Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Que la multinacional Greystar desista de la solicitud de la licencia ambiental para explotar oro en un sector del páramo de Santurbán, es un hecho sorpresivo, que deja dudas alrededor del porqué de la decisión adoptada por la multinacional canadiense.
Me pregunto si la decisión se adoptó por la presión de los ambientalistas, de la oposición de líderes y del propio ex ministro Manuel Rodríguez o por la ambivalente posición del Gobierno de Santos; o acaso se trata de una estrategia para calmar a los interesados, para luego arremeter en otro escenario natural o demandar al Estado, porque no podemos olvidar que así la empresa haya desistido de solicitar el permiso ambiental para explotar oro en esa zona de Santurbán (Santander), ello no quiere decir que la concesión minera, otorgada por el Gobierno de Uribe Vélez, haya sido revocada o anulada.
¿Si claramente se violaba el Código Minero, por qué se entregó la concesión minera N° 3452 a dicha multinacional? ¿Cabría acaso una investigación en contra de Uribe y de los funcionarios que entregaron dicha concesión? ¿Qué tan cierto es que Uribe demoró la sanción de la ley mediante la cual se reformó el Código Minero, aprobada en el Congreso a mediados de junio de 2009, y en este lapso sus funcionarios entregaron concesiones mineras a diestra y siniestra?
En cualquier caso, la decisión de Greystar debe tomarse con precaución y con duda, no sólo por la decisión en sí misma, sino porque el riesgo minero continúa latente, dada la incapacidad del Estado para proteger las zonas biodiversas protegidas por la legislación. No olvidemos que detrás de esta actividad está el poder intimidante de fuerzas paramilitares y subversivas. Hay que reconocer que el Gobierno recibe una presión muy fuerte porque está necesitado de recursos para solventar el siempre creciente déficit fiscal.
Hay que devolverle el poder político al Ministerio del Medio Ambiente, en especial la importancia que alcanzó después de la sanción de la Ley 99 de 1993, que le dio vida, así como al Sistema Nacional Ambiental.
Es claro que hemos retrocedido en materia ambiental, en especial durante los ocho años del gobierno de Uribe Vélez. Santos tiene la obligación de conservar el medio ambiente y los recursos naturales. La Constitución y los autos de la Corte Constitucional lo obligan a tomar todas las precauciones ante propuestas de explotación que no sólo atentan contra la actividad minera artesanal (que debe controlarse y organizarse), sino que ponen en riesgo ecosistemas frágiles y estratégicos para la vida de las próximas generaciones.
Comparto lo expresado por el sociólogo Alfredo Molano Bravo, en su columna Conflicto Minado (EL ESPECTADOR.COM, 23 de enero de 2011): “Hasta ahora el gobierno de Santos ha renunciado a formular una política ambiental coherente y sólida frente a una minería gigantesca que amenaza con llevarse por delante páramos, humedales, ríos, y, sobre todo, comunidades”.
Lo más seguro es que Santos no adopte una política ambiental seria y coherente. Un factor más para señalar que su gobierno es la continuación del proyecto de país que Uribe impuso en sus ocho años.
Que la multinacional Greystar desista de la solicitud de la licencia ambiental para explotar oro en un sector del páramo de Santurbán, es un hecho sorpresivo, que deja dudas alrededor del porqué de la decisión adoptada por la multinacional canadiense.
Me pregunto si la decisión se adoptó por la presión de los ambientalistas, de la oposición de líderes y del propio ex ministro Manuel Rodríguez o por la ambivalente posición del Gobierno de Santos; o acaso se trata de una estrategia para calmar a los interesados, para luego arremeter en otro escenario natural o demandar al Estado, porque no podemos olvidar que así la empresa haya desistido de solicitar el permiso ambiental para explotar oro en esa zona de Santurbán (Santander), ello no quiere decir que la concesión minera, otorgada por el Gobierno de Uribe Vélez, haya sido revocada o anulada.
¿Si claramente se violaba el Código Minero, por qué se entregó la concesión minera N° 3452 a dicha multinacional? ¿Cabría acaso una investigación en contra de Uribe y de los funcionarios que entregaron dicha concesión? ¿Qué tan cierto es que Uribe demoró la sanción de la ley mediante la cual se reformó el Código Minero, aprobada en el Congreso a mediados de junio de 2009, y en este lapso sus funcionarios entregaron concesiones mineras a diestra y siniestra?
En cualquier caso, la decisión de Greystar debe tomarse con precaución y con duda, no sólo por la decisión en sí misma, sino porque el riesgo minero continúa latente, dada la incapacidad del Estado para proteger las zonas biodiversas protegidas por la legislación. No olvidemos que detrás de esta actividad está el poder intimidante de fuerzas paramilitares y subversivas. Hay que reconocer que el Gobierno recibe una presión muy fuerte porque está necesitado de recursos para solventar el siempre creciente déficit fiscal.
Hay que devolverle el poder político al Ministerio del Medio Ambiente, en especial la importancia que alcanzó después de la sanción de la Ley 99 de 1993, que le dio vida, así como al Sistema Nacional Ambiental.
Es claro que hemos retrocedido en materia ambiental, en especial durante los ocho años del gobierno de Uribe Vélez. Santos tiene la obligación de conservar el medio ambiente y los recursos naturales. La Constitución y los autos de la Corte Constitucional lo obligan a tomar todas las precauciones ante propuestas de explotación que no sólo atentan contra la actividad minera artesanal (que debe controlarse y organizarse), sino que ponen en riesgo ecosistemas frágiles y estratégicos para la vida de las próximas generaciones.
Comparto lo expresado por el sociólogo Alfredo Molano Bravo, en su columna Conflicto Minado (EL ESPECTADOR.COM, 23 de enero de 2011): “Hasta ahora el gobierno de Santos ha renunciado a formular una política ambiental coherente y sólida frente a una minería gigantesca que amenaza con llevarse por delante páramos, humedales, ríos, y, sobre todo, comunidades”.
Lo más seguro es que Santos no adopte una política ambiental seria y coherente. Un factor más para señalar que su gobierno es la continuación del proyecto de país que Uribe impuso en sus ocho años.
2 comentarios:
Estimado German
Como siempre tus reflexiones tan bien expuestas y con la lupa del investigador que permite revelar las intenciones ocultas desafortunadas de la politica y que no actúa como deberia ser buscando el bien común y la protección de nuestros recursos naturales .
Un abrazo
Julio¨César
Hola Uribito:
¡Buen día!
Por fin puedo volver a leer el correo de tu alma mater laboral.
En realidad, la noticia sobre el desistimiento de la exploración y explotación de oro en el páramo de Santurbán no está muy clara, pues la multinacional insiste en que ahora lo hará subterráneamente y no a cielo abierto como inicialmente lo propuso. Lo que sí queda claro, es el gobierno Santos carece de una polítca seria sobre la minería y está engolosinado en con ella recaudará los recursos que necesita, lo cual es una verdadera falacia.
Luisf.
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