¿COMBATIR LA CORRUPCIÓN?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Poco a poco el fin del conflicto armado, el cumplimiento del cese bilateral del fuego y en general de lo pactado en La Habana, van permitiendo a millones de colombianos ver y constatar que el real y gran problema del país no era la existencia de las guerrillas, sino la asqueante corrupción público-privada que hoy amenaza la viabilidad del Estado como orden político[1].

Ahora, esos millones de colombianos que durante años se expusieron a tratamientos periodísticos de una Prensa que cubrió de manera ideologizada los enfrentamientos entre los actores armados, con algo o mucho de sorpresa constatan que el cáncer de la corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado, en la democracia[2] y en sus instituciones, al tiempo que naturaliza el ethos mafioso sobre el que se soportan las actividades de funcionarios, políticos y agentes empresariales, y entre estos últimos, y especialmente, las de los contratistas.

Ante semejante reto y mientras Uribe y Santos intercambian señalamientos y responsabilidades por las escandalosas coimas  pagadas en el caso de Odebrecht, al tiempo que  silencian lo sucedido con Reficar, solo algunos políticos llaman la atención sobre la necesidad imperiosa de atacar la corrupción, sin advertir en sus discursos que la lucha, así planteada, tiene enormes vacíos y problemas que impiden someter a los corruptos  y enfrentar esa catastrófica enfermedad, con la certeza de apresar a los corruptos, controlarla o de “reducirla a sus justas proporciones” como diría Turbay Ayala.

Al plantearse una lucha frontal contra la corrupción, los orígenes del problema se ocultan o se dejan de advertir, porque hábilmente los políticos anti corrupción, saben de ante mano que en todo esto hay corruptos intocables, así como reglas de juego establecidas previamente que no se pueden cambiar de buenas a primeras. El enemigo a vencer no es la corrupción, ni siquiera el corrupto o los corruptos. El gran enemigo a vencer es el actual Régimen de poder. El mismo Régimen que no sufrió derrota alguna y que resistió más de 50 años de un conflicto armado de carácter periférico, del que siempre supieron sacar provecho las élites.  Por años la historia oficial, con la ayuda de los Medios masivos, señaló que la presencia de las guerrillas era el único  problema que no dejaba crecer económicamente al país.

Pero nadie persigue a los corruptos, porque en los procedimientos reglados, establecidos por políticos, familias poderosas, contratistas, clase dirigente y política, está claro que, ante el descubrimiento de hechos de corrupción, no todos pueden caer, porque ello implicaría el derrumbe de la institucionalidad e incluso, del Régimen.

De allí que en perspectiva de lo que se conoce como “economía política”, unos cuantos saldrán condenados mediática y socialmente y sancionados penalmente, pero quienes desde el Estado y poderosos agentes de la sociedad civil han legalizado y naturalizado lo que otros llaman corrupción, deberán, por principio, salir airosos. En esa lógica, entonces, la cruzada que al parecer liderará la senadora Claudia López, está mal planteada desde el inicio, o por lo menos, sujeta a unas realidades históricas y a una institucionalidad que ella no podrá enfrentar y muchos menos vencer.  Por eso me pregunto: ¿será posible combatir y acabar con la corrupción?

Y es así porque la corrupción público-privada en este país está anclada a un ethos mafioso validado por la sociedad en su conjunto. De no ser así, cada cuatro años no llegarían al Congreso y a la Presidencia políticos señalados de ser corruptos y de sostener relaciones con actores armados ilegales, narcotraficantes, testaferros, criminales y sicarios. De esta manera se garantiza la reproducción de los corruptos y por supuesto, de las prácticas corruptas que solo se reconocen o se califican así cuando se destapa un escándalo en los medios masivos. De resto, se trata simplemente de transacciones que hacen los aspirantes a cargos públicos, con sus clientelas. Unos venden sus votos por platos de lentejas, ladrillos, cemento y tejas; otros, los intercambian por becas o puestos en empresas del Estado; y otros tantos, invierten sus votos para que una vez electo el Presidente, concejal, gobernador, alcalde o diputado, se les retorne la "inversión electoral" en millonarios contratos de obras de infraestructura que muy seguramente sufrirán incrementos en sus costos, demoras y problemas. Es claro, entonces, que la corrupción deviene y hace parte de una lucha de clases en la que todos y cada uno de los involucrados, a su manera, quiere “salir adelante”, enriquecerse o asegurar bienestar por un periodo de cuatro años.

Ante un modelo económico pensado para garantizar privilegios de clase y un Estado privatizado por la vigorosa acción de empresarios, banqueros, élites y oligarquía, con la protección de los militares, la Política se convierte en una forma de vivir, de delinquir y de alcanzar lo que no se puede a través del trabajo honrado y de la vivencia de procesos que dentro de la actual lógica, nadie quiere afrontar, porque todos andamos buscando el rápido enriquecimiento.  

En esa línea, la lucha contra la corrupción debe promover un profundo cambio en el sentido que de la Política tienen cientos de miles de colombianos que, al recurrir a políticos que ofrecen tejas, millonarios contratos y becas, hacen imposible derrotar la corrupción porque esta deviene institucionalizada y aceptada socialmente. Sentido precario, criminal o mafioso que brota de unas circunstancias contextuales en las que empresarios y ricos pre capitalistas, son responsables de la reproducción del desempleo estructural, de las condiciones de bajo consumo por bajos ingresos y de la precarización del trabajo asalariado. Sobre esas condiciones es que la Política funciona como bolsa de empleo para muchos y para otros tantos, el camino expedito para salir adelante, así sea debilitando el Estado y por esa vía, afectar a los demás, en un reducido sentido de lo público y de lo colectivo.

Se acercan las elecciones en 2018 y la lucha contra la corrupción solo servirá de caballito de batalla para aspirantes a la Presidencia y a los cuerpos colegiados. Pero ellos saben que nada va a cambiar en un país en el que históricamente ha sido difícil diferenciar entre un Político, un mafioso, un corrupto y un criminal. Además, si se desmonta el actual Régimen de poder, quienes lideraron su caída, simplemente montarán sus propias mafias y lógicas. Por lo anterior, somos un país que se merece tener como himno nacional, la canción Cambalache, de Santos Discépolo.

Adenda: el silencio de la Academia, de la Iglesia Católica (enlodada por los curas pederastas) y del empresariado hace pensar en que convalidan la corrupción. No hay líder capaz de llamar la atención sobre el enorme daño cultural que hace la corrupción público-privada. Estos silencios son claras muestra de la crisis de civilidad y de ciudadanía que afronta el país.

Tomado de ElColombiano.com

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[1] Es probable que sectores de poder (el llamado uribismo, por ejemplo) interesados en torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II), estén pensando en generar una crisis institucional de gran magnitud, con el firme propósito de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

[2] El cansancio de la corrupción política puede terminar en un aumento de la abstención en los eventos electorales, de cientos de colombianos agobiados por las prácticas corruptas de políticos y empresarios.