YO DIGO SÍ A LA PAZ

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miércoles, 20 de noviembre de 2013

LA SEGUNDA ADMNISTRACIÓN DE URIBE VÉLEZ (2006-2010): DE HECATOMBES Y ‘RUPTURAS HISTÓRICAS’

Con el afianzamiento de la globalización corporativa[1], Colombia entra en el más complejo estadio en el que sobresale la sempiterna incapacidad del Estado nacional de asegurar el monopolio de las armas, el control de sus fronteras internas y el cumplir, con probada legitimidad, la acción fiscal (sistema de tributación).

El incumplimiento del ideal moderno de Estado-nación, tanto en el pasado como en el presente, generó -y genera aún-[2] en la población colombiana y en las propias  elites, la necesidad de mantener estrategias individuales y colectivas de supervivencia[3] por encima de la más urgente necesidad: consolidar un proyecto de nación seguro en la praxis, y coherente y cohesivo en lo simbólico.

La historia política, económica y social colombiana da cuenta de eventos, hechos y acontecimientos de especial significado y recordación. Entre otros[4], la Violencia desatada el 9 de abril de 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán Ayala y la posterior Violencia Política que, con algunas características especiales, jugó a convertirse en una verdadera ruptura histórica, pero que terminó en un episodio trágico tanto para las elites políticas que la orquestaron como para quienes participaron ciegamente de los enfrentamientos.

Pasados los crueles episodios de intolerancia partidista, el Frente Nacional significó el progresivo, pero lento debilitamiento de los partidos políticos, convertidos, más que nunca, en carteles burocráticos y mensajeros durante las dos administraciones de Uribe Vélez.

Sin embargo, Colombia no ha sufrido rupturas capaces de generar cambios sustanciales en las formas ‘aceptadas’ de hacer política, y en aquellas que tradicionalmente han impedido que la acción estatal  alcance y le dé la legitimidad al establecimiento y al régimen político. 

La sensación de estancamiento y de involución por la presencia otoñal de unas guerrillas[5] con la aparente falta de un proyecto político, alimentó por décadas expresiones políticas propias de una democracia en construcción, de una nación fragmentada y de un Estado débil: altos índices de abstención en los eventos electorales, polarización política, clientelismo y empobrecimiento de la discusión pública de asuntos públicos, dada la efectiva mediación informativa-noticiosa de unos medios de comunicación articulados más a los intereses económicos corporativos, que a la función vigilante de la cosa pública  y al noble propósito de generar una opinión pública crítica, deliberante y capaz de discernir con claridad sobre asuntos públicos estratégicos.

Ante un “permanente cambiar para que todo siga igual’, como máxima expresión de dicho estancamiento, los colombianos ven aún pasar su propia historia arropados en el dolor, la incertidumbre y las crisis que generan una guerra interna no declarada. De esas condiciones, quizás, se desprenda la reducida idea de paz que los colombianos tienen, únicamente concebida como el silenciamiento de los fusiles. De ahí que el discurso guerrerista de Uribe Vélez haya calado tanto en las audiencias y en varios sectores societales cansados de los excesos de unas guerrillas lumpenizadas y  convertidas en verdaderos carteles de la droga.

Los intentos por lograr la paz en esas condiciones se exponen como fracasos, cuyas lecciones poco recogen quienes se aventuran en el diseño de nuevos caminos de entendimiento entre el Estado y las fuerzas insurgentes. Por ello, quizás las esperanzas de lograr esa paz por la vía del diálogo y la negociación hayan fortalecido la idea de que lo que necesita el país es un proceso de pacificación (quizás haya que decir paxificación, por aquello de la pax romana) que de una vez por todas elimine a quienes de tiempo atrás han confrontado el orden social establecido.  

Después del estruendoso fracaso de los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno de Pastrana (1998- 2002), los colombianos parecieron encontrar el líder político capaz de romper con un mal histórico que Daniel Pécaut señaló en su momento como “…la eterna compañía del Frente Nacional[6].

Así, con la reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), y la posibilidad de un tercer período[7], Colombia y los colombianos aspiraban a que tardíamente se alcanzara el carácter y el tono del Estado-nación moderno, a partir de la derrota militar de las FARC. Por ese camino, y ante la insepulta presencia del bipartidismo, Uribe Vélez recuperó y refundó la unicidad y el talante excluyente y cooptante del viejo Frente Nacional, sostenido ahora en una especie de capitalismo de camarilla[8] el cual blindó su segunda administración.

Paralelo a la razonable aspiración nacional, el segundo período de Uribe Vélez consolidó no sólo el unanimismo ideológico, mediático y político, sino que abrió la posibilidad, ante la intención manifiesta de buscar una segunda reelección, de que se diera una Ruptura Histórica[9], apoyada, inicialmente, en el trabajo ideologizante de medios de comunicación, líderes de opinión, opinadores furtivos de Internet, con el denodado y definitivo apoyo de gremios económicos, militares, industriales y banqueros.

Los anteriores actores hicieron posible vislumbrar esa posibilidad de que Colombia viviera esa Ruptura Histórica[10], junto a varios hechos políticos como el  escalamiento, profundización e internacionalización del conflicto armado interno, evidenciado, en primera instancia, con la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano[11];  también, la decisión política y militar de aniquilar[12] a las FARC con la colaboración decidida de los norteamericanos; otros hechos políticos que claramente ayudaron a que se vislumbrara aquel escenario, fueron la  violación sistemática de los derechos humanos a críticos, sindicalistas, periodistas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y simpatizantes de izquierda, a través de las intervenciones ilegales efectuadas desde el DAS, lo que se conoció y se conoce aún como las ‘chuzadas’ del DAS, convertido, para analistas políticos y detractores de Uribe, en la policía política de su gobierno.

El segundo periodo de la administración Uribe (2006-2010) se caracterizó, además, por el gran entusiasmo que despertó en sectores societales el nuevo escenario político y democrático que se construyó a partir de la modificación constitucional que abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata. Con el aval de la Corte Constitucional, el directo beneficiado fue el presidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno, que hicieron ingentes esfuerzos políticos para lograr el apoyo en el Congreso al proyecto reeleccionista. En términos del propio Uribe Vélez[13], se hablaría de esfuerzos persuasivos hacia las bancadas y los congresistas indecisos de apoyar la aventura reeleccionistas, que terminó siendo una verdadera alteración institucional por la evidente pérdida del equilibrio de poderes.

Lo que el Presidente Uribe llamó esfuerzos persuasivos, terminaron develando todo un plan de compra de conciencias a congresistas para que cambiaran su voto, para lograr así la aprobación en el Congreso del proyecto de reelección inmediata.  Desde la acción mediática, se conoció lo sucedido como ‘yidispolítica’, lo que generó no sólo un escándalo político, sino procesos judiciales en contra de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, condenados por el delito de cohecho, así como contra el ministro Sabas Pretel de la Vega (Ministerio del Interior y de Justicia), llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia y sancionado por la Procuraduría General de la Nación con 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La gran prensa colombiana informó con alborozo la aprobación en el Congreso nacional de la reelección inmediata. Por ejemplo, EL TIEMPO tituló Congreso colombiano dio vía libre a segunda reelección de Uribe (sic).  La prensa, que había cerrado filas en torno al gobierno de Uribe, no aludió a la afectación de un principio, de un valor y de un pilar fundamental para la democracia: el equilibrio de poderes, de los frenos y contra pesos que se requieren para vivir realmente en democracia.

Con las decisiones tomadas al interior del Congreso y la posterior validación de la reelección presidencial inmediata en la Corte Constitucional, que declaró exequible la ley que dio vida a la reelección, quedaron varias conclusiones. La primera, que el equilibrio de poderes es y fue un asunto menor tanto para los ciudadanos que apoyaron la recolección de las firmas para dar vida al referendo reeleccionista, como para aquellos que no vieron las implicaciones constitucionales y democráticas de permitir que Uribe permaneciera ocho años en el poder.

La segunda, que la democracia es quizás la apuesta política que mayores exigencias hace al ser humano, especialmente cuando en la condición humana contemporánea, en especial para el caso colombiano, aparecen factores pre políticos que de forma decisiva impiden jugar el juego democrático: la intolerancia, el individualismo, la ignorancia supina tanto de líderes políticos como de los ciudadanos del común, la avaricia y las ansias de poder, entre un largo listado que ponen a la democracia en un ideal cada vez más lejos de alcanzar.

La tercera, que a los periodistas y a la fragmentada sociedad civil colombiana les importó poco que se modifique la Constitución en beneficio de un individuo y de un proyecto político excluyente, que resultó comprometido con la violación de los derechos humanos y con la crisis institucional generada por el enfrentamiento del Ejecutivo y las altas Cortes. Quedará para el juicio de la historia el acomodaticio papel que jugó la gran prensa nacional en estas horas aciagas. De la sociedad civil realmente se espera aún alguna reacción, así sea tardía.

La cuarta, que no hemos aprendido en Colombia que se necesitan instituciones fortalecidas y no proyectos individuales y que por ello, los caudillos y los Mesías aluden a un pasado en el que todavía viven muchos colombianos. Esas figuras hacen parte de un proyecto premoderno de Estado, en el que los colombianos no pueden insistir.

La quinta, que detrás del silencio de actores de la sociedad civil y de la cómplice decisión de quienes se han beneficiado de las dos administraciones de Uribe, hay una profunda subvaloración de  la democracia (social, política y económica de la que habla Sartori), sostenida en un proyecto autoritario de país, esperado por largo tiempo.

La sexta, que la rigidez de la Constitución política de 1991 se puso a prueba, con lo que se demostró que el grosor de su blindaje estaba más del lado de quienes añoran el marco constitucional de 1886, que en la propia estructura y cohesión del texto constitucional.

La séptima, que la política se puso al servicio de la avaricia, del crimen organizado y de la irresponsabilidad política de una clase política y dirigente que de tiempo atrás le ha dado la espalda a los profundos problemas sociales, económicos y políticos generados por un Estado incapaz de cumplir con responsabilidades y tareas modernas.

La octava, que hoy más que nunca se necesita de una educación que, fundada en la defensa de principios democráticos y de los pilares de una constitución garantista, mire de manera crítica la historia y las actuaciones de quienes de manera decisiva desean retroceder y regresarnos al modelo feudal. Para ello es clave pensar en una educación alimentada y sostenida en el pensamiento crítico.

Y la novena, que sólo a través de la discusión y el diálogo respetuoso, en escenarios públicos y privados, podemos avanzar en la construcción de una verdadera democracia.

El papel de los medios masivos durante el segundo periodo de Uribe no cambió mucho en relación con la postura que asumieron las mismas empresas mediáticas y  los periodistas en la primera administración. Aunque medios y periodistas trabajaron en la generación de estados de opinión favorables, los escándalos políticos y en especial la fuerte inestabilidad institucional generada en el agrio enfrentamiento entre el Presidente Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial los de la Sala Penal, fueron minando la confianza de las audiencias y de ciertos sectores de la élite política y económica. Se sumó a lo anterior los problemas diplomáticos, económicos, sociales y políticos generados por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador, por la incursión militar en su territorio en la que el ejército colombiano logró asesinar al cabecilla guerrillero y miembro del Secretariado de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’; y con Venezuela, a raíz del manejo dado por el gobierno colombiano al papel como mediador que  jugó el Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el logro de liberaciones unilaterales de prisioneros o secuestrados por parte de las Farc.  




El pensamiento único[14] en Colombia

Con la ayuda de empresas demoscópicas, un buen número de columnistas, opinadores furtivos de internet, un gran porcentaje de medios masivos y periodistas y, por supuesto, la efectiva acción política y comunicativa de la Casa de Nariño, Colombia asiste a lo que aquí se ha llamado unanimismo ideológico y político[15]. Esto es, un forzado y forzoso consenso que señala, sin tapujos, que solo hay una forma de gobernar, de pensar y actuar, que viene siendo el correlato de lo que Ignacio Ramonet llamó el Pensamiento Único.
María Teresa Herrán[16] sostiene que “en la administración Uribe, los medios, convertidos en simples “Cajas de resonancia”, refuerzan el unanimismo, lo cual produce los siguientes efectos[17]: 1. La ineptitud para la negación: Regis Debray[18]  analiza cómo en la videosfera contemporánea, en la que predomina la TV, y por lo tanto la imagen, ésta ignora las subordinaciones y las relaciones de causa a efecto. En un esquema unanimista, con más veras, la negación desaparece. Dice Debray: la imagen sólo puede proceder por yuxtaposición y adición sin un solo plano de realidad... la ineptitud para la negación formará espíritus positivos, abiertos al lado bueno de las cosas tomando el mundo por medio del cuerpo, sin las vanas negatividades de otros tiempos”.
El caso de la campaña “Colombia es pasión”, asegura Herrán,  patrocinada por el gobierno, los empresarios y los medios, es un ejemplo concreto de lo afirmado por Debray. 2. La obsesión por lo positivo: el corolario de la incapacidad de negación es, desde luego, la obsesión por lo positivo. Bourdieu (6), en ese magnífico pequeño libro rojo “Sobre la televisión”, en el que analiza el campo periodístico recalca cómo “la TV llama la atención sobre hechos “para todos los gustos”: hechos que no deben escandalizar a nadie, en los que no se ventila nada, que no dividen, que crean consenso, que interesan a todo el mundo pero que por su propia naturaleza no tocan nada importante”[19].
Para el caso colombiano, dicho unanimismo señala que el único gobernante que ha hecho las cosas bien, en los últimos años, fue Álvaro Uribe Vélez, pues hizo posible, entre otros asuntos, que podamos viajar por las carreteras nacionales escoltados y vigilados por la fuerza pública; que gracias a esa seguridad, los inversionistas extranjeros, a partir de beneficios tributarios, y  a la revaluación del peso y la desaceleración de la economía americana, hayan aumentado sus inversiones en Colombia, entre otros positivos indicadores macroeconómicos, que en general, ofrecieron un entorno positivo a los gremios de la producción y a la banca nacional e internacional.

Todo lo anterior, soportado en la decisión política y militar de acabar con las FARC, semilla de todos nuestros problemas, tal y como lo justifican quienes comparten este controvertible, pero decisivo imaginario colectivo. 

Negar lo anterior en la segunda administración de Uribe indispuso a quienes, atrincherados en el unanimismo ideológico y político -también mediático-, desconocían o minimizaban cualquier error cometido por el Gobierno de entonces. Esos niveles de empatía gubernamental con la opinión pública y las sinergias generadas con poderes económicos y políticos fueron, sin duda, importantes para el devenir de un país como Colombia, en el que las crisis políticas suelen dar al traste con proyectos económicos de gran envergadura y con las buenas intenciones de mandatarios que quisieron -y quieren- ganarse un lugar en la historia colombiana.

Hoy, a pesar de la fuerza de las esclusas dispuestas por quienes hicieron parte y sostuvieron el forzoso consenso político y económico, las minorías que sobreviven por fuera del unanimismo político, ideológico y mediático intentan golpear las férreas estructuras del pensamiento único que parece imponerse en Colombia. Y lo han hecho, apoyados en la denuncia de inocultables hechos políticos, con los cuales las minorías que están por fuera del pensamiento único colombiano, exigen que se acepte que estamos ante una crisis política, de gobernabilidad y legitimidad superior a la vivida por el gobierno de Samper Pizano[20].

Por ello, es evidente cómo sistemáticamente se van develando, por lo menos, las simpatías ideológicas del gobierno Uribe con el paramilitarismo; los tozudos hechos de la parapolítica también dejan entrever el estrecho concepto de Estado que agencia el Presidente de la República, que se expresa, por ejemplo, en la búsqueda de mecanismos y estrategias que desvirtuaran la autoridad, competencia e independencia que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para juzgar a quienes hicieron posible que llegara a la Casa de Nariño en dos ocasiones.[21]





[1] La globalización corporativa hace referencia a las circunstancias en las que transnacionales y multinacionales copan  amplios mercados, alcanzando, por esta vía, un inusitado poder político, que erosiona la ya menguada soberanía de los Estados-nación. El carácter corporativo hace referencia, específicamente, a que el sentido económico se impone sobre el sentido político, hecho que afecta las decisiones de instituciones que de forma primigenia se deben comportar políticamente. apartes publicados en el artículo La Era Uribe: hacia la consolidación de una ruptura histórica. En revista electrónica Cibionte, edición número 8, de 2009.

[2] BOTERO BERNAL, Andrés. El pueblo católico criollo como un poder soberano en la Constitución antioqueña de 1812. En: NARVAEZ H., José Ramón y RABASA GAMBOA, Emilio (eds.). Problemas actuales de la historia del derecho en México. México: Porrúa y Tecnológico de Monterrey, 2007. 287-314. En diálogo con el profesor Andrés Botero Bernal, él señala que “este incumplimiento es propio de toda la historia constitucional colombiana. Desde un inicio estuvimos marcados por una fuerte jerarquización social creyendo que los intereses de la elite son los intereses nacionales”.

[3] PÉCAUT, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa, 2001. p. 110. El autor habla de estrategias individuales de sobrevivencia al hacer referencia al repliegue, por efectos de la violencia, de organizaciones populares, sindicatos y asociaciones campesinas…” 

[4] La constituyente y la constitución del 91 constituyen, sin duda, un evento histórico clave, pero no alcanzan a convertirse en una Ruptura Histórica en tanto los efectos de su apropiación obedecen a acciones específicas a partir de garantías constitucionales (Acción de Tutela, por ejemplo) y  no a una acción colectiva que asegure la refundación del Estado y de las prácticas sociales, políticas, económicas y culturales propuestas desde la misma propuesta constitucional.

[5] Habría que examinar con precisión qué de su proyecto político las FARC han logrado poner en marcha en zonas en las que tradicionalmente han ejercido el poder. Lo que se pueda comprender de su proyecto político se desdibuja no sólo por las acciones terroristas a las que apelan, sino por la acción informativa y propagandística del Estado.

[6] PÉCAUT, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa, 2001. pp 107-110. El autor habla de estrategias individuales de sobrevivencia al hacer referencia al repliegue, por efectos de la violencia, de organizaciones populares, sindicatos y asociaciones campesinas…”

[7] Uribe Vélez, con la anuencia de los medios masivos, fijó como imaginario colectivo que ante la imposibilidad de continuar él en el poder, el país se acercaría a una hecatombe. Aunque jamás se explicó los alcances de dicha alusión, lo cierto es que la nomenclatura sirvió a la propaganda oficial para polarizar aún más a la llamada opinión nacional y para advertir al país sobre los riesgos que correría si no se daba la reelección presidencial y la continuidad de la política de defensa y seguridad democrática y en general, la firmeza del Presidente frete a la insurgencia. Y aunque la hecatombe como tal no se dio, ello no fue óbice para que empresarios e industriales, militares y la opinión pública que hicieron parte del pensamiento único colombiano, exigieran el mantenimiento de las políticas económicas y de seguridad aplicadas, lo que cerró en su momento el abanico de candidatos presidenciales con posibilidades de suceder a Uribe en 2010, a quienes públicamente aceptasen el ideario político que en torno a él se construyó, y con el cual se sostiene aún, el pensamiento único colombiano

[8] MONCAYO JIMÉNEZ, Edgardo. La insidiosa paradoja de la democracia política sin desarrollo económico redistributivo. EN: La reforma política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis. Bogotá: Cerec-Fescol, 2005. pp. 178- 179). En algunos apartes, se señala que “según Krueger (2002) en este tipo de capitalismo los políticos que detentan el poder y determinados grupos  de empresarios  y representantes de los poderes fácticos se reconocen en sus intereses comunes y, por tanto, conciertan y actúan como compinches. El capitalismo de camarilla puede ser productor de algún crecimiento, pero débil y, necesariamente, inequitativo, y generar reglas e instituciones, pero excluyentes para vastos sectores de la economía y la sociedad.”

[9] Una Ruptura Histórica se sostiene en forzosos consensos mediáticos aglutinados en una artificiosa opinión pública, generada a partir de falsas sensaciones de seguridad, de mejoramiento de condiciones de vida, de progreso, a partir de la selección de un único enemigo a vencer: las guerrillas.

[10] En el plano externo, los proyectos socialistas de Venezuela y Ecuador fueron concebidos por Uribe, especialmente en su segundo periodo, como verdaderas amenazas para la seguridad regional y la propia de Colombia. Las simpatías políticas que guardan los proyectos bolivarianos de Chávez y el de las FARC ejercen fuertes presiones en la derecha colombiana, que no escatima oportunidad para advertir lo peligroso que puede ser permitir en Colombia el ascenso de la izquierda (sinónimo de guerrilla, para la inmensa mayoría de colombianos), así como la intervención política, económica y militar del régimen chavista en eventos electorales.

[11] A pesar de los esfuerzos del gobierno de Uribe Vélez de reducir militarmente a las FARC, en octubre de 2006 se habló de un canje humanitario y a partir de ahí, de un proceso de paz serio entre las partes. El cruce de comunicados dejó entrever puntos de convergencia entre los bandos enfrentados. Por ejemplo, pensar en una Asamblea Nacional Constituyente como punto de solución final al conflicto armado interno, parecía acercar a las FARC y al presidente Uribe Vélez (al inicio de su segunda administración), aunque nuevamente el obstáculo para generar confianza y un posible acercamiento FARC-Gobierno giraba en torno a despejar las zonas rurales de los municipios vallecaucanos de Florida y Pradera. Cuatro años de aplicación violenta del Plan Patriota (naturalización del Plan Colombia) y de una Política de Seguridad Democrática podrían convertirse en el mayor obstáculo para pensar que en el segundo período de Uribe Vélez (2006- 2010) fuera posible iniciar un proceso de negociación que dejara como resultado la reestructuración del modelo de Estado tal y como se desprende de la Agenda en Común -los 12 puntos en común que quedaron del fallido proceso de paz celebrado entre las FARC y el gobierno de Pastrana Arango (1998- 2002)-.

[12] DELGADO, Álvaro. Insurgencia para rato, señores. Boletín Actualidad Colombiana, edición 472, mayo 16- 31 de mayo de 2008. Bogotá: CINEP, ILSA Y PLANETA PAZ. Gilberto Vieira, importante intelectual y dirigente comunista del siglo XX,  dijo en su momento, que “mientras exista ese poder que hace operativa la guerra sucia, el movimiento insurgente se justifica y se va a desarrollar más. Ese movimiento insurgente no desaparecerá si se sigue negando la posibilidad de un acuerdo político que supere el mecanismo de la guerra sucia y los problemas históricos y presentes de la realidad política, social y económica de Colombia. Si no se logra imponer el fin de la guerra sucia, que incluye la depuración del Estado de los elementos que han apoyado un régimen excluyente y autoritario extensivo a las propias fuerzas armadas, no se dará punto final al horror que padece el pueblo colombiano desde hace muchas décadas, y no se va a poder solucionar el problema del conflicto armado.”

[13] En relación con el asunto, el Presidente Uribe Vélez se expresó así: “El Gobierno persuade: no presiona ni compra conciencias", dijo Uribe el sábado 19 de abril, al término del Consejo Comunal en Sibundoy (Putumayo). Tomado de http://semana.com/wf_VotacionesSemana.aspx?IdVotacion=9, acceso el 26 de noviembre de 2010, 02:55 pm.
[14] RAMONET, Ignacio, y otros. Cómo nos venden la moto. Bogotá: Colección el pez en la red, Fica, 2002. pp. 11-15). Ramonet define “el pensamiento único como la traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital internacional. Se puede decir que está formulada y definida a partir de 1944, con ocasión de los acuerdos de Bretton Woods. Sus fuentes principales son las grandes instituciones económicas y monetarias –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Acuerdo General sobre Tarifas  Aduaneras y Comercio, Comisión Europea, Banco de Francia, Organización Mundial de Comercio, etc.- quienes, mediante  su financiación, afilian al servicio de sus ideas, en todo el planeta, a muchos centros de investigación, universidades y fundaciones que, a su vez, afinan y propagan la buena nueva. Esta es recogida y reproducida  por los principales  órganos de información económica y principalmente por las biblias de inversores y especuladores de bolsa…- El primer principio del pensamiento único…: lo económico prima sobre lo político… Los otros conceptos, clave del pensamiento único, son conocidos: el mercado, la competencia, la competitividad, el libre intercambio sin límites, la mundialización, la moneda fuerte, cada vez menos Estado… la repetición constante, en todos los medios de comunicación, de este catecismo por parte de periodistas de reverencia y de casi todos los políticos, de derecha como de izquierda, le confiere una fuerza de intimidación tan grande que ahoga toda tentativa de reflexión libre y hace muy difícil la resistencia contra este nuevo oscurantismo.”

[15] AYALA OSORIO, Germán et al. De la democracia Radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 322.

[16] HERRÁN, María Teresa. Relaciones Gobierno y medios en Colombia. Revista Interacción No 45, de noviembre de 2006. p. 25. Tomado de www.interaccióncedal.org
[17] HERRÁN, María Teresa. Conferencia pronunciada en la Universidad Santiago de Cali, con motivo del los 10 años de la Carrera de Comunicación Social y Publicidad. Ver también Informe sobre Colombia a la Asociación Iberoamericana para el Derecho de la Información y de la Comunicación, 2005.
[18] DEBRAY, Regis. Vida y muerte de la Imagen (Historia de la mirada en Occidente), Paidós, 1998, págs 273 y siguientes. Citado por María Teresa Herrán.
[19] BOURDIEU, Pierre, Sobre la televisión, Anagrama, Colección Argumentos, Barcelona, 1996, pág. 31. Citado por María Teresa Herrán. Véase también SARTORI, Giovanni. Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus, 1998.  159 p.

[20] Quizás la mayor diferencia radique en que el gobierno de Samper Pizano intentó echar para atrás varias medidas económicas, tomadas en el marco de la apertura económica, puesta en marcha en la administración de César Gaviria Trujillo. Por ello, empresarios e industriales y algunos medios le quitaron el respaldo, lo que generó una gran crisis de gobernabilidad; para el caso de Uribe, por el contrario, su continuidad no está en discusión, a pesar del escándalo que compromete legitimidad de su reelección, porque industriales, banqueros y empresarios lo respaldan denodadamente.

[21] BOTERO BERNAL, Andrés. Buscando el gris: Monólogo para evitar una radicalización en el derecho. En: BOTERO BERNAL, Andrés (compilador). Vivencia y pervivencia del derecho natural: Ponencias del IV seminario internacional de teoría general del derecho. Colección Memorias Jurídicas No. 6. Medellín: Universidad de Medellín, 2007. p. 19-52. El presidente Uribe Vélez mantuvo, hasta antes del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional en torno de la reelección presidencial inmediata, una prudente distancia frente a los criterios filosóficos, políticos y jurídicos con los cuales dicha Corte se pronunciaba alrededor de hechos públicos como las demandas de los ahorradores del sistema UPAC, así como las interpretaciones alrededor de fallos de otras instancias y acerca de disímiles asuntos, como los adoptados por la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo de Estado frente a tutelas de diversa índole. El conocido y viejo ‘choque de trenes’ permitió, de alguna manera, que el Presidente se acercara a las Cortes (Suprema de Justicia, Constitucional y Consejo de Estado) con recelos y simpatías dependiendo de ciertos intereses y coyunturas políticas. Inicialmente, y antes del fallo que declaró la exequibilidad de la reelección presidencial inmediata, Uribe Vélez mostró simpatías hacia magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con aquellos que, en otras instancias, veían con buenos ojos reformar la tutela, y por ese camino, restarle poder a la Corte Constitucional, quitándole de esta forma la posibilidad a los colombianos(as) de interponer este recurso ante fallos judiciales. Existió y existe aún el criterio que señala que los fallos de la Corte Constitucional tienen un carácter populista que terminan co gobernando y tomando decisiones en el ámbito económico. De ahí la intención, de unos y otros, de quitarle poder a la Corte Constitucional con el proyecto de Reforma a la Justicia que se hundió hace un tiempo en el Congreso. Cuando el gobierno anunció que no apoyaría, a través de su bancada uribista, cambios drásticos en torno a la tutela y menos aún, en contra de los alcances de la Corte Constitucional, casi de inmediato se entendió en las otras dos Altas Cortes que el Presidente había tomado partido a favor de la instancia que le había permitido presentarse como candidato a la reelección presidencial inmediata, es decir, la Corte Constitucional. Quizás ese sea el motivo político que explique y sostenga las órdenes de captura emitidas -y las que vendrán- por parte de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas de los partidos liberal, conservador y de los movimientos de la bancada uribista, y políticos en general, amigos y colaboradores del paramilitarismo en Colombia. Empero, queda la duda de qué pasará cuando las tutelas impetradas por los congresistas implicados en la parapolítica lleguen a ser revisadas por una Corte Constitucional controlada por el poder ejecutivo. Al respecto, el profesor Botero Bernal señala lo llamativo que es que la Corte Constitucional, uno de los principales órganos llamados a controlar al legislativo (y de alguna medida al ejecutivo mismo) ha renunciado en mucho a dicho control, así como muchos otros entes fiscalizadores del Estado, al ser infiltrada por el Ejecutivo (y será aún más infiltrada en los próximos meses cuando se renueven varios de los magistrados que la integran). Así, la CSJ, ha tenido que asumir, en un acto por demás heroico dentro de un sistema político tan concentrado como el nuestro, un control judicial más severo del legislativo, justo a partir de su competencia de ser juez natural de los congresistas. Pero esta opción de control sólo fue posible gracias a que el sistema de elección de los magistrados de la CSJ impide en buena medida la intromisión del ejecutivo, cosa diferente con lo que sucede muchos otros organismos de control. Parece así que se está cumpliendo lo profetizado por el mismo autor, cuando dijo que los grandes defensores de la Corte Constitucional, en especial por lo que ésta hizo durante la primera mitad de la década de los 90, se asustarán ante las magnitudes de su institución amada, justo cuando ella, con todos sus poderes, sea infiltrada por el Ejecutivo y los políticos tradicionales. De esa manera, lo que parecía un control al Estado por medio del neoconstitucionalismo y de una Corte Constitucional anclada en una jurisprudencia de valores, terminaría por ser en medio más del fortalecimiento de un establecimiento político muy cuestionado.

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