Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
A diario los medios masivos
registran operativos de las autoridades contra complejos ilegales de
explotación de oro en ríos y selvas. Recientemente lo hicieron en el Parque
Nacional Natural de Chiribiquete[1] en
donde se vio la presencia de por lo menos dos dragas, ancladas en el río
Apoporis. En el operativo no hubo enfrentamiento armado, pero si, al parecer,
la captura de varias personas.
Se trata, sin duda, de tardías
acciones institucionales sobre una actividad ilegal que no solo deja graves
afectaciones socio ambientales, sino que devela problemas enormes en el
funcionamiento de las instituciones[2]
ambientales -y en el Estado en general-, comprometidas con el cuidado de
valiosos ecosistemas naturales que hoy están a merced de las organizaciones
criminales y mafiosas que están detrás de la explotación ilegal de oro.
De los operativos y del registro
mediático me asaltan varias preguntas: ¿cómo llegan a ríos y ecosistemas
selváticos, dragas y retroexcavadoras? Especialmente, sobre estos últimos
equipos, me pregunto: ¿qué tipo de control fiscal y de importación hace la DIAN;
y ¿qué controles se pueden establecer para supervisar su comercialización y
registro? Es más: ¿cómo hacen las organizaciones criminales para mover dichas retroexcavadoras?
Sobre la presencia de dragas en los ríos, me sigo preguntando: ¿qué tipo de
control hace la Armada Nacional?
Me parece que existen problemas
de coordinación institucional, en especial en lugares y territorios ricos en
biodiversidad en donde los Estados locales y regionales son débiles y su
presencia es precaria e incluso, inexistente, hechos que facilitan la operación
de estos complejos de explotación minera en nuestros ecosistemas hídricos,
boscosos y montañosos. ¿Qué se hace desde el nivel central? ¿Qué papel juega el
Ministerio del Medio Ambiente, el SINA y qué se ha hecho para mejorar lo que
parece ser una pésima o inexistente coordinación institucional[3]?
Lo cierto es que mover esa
infraestructura requiere de una logística que al parecer las autoridades
estatales no tienen. ¿O será que el poder corruptor de las organizaciones que
están detrás de la minería ilegal es tan fuerte al interior del Estado, que
imposibilita cualquier actividad conjunta entre los organismos oficiales?
Si de verdad existen problemas de
coordinación y de cooperación al interior de las entidades estatales, bien por
el poder corruptor de las organizaciones criminales asociadas a la minería
ilegal o por problemas técnicos y logísticos, ¿qué podemos esperar en adelante de
los controles ambientales que deberán surtirse sobre la actividad minera legal
que muy seguramente se extenderá en el país, cuando las Farc se desmovilicen y
se conviertan en Partido Político?
Se espera que en los territorios
que ayer ocupaban las Farc, se instalen multinacionales mineras que poco a poco
transformarán valiosos y preciosos ecosistemas naturales, en enormes cráteres
en donde difícilmente la vida puede brotar o mantenerse. Así entonces, y ante
la debilidad institucional y el poco trabajo de coordinación entre las
entidades estatales comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el camino
quedará despejado para estas multinacionales.
Y esto, por supuesto, tiene un
componente político en la gestión ambiental en el país. Gestión que no solo se
enfrenta a la debilidad institucionalidad[4]
ambiental, sino al desinterés de alcaldes y gobernadores de proteger los
recursos naturales en sus territorios.
No es gratuito que varios de los
países de origen de estas multinacionales apoyen el proceso de paz y el fin del
conflicto armado con las Farc. Saben que la operación de sus multinacionales se
podrá dar, hacia futuro, en inmejorables condiciones de seguridad.
De esta manera, el fin del
conflicto armado tendrá unos enormes costos socio ambientales: pérdida de
estratégicos y valiosos ecosistemas, de biodiversidad y, por supuesto, el
detrimento cultural que sufrirá la Nación, pues estos proyectos de explotación
minera afectarán la vida de comunidades campesinas, afrocolombianas y de
pueblos indígenas.
En ese camino, quizás llegue la
Paz, pero en términos del ejercicio del poder político; eso sí, en términos
socio ambientales, la guerra contra el medio ambiente está por comenzar.
Imagen tomada de occidente.co
1 comentario:
Pero pregunto donde esta el Estado, los Senadores del CD y los entes de Control, que pasa con los permisos, control territorial y esos Señores que controlan la MINERIA !
Publicar un comentario