Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ante el evidente resquebrajamiento del imperio corrupto que logró montar Uribe dentro y desde el Estado, y que lo esparció hacia todos los ámbitos de la vida política, social y económica, bien la vale la pena discutir acerca de la lealtad de aquellos funcionarios y políticos cercanos a sus dos administraciones, que hoy están tras las rejas, investigados y esperando, muchos de ellos, el fallo de los jueces o en el mejor de los casos, la imputación de cargos o próximos a enfrentar indagaciones preliminares.
Tanto en las organizaciones ilegales como en las legales, los jefes o líderes exigen a sus subalternos, secuaces o colaboradores, altos niveles de lealtad, especialmente cuando se trata de tapar responsabilidades de las cabezas visibles de dichas organizaciones, cuando la justicia encuentra inconsistencias, vacíos o errores, que demuestran claramente la comisión de varios delitos, como es el caso de altos funcionarios que sirvieron a Uribe durante sus dos mandatos.
Históricamente, el Estado colombiano ha sido el fruto de la actividad económica privada, que lo ha sostenido y lo ha ajustado a los intereses de los gremios económicos, de los militares y de una élite que sabe muy bien cómo manejar los asuntos públicos (contratos y licitaciones, entre otros). Algo así como un Estado obediente y aliado de las exigencias y lógicas del Mercado.
La lealtad que Uribe exigió a sus más inmediatos colaboradores es la misma que exige el amo a su perro. Y para que la idea de lealtad, fidelidad y respeto se entronice en los funcionarios cercanos e incluso, en los propios amigos, ésta debe estar fincada en el miedo al jefe, al amo, al Presidente.
Aquí no cuentan el respeto, la admiración, la ética pública y menos aún, la responsabilidad social y política de los servidores públicos o de los asesores presidenciales. Cuando se exige lealtad, en el ejercicio de la política en Colombia, implica que dichas categorías se remplacen por miedo, intimidación y complicidad, en un ejercicio ético sostenido en un individualismo exacerbado y en una idea equivocada de lo que es el servicio público y de lo que debe ser una acción estatal al servicio de todos.
Para el caso de funcionarios cercanos a Uribe, hoy señalados por la justicia y por la opinión pública como corruptos, es evidente que éstos observan una especie de devoción perversa hacia el entonces Presidente, capaz de llevarlos a soportar exilios y condenas, puesto que el referente de lealtad que tienen está sostenido en una relación de dominación, propia de amo-perro. La pregunta es: ¿Hasta cuándo o hasta dónde llegará el sentido de la lealtad de ex funcionarios como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado? Es posible que haya fisuras individuales, pero lo más probable es que éstas no se hagan públicas y menos aún, den pie para declaraciones que terminen por señalar que sus actuaciones criminales (interceptaciones ilegales, por ejemplo), se dieron en cumplimiento de órdenes del entonces jefe de Estado.
Es posible que la lealtad de estos funcionarios esté soportada, además del miedo a la reacción del gran amo, en esa especie de fetiche que hemos construido los colombianos alrededor de la imagen, de la figura presidencial. Es decir, servirle a un Presidente significa un honor, de ahí la necesidad de ser leales a él, así éste tenga ideas contrarias a las del servil funcionario e incluso, su actuar político vaya en contravía de preceptos constitucionales.
Así entonces, la lealtad o la fidelidad, de ciertos funcionarios y colaboradores no tiene porqué estar soportada en ideas claras alrededor del bien común, de una ética pública, por el contrario, basta con saber que se está sirviendo a un Presidente, a un Gobierno, para participar activa o pasivamente, de la comisión de delitos o del actuar equivocado del líder al que se sigue ciegamente.
Por ello, más allá de servir a una organización, o a una persona en particular, lo que hay que hacer es trabajar y aportar; y más allá de actuar bajo una idea de lealtad, basada en el miedo, y en la connivencia, lo que hay que hacer es acompañar al líder, jefe, gerente o Presidente, examinando todos los días la conveniencia de hacerlo. Ello exige la construcción de una relación simétrica de respeto entre quien manda y quien obedece o hace parte de una cadena de mando.
Cuando el subalterno se presenta sumiso y capaz de servir al Jefe, o Presidente, en todo lo que éste le indique o mande, sólo porque cree que alcanzó la gloria al poder estar cerca de esa figura de poder, aquel terminará, muy seguramente, siendo cómplice de delitos y de actuaciones dolosas. Este es el caso de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno (y de otros), sumisos funcionarios que cambiaron su ética y su valor como personas, por un fino collar que les regaló el Amo que mandó en Colombia durante ocho años.
Insisto en que es necesario someter la figura presidencial a un proceso rápido de desmitificación, que permita que ante las evidencias aportadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en el sentido en que desde altas esferas del Gobierno de Uribe se diseñó y se orquestó una empresa criminal, dicha dignidad pueda recibir el rechazo de sectores de la sociedad civil, que entienden lo inconveniente que es seguir manteniendo lejos de la justicia, a quienes desde la jefatura del Estado, violaron la ley y la confianza de los ciudadanos en el Estado. Pero también que dicha figura sea objeto de investigaciones y fallos penales, que lleven a la cárcel al mandatario que haya violado la ley y la constitución.
Es claro que todo está diseñado para que un Presidente en Colombia jamás sea tocado por la mano de la justicia. Quizás sobre esta circunstancia, política y jurídica, se sostengan, se justifiquen y se legitimen las prácticas corruptas en los sectores público y privado que evitan la profundización de la democracia y el cumplimiento de los principios que orientan el estado social de derecho.
Ante el evidente resquebrajamiento del imperio corrupto que logró montar Uribe dentro y desde el Estado, y que lo esparció hacia todos los ámbitos de la vida política, social y económica, bien la vale la pena discutir acerca de la lealtad de aquellos funcionarios y políticos cercanos a sus dos administraciones, que hoy están tras las rejas, investigados y esperando, muchos de ellos, el fallo de los jueces o en el mejor de los casos, la imputación de cargos o próximos a enfrentar indagaciones preliminares.
Tanto en las organizaciones ilegales como en las legales, los jefes o líderes exigen a sus subalternos, secuaces o colaboradores, altos niveles de lealtad, especialmente cuando se trata de tapar responsabilidades de las cabezas visibles de dichas organizaciones, cuando la justicia encuentra inconsistencias, vacíos o errores, que demuestran claramente la comisión de varios delitos, como es el caso de altos funcionarios que sirvieron a Uribe durante sus dos mandatos.
Históricamente, el Estado colombiano ha sido el fruto de la actividad económica privada, que lo ha sostenido y lo ha ajustado a los intereses de los gremios económicos, de los militares y de una élite que sabe muy bien cómo manejar los asuntos públicos (contratos y licitaciones, entre otros). Algo así como un Estado obediente y aliado de las exigencias y lógicas del Mercado.
La lealtad que Uribe exigió a sus más inmediatos colaboradores es la misma que exige el amo a su perro. Y para que la idea de lealtad, fidelidad y respeto se entronice en los funcionarios cercanos e incluso, en los propios amigos, ésta debe estar fincada en el miedo al jefe, al amo, al Presidente.
Aquí no cuentan el respeto, la admiración, la ética pública y menos aún, la responsabilidad social y política de los servidores públicos o de los asesores presidenciales. Cuando se exige lealtad, en el ejercicio de la política en Colombia, implica que dichas categorías se remplacen por miedo, intimidación y complicidad, en un ejercicio ético sostenido en un individualismo exacerbado y en una idea equivocada de lo que es el servicio público y de lo que debe ser una acción estatal al servicio de todos.
Para el caso de funcionarios cercanos a Uribe, hoy señalados por la justicia y por la opinión pública como corruptos, es evidente que éstos observan una especie de devoción perversa hacia el entonces Presidente, capaz de llevarlos a soportar exilios y condenas, puesto que el referente de lealtad que tienen está sostenido en una relación de dominación, propia de amo-perro. La pregunta es: ¿Hasta cuándo o hasta dónde llegará el sentido de la lealtad de ex funcionarios como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado? Es posible que haya fisuras individuales, pero lo más probable es que éstas no se hagan públicas y menos aún, den pie para declaraciones que terminen por señalar que sus actuaciones criminales (interceptaciones ilegales, por ejemplo), se dieron en cumplimiento de órdenes del entonces jefe de Estado.
Es posible que la lealtad de estos funcionarios esté soportada, además del miedo a la reacción del gran amo, en esa especie de fetiche que hemos construido los colombianos alrededor de la imagen, de la figura presidencial. Es decir, servirle a un Presidente significa un honor, de ahí la necesidad de ser leales a él, así éste tenga ideas contrarias a las del servil funcionario e incluso, su actuar político vaya en contravía de preceptos constitucionales.
Así entonces, la lealtad o la fidelidad, de ciertos funcionarios y colaboradores no tiene porqué estar soportada en ideas claras alrededor del bien común, de una ética pública, por el contrario, basta con saber que se está sirviendo a un Presidente, a un Gobierno, para participar activa o pasivamente, de la comisión de delitos o del actuar equivocado del líder al que se sigue ciegamente.
Por ello, más allá de servir a una organización, o a una persona en particular, lo que hay que hacer es trabajar y aportar; y más allá de actuar bajo una idea de lealtad, basada en el miedo, y en la connivencia, lo que hay que hacer es acompañar al líder, jefe, gerente o Presidente, examinando todos los días la conveniencia de hacerlo. Ello exige la construcción de una relación simétrica de respeto entre quien manda y quien obedece o hace parte de una cadena de mando.
Cuando el subalterno se presenta sumiso y capaz de servir al Jefe, o Presidente, en todo lo que éste le indique o mande, sólo porque cree que alcanzó la gloria al poder estar cerca de esa figura de poder, aquel terminará, muy seguramente, siendo cómplice de delitos y de actuaciones dolosas. Este es el caso de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno (y de otros), sumisos funcionarios que cambiaron su ética y su valor como personas, por un fino collar que les regaló el Amo que mandó en Colombia durante ocho años.
Insisto en que es necesario someter la figura presidencial a un proceso rápido de desmitificación, que permita que ante las evidencias aportadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en el sentido en que desde altas esferas del Gobierno de Uribe se diseñó y se orquestó una empresa criminal, dicha dignidad pueda recibir el rechazo de sectores de la sociedad civil, que entienden lo inconveniente que es seguir manteniendo lejos de la justicia, a quienes desde la jefatura del Estado, violaron la ley y la confianza de los ciudadanos en el Estado. Pero también que dicha figura sea objeto de investigaciones y fallos penales, que lleven a la cárcel al mandatario que haya violado la ley y la constitución.
Es claro que todo está diseñado para que un Presidente en Colombia jamás sea tocado por la mano de la justicia. Quizás sobre esta circunstancia, política y jurídica, se sostengan, se justifiquen y se legitimen las prácticas corruptas en los sectores público y privado que evitan la profundización de la democracia y el cumplimiento de los principios que orientan el estado social de derecho.
1 comentario:
Hola Uribito:
¡Buen día!
La lealtad, aún en los delincuentes, es algo muy importante.
Luis F.
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