Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo. Artículo publicado en el boletín Ethos Regional, número 11, órgano de
información y divulgación del CIER, de la Universidad Autónoma de Occidente.
Es
ya un lugar común hablar de abandono estatal y de una deuda histórica que
tienen el Estado[1]
y la nación con el Pacífico[2]
colombiano. Aunque no insistiré en el cacareo de esa ‘verdad’, si haré
referencia a hechos y circunstancias que guardan estrecha relación con
Buenaventura y su zona rural, y con el Chocó de manera indirecta, sin olvidar
que tanto dicho municipio como el departamento están ubicados dentro de la
extensa zona del Chocó Biogeográfico.
Como
tesis, señalo que esas condiciones de abandono estatal y de atraso, desde una
perspectiva de desarrollo en donde son referentes claves las infraestructuras
vial, energética y de saneamiento básico, entre otras, están soportadas en una
histórica animosidad étnica[3] de
los centros de poder regional y nacional frente a las comunidades afrocolombianas
e indígenas que viven o sobreviven en esa extensa zona del país.
A
pesar de lo planteado y promulgado en
los artículos 7[4] y 13[5] de la
Carta Política, es claro que en el ejercicio del poder político y en muchas
actividades de la cotidianidad colombiana a lo largo y ancho del territorio, se
discrimina por el color de la piel y por el origen social. Eso es innegable.
Esa
animosidad o malquerencia étnica está soportada en el ejercicio del poder de
familias tradicionales que siendo mestizas, se presentan como ‘blancas’,
circunstancia natural que les ha
otorgado toda la legitimidad para negarle a la gente del Pacífico y el Chocó
Biogeográfico iniciativas de desarrollo que consideren, valoren y reconozcan
las tradiciones, la cultura y las cosmovisiones de los pueblos y comunidades
afrocolombianas[6]
e indígenas que a pesar de tener disímiles formas de vida y organización
social, comparten la idea de vivir en condiciones distintas a las que se
promueven desde la lógica de la acumulación de bienes y la propiedad privada,
soportadas estas en una relación no consustancial con los ecosistemas
naturales.
Por
el contrario, a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico se vienen imponiendo
unas lógicas de desarrollo ancladas en la mega explotación minera, en proyectos
agroindustriales y en la extracción de
madera, que claramente generan efectos socio ambientales negativos que terminan
coadyuvando a la eliminación y/o a la perdida de sentido de las relaciones
consustanciales[7]
que afrocolombianos e indígenas sostienen de tiempo atrás con la Naturaleza. Esta
es una expresión clara de esa malquerencia étnica, dado que los procesos de
intervención con fines de explotación de recursos del suelo y del subsuelo,
están fincados en la subvaloración de unas culturas tradicionales que
históricamente han sobrevivido al abandono estatal y a las condiciones
inhóspitas de unos ecosistemas difíciles para el devenir humano. Además, dichas
intervenciones vienen asociadas a prácticas de violencia física y simbólica.
Estas
actividades de explotación no sólo desconocen las condiciones ecosistémicas y
la capacidad de resiliencia de los entornos intervenidos, sino que confrontan
la propia vida de quienes de tiempo atrás viven también de explotar oro y
madera, pero no en las condiciones que proponen, por ejemplo, empresas
madereras y mineras que por su misma concepción y condiciones de operación,
deben sacar el mayor provecho económico, lo que conlleva a dejar de lado
consideraciones socio ambientales.
Así
entonces, la animadversión étnica hacia afrocolombianos e indígenas no sólo se
expresa en actividades cotidianas, en usos particulares de la lengua y en
actitudes claramente discriminatorias, sino en la anuencia de las autoridades
ambientales y de los organismos de control frente a la llegada e imposición de modelos
de vida y desarrollo que en nada consultan las necesidades, aspiraciones y
cosmovisiones de las comunidades allí asentadas.
Se
hace más complejo el asunto cuando los proyectos de explotación a gran escala
vienen acompañados de ejercicios de violencia por parte de grupos al margen de
la ley, como paramilitares y guerrillas, que penetran y se establecen en los
territorios ancestrales y comunitarios, para imponer allí regímenes de poder
con la anuencia del Estado central, que mira con desdén al Chocó Biogeográfico.
El caso Buenaventura
La
Ciudad puerto puede ser un caso paradigmático de las condiciones de animosidad
étnica, promovida desde los centros de poder regional y nacional. Y es así,
porque desde las lógicas e intereses de actores económicos locales y
regionales, se vienen diseñando planes de desarrollo[8] para
Buenaventura. Se echan al aire globos de crecimiento económico a espaldas de
una realidad social y política inocultable: extrema pobreza, múltiples
violencias y Estado local colapsado[9]. En
esos globos van propuestas como convertir a Buenaventura en un puerto que supere los rendimientos de
sus ‘similares’ de El Callao y Valparaíso. Singapur aparece como referente para
darle a la ciudad costera el giro estético y logístico con el que sueñan la
Cámara de Comercio y la Sociedad Portuaria, entre otros. Ahora quieren
posicionar a Buenaventura como la capital de la Alianza Pacífico, a pesar de
que su lanzamiento se hizo en Cartagena. Otra prueba clara de la animosidad
étnica que se promueve desde las altas esferas del poder político bogotano.
Iniciativas
todas que se piensan a espaldas de las complejas condiciones de vida que se
presentan hoy en Buenaventura. Obras como el Malecón y el bulevar Bahía de la
Cruz, la terminación de la doble-calzada y los constantes y costosos dragados
del canal de acceso, entre otras, parecen caminar de forma paralela a los
problemas de convivencia, de seguridad, de orden público, de pobreza y de incertidumbres
sociales que Buenaventura exhibe de
tiempo atrás y que guardan relación con los cambios sociales, políticos y
ambientales que se están produciendo a lo largo y ancho de la región del Chocó
Biogeográfico.
Buenaventura
es receptora de una población que internamente migra desde varios puntos de la
región Pacífico. Una población sedienta que,
mediante protestas sociales[10], ha
llamado la atención sobre sus necesidades como el acceso a agua potable y
mejores servicios sociales. Igualmente, el Puerto es escenario de sangrientas
disputas entre bandas criminales y narcotraficantes, que actúan con el silencio
cómplice de un Estado local que no ha podido erigirse como un orden legítimo
capaz de guiar a la sociedad local hacia otras formas de vida y convivencia.
La
pequeña y la gran minería deambulan por meandros y selvas en una región
biodiversa en la que históricamente el Estado brilla por su ausencia física o
por su asombrosa incapacidad, soportadas estas en lo que aquí he llamado
animosidad étnica.
Los
nocivos efectos ambientales que se vienen produciendo a las cuencas de los
numerosos ríos que buscan el océano Pacífico, hacen que el dragado del canal de
acceso de la Bahía se convierta en una actividad constante y costosa, dadas las
dimensiones que viene adquiriendo la sedimentación producida por la tierra que
se ‘lava’ por la sistemática deforestación. Se trata de cuantiosas inversiones
que únicamente benefician a sectores privados asociados a las actividades de
exportación e importación de mercancías a través del puerto.
Antes
de echar globos y de diseñar en maquetas de la Buenaventura que sueñan los
actores económicos, bien valdría la pena primero observar y estudiar muy bien
los problemas que afronta la ciudad puerto, para luego intervenirlos. Para ello,
se requiere voluntad política de los gobiernos nacional, regional y local, con
miras a convocar a las universidades públicas y privadas asentadas en la
región, para que a través de procesos investigativos, interpretativos y de
intervención se logre avanzar en la ‘pacificación’ y en la discusión de ideas
de ‘progreso y desarrollo’ que tengan en cuenta las cosmovisiones de las
comunidades afrodescendientes asentadas en el Puerto.
Ahora
bien, no se requieren más diagnósticos, sino acciones concretas y permanentes
en el tiempo, eso sí, sobre la base de consensos sociales logrados con las
comunidades de base. También se requiere ‘voluntad cultural’, para superar la
histórica malquerencia con la que se han establecido las relaciones entre el
Estado local, las instancias de poder regional y nacional, con la población
afro asentada en el casco urbano.
Dejar
que únicamente actores económicos sueñen con una idea de Buenaventura, alejada
de su historia, de sus valores ancestrales, de su presente y sobre todo, apartada
de los intereses y perspectivas de vida de sus habitantes, es insistir en la
construcción de una ciudad-puerto que discrimina y arrincona a quienes han
soportado de tiempo atrás la imposición de proyectos de desarrollo que se
piensan por fuera de las dinámicas culturales, sociales, económicas y políticas
no sólo del Puerto, sino de las zonas que conforman el Chocó Biogeográfico. La
deuda histórica que el Estado y la nación tienen con Buenaventura y con la
región Pacífico no sólo se mantiene, sino que seguirá creciendo, así se haya
decretado que Buenaventura es la capital de la Alianza Pacífico.
¿Qué esperar?
Hay que señalar entonces, que la democracia
racial en Colombia es un mito. La población afrocolombiana, palenquera y raizal
sigue siendo víctima de prácticas, discursos y manifestaciones claras de
discriminación racial que de manera subrepticia, escondida y sigilosa aparecen
en un país como Colombia, que avanza sin que haya aún consolidado un proyecto
de Nación en el que de manera respetuosa nos reconozcamos en las diferencias
regionales y en las particulares diferencias que devienen de las formas de vida
de afros, campesinos, indígenas y citadinos, de las creencias religiosas
o de las elecciones y tendencias en materia política[11].
Y mientras ello sea así, los procesos de
intervención económica y los planes de desarrollo diseñados y ejecutados a lo
largo y ancho del Chocó Biogeográfico seguirán soportados en esa inquina o
malquerencia con la que desde Bogotá, como centro de poder político y económico,
se toman decisiones frente al futuro de esta vasta y olvidada región.
Claro que esa animosidad étnica no sólo es
responsabilidad de las élites ‘blancas’, sino también de los pueblos indígenas
y afrocolombianos porque muchos o algunos de sus líderes han aceptado las
lógicas de un poder que deviene no sólo viciado ideológicamente, sino comprometido
por la señalada animosidad y con prácticas clientelares que dan cabida a la
corrupción administrativa.
Les cabe responsabilidad a los líderes
políticos y miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas, que con toda
capacidad de negociación y sostenida legitimidad entregada por sus pueblos, optaron
por hacerle el luego a la corrupción política y al clientelismo, pensando
que eran los mecanismos idóneos y los
únicos, además, para buscar la reivindicación política, social y cultural que
dichas comunidades han esperado y buscado de tiempo atrás. Allí cometieron un
error histórico quienes en el pasado y en el presente político de Buenaventura,
del Pacífico y del Chocó Biogeográfico en general, han vivido en contubernio
con aquellas fuerzas políticas, cuyos líderes mestizos los han usado para dar
continuidad a una apuesta de desarrollo para dicha región, que no sólo deviene inconsulta, sino social y ambientalmente
insostenible.
Examinar hasta dónde tiene asidero la tesis
aquí planteada es un paso clave en el camino de recomponer las relaciones
políticas, económicas, sociales y culturales que el Centro del país ha venido
estableciendo con las comunidades y pueblos afrocolombianos e indígenas,
asentadas a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico. Considerada como parte de
una olvidada periferia, esta vasta zona del país deviene en una suerte de
abandono socio ambiental, consecuencia de un poder político que sabe muy bien
soportar sus acciones – y la propia inacción- en una clara animosidad étnica.
[1] “Las posibilidades políticas para ajustar
el Estado a las consideraciones y orientaciones de mandatarios de turno, del
orden nacional, regional y local nacen de la crisis ideológica y programática
de los partidos políticos Liberal y Conservador. Entonces, no existe consenso
político alrededor de la tipología de Estado que necesita un país biodiverso y
con las condiciones de concentración de la riqueza y la creciente pobreza en la
que sobreviven millones de colombianos”. Véase http://elpueblo.com.co/modelos-discrecionales-de-estado/
[2] Para efectos de este texto, se
reconoce la región del Chocó Biogeográfico, que se extiende desde Nariño, hasta
la frontera con Panamá, incluyendo los departamentos de Nariño, Cauca, Valle,
Risaralda y Chocó.
[3] Véase
El abandono del Chocó y del Pacífico: un asunto de animosidad étnica. Publicado
en Semanario Realidades y Presencias, del Observatorio de Realidades de la
Arquidiócesis de Cali, Nro 17, abril-mayo de 2014.
[4] “El
Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana”.
[5]
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará todas las medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”.
[6] La idea de vivir bajo la lógica de
la propiedad colectiva sólo se aplica para zonas rurales. Ello entra en
contravía de las aspiraciones de individuos afrocolombianos que al vivir, por
ejemplo, en el casco urbano de Buenaventura, toman distancia del Proceso
Organizativo de Comunidades Negras.
[7] Relación consustancial que puede
tener algún sentido todavía en comunidades que viven en zonas selváticas. Pero
es claro que aquellos afrocolombianos que viven en ciudades como Buenaventura,
esa relación se ha debilitado por las condiciones laborales y las lógicas de
consumo que han adoptado en la Ciudad puerto. Igual puede pasar con indígenas
que hoy viven en cascos urbanos como Buenaventura, Pereira e incluso, Cali,
cuyos orígenes territoriales y culturales están en las comunidades asentadas en
el Chocó Biogeográfico.
[8] Baste con recordar iniciativas como
Plan Pacífico y hasta el mismo Proyecto Biopacífico, con el que de muchas
maneras se han prometido pagar esa deuda histórica que el Estado tiene con el
puerto, con el Pacífico y con el Chocó Biogeográfico en general.
[9] Es
clara la cooptación mafiosa del Estado local, bien por grupos políticos que
administran los recursos públicos con criterios clientelistas, lo que termina
en el despilfarro o la desviación de fondos con destinación precisa. La corrupción
campea por el municipio.
[10] Casi nulas son las protestas
sociales en torno a procesos de explotación de oro, a través de actividades
propias de la mega minería. Ello contradice, claramente, el sentido ambiental
de protección y de aprovechamiento ambiental que aún exhiben grupos de
afrocolombianos pertenecientes o cercanos al Proceso de Comunidades Negras.
[11] Apartes de un artículo titulado El
legado de Mandela para pensar la paz en Colombia, http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/el-legado-de-mandela-para-pensar-la-paz.html
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