Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El proceso de extranjerización de la tierra que se
viene presentando en Colombia pone en riesgo la seguridad alimentaria
del país y relativiza aún más la soberanía estatal. Además, pone un manto de
duda alrededor de lo que se está discutiendo y negociando en La Habana, en
particular sobre el primer punto de la reforma agraria integral. A ese proceso,
hay que sumarle la acumulación irregular de baldíos por parte de empresas
extranjeras y nacionales, entre las que se encuentran ingenios azucareros del
Valle del Cauca y familias con gran poder económico, como la del banquero
Sarmiento Angulo. A los anteriores factores y
circunstancias se suman la mega minería, los proyectos agroindustriales y los
alcances del Plan Nacional de Desarrollo (2014- 2018) del presidente Santos.
La naturaleza agraria del conflicto
armado interno exige un tratamiento especial sobre la cuestión agraria, la concentración de la tierra, la explotación de la misma y la seguridad alimentaria, entre otros asuntos que rodean lo agrario. ¿Cómo explicar, a la luz de las negociaciones de La Habana, lo que viene
sucediendo con la propiedad de la tierra, en especial con los baldíos, que por
ley deben estar en manos de los campesinos? A manera de tesis podemos señalar
que mientras en La Habana se discute y se negocia una Reforma Agraria Integral,
el presidente Santos, a través de su segundo Plan de Desarrollo y las circunstancias y procesos arriba señalados, el Presidente terminará por ampliar los
problemas de una cuestión agraria sobre la que hoy gravitan intereses
corporativos globales. Es decir, lo que
se acuerde en La Habana tendría relativa implementación en el sur del país,
porque la altillanura y en general los Llanos Orientales, terminarán
convertidos en extensas plantaciones por cuenta de la extranjerización y los
proyectos agroindustriales.
Las denuncias que viene haciendo
de tiempo atrás Wilson Arias Castillo, como Congresista y después como ex congresista, en torno a la extranjerización de la
tierra en Colombia y a la apropiación ilegal de baldíos en el sur del país,
parece ser que no han sido escuchadas por los negociadores de las Farc, a
juzgar por el silencio que estos parecen guardar frente a unas circunstancias
contextuales que dejarían sin sentido su lucha armada, sostenida en la defensa
y el mejoramiento de las condiciones de vida de campesinos, colonos, indígenas
y afrocolombianos.
Ponerle fin al conflicto armado
interno y por esa vía, freno al derramamiento de sangre de los colombianos,
pobres y humildes, que participan y son víctimas de las confrontaciones, es un propósito que
millones apoyamos. Pero ello no puede llevarnos a adoptar cómplices silencios, frente a lo que se viene denunciando
en torno a la concentración de la tierra y a la pérdida de la seguridad
alimentaria de un país que tiene todo para seguir siendo una despensa agrícola.
Y no podemos guardar silencio, además, porque los desastres ambientales que se
vienen presentando en los territorios en donde el conflicto armado se
desarrolló, no solo ponen en riesgo la calidad de vida de quienes viven en
departamentos como Guaviare, Vichada, Arauca, Meta, Vaupés, Caquetá, Amazonas,
Guainía, Putumayo y Casanare, sino que poco a poco terminarán presionando y
afectando las dinámicas sociales y
económicas de los propios centros urbanos allí concebidos y, por supuesto, las propias de ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Cali, entre otras.
Algunos señalan que mientras no
esté firmado el fin del conflicto y no haya acuerdos definitivos sobre los seis
puntos de la Agenda, Santos está obligado a actuar dentro de las condiciones y
reglas que el sistema capitalista, el modelo neoliberal y el Banco Mundial le
imponen. No estoy tan seguro de que sea así. Si realmente hubiese un compromiso
real con la superación de los problemas que afronta el campo colombiano, el
Presidente bien podría adoptar medidas en torno a preservar zonas de gran valor
ambiental y a evitar a toda costa la apropiación de los baldíos por parte de
grandes empresarios y poderosas familias que claramente no están interesadas en
ampliar la seguridad alimentaria, sembrar alimentos, abaratar sus costos, y en
beneficiar a las grandes mayorías.
La pregunta es: ¿habrá la
suficiente voluntad política, una vez Santos ya no esté en el poder, para echar
para atrás o frenar los intereses, los proyectos y los factores de desarrollo
extractivo y de explotación a gran escala que hoy se posan sobre los 10
departamentos señalados líneas atrás? Otra pregunta: ¿por qué las Farc guardan
silencio frente a los fenómenos aquí señalados?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario