Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El “toque de queda” decretado por
los paramilitares del Clan Úsuga en varias zonas de tres departamentos y la
Marcha convocada por el “uribismo” contra el Proceso de Paz de La Habana, podrían dar vida, e incluso hacer parte de la
estrategia político-militar que muy seguramente pondrán en ejecución estos
sectores de poder, junto con otros, para afectar la implementación de los
Acuerdos a los que lleguen Farc y ELN con el Gobierno de Santos.
Esas dos acciones y hechos
políticos pueden considerarse como un llamado de alerta para las partes que
negocian en La Habana y próximamente en Ecuador, y para el propio Gobierno, en
el sentido en que la palabra honrada en los acuerdos que se logren en los dos
procesos de paz, será sometida a fuertes pruebas y embates por parte de los
grupos paramilitares que aún operan en Colombia, a pesar de la
“desmovilización” que se diera en el Gobierno de Uribe en 2005.
La coincidencia ideológica y
temporal de la Marcha contra el Proceso de Paz de La Habana y el “paro armado”
decretado por ese grupo paramilitar, dan cuenta de manera temprana de lo
difícil que será para el país pasar la página de la violencia política.
Queda claro que el proyecto
paramilitar, en sus perspectivas política y económica, sigue vigente por cuanto
lo acordado en La Habana en materia de reforma agraria integral, entre otros
puntos, toca y afecta los intereses de los sectores que en el pasado apoyaron y
financiaron a las AUC, con el firme propósito de desplazar de zonas
estratégicas a campesinos, afros e indígenas, para establecer allí proyectos
extractivos, ganadería extensiva, monocultivos como la palma africana, e
incluso, en coincidencia con procesos de extranjerización de la tierra.
Mientras que el Gobierno y las
guerrillas acuerdan caminos y asumen compromisos para atacar y superar las
razones y circunstancias objetivas que explicarían y “justificarían” el
levantamiento armado en los años 60, sectores de poder económico y político de
Derecha y ultraderecha no afectos a los dos procesos de paz, insisten en
mantenerlas e incluso en profundizarlas. Es decir, mantener acciones de
violencia política con el firme propósito de negar la posibilidad de que esa
izquierda que se reintegrará a la vida social y política (legal), llegue a
gobernar en los territorios en los que por muchos años fungió como “autoridad”
y como parte de un Estado paralelo.
El resultado que buscan esos
sectores de derecha y ultraderecha es claro: eliminar físicamente a los líderes
de las Farc y del ELN y a quienes se sumen a las colectividades políticas que
harán posible su tránsito de guerrillas a movimientos o partidos políticos. Es
decir, el país podría vivir, nuevamente, el proceso genocida que sufrieron la
dirigencia y los militantes de la Unión Patriótica (UP).
Lo más preocupante es que las
circunstancias contextuales que facilitaron el surgimiento, permanencia y
consolidación del fenómeno paramilitar siguen intactas, en especial, la simpatía de miembros de la Fuerza
Pública con el proyecto paramilitar, dada la relativa facilidad con la que el
Clan Úsuga ordena el cese de toda actividad económica, social y política en zonas de los departamentos del
Chocó, Córdoba y Antioquia.
Pero quizás la más fuerte
circunstancia, razón o elemento contextual que hace posible la permanencia de
estos grupos paramilitares está en el arraigo cultural, social y político que
aún tiene ese fenómeno llamado paramilitarismo. Fenómeno este que expresa la
defensa a ultranza de un modelo de desarrollo extractivo, la concentración de
la tierra en pocas manos, y la insistencia en sacar a indígenas, afros y
campesinos de sus territorios y la conservación de una sociedad que coadyuvó a
la demonización de la izquierda democrática, por los errores, crímenes y las
acciones bélicas adelantadas por los grupos de extrema izquierda (Farc y ELN).
Así entonces, la Marcha contra el
Proceso de Paz de La Habana aupada por Uribe y el “toque de queda” decretado
por el Clan Úsuga, coinciden ideológicamente porque representan los intereses de una élite
tradicional, de una burguesía y los de otros grupos de poder (entre ellos los
militares), a los que les conviene
mantener la guerra interna porque con ella vienen garantizando y extendiendo
sus privilegios, de allí que tengan
miedo a que la izquierda democrática (desmovilizada) se haga al poder político
de alcaldías y departamentos ricos en términos de biodiversidad y en recursos
minero energéticos.
Imagen tomado de la fm.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario