Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Con la sentencia en contra del diario El Universo de Guayaquil (Ecuador), sus dueños y su jefe de opinión, el presidente Rafael Correa se va invistiendo de dictador, de una especie de reyezuelo intocable e irascible, al que hay referirse exclusivamente a través de buenos y moderados términos.
Ignorantes y arrogantes aquellos mandatarios que buscan someter a la prensa a sus caprichos, para buscar en ellos complicidad, lealtad y silencio. Así un medio de comunicación represente los intereses económicos y políticos de sus propietarios y así éstos no compartan las políticas de un gobierno y ello se manifieste en discursos críticos a través de editoriales y en punzantes señalamientos a través de columnistas e incluso, de caricaturistas, ello no alcanza a invalidar el valor democrático que tiene contar con medios de información que informen y opinen, libres del poder intimidante de un mandatario.
Nadie desestima los riesgos que se ciernen sobre la democracia cuando los medios masivos están articulados a intereses económicos y políticos bien de familias, de grupos económicos nacionales o transnacionales. Pero ello es una circunstancia que puede enfrentarse con la posibilidad de que aparezcan voces críticas, desde la Academia, por ejemplo, que pongan al descubierto las mentiras y los tratamientos noticiosos y editoriales amañados de esas empresas mediáticas, incrustadas en las lógicas empresariales que ven con desdén la actividad vigilante que se espera que ejerza la prensa sobre el manejo de asuntos públicos.
Son claros los efectos que generan los mass media en las audiencias y en el funcionamiento formal de la democracia, en especial cuando por defender los intereses económicos de los propietarios que los sostienen, terminan validando las decisiones macroeconómicas, así como políticas públicas de un gobierno, que a todas luces busca beneficiar a reducidas élites, en contravía del bienestar general. O por el contrario, cuando un gobierno en particular apela a toda suerte de estratagemas populistas, para cooptar y someter la voluntad de las mayorías. Para los dos casos, siempre es deseable que haya medios y periodistas que controviertan, que critiquen y que evalúen las acciones, que en uno y otro sentido puedan tomar específicos gobiernos.
Cuando un determinado régimen político opta por perseguir, someter, cooptar o amordazar a la prensa, entonces la democracia va perdiendo sentido práctico y va generando espacios importantes para la instauración de otro régimen totalmente distinto, al que originalmente se llamó democracia. En esa línea, entonces, Correa deja entrever una idea equívoca de democracia, por cuanto la demanda interpuesta y el fallo condenatorio muestran de manera deliberada que dicho Presidente se considera intocable.
Quien pretenda erigirse como demócrata, en especial cuando funge como Presidente de una República, debe entender y aceptar que el papel de la prensa, en un pretendido sistema democrático, es el de vigilar, cuestionar, criticar, evaluar, controvertir y controlar al mandatario de turno. Y ello se puede dar a través de diversos lenguajes que encajan muy bien dentro del ejercicio periodístico-noticioso y que se anidan en los espacios editoriales y de opinión, así como en las caricaturas de los periódicos, que al responder al ejercicio subjetivo de quienes firman las noticias, columnas y las caricaturas, deben estar libres de cualquier conato de persecución o censura, como respuesta de un Presidente molesto por las críticas y señalamientos allí expuestos.
No son las demandas y las sanciones económicas las mejores formas de dilucidar las dudas y de responder a las críticas e incluso, a injuriosos señalamientos que un medio de comunicación publique contra una obra de gobierno. Bastaría con la petición de un espacio en el medio de comunicación que vehiculiza y da vida a la crítica, para que el propio Gobierno o en forma directa el Presidente señalado, defiendan sus decisiones y sus políticas.
El enfrentamiento discursivo entre un mandatario y un grupo de columnistas, periodistas y caricaturistas críticos de su gobierno traza caminos democráticos de gran beneficio social, pues los ciudadanos y las audiencias tienen la oportunidad de confrontar los argumentos y las valoraciones de unos y otros, para formarse en el corto plazo una opinión, una idea más clara de lo que ha sido el actuar de un Presidente, de un gobierno.
Correa puede estar cayendo en lo que Bourdieu llama el “error demagógico”, cuando al atacar a un medio masivo que puede estar en contravía del proyecto democrático que él dice encarnar y que parece legitimado por una mayoría del pueblo ecuatoriano, termina afectando la democracia, en tanto elimina a un actor que como parte de la sociedad civil tiene la opción de fungir como su detractor y crítico.
Creo que Correa se equivocó y exageró al llevar a la justicia asuntos propios de un ejercicio periodístico que debe asegurarse con todas las garantías constitucionales, legales y políticas posibles। Su investidura presidencial, en un régimen pretendidamente democrático, debe estar dispuesta al escrutinio público de los ciudadanos, las audiencias y de los medios, pues de lo contrario, estaríamos hablando de un sátrapa megalómano incapaz de soportar la burla, la crítica y los señalamientos, ciertos o no, válidos o no, que se hacen en su contra.
Con la sentencia en contra del diario El Universo de Guayaquil (Ecuador), sus dueños y su jefe de opinión, el presidente Rafael Correa se va invistiendo de dictador, de una especie de reyezuelo intocable e irascible, al que hay referirse exclusivamente a través de buenos y moderados términos.
Ignorantes y arrogantes aquellos mandatarios que buscan someter a la prensa a sus caprichos, para buscar en ellos complicidad, lealtad y silencio. Así un medio de comunicación represente los intereses económicos y políticos de sus propietarios y así éstos no compartan las políticas de un gobierno y ello se manifieste en discursos críticos a través de editoriales y en punzantes señalamientos a través de columnistas e incluso, de caricaturistas, ello no alcanza a invalidar el valor democrático que tiene contar con medios de información que informen y opinen, libres del poder intimidante de un mandatario.
Nadie desestima los riesgos que se ciernen sobre la democracia cuando los medios masivos están articulados a intereses económicos y políticos bien de familias, de grupos económicos nacionales o transnacionales. Pero ello es una circunstancia que puede enfrentarse con la posibilidad de que aparezcan voces críticas, desde la Academia, por ejemplo, que pongan al descubierto las mentiras y los tratamientos noticiosos y editoriales amañados de esas empresas mediáticas, incrustadas en las lógicas empresariales que ven con desdén la actividad vigilante que se espera que ejerza la prensa sobre el manejo de asuntos públicos.
Son claros los efectos que generan los mass media en las audiencias y en el funcionamiento formal de la democracia, en especial cuando por defender los intereses económicos de los propietarios que los sostienen, terminan validando las decisiones macroeconómicas, así como políticas públicas de un gobierno, que a todas luces busca beneficiar a reducidas élites, en contravía del bienestar general. O por el contrario, cuando un gobierno en particular apela a toda suerte de estratagemas populistas, para cooptar y someter la voluntad de las mayorías. Para los dos casos, siempre es deseable que haya medios y periodistas que controviertan, que critiquen y que evalúen las acciones, que en uno y otro sentido puedan tomar específicos gobiernos.
Cuando un determinado régimen político opta por perseguir, someter, cooptar o amordazar a la prensa, entonces la democracia va perdiendo sentido práctico y va generando espacios importantes para la instauración de otro régimen totalmente distinto, al que originalmente se llamó democracia. En esa línea, entonces, Correa deja entrever una idea equívoca de democracia, por cuanto la demanda interpuesta y el fallo condenatorio muestran de manera deliberada que dicho Presidente se considera intocable.
Quien pretenda erigirse como demócrata, en especial cuando funge como Presidente de una República, debe entender y aceptar que el papel de la prensa, en un pretendido sistema democrático, es el de vigilar, cuestionar, criticar, evaluar, controvertir y controlar al mandatario de turno. Y ello se puede dar a través de diversos lenguajes que encajan muy bien dentro del ejercicio periodístico-noticioso y que se anidan en los espacios editoriales y de opinión, así como en las caricaturas de los periódicos, que al responder al ejercicio subjetivo de quienes firman las noticias, columnas y las caricaturas, deben estar libres de cualquier conato de persecución o censura, como respuesta de un Presidente molesto por las críticas y señalamientos allí expuestos.
No son las demandas y las sanciones económicas las mejores formas de dilucidar las dudas y de responder a las críticas e incluso, a injuriosos señalamientos que un medio de comunicación publique contra una obra de gobierno. Bastaría con la petición de un espacio en el medio de comunicación que vehiculiza y da vida a la crítica, para que el propio Gobierno o en forma directa el Presidente señalado, defiendan sus decisiones y sus políticas.
El enfrentamiento discursivo entre un mandatario y un grupo de columnistas, periodistas y caricaturistas críticos de su gobierno traza caminos democráticos de gran beneficio social, pues los ciudadanos y las audiencias tienen la oportunidad de confrontar los argumentos y las valoraciones de unos y otros, para formarse en el corto plazo una opinión, una idea más clara de lo que ha sido el actuar de un Presidente, de un gobierno.
Correa puede estar cayendo en lo que Bourdieu llama el “error demagógico”, cuando al atacar a un medio masivo que puede estar en contravía del proyecto democrático que él dice encarnar y que parece legitimado por una mayoría del pueblo ecuatoriano, termina afectando la democracia, en tanto elimina a un actor que como parte de la sociedad civil tiene la opción de fungir como su detractor y crítico.
Creo que Correa se equivocó y exageró al llevar a la justicia asuntos propios de un ejercicio periodístico que debe asegurarse con todas las garantías constitucionales, legales y políticas posibles। Su investidura presidencial, en un régimen pretendidamente democrático, debe estar dispuesta al escrutinio público de los ciudadanos, las audiencias y de los medios, pues de lo contrario, estaríamos hablando de un sátrapa megalómano incapaz de soportar la burla, la crítica y los señalamientos, ciertos o no, válidos o no, que se hacen en su contra.
Son los lectores y las audiencias en general quienes deben ser capaces de dilucidar hasta dónde lo publicado en una tribuna de opinión tiene un carácter injurioso, acomodaticio o con grados de veracidad.
De confirmarse la sentencia, al fuerte golpe económico que sufriría El Universo, que podría llevarlo al cierre, se suma la posibilidad de que el Presidente del Ecuador, con la colaboración de la justicia, allanen el camino para que en el Ecuador se imponga la doctrina del unanimismo ideológico, político y mediático, tan eficaz en proyectos caudillistas y mesiánicos, de izquierda o de derecha, que han ido apareciendo de tiempo atrás en América Latina. Veremos cuán cerrado es el universo democrático de Correa.
Nota: esta columna fue publicada en el portal www.revistacierto.com, a partir del 30 de julio de 2011.
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