Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La culpa de que María del Pilar Hurtado, la ex directora del temible DAS, se haya escapado a Panamá la tienen tanto la Fiscalía como el paquidérmico aparato judicial colombiano. Es inaceptable que ante la gravedad de lo sucedido con los seguimientos ilegales de la entonces policía política de Uribe, a juzgar por lo declarado por subalternos de Hurtado, como lo expresado por el señor Lagos, la justicia colombiana no haya imputado cargos a la ex funcionaria y no la haya puesto a buen recaudo.
En cuanto al asilo otorgado por Panamá a la señora Hurtado, hay que decir que se trata de una jugada política y diplomática que tiene como fondo la amistad de Uribe con Martinelli y la admiración que éste profesa de tiempo atrás por el ex mandatario colombiano. Hay detrás una fina estrategia de ex funcionarios del gobierno de Uribe con la que se busca silenciar a la señora Hurtado, evitándole hasta donde sea posible responder ante la justicia por sus actuaciones al frente del DAS. De igual manera, hay la intención de confundir a la opinión nacional, construyendo una aparente persecución política en contra de la ex funcionaria y de cercanos colaboradores de Uribe, como Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria, entre otros. De igual manera, se manda un claro mensaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en general a los críticos y a los detractores del régimen uribista: la confrontación se mantiene a pesar de la existencia de un nuevo gobierno.
Pero más allá de la vergonzosa decisión del gobierno de Panamá de otorgar asilo territorial a la ex directora del DAS, llama la atención la prudencia del gobierno de Santos, en especial la reacción del Presidente. Esa excesiva diplomacia y tacto hacen pensar que al mandatario colombiano poco le interesa develar lo sucedido con el DAS, pues sabe que ello significaría enlodar a su mentor, Álvaro Uribe Vélez. Una prueba más de que Santos representa un gobierno continuista pues no sólo mantuvo al director del DAS, sino que ha sido incapaz de acabar o de reestructurar con celeridad a un estamento desprestigiado y peligroso.
Santos tiene la responsabilidad política de aclarar y develar la compleja red de responsabilidades que se tejieron entre el gobierno de Uribe y la dirección del DAS, que permitieron seguir ilegalmente a la oposición, a periodistas y a la Corte Suprema de Justicia, convirtiendo dicho organismo en la policía política del régimen uribista.
Si de verdad quiere mantener las buenas relaciones con la justicia, en especial con la Corte Suprema de Justicia, y de asegurar por esa vía la estabilidad institucionalidad que se espera para un estado social de derecho, Santos debe tomar distancia real y efectiva de ese grupo de ex funcionarios del anterior gobierno que muy seguramente están detrás de la fuga de Hurtado y del otorgamiento del asilo territorial en Panamá. Es más, lo sucedido con la ex directora del DAS es una prueba de que el enfrentamiento entre Uribe y sus áulicos no ha terminado. Y lo más preocupante es que la lucha se está haciendo en frente de las narices del gobierno de Santos, que guarda un inconveniente (¿sospechoso?) silencio.
La culpa de que María del Pilar Hurtado, la ex directora del temible DAS, se haya escapado a Panamá la tienen tanto la Fiscalía como el paquidérmico aparato judicial colombiano. Es inaceptable que ante la gravedad de lo sucedido con los seguimientos ilegales de la entonces policía política de Uribe, a juzgar por lo declarado por subalternos de Hurtado, como lo expresado por el señor Lagos, la justicia colombiana no haya imputado cargos a la ex funcionaria y no la haya puesto a buen recaudo.
En cuanto al asilo otorgado por Panamá a la señora Hurtado, hay que decir que se trata de una jugada política y diplomática que tiene como fondo la amistad de Uribe con Martinelli y la admiración que éste profesa de tiempo atrás por el ex mandatario colombiano. Hay detrás una fina estrategia de ex funcionarios del gobierno de Uribe con la que se busca silenciar a la señora Hurtado, evitándole hasta donde sea posible responder ante la justicia por sus actuaciones al frente del DAS. De igual manera, hay la intención de confundir a la opinión nacional, construyendo una aparente persecución política en contra de la ex funcionaria y de cercanos colaboradores de Uribe, como Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria, entre otros. De igual manera, se manda un claro mensaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en general a los críticos y a los detractores del régimen uribista: la confrontación se mantiene a pesar de la existencia de un nuevo gobierno.
Pero más allá de la vergonzosa decisión del gobierno de Panamá de otorgar asilo territorial a la ex directora del DAS, llama la atención la prudencia del gobierno de Santos, en especial la reacción del Presidente. Esa excesiva diplomacia y tacto hacen pensar que al mandatario colombiano poco le interesa develar lo sucedido con el DAS, pues sabe que ello significaría enlodar a su mentor, Álvaro Uribe Vélez. Una prueba más de que Santos representa un gobierno continuista pues no sólo mantuvo al director del DAS, sino que ha sido incapaz de acabar o de reestructurar con celeridad a un estamento desprestigiado y peligroso.
Santos tiene la responsabilidad política de aclarar y develar la compleja red de responsabilidades que se tejieron entre el gobierno de Uribe y la dirección del DAS, que permitieron seguir ilegalmente a la oposición, a periodistas y a la Corte Suprema de Justicia, convirtiendo dicho organismo en la policía política del régimen uribista.
Si de verdad quiere mantener las buenas relaciones con la justicia, en especial con la Corte Suprema de Justicia, y de asegurar por esa vía la estabilidad institucionalidad que se espera para un estado social de derecho, Santos debe tomar distancia real y efectiva de ese grupo de ex funcionarios del anterior gobierno que muy seguramente están detrás de la fuga de Hurtado y del otorgamiento del asilo territorial en Panamá. Es más, lo sucedido con la ex directora del DAS es una prueba de que el enfrentamiento entre Uribe y sus áulicos no ha terminado. Y lo más preocupante es que la lucha se está haciendo en frente de las narices del gobierno de Santos, que guarda un inconveniente (¿sospechoso?) silencio.
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
Buen texto, pero no comparto algunas apreciaciones; por ejemplo:
1.- No es culpa de la "justicia" (jueces y fiscales) que la ex directora del DAS hubiera salido del territorio nacional, porque ellos aplican la ley y, si la ley les exige cumplir unos plazos y materializar unas garantías, deben realizarlo, pues de no hacerlo los prevaricadores serian ellos. Es el Congreso de la Repúbliva quien con sus leyes altamente garatistas (que enviardiarían sociedades del primer mundo) para la delincuencia de cuello blanco, en especial y, en general para la delincuencia cómún,el responsble. Lo que pasa es que el hilo se rompe por la parte máds delgada.
2.- No creo que haya complicidad de Santos con lo que está sucediendo. Creo más bien, que está demostrando verdadero respeto por las decisones judiciales. Más aún, el eventual retraso de la fiscalía no implica, ncesariamente (en deducción lógica y verdaera), que el delincuente se fugue; si así lo hace, en cualquier oportunidad, es la demostración de su culpabilidad, así aduzca razones defensivas de seguridad o falta de garantías. Creo, más bien, que a Santos como excelente jugador, le están poniendo en bandeja de plata la manera más idónea para separse de la sombra del gobierno anterior, porque él (Santos) no va a permitir que su gobierno sea tildado como perseguidoir político, pues esto es algo que definitvamente jamás aceptaría.
3.- Tampoco comparto tu apreciación cuando afirmas que el gobierno Santos debe (como en una especie de imperativo kantiano) responsabilizar de sus culpas a los ex uribistas, pues con tal afirmación estás cayendo en, además de lugares comunes, en lo mismo que venías criticando, la pretensipon de intromisión del gobierno Santos en la independencia judicial, ya que el debate se encuentra centrado en la liberación judicial de la delincuencia de la política y, no puede volverse al escenario de lo político, tada vez que Santos, como jefe de Estado y de gobierno, no puede ordenarle a los fiscales ni a los jueces; es decir, influir en las decisiones judiciales, porque entonces estaría repitiendo los errores de su antecesor.
En fin, son apreciaciones.
Un abrazo,
Luis F.
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