros receptáculos administrativos que tramitan sin mayor ejercicio analítico todo tipo de licencias ambientales, en especial para autorizar exploraciones y explotaciones que limpien y faciliten el camino de una locomotora minero-energética que avanza sin controles político, social y ambiental. De otro lado, la despreocupación que subsiste en actores y agentes de la sociedad civil, interesados exclusivamente en producir, vender y posicionarse en unos mercados en donde cada vez más de habla de competir y de competitividad, desconociendo el valor y la importancia de la variable ambiental y subestimando los efectos socio ambientales y ecológicos de un desarrollo extractivo sin límites de resiliencia y sobre el cual poco se discute públicamente.

El acceso y el control sobre el agua es ya un factor de riesgo en la generación de nuevos conflictos socio ambientales. Baste con señalar que el Gobierno de Santos autorizó la técnica del “fracking”, para la  extracción petrolera. A lo que se suman los efectos del Cambio Climático y la llegada del Fenómeno de El Niño.

Quizás, entonces, debamos esperar a que se presenten agravadas crisis de acceso al agua y los consecuentes conflictos sociales y de orden público que se vendrían cuando cientos de miles de colombianos no tengan cómo calmar la sed, preparar los alimentos y asearse, entre otras actividades en las que el agua resulta clave e irremplazable.

Mientras ello sucede y el país toca fondo, aquellos sectores de poder económico y político, afectos a las subculturas arrieras, ganaderas, agroindustriales y mineras, continuarán sometiendo hermosos, valiosos y estratégicos ecosistemas  a sus intereses privados, en detrimento de lo público y de los derechos colectivos. 


Imagen tomada de EL MUNDO.COM

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