Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Los Carteles del Azúcar y del Papel
Higiénico(pañales), los Panamá Papers
y la apropiación irregular de baldíos por parte de empresarios nacionales y
multinacionales, entre otros muchos hechos de corrupción pública y privada, tienen
una fuerte relación con los procesos de paz que el Gobierno de Santos adelanta
con las guerrillas de las Farc y el ELN; y por supuesto, con los procesos de
reconciliación y construcción de paz que vendrán después de la firma de los
acuerdos.
Y esa relación que muchos no ven
o no se atreven a establecer, se evidencia a partir de la siguiente pregunta:
¿en qué Moral pública y Éticas empresarial, ciudadana, política y periodística
anclaremos la construcción de la paz, la convivencia a futuro y la
reconciliación entre los colombianos?
Poco sentido de realidad tienen y
enorme ceguera sufren aquellos sectores sociales y políticos que se oponen a
las negociaciones de paz, cuando constatamos que quienes históricamente han
coadyuvado desde el Establecimiento a construir Estado, Mercado y Sociedad,
acudieron y acuden aún a prácticas corruptas, ilegales, criminales o
irregulares para alcanzar objetivos empresariales o simplemente para asegurar
beneficios individuales de aquellos que gerencian y lideran, por ejemplo, a las
organizaciones implicadas en los bochornosos hechos recientemente publicados.
Esos mismos sectores opositores y
detractores de las negociaciones de paz que se adelantan en estos momentos, señalan,
a voz en cuello, que “Santos le está entregando el país a los bandidos de las
Farc y del ELN”. Primer error: el país,
de tiempo atrás, deviene en manos de bandidos y criminales. Eso sí, con una
pequeña, singular y al parecer significativa diferencia: son de cuello blanco. Y están en el Congreso, en la Procuraduría,
en la Fiscalía y en cuanto organismo del Estado.
A pesar de las evidencias de la
enorme y dramática corrupción privada y pública (estatal), muchos colombianos
aún reducen el conflicto armado a la dicotomía
entre Buenos y Malos. En donde los primeros son los empresarios, las
élites y la burguesía, y los segundos, las guerrillas comunistas, las mismas a
las que Santos, hijo de una élite tradicional, les está entregando el país.
Si seguimos esa perversa lógica
moralizante y con los hechos que dieron vida a los señalados escándalos
mediáticos, esa relación dicotómica cambió: ahora en el país solo existirían “Malos
y Malos”.
Tratemos de dejar de lado esa
reducida mirada moralizante con la que muchos justificaron el paramilitarismo y
aceptaron y aceptan la corrupción privada, para tratar de develar los factores
nucleares que hacen posible la corrupción y con los que cientos de colombianos la
“justifican”, tanto en los ámbitos públicos como privados, de allí que muchos
pidan “reducirla a sus justas proporciones”.
Identifico como factor nuclear,
en el marco del modelo económico neoliberal, la búsqueda desaforada del éxito
individual. Léase: tener plata. Ese
factor nos obliga, culturalmente, a tomar decisiones y al desarrollo de
actividades financieras y económicas ética y moralmente comprometidas, por
cuanto se establecen sobre una borrosa frontera entre lo legal y lo ilegal,
entre lo correcto y lo incorrecto.
Las firmas comprometidas en los
señalados escándalos de corrupción exhiben una ética empresarial que está
aunada a la ética política de gobernantes que han llegado al Estado para debilitarlo
y lograr someterlo a las fuerzas del Mercado. Una vez logrado eso, la idea de
lo colectivo y del bien común se difumina ante la voraz búsqueda de más y más
dinero, única manera, según la cultura moderna, con la que alcanzaremos la
anhelada felicidad.
Otro factor nuclear que ha
coadyuvado a naturalizar la
corrupción privada y pública, nace de la enorme dificultad que hemos tenido los
colombianos para pensar el Estado como guía moral y faro de desarrollo ético
para aquellos que llegan a cumplir funciones públicas. La noción de Estado que
comparten empresarios, élites y burguesía calza perfectamente con las
aspiraciones familiares e individuales de quienes están detrás de las grandes
empresas y conglomerados económicos involucrados en actos de corrupción,
concentración del poder económico por la vía de prácticas monopólicas y de
aprovechamiento de los vacíos de las leyes y las normas, como es el caso de la
apropiación indebida de baldíos en el sur del país.
Así las cosas, será muy difícil
avanzar en la construcción de escenarios de posconflicto si la sociedad
colombiana en su conjunto no reflexiona sobre la Ética, en especial cuando su
aplicación en el ámbito empresarial, en
el de la acción política, en el del ejercicio periodístico y por supuesto, en el
de la acción ciudadana, claramente asegura condiciones desfavorables para la
convivencia y el respeto a la dignidad
humana. Estamos ante éticas aplicadas que generan violencia y resquemores y
legitiman inequidad.
Es claro que la Moral pública y
la Ética, para el caso colombiano, confluyen en un fango en donde medianamente
flotan el Estado, como orden social y político; la sociedad civil, como actor
que legitima la acción estatal; y la sociedad, como agente reproductor de una
cultura hegemónica que deviene enferma y decadente.
Vuelvo a preguntarme: ¿en qué
Moral pública y Éticas empresarial, ciudadana, política y periodística
anclaremos la construcción de la paz, la convivencia a futuro y la
reconciliación entre los colombianos?
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