Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Qué tipo de orden político y social hemos construido en Colombia, cuando leemos en los medios el brutal asesinato en Tame, Arauca, de tres menores de edad, al parecer, a manos de soldados. Es una locura. Es inaceptable. Para qué el Estado, deberíamos preguntarnos, cuando vemos que éste mismo asesina, apela al terror, miente o persigue a quienes considera peligrosos o inconvenientes, como en el caso de las chuzadas o seguimientos ilegales efectuados por el DAS durante el largo mandato de Uribe Vélez (2002- 2010).
Aunque se trate de casos aislados que no comprometen la calidad y el compromiso del resto de funcionarios públicos, incluyendo a los militares y policías, que cumplen a cabalidad con su deber, el asesinato de civiles (‘falsos positivos’, chuzadas y el caso de los menores asesinados), lo que se pone en entredicho es la confianza de los ciudadanos en el Estado y ello es igual de grave a los hechos acaecidos en Arauca.
¿Pero qué se puede hacer ante hechos como la muerte de los tres menores de la familia Torres? Primero, corroborar la participación de los militares en el triple crimen. Segundo, que la justicia actúe y aplique un castigo ejemplarizante. Tercero, establecer mecanismos de vigilancia a los miembros de las fuerzas militares, que por cuenta de un conflicto armado degradado, terminan desquiciados o enajenados, por efectos directos de la guerra irregular. Eso de un lado. Pero de otro lado, hay que analizar muy bien el comportamiento de aquellos militares que, aprovechando el uniforme y el poder de su investidura, dan rienda suelta a sus más oscuras inclinaciones y aberraciones. Cuarto, depurar las fuerzas armadas asegurando que quienes porten el uniforme, lo hagan con el objetivo claro de legitimar el Estado y salvaguardar la vida y la honra de los civiles. Y quinto, insistir en una salida negociada al conflicto armado interno, porque justamente es en ese escenario en el que se reproducen las mentes criminales y las prácticas abusivas que van desde violaciones como el acceso carnal violento, entre otras muchas más, hasta la muerte y la desaparición no sólo de las víctimas, sino de sus familias.
Pero así como subsiste responsabilidad directa sobre quienes perpetraron el crimen de los hermanos Torres, también le cabe responsabilidad a la Dirección de Reclutamiento del Ejército y por extensión, al Estado nacional y al gobierno de Santos, por no establecer mecanismos y controles efectivos al comportamiento de guerreros sometidos a condiciones extremas de estrés, generadas por largas jornadas de patrullaje y enfrentamientos con las guerrillas.
Es inconveniente e inaceptable valorar a estos hombres como simples máquinas de guerra y no como seres humanos que necesitan recrearse y acercarse a la familia y recibir cariño, amor y afecto de otros seres humanos ajenos a la guerra. ¿Qué tipo de programas de recuperación psicológica ofrecen las fuerzas armadas de Colombia a sus hombres, especialmente aquellos que deben enfrentar los rigores de la guerra? ¿Han acaso pensado qué van a hacer con estos guerreros una vez física y mentalmente ya no sean aptos para el combate? ¿Han medido los riesgos sociales que se corren con individuos psicológicamente afectados por la guerra y que mañana intentarán socializar en otros espacios societales?
El brutal asesinato de Jenny, Jefferson y Jimmy debe servir para que actores sociales de la sociedad civil exijan al Presidente Santos, la revisión de la política de reclutamiento, especialmente la relacionada con la incorporación de soldados profesionales, figuras temibles no sólo por oficiales y suboficiales, sino por comunidades que hoy son víctimas de acciones criminales de algunos de sus miembros. Igualmente, hay exigir la revisión de los programas y políticas de bienestar y de asistencia psicológica a los hombres en armas que actúan en nombre del Estado.
El Estado colombiano enfrenta condiciones históricas de ilegitimidad que generan desconfianza en los ciudadanos. No revisar a fondo qué está pasando en la psiquis de los soldados colombianos aumenta los niveles de ilegitimidad, y permite que ciudadanos como José Álvaro Torres, el padre de los niños asesinados, se pregunten, ¿para qué el Estado?
¿Cómo se está preparando el Estado para asegurar que los hombres en armas y mañana los veteranos de guerra, no se conviertan en un problema de salud pública y de inseguridad en pueblos y ciudades?
Es posible que mientras el Presidente Santos, como lo hizo Uribe, exige más y mejores resultados operacionales, la psiquis de la tropa vaya progresivamente poniendo en riesgo la vida y la honra de los colombianos que dicen defender. Hay allí un riesgo y lo corremos todos.
Qué tipo de orden político y social hemos construido en Colombia, cuando leemos en los medios el brutal asesinato en Tame, Arauca, de tres menores de edad, al parecer, a manos de soldados. Es una locura. Es inaceptable. Para qué el Estado, deberíamos preguntarnos, cuando vemos que éste mismo asesina, apela al terror, miente o persigue a quienes considera peligrosos o inconvenientes, como en el caso de las chuzadas o seguimientos ilegales efectuados por el DAS durante el largo mandato de Uribe Vélez (2002- 2010).
Aunque se trate de casos aislados que no comprometen la calidad y el compromiso del resto de funcionarios públicos, incluyendo a los militares y policías, que cumplen a cabalidad con su deber, el asesinato de civiles (‘falsos positivos’, chuzadas y el caso de los menores asesinados), lo que se pone en entredicho es la confianza de los ciudadanos en el Estado y ello es igual de grave a los hechos acaecidos en Arauca.
¿Pero qué se puede hacer ante hechos como la muerte de los tres menores de la familia Torres? Primero, corroborar la participación de los militares en el triple crimen. Segundo, que la justicia actúe y aplique un castigo ejemplarizante. Tercero, establecer mecanismos de vigilancia a los miembros de las fuerzas militares, que por cuenta de un conflicto armado degradado, terminan desquiciados o enajenados, por efectos directos de la guerra irregular. Eso de un lado. Pero de otro lado, hay que analizar muy bien el comportamiento de aquellos militares que, aprovechando el uniforme y el poder de su investidura, dan rienda suelta a sus más oscuras inclinaciones y aberraciones. Cuarto, depurar las fuerzas armadas asegurando que quienes porten el uniforme, lo hagan con el objetivo claro de legitimar el Estado y salvaguardar la vida y la honra de los civiles. Y quinto, insistir en una salida negociada al conflicto armado interno, porque justamente es en ese escenario en el que se reproducen las mentes criminales y las prácticas abusivas que van desde violaciones como el acceso carnal violento, entre otras muchas más, hasta la muerte y la desaparición no sólo de las víctimas, sino de sus familias.
Pero así como subsiste responsabilidad directa sobre quienes perpetraron el crimen de los hermanos Torres, también le cabe responsabilidad a la Dirección de Reclutamiento del Ejército y por extensión, al Estado nacional y al gobierno de Santos, por no establecer mecanismos y controles efectivos al comportamiento de guerreros sometidos a condiciones extremas de estrés, generadas por largas jornadas de patrullaje y enfrentamientos con las guerrillas.
Es inconveniente e inaceptable valorar a estos hombres como simples máquinas de guerra y no como seres humanos que necesitan recrearse y acercarse a la familia y recibir cariño, amor y afecto de otros seres humanos ajenos a la guerra. ¿Qué tipo de programas de recuperación psicológica ofrecen las fuerzas armadas de Colombia a sus hombres, especialmente aquellos que deben enfrentar los rigores de la guerra? ¿Han acaso pensado qué van a hacer con estos guerreros una vez física y mentalmente ya no sean aptos para el combate? ¿Han medido los riesgos sociales que se corren con individuos psicológicamente afectados por la guerra y que mañana intentarán socializar en otros espacios societales?
El brutal asesinato de Jenny, Jefferson y Jimmy debe servir para que actores sociales de la sociedad civil exijan al Presidente Santos, la revisión de la política de reclutamiento, especialmente la relacionada con la incorporación de soldados profesionales, figuras temibles no sólo por oficiales y suboficiales, sino por comunidades que hoy son víctimas de acciones criminales de algunos de sus miembros. Igualmente, hay exigir la revisión de los programas y políticas de bienestar y de asistencia psicológica a los hombres en armas que actúan en nombre del Estado.
El Estado colombiano enfrenta condiciones históricas de ilegitimidad que generan desconfianza en los ciudadanos. No revisar a fondo qué está pasando en la psiquis de los soldados colombianos aumenta los niveles de ilegitimidad, y permite que ciudadanos como José Álvaro Torres, el padre de los niños asesinados, se pregunten, ¿para qué el Estado?
¿Cómo se está preparando el Estado para asegurar que los hombres en armas y mañana los veteranos de guerra, no se conviertan en un problema de salud pública y de inseguridad en pueblos y ciudades?
Es posible que mientras el Presidente Santos, como lo hizo Uribe, exige más y mejores resultados operacionales, la psiquis de la tropa vaya progresivamente poniendo en riesgo la vida y la honra de los colombianos que dicen defender. Hay allí un riesgo y lo corremos todos.
2 comentarios:
Profesor Germán:
Este artículo me parece muy pertinente, una llamada de atención al Estado y a la ciudadanía, sin satanizar gobiernos o gremios.
Muy bien jalao.
Byron
Hola Uribito:
¡Buen día!
Aunque el texto tiene un carácter ampliamente humano, considero que el fondo del asunto radica en la existencia del conflicto armado. Es allí donde se debe mirar, porque, por más ayuda que reciban los soldados, siempre va a existir el lastre de lo realizado y este trauma los va a acompañar por siempre. El ejmeplo más claro de esto son los soldados de EEUU que participaron en la guerra en Vietnam.
La pregunta, entonces, es ¿se justifica en Colombia un conflicto armado?
De otro lado, creo que el documento merece hacer la distinción conceptual entre el Estado como organización jurídico política y el gobierno como diseñador, manejador y ejecutor de políticas públicas, para no caer en el lugar comíun de afirmar que el Estado son las autoridades públicas, como se infiere del artículo.
Un abrazo,
Luis F.
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