Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El reciente asesinato de dos estudiantes de la prestigiosa universidad de los Andes de Bogotá no sólo pone en evidencia -una vez más- la incapacidad del Estado colombiano para proteger las vidas de sus nacionales, sino la lectura de clase que el gobierno de Santos hace del hecho.
Repudia el crimen y ofrece millonaria recompensa. Así registra EL TIEMPO la molestia del Presidente: “El presidente Juan Manuel Santos condenó el lamentable hecho y aumentó la recompensa de alias 'Gavilán', jefe de la banda criminal 'Los Urabeños', de 250 millones a 500 millones de pesos” (EL TIEMPO.COM).
Actúa así Santos porque las víctimas pertenecen a familias prestantes con las cuales el Presidente, por su origen de clase, debe tener una especial deferencia, especialmente cuando está de por medio el asesinato de dos de sus miembros. Inicialmente, la Policía ofreció 50 millones de pesos, pero cuando se establecieron las identidades y los orígenes familiares de las víctimas, la cotización subió. Es una manera infame de intentar resarcir el daño recibido por la incapacidad estatal de proteger la vida y la honra de los habitantes de Colombia. Esa lectura de clase que Santos como las autoridades hacen de la vida y de la muerte, es generadora de violencia y alimento de prácticas de venganza, que pueden estar asociadas al actuar criminal de bandas, de paras y guerrilleros.
Pero la reacción no es la misma cuando las víctimas pertenecen a familias pobres o no prestantes, que no tienen cómo ejercer presión sobre el gobierno y sobre las autoridades militares y de policía para que actúen con celeridad ante la necesidad de capturar a los responsables de la muerte o del desplazamiento de sus familiares. Es triste reconocerlo, pero es así: la vida como la muerte en Colombia, son un asunto de clase, de apellidos, de alcurnia, de linaje, de estirpe. Y las recompensas ofrecidas por el Gobierno en el caso de víctimas pobres o adineradas, de reconocidos y no reconocidos, de importantes y poco importantes; de prestantes y no prestantes, es la mejor forma de saber cuánto vale la vida -y la muerte- en Colombia.
Imagino las fuertes presiones que ejerce el Presidente sobre los comandantes de Policía y en general sobre los organismos de seguridad para que se capture y se asesine a los responsables, rápidamente identificados por la propia Policía, que impotente reconoce públicamente que en la zona donde fueron asesinados los dos universitarios, hay dos bandas criminales que operan con libertad, y vaya uno a saber, si con la anuencia de diversas autoridades e incluso, de actores sociales, económicos y políticos que de tiempo atrás hayan establecido alianzas con los jefes de dichas organizaciones al margen de la ley.
¿Qué autoridad estatal permitió el surgimiento de la banda criminal que asesinó a los estudiantes universitarios? ¿Quién protege a los campesinos y demás colombianos que viven en San Bernardo del Viento y en sus alrededores? ¿Quién les permite operar a estos criminales, tal y como lo reconoce la misma Policía? ¿Acaso hay complicidad, connivencia, contubernio y connubio entre autoridades legales y actores sociales, políticos y económicos, y las bandas criminales que azotan tanto a esta zona de Córdoba, como a otros rincones del país?
Sé que pronto habrá parte de victoria. Los responsables del crimen de los muchachos serán capturados o asesinados por las fuerzas del orden. Pero ello de poco servirá porque el Estado colombiano continuará incumpliendo con el deber de preservar la vida de sus asociados.
El reciente asesinato de dos estudiantes de la prestigiosa universidad de los Andes de Bogotá no sólo pone en evidencia -una vez más- la incapacidad del Estado colombiano para proteger las vidas de sus nacionales, sino la lectura de clase que el gobierno de Santos hace del hecho.
Repudia el crimen y ofrece millonaria recompensa. Así registra EL TIEMPO la molestia del Presidente: “El presidente Juan Manuel Santos condenó el lamentable hecho y aumentó la recompensa de alias 'Gavilán', jefe de la banda criminal 'Los Urabeños', de 250 millones a 500 millones de pesos” (EL TIEMPO.COM).
Actúa así Santos porque las víctimas pertenecen a familias prestantes con las cuales el Presidente, por su origen de clase, debe tener una especial deferencia, especialmente cuando está de por medio el asesinato de dos de sus miembros. Inicialmente, la Policía ofreció 50 millones de pesos, pero cuando se establecieron las identidades y los orígenes familiares de las víctimas, la cotización subió. Es una manera infame de intentar resarcir el daño recibido por la incapacidad estatal de proteger la vida y la honra de los habitantes de Colombia. Esa lectura de clase que Santos como las autoridades hacen de la vida y de la muerte, es generadora de violencia y alimento de prácticas de venganza, que pueden estar asociadas al actuar criminal de bandas, de paras y guerrilleros.
Pero la reacción no es la misma cuando las víctimas pertenecen a familias pobres o no prestantes, que no tienen cómo ejercer presión sobre el gobierno y sobre las autoridades militares y de policía para que actúen con celeridad ante la necesidad de capturar a los responsables de la muerte o del desplazamiento de sus familiares. Es triste reconocerlo, pero es así: la vida como la muerte en Colombia, son un asunto de clase, de apellidos, de alcurnia, de linaje, de estirpe. Y las recompensas ofrecidas por el Gobierno en el caso de víctimas pobres o adineradas, de reconocidos y no reconocidos, de importantes y poco importantes; de prestantes y no prestantes, es la mejor forma de saber cuánto vale la vida -y la muerte- en Colombia.
Imagino las fuertes presiones que ejerce el Presidente sobre los comandantes de Policía y en general sobre los organismos de seguridad para que se capture y se asesine a los responsables, rápidamente identificados por la propia Policía, que impotente reconoce públicamente que en la zona donde fueron asesinados los dos universitarios, hay dos bandas criminales que operan con libertad, y vaya uno a saber, si con la anuencia de diversas autoridades e incluso, de actores sociales, económicos y políticos que de tiempo atrás hayan establecido alianzas con los jefes de dichas organizaciones al margen de la ley.
¿Qué autoridad estatal permitió el surgimiento de la banda criminal que asesinó a los estudiantes universitarios? ¿Quién protege a los campesinos y demás colombianos que viven en San Bernardo del Viento y en sus alrededores? ¿Quién les permite operar a estos criminales, tal y como lo reconoce la misma Policía? ¿Acaso hay complicidad, connivencia, contubernio y connubio entre autoridades legales y actores sociales, políticos y económicos, y las bandas criminales que azotan tanto a esta zona de Córdoba, como a otros rincones del país?
Sé que pronto habrá parte de victoria. Los responsables del crimen de los muchachos serán capturados o asesinados por las fuerzas del orden. Pero ello de poco servirá porque el Estado colombiano continuará incumpliendo con el deber de preservar la vida de sus asociados.
Nota: esta columna fue reproducida en los portales www.hechoencali.com y http://www.nasaacin.org/attachments/article/1502/El%20valor%20de%20la%20vida.pdf
y en
2 comentarios:
Il semble que vous soyez un expert dans ce domaine, vos remarques sont tres interessantes, merci.
- Daniel
Buen inicio de año con tu crìtica aguda frente al asesinato de dos estudiantes de los Andes,Ala...Vale la muerte pero tambièn la recompensa que tiene precio de Clase Alta.
Rodrigo Ramos Sánchez
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