Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La dignidad presidencial no puede ser obstáculo para que la justicia, las organizaciones sociales de la sociedad civil y parte de la sociedad, puedan investigar, juzgar, señalar y descalificar las actuaciones de aquellos que como Presidentes, se aprovecharon del poder que otorga dicha dignidad, con el claro propósito de enriquecer a unos pocos, beneficiar a miembros de su propia familia, legitimar la trampa y la ilegalidad, descalificar y perseguir a detractores, opositores y críticos, polarizar al país y hacer poco por la unidad de la nación, entre otros muchos eventos desafortunados, por llamarlos de alguna manera.
El régimen democrático es el escenario preciso -debería serlo- para ‘tocar’ la dignidad presidencial, quitándole privilegios a quien abusó del poder político, hasta lograr forjar un perverso unanimismo ideológico, político y mediático, sobre el cual edificó la idea de que era irremplazable y que sin él, la hecatombe estaría cerca.
En un régimen presidencialista como el de Colombia, la figura presidencial alcanza niveles absurdos de veneración, que obliga a dirigentes sociales, económicos y políticos a mendigar soluciones, dándole a las obligaciones que tiene el gobierno y el propio Estado, ese carácter asistencial que hace pensar que el Presidente está haciéndole un favor a la gente, cuando lo que tiene que hacer es asegurar bienestar a las grandes mayorías y no sólo satisfacer los apetitos de los gremios económicos y los de los agentes del sistema financiero tal como lo hizo Uribe en estos ocho años.
Ahora que asistimos al final de dos periodos presidenciales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pareciera que la estantería montada durante dicho lapso se resquebraja, lo que se traduce en pérdida del poder político del que tanto se ufanó Uribe y del que tanto abusó para perseguir sus objetivos de gobierno.
Lo del DAS, por ejemplo, no tiene reversa. Falta que la justicia haga su trabajo y logre establecer quién ordenó ‘chuzar’ a magistrados, opositores políticos, sociales y periodistas, entre otros. De igual forma, se espera que la misma justicia logre demostrar que la penetración política de los paramilitares alcanzó para apoyar las candidaturas presidenciales de 2002 y 2006, que aseguraron el triunfo del propietario de El Ubérrimo.
Lo que requiere la institucionalidad democrática es el desmonte de los privilegios que tiene el Presidente de la República. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus funciones constitucionales, debe juzgar al Presidente; de igual forma, se espera que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por fin logre borrar del imaginario colectivo que dicha comisión no es más que un convidado de piedra, incapaz de tomar decisiones jurídico-políticas de gran alcance, como sería acusar al Presidente Uribe ante el Senado.
El Presidente podría ser investigado, por ejemplo, de intervenir en política. Lo hizo varias veces, y en las últimas semanas, ha usado los medios masivos y su investidura para mandar mensajes a favor del candidato oficial, Juan Manuel Santos. Le cabría responsabilidad también en las actuaciones del DAS porque dicha institución depende directamente de la cabeza del Gobierno. De igual manera, le cabría responsabilidad, por lo menos indirecta, en los crímenes de lesa humanidad, mal llamados ‘falsos positivos’, porque él, como máximo comandante de las fuerzas militares aupó en varias ocasiones a oficiales y soldados para que entregaran más y mejores resultados en la lucha contra las guerrillas.
Ya va siendo hora de que en Colombia los Presidentes se hagan responsables jurídicamente de sus actuaciones. La dignidad presidencial no puede ser el escudo para que desde el mismo Estado se viole la Constitución y la ley. Atrás quedaron sin castigo las actuaciones de Samper Pizano por el caso de la penetración de dineros de la mafia en su campaña presidencial; más atrás, quedaron sin condena la falta de firmeza de Belisario Betancur, quien entregó a los militares el poder político durante la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19 y la violación sistemática de los derechos humanos durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el contexto del Estatuto de Seguridad.
Le haría bien a la democracia y a la justicia ver a un Presidente colombiano juzgado y encarcelado por las decisiones tomadas. No más responsabilidades políticas que terminan soslayando las presiones que ejercen gremios económicos, elites, líderes políticos (gamonales) y el sistema financiero nacional e internacional, a quienes juegan a ser Presidentes y siguen a pie juntillas las instrucciones de aquellos, porque saben que su dignidad los protege de todo mal y peligro.
La dignidad presidencial no puede ser obstáculo para que la justicia, las organizaciones sociales de la sociedad civil y parte de la sociedad, puedan investigar, juzgar, señalar y descalificar las actuaciones de aquellos que como Presidentes, se aprovecharon del poder que otorga dicha dignidad, con el claro propósito de enriquecer a unos pocos, beneficiar a miembros de su propia familia, legitimar la trampa y la ilegalidad, descalificar y perseguir a detractores, opositores y críticos, polarizar al país y hacer poco por la unidad de la nación, entre otros muchos eventos desafortunados, por llamarlos de alguna manera.
El régimen democrático es el escenario preciso -debería serlo- para ‘tocar’ la dignidad presidencial, quitándole privilegios a quien abusó del poder político, hasta lograr forjar un perverso unanimismo ideológico, político y mediático, sobre el cual edificó la idea de que era irremplazable y que sin él, la hecatombe estaría cerca.
En un régimen presidencialista como el de Colombia, la figura presidencial alcanza niveles absurdos de veneración, que obliga a dirigentes sociales, económicos y políticos a mendigar soluciones, dándole a las obligaciones que tiene el gobierno y el propio Estado, ese carácter asistencial que hace pensar que el Presidente está haciéndole un favor a la gente, cuando lo que tiene que hacer es asegurar bienestar a las grandes mayorías y no sólo satisfacer los apetitos de los gremios económicos y los de los agentes del sistema financiero tal como lo hizo Uribe en estos ocho años.
Ahora que asistimos al final de dos periodos presidenciales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pareciera que la estantería montada durante dicho lapso se resquebraja, lo que se traduce en pérdida del poder político del que tanto se ufanó Uribe y del que tanto abusó para perseguir sus objetivos de gobierno.
Lo del DAS, por ejemplo, no tiene reversa. Falta que la justicia haga su trabajo y logre establecer quién ordenó ‘chuzar’ a magistrados, opositores políticos, sociales y periodistas, entre otros. De igual forma, se espera que la misma justicia logre demostrar que la penetración política de los paramilitares alcanzó para apoyar las candidaturas presidenciales de 2002 y 2006, que aseguraron el triunfo del propietario de El Ubérrimo.
Lo que requiere la institucionalidad democrática es el desmonte de los privilegios que tiene el Presidente de la República. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus funciones constitucionales, debe juzgar al Presidente; de igual forma, se espera que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por fin logre borrar del imaginario colectivo que dicha comisión no es más que un convidado de piedra, incapaz de tomar decisiones jurídico-políticas de gran alcance, como sería acusar al Presidente Uribe ante el Senado.
El Presidente podría ser investigado, por ejemplo, de intervenir en política. Lo hizo varias veces, y en las últimas semanas, ha usado los medios masivos y su investidura para mandar mensajes a favor del candidato oficial, Juan Manuel Santos. Le cabría responsabilidad también en las actuaciones del DAS porque dicha institución depende directamente de la cabeza del Gobierno. De igual manera, le cabría responsabilidad, por lo menos indirecta, en los crímenes de lesa humanidad, mal llamados ‘falsos positivos’, porque él, como máximo comandante de las fuerzas militares aupó en varias ocasiones a oficiales y soldados para que entregaran más y mejores resultados en la lucha contra las guerrillas.
Ya va siendo hora de que en Colombia los Presidentes se hagan responsables jurídicamente de sus actuaciones. La dignidad presidencial no puede ser el escudo para que desde el mismo Estado se viole la Constitución y la ley. Atrás quedaron sin castigo las actuaciones de Samper Pizano por el caso de la penetración de dineros de la mafia en su campaña presidencial; más atrás, quedaron sin condena la falta de firmeza de Belisario Betancur, quien entregó a los militares el poder político durante la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19 y la violación sistemática de los derechos humanos durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el contexto del Estatuto de Seguridad.
Le haría bien a la democracia y a la justicia ver a un Presidente colombiano juzgado y encarcelado por las decisiones tomadas. No más responsabilidades políticas que terminan soslayando las presiones que ejercen gremios económicos, elites, líderes políticos (gamonales) y el sistema financiero nacional e internacional, a quienes juegan a ser Presidentes y siguen a pie juntillas las instrucciones de aquellos, porque saben que su dignidad los protege de todo mal y peligro.
2 comentarios:
Hola Germán!
No sé qué le pasó a éste aparato que tuve que forzarlo para escribir en la parte de arriba! Uff, a veces éstos bichos me desesperan!
Te comento: Me encantó tu artículo. Ya he tenido algunos encontrones por éste tema con personas que no entienden que la ley es para todos, principio fundamental de un estado de derecho. La justicia ordinaria da las mismas garantías a un miembro del ejercito que a uno de nosotros mortales comunes. No hay diferencia porque no debe haberla. Punto.
Ya sabemos todos qué hay detrás de todo ésto justamente en época electoral.
Otro tema, pero de lo mismo: No te parece sospechoso que el Ejército haya condecorado al presidente Uribe siendo éste su superior jerárquico (normalmente las condecoraciones son de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba) y que Uribe haya pedido que lo reciban como miembro de la "Reserva Activa" después del 7 de Agosto? Qué busca Uribe incluyéndose dentro del Ejército como ex-presidente? Qué representa ésto para el nuevo presidente?
Claudia
No creo que la Comisión de Acusaciones sea capaz de asumir seria y jurídicamente un juicio contra Uribe. Nos queda esperar hasta dónde llegan las pruebas en las investigaciones que por paraploítica, yidispolítica y demás adelanta la CSJ. Pero, también queda la Corte Penal Internacional. Y una cosa es Uribe de presidente y otra de ex-presidente. Te aseguro que hay mucha gente interesada en que se haga justicia y van a llevar sus peticiones hasta las últimas instancias judiciales en Colombia y fuera del país.
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