Por Germán Ayala Osorio
Por estos días las Farc anuncian la liberación unilateral de cinco secuestrados, gesto que ellos explican como especie de ‘desagravio’ a Piedad Córdoba, por la sanción que le impusiera el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien le construyó un proceso justo a la medida del proyecto de derecha que encarnó Uribe y que hoy mantiene el Presidente Santos.
En cualquier sentido, bienvenido el gesto de la agrupación armada ilegal en lo que ello significa para las familias de los posibles liberados y claro está, para quienes recuperarán la libertad.
Pero más allá de si se trata de un gesto conducente a explorar caminos de paz con el gobierno de Santos, las Farc no sólo equivocaron el camino revolucionario al entrar en el negocio de la droga y convertirse en un cartel más, sino en utilizar el secuestro como un arma política y económica.
Nada justifica la retención de soldados, civiles y policías, y menos aún, el tenerlos a muchos de ellos por más de una década enterrados en la espesa selva. Quizás la manigua haya envilecido de tal forma a los comandantes guerrilleros, que no alcanzan a imaginar el desprestigio social y político que les genera, interna y externamente, insistir en el secuestro como arma de lucha.
Los duros golpes militares recibidos y las circunstancias sociales, económicas y políticas en las que sobreviven la nación y el Estado colombianos deberían servir de punto de inflexión y reflexión a los integrantes de la cúpula de las Farc, para revisar el futuro de la organización. ¿Por qué insistir en alcanzar el poder a través de la victoria militar? ¿Creerán en serio que podrán acceder al poder del Estado?
Parece que los líderes farianos no han entendido el carácter periférico del conflicto armado interno y menos aún comprenden que le hacen el juego a las fuerzas y actores políticos, sociales, económicos y mediáticos que insisten en mantener un orden social que privilegia la división de clases y que asegura grandes beneficios a una minoría, en detrimento de amplias mayorías.
Tan poco importa el conflicto al Estado colombiano y al propio gobierno de Santos, que poco o nada hacen para arrebatarle a las Farc los menores y adolescentes que forzosamente ingresan a las filas de la agrupación ilegal. No hay programas sociales serios que en el mediano plazo logren generar condiciones y opciones dignas de vida para niños y jóvenes que se enlistan en las Farc para sobrevivir, para obtener reconocimiento y respeto. Son jóvenes combatientes que ven la guerra no como un asunto político, sino como una solución económica particular, en tanto les permite superar un problema mayor: hambre y falta de oportunidades.
Hay visos claros de que las Farc se han lumpenizado. Tantos años de lucha sin alcanzar el poder, han internado a la agrupación armada en un túnel sin salida. Cada vez más actúa como una agrupación criminal sin propuestas claras para frenar no sólo el dolor que produce la guerra, sino las ilegítimas condiciones y circunstancias que genera un Estado privatizado, irresponsable y precario como el colombiano.
Si algo les queda de conciencia revolucionaria, los viejos comandantes guerrilleros deberían de tomarse un tiempo para pensar en que su existencia y sobre todo, su insistencia, provocaron las prácticas genocidas de los paramilitares, con el apoyo de sectores de la sociedad civil colombiana; dieron vida y justificaron los ‘falsos positivos’, pero sobre todo, justifican a quienes desde el poder político y económico insisten en que el principal problema de Colombia es la presencia de las guerrillas, cuando lo cierto es que hay otros problemas más graves.
La cúpula de las Farc debe preguntarse hasta cuándo insistirán en mantener en cautiverio a civiles, militares y policías. Hacen mal en presentar el gesto unilateral como un desagravio a la ex senadora Piedad Córdoba. Ojalá entiendan que regresar a todos los cautivos es el primer paso para recuperar el estatus político que perdieron hace años.
Por estos días las Farc anuncian la liberación unilateral de cinco secuestrados, gesto que ellos explican como especie de ‘desagravio’ a Piedad Córdoba, por la sanción que le impusiera el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien le construyó un proceso justo a la medida del proyecto de derecha que encarnó Uribe y que hoy mantiene el Presidente Santos.
En cualquier sentido, bienvenido el gesto de la agrupación armada ilegal en lo que ello significa para las familias de los posibles liberados y claro está, para quienes recuperarán la libertad.
Pero más allá de si se trata de un gesto conducente a explorar caminos de paz con el gobierno de Santos, las Farc no sólo equivocaron el camino revolucionario al entrar en el negocio de la droga y convertirse en un cartel más, sino en utilizar el secuestro como un arma política y económica.
Nada justifica la retención de soldados, civiles y policías, y menos aún, el tenerlos a muchos de ellos por más de una década enterrados en la espesa selva. Quizás la manigua haya envilecido de tal forma a los comandantes guerrilleros, que no alcanzan a imaginar el desprestigio social y político que les genera, interna y externamente, insistir en el secuestro como arma de lucha.
Los duros golpes militares recibidos y las circunstancias sociales, económicas y políticas en las que sobreviven la nación y el Estado colombianos deberían servir de punto de inflexión y reflexión a los integrantes de la cúpula de las Farc, para revisar el futuro de la organización. ¿Por qué insistir en alcanzar el poder a través de la victoria militar? ¿Creerán en serio que podrán acceder al poder del Estado?
Parece que los líderes farianos no han entendido el carácter periférico del conflicto armado interno y menos aún comprenden que le hacen el juego a las fuerzas y actores políticos, sociales, económicos y mediáticos que insisten en mantener un orden social que privilegia la división de clases y que asegura grandes beneficios a una minoría, en detrimento de amplias mayorías.
Tan poco importa el conflicto al Estado colombiano y al propio gobierno de Santos, que poco o nada hacen para arrebatarle a las Farc los menores y adolescentes que forzosamente ingresan a las filas de la agrupación ilegal. No hay programas sociales serios que en el mediano plazo logren generar condiciones y opciones dignas de vida para niños y jóvenes que se enlistan en las Farc para sobrevivir, para obtener reconocimiento y respeto. Son jóvenes combatientes que ven la guerra no como un asunto político, sino como una solución económica particular, en tanto les permite superar un problema mayor: hambre y falta de oportunidades.
Hay visos claros de que las Farc se han lumpenizado. Tantos años de lucha sin alcanzar el poder, han internado a la agrupación armada en un túnel sin salida. Cada vez más actúa como una agrupación criminal sin propuestas claras para frenar no sólo el dolor que produce la guerra, sino las ilegítimas condiciones y circunstancias que genera un Estado privatizado, irresponsable y precario como el colombiano.
Si algo les queda de conciencia revolucionaria, los viejos comandantes guerrilleros deberían de tomarse un tiempo para pensar en que su existencia y sobre todo, su insistencia, provocaron las prácticas genocidas de los paramilitares, con el apoyo de sectores de la sociedad civil colombiana; dieron vida y justificaron los ‘falsos positivos’, pero sobre todo, justifican a quienes desde el poder político y económico insisten en que el principal problema de Colombia es la presencia de las guerrillas, cuando lo cierto es que hay otros problemas más graves.
La cúpula de las Farc debe preguntarse hasta cuándo insistirán en mantener en cautiverio a civiles, militares y policías. Hacen mal en presentar el gesto unilateral como un desagravio a la ex senadora Piedad Córdoba. Ojalá entiendan que regresar a todos los cautivos es el primer paso para recuperar el estatus político que perdieron hace años.
1 comentario:
excelente articulo!.
Amparo N.
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