LEY DE GARANTÍAS, PAZ TERRITORIAL Y MERMELADA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con la controversial propuesta de derogar la Ley de Garantías, Santos exhibe el enorme temor que tiene de perder el control territorial y político sobre alcaldes y gobernadores, que hoy apoyan sus esfuerzos de ponerle fin al conflicto armado interno.

Y ese temor existe porque el Presidente sabe que la implementación de los  acuerdos de La Habana pasan, inexorablemente, por el tamiz de la Paz Territorial. Y esa circunstancia y, a la vez condición, será clave para consolidar escenarios de posconflicto,  y por ese camino, pacificar el país.

Eso sí, el país debe saber, desde ya, que la Paz Territorial tendrá disímiles expresiones, conectadas no solo con las redes clientelares que deberán estar bien aceitadas para próximos eventos electorales, sino con la capacidad política de alcaldes y gobernadores y, por supuesto, con sus niveles de gobernabilidad,  para convocar a todos los grupos de poder e interés, para implementar lo que se acuerde en Cuba, entre los negociadores de las Farc y del Gobierno de Santos. 

Tener dichas redes clientelares bien aceitadas, con la entrega de recursos públicos, es una condición sine quanon que el Gobierno central debe cumplir, si realmente pretende consolidar estadios de posconflicto y por esa vía, reconstruir la vida económica, social y política en aquellos territorios que sintieron con mayor rigor los  efectos de un degradado conflicto armado.

Por eso, las elecciones de octubre de 2015 bien pueden ser consideradas como el segundo plebiscito para la paz. Recordemos que el primero se dio con la reelección de Santos en junio de 2014. De allí el desespero de Santos al proponer el desmonte de una ley que para lo único que ha servido es para aplazar la compra de conciencias con recursos públicos.

Es posible que el talante democrático, conciliador y la decencia de Santos no sean suficientes para mantener la Unidad Nacional que hoy lo acompaña. La cercanía de los comicios hace que el pegante de la mermelada se pierda, de allí el interés de comprar las conciencias que la paz territorial exigirá.

Con el polémico e inoportuno anuncio, Santos le dio al Centro Democrático otra oportunidad política para entronizar en la opinión pública, con el concurso de la Gran Prensa, en especial del Canal RCN y su producto internacional, NTN24, el imaginario de que su antecesor no necesitó de mermelada para mantener la unidad en torno a la figura autocrática y mesiánica de Uribe Vélez. Y el país no puede olvidar que durante ocho años (2002-2010) el Ejecutivo de la época no solo cooptó al Legislativo, sino que persiguió y desprestigió al poder Judicial, en particular, arremetió contra aquellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que condenaron a los congresistas uribistas por delitos relacionados con el paramilitarismo. Sin duda, en la época de Uribe se compraron muchas conciencias, así este desmemoriado país lo haya olvidado.  

Es tal el desespero de Santos, que terminó por develar la perversa relación que suele darse entre influyentes columnistas y Gobiernos, en aras de que los primeros terminen siendo voceros y estafetas de la Casa de Nariño. Y lo hizo, al señalar que Plinio Apuleyo Mendoza, antiguo Santista, tenía un contrato otorgado en su Gobierno. La decisión de cancelar dicha relación clientelar, al decir de Santos, obligó al reconocido columnista a sumarse a las fuerzas antisantistas.