Medios, poder y democracia
Pedro Medellín Torres. Columnista de EL TIEMPO. Febrero 12 de 2007
¿Qué tanta responsabilidad tienen los medios en la crisis que vive el país?
El día del periodista se celebró en medio de la más dura reacción de los medios a una decisión judicial: 31 medios de todo el país publicaron un editorial conjunto en el que protestaban por "las cada vez más frecuentes decisiones judiciales que de manera arbitraria o desproporcionada imponen sanciones a los medios de comunicación y a los periodistas".
Si bien las decisiones de esos jueces pudieron ser desacertadas, no es menos cierto que no se le hace un favor a la institucionalidad democrática de un país cuando se les presenta como un exabrupto judicial y no como una consecuencia del Estado de Derecho en la que un juez debió sopesar entre el derecho a la honra que reclaman unas personas (así estén involucradas en unas denuncias de corrupción) y la libertad informativa de los periodistas. No se trata de defender a los jueces señalados en el editorial, sino de preservar la institución judicial.
Ante una discusión similar, el presidente de la Corte Suprema de Argentina mostraba la otra cara de la moneda: "Los medios influyen no sólo en el modo en que el destinatario organiza su conocimiento y la imagen de la realidad, sino también en la significación valorativa". Por eso llamaba la atención sobre "la utilización de sutiles mecanismos mediáticos a través de los cuales se dirige la conciencia social, se preordena la visibilidad de los delitos, se generan demandas abusivas al derecho, se inducen miedos"... "y se crea alternativamente la sensación de sentimientos de desamparo en la población que, en determinadas ocasiones, llega a propugnar estilos agresivos de comportamiento".
El asunto es más grave cuando esa influencia se produce en un país como Colombia, en donde los medios de comunicación han asumido la tarea de establecer el vínculo político entre el Estado y los ciudadanos. Esa labor, que en cualquier democracia es cumplida por los partidos políticos, adquiere más relevancia en la medida en que, por la forma y el contenido con que presentan las informaciones, se induce una mayor o menor legitimidad de las instituciones democráticas.
Convencidos de que son el cuarto poder que tiene como misión controlar a los demás, los medios han modificado los parámetros de evaluación gubernamental, la calidad legislativa o la legitimidad judicial. No solo definen qué quieren los ciudadanos, sino también quiénes son los buenos gobernantes, cuáles leyes son beneficiosas y qué decisiones judiciales son democráticas o no. Todo bajo una red de relaciones en que la amistad o la pauta publicitaria pueden marcar la diferencia entre lo que es bueno y lo malo.
Aun cuando el gremio de los periodistas ha sido uno de los más sacrificados en la fatídica concurrencia de corrupción, narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla, todavía está por establecer, en el nivel regional, la responsabilidad que han tenido los medios en la consolidación de estos fenómenos y, particularmente, la 'parapolítica' en muchas regiones del país.
Y en el plano nacional, todavía están por examinar las consecuencias que para la crisis actual tiene el que, bajo distintas modalidades, se repitan afirmaciones como aquella del ex presidente Pastrana cuando, a una pregunta sobre la conveniencia de su nombramiento como embajador, dijo: "Gracias por la pregunta, Julio, usted que fue la primera persona que me llamó para sugerirme que aceptara la embajada". O reacciones como la que tuvo el presidente Uribe cuando dijo: "No entiendo por qué me hace esa pregunta, Mauricio, si yo mismo le consulté la decisión hace dos días".
Lo cierto es que esta crisis sigue ofreciendo oportunidades al país. Así como planteó la necesidad de cortar las relaciones entre política y paramilitarismo, ahora deja ver que la democracia se consolidaría si los medios (nacionales y regionales) cortan sus lazos de cercanía con los poderes nacionales y regionales (legales e ilegales) y aceptan que, por defectuosas que sean, las tareas judiciales de preservar y sopesar los derechos hacen parte de las reglas de juego de la institucionalidad democrática.
Pedro Medellín Torres. Columnista de EL TIEMPO. Febrero 12 de 2007
¿Qué tanta responsabilidad tienen los medios en la crisis que vive el país?
El día del periodista se celebró en medio de la más dura reacción de los medios a una decisión judicial: 31 medios de todo el país publicaron un editorial conjunto en el que protestaban por "las cada vez más frecuentes decisiones judiciales que de manera arbitraria o desproporcionada imponen sanciones a los medios de comunicación y a los periodistas".
Si bien las decisiones de esos jueces pudieron ser desacertadas, no es menos cierto que no se le hace un favor a la institucionalidad democrática de un país cuando se les presenta como un exabrupto judicial y no como una consecuencia del Estado de Derecho en la que un juez debió sopesar entre el derecho a la honra que reclaman unas personas (así estén involucradas en unas denuncias de corrupción) y la libertad informativa de los periodistas. No se trata de defender a los jueces señalados en el editorial, sino de preservar la institución judicial.
Ante una discusión similar, el presidente de la Corte Suprema de Argentina mostraba la otra cara de la moneda: "Los medios influyen no sólo en el modo en que el destinatario organiza su conocimiento y la imagen de la realidad, sino también en la significación valorativa". Por eso llamaba la atención sobre "la utilización de sutiles mecanismos mediáticos a través de los cuales se dirige la conciencia social, se preordena la visibilidad de los delitos, se generan demandas abusivas al derecho, se inducen miedos"... "y se crea alternativamente la sensación de sentimientos de desamparo en la población que, en determinadas ocasiones, llega a propugnar estilos agresivos de comportamiento".
El asunto es más grave cuando esa influencia se produce en un país como Colombia, en donde los medios de comunicación han asumido la tarea de establecer el vínculo político entre el Estado y los ciudadanos. Esa labor, que en cualquier democracia es cumplida por los partidos políticos, adquiere más relevancia en la medida en que, por la forma y el contenido con que presentan las informaciones, se induce una mayor o menor legitimidad de las instituciones democráticas.
Convencidos de que son el cuarto poder que tiene como misión controlar a los demás, los medios han modificado los parámetros de evaluación gubernamental, la calidad legislativa o la legitimidad judicial. No solo definen qué quieren los ciudadanos, sino también quiénes son los buenos gobernantes, cuáles leyes son beneficiosas y qué decisiones judiciales son democráticas o no. Todo bajo una red de relaciones en que la amistad o la pauta publicitaria pueden marcar la diferencia entre lo que es bueno y lo malo.
Aun cuando el gremio de los periodistas ha sido uno de los más sacrificados en la fatídica concurrencia de corrupción, narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla, todavía está por establecer, en el nivel regional, la responsabilidad que han tenido los medios en la consolidación de estos fenómenos y, particularmente, la 'parapolítica' en muchas regiones del país.
Y en el plano nacional, todavía están por examinar las consecuencias que para la crisis actual tiene el que, bajo distintas modalidades, se repitan afirmaciones como aquella del ex presidente Pastrana cuando, a una pregunta sobre la conveniencia de su nombramiento como embajador, dijo: "Gracias por la pregunta, Julio, usted que fue la primera persona que me llamó para sugerirme que aceptara la embajada". O reacciones como la que tuvo el presidente Uribe cuando dijo: "No entiendo por qué me hace esa pregunta, Mauricio, si yo mismo le consulté la decisión hace dos días".
Lo cierto es que esta crisis sigue ofreciendo oportunidades al país. Así como planteó la necesidad de cortar las relaciones entre política y paramilitarismo, ahora deja ver que la democracia se consolidaría si los medios (nacionales y regionales) cortan sus lazos de cercanía con los poderes nacionales y regionales (legales e ilegales) y aceptan que, por defectuosas que sean, las tareas judiciales de preservar y sopesar los derechos hacen parte de las reglas de juego de la institucionalidad democrática.
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