Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En los comicios suelen exhibirse factores y actores de poder, legales e ilegales, que previamente han logrado penetrar campañas políticas, cooptar candidatos o por lo menos contar con las simpatías ideológicas de éstos. Todo lo anterior, en el marco de una democracia formal-electoral como la que tenemos en Colombia.
De la fiesta electoral del 30 de octubre de 2011 en Colombia participarán, además de candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, entre otros, los eternos fenómenos a los que ya los colombianos nos hemos acostumbrado: narcotráfico, paramilitarismo y clientelismo. Procesos, fuerzas y agentes que se interiorizaron como prácticas aceptadas, necesarias y naturalizadas en la cultura política vallecaucana.
El caso del Valle del Cauca resulta interesante en la medida en que se reconoce, meses antes a la fiesta electoral, la fuerte polarización, en los dos sentidos: una ideológica, que se respira en la ciudad de Cali y en el departamento, a raíz de los candidatos que aspiran a quedarse con la gobernación del departamento y con la capital, Santiago de Cali. Y la otra en el sentido de la opacidad de un escenario electoral en donde nada es transparente, todo parece turbio.
Hay una clara polarización entre aquellos candidatos que bien pueden representar Proyectos Políticos Emergentes (PPE) y los que vienen de las entrañas de la élite, a los que los ubicamos dentro de la categoría Proyectos Políticos Tradicionales (PPT). Para ambos proyectos existen candidatos que pueden estar muy cercanos a líderes políticos con vínculos con el paramilitarismo o con prácticas clientelistas, los dos atravesados por la fuerza económica del narcotráfico. Estos proyectos cuentan con el respaldo de sectores marginados de la ciudad, víctimas de una enconada lucha social en la que los medios masivos, al servicio de las élites tradicionales, participan activamente con el fin de polarizar a la opinión en torno a opciones populistas emergentes u opciones de clase, que representan los intereses de la clase empresarial, la dirigencia y en general la reducida élite vallecaucana.
Cali y el departamento del Valle están desde hace ya más de cuatro administraciones, sumidas en una disputa electoral y política en la que aparecen los programas de gobierno de aquellos candidatos que hacen parte de los PPE y de aquellos que hacen parte de los proyectos que buscan a toda costa recuperar la ciudad y el departamento a la tradición, esto es, a los PPT.
Y es que los PPE resultan no sólo de la lucha de clases, sino del desdén y de la incapacidad de las élites caleña y vallecaucana de concebir una idea de región y de ciudad-región incluyentes, respetando las diferencias étnicas y culturales, así como el proceso de mestizaje. Unas élites que no fueron capaces de construir, en conjunto con los ciudadanos, un proyecto colectivo de ciudad, que les beneficiara en sus momentos de crisis política como la que hoy viven y sufren. Baste observar quiénes han estado al frente de las alcaldías y las gobernaciones en los últimos años para dimensionar la crisis de liderazgo que se respira en esta parte de Colombia.
Afros, indígenas, pobres, mestizos, asalariados y en general, ciudadanos excluidos encontraron en los PPE la oportunidad que la historia les ha negado, de reivindicar sus luchas, de ser reconocidos como sujetos de derecho. Eso sí, quienes han liderado esos Proyectos Políticos Emergentes han usado esos malestares sociales que aparecen de fondo para hacerse con el poder local y regional, sin que ello garantice cambios sustanciales en las condiciones de vida de caleños y de vallecaucanos que sobreviven en medio de la pobreza y la indiferencia.
En lo que toca a los PPT hay decir que viven su propia crisis debido al evidente adormecimiento de las élites que los representan, dedicadas a sus negocios particulares, lo que sin duda abrió espacios y oportunidades a quienes lideran los PPE.
Eso sí, los candidatos que representan los intereses y aspiraciones de los PPT y PPE tienen en común una idea: hacerse con el Estado local y regional no con el fin de cumplir con las expectativas que despiertan en los sectores poblacionales que dicen representar, sino con el firme propósito de poner al Estado al servicio de sus mezquinos intereses.
Antes del 30 de octubre y en la propia jornada electoral de ese domingo viviremos nuevamente la polarización ideológica que de tiempo atrás tiene dividido al departamento y a la ciudad. El Valle del Cauca y Cali, nuevamente, serán el laboratorio electoral en el que se exhiben las luchas sociales, la incapacidad del Estado en todos sus ámbitos, así como la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en una ciudad y en una región que de tiempo atrás dio cobijo a factores y a actores ilegales de poder.
En los comicios suelen exhibirse factores y actores de poder, legales e ilegales, que previamente han logrado penetrar campañas políticas, cooptar candidatos o por lo menos contar con las simpatías ideológicas de éstos. Todo lo anterior, en el marco de una democracia formal-electoral como la que tenemos en Colombia.
De la fiesta electoral del 30 de octubre de 2011 en Colombia participarán, además de candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, entre otros, los eternos fenómenos a los que ya los colombianos nos hemos acostumbrado: narcotráfico, paramilitarismo y clientelismo. Procesos, fuerzas y agentes que se interiorizaron como prácticas aceptadas, necesarias y naturalizadas en la cultura política vallecaucana.
El caso del Valle del Cauca resulta interesante en la medida en que se reconoce, meses antes a la fiesta electoral, la fuerte polarización, en los dos sentidos: una ideológica, que se respira en la ciudad de Cali y en el departamento, a raíz de los candidatos que aspiran a quedarse con la gobernación del departamento y con la capital, Santiago de Cali. Y la otra en el sentido de la opacidad de un escenario electoral en donde nada es transparente, todo parece turbio.
Hay una clara polarización entre aquellos candidatos que bien pueden representar Proyectos Políticos Emergentes (PPE) y los que vienen de las entrañas de la élite, a los que los ubicamos dentro de la categoría Proyectos Políticos Tradicionales (PPT). Para ambos proyectos existen candidatos que pueden estar muy cercanos a líderes políticos con vínculos con el paramilitarismo o con prácticas clientelistas, los dos atravesados por la fuerza económica del narcotráfico. Estos proyectos cuentan con el respaldo de sectores marginados de la ciudad, víctimas de una enconada lucha social en la que los medios masivos, al servicio de las élites tradicionales, participan activamente con el fin de polarizar a la opinión en torno a opciones populistas emergentes u opciones de clase, que representan los intereses de la clase empresarial, la dirigencia y en general la reducida élite vallecaucana.
Cali y el departamento del Valle están desde hace ya más de cuatro administraciones, sumidas en una disputa electoral y política en la que aparecen los programas de gobierno de aquellos candidatos que hacen parte de los PPE y de aquellos que hacen parte de los proyectos que buscan a toda costa recuperar la ciudad y el departamento a la tradición, esto es, a los PPT.
Y es que los PPE resultan no sólo de la lucha de clases, sino del desdén y de la incapacidad de las élites caleña y vallecaucana de concebir una idea de región y de ciudad-región incluyentes, respetando las diferencias étnicas y culturales, así como el proceso de mestizaje. Unas élites que no fueron capaces de construir, en conjunto con los ciudadanos, un proyecto colectivo de ciudad, que les beneficiara en sus momentos de crisis política como la que hoy viven y sufren. Baste observar quiénes han estado al frente de las alcaldías y las gobernaciones en los últimos años para dimensionar la crisis de liderazgo que se respira en esta parte de Colombia.
Afros, indígenas, pobres, mestizos, asalariados y en general, ciudadanos excluidos encontraron en los PPE la oportunidad que la historia les ha negado, de reivindicar sus luchas, de ser reconocidos como sujetos de derecho. Eso sí, quienes han liderado esos Proyectos Políticos Emergentes han usado esos malestares sociales que aparecen de fondo para hacerse con el poder local y regional, sin que ello garantice cambios sustanciales en las condiciones de vida de caleños y de vallecaucanos que sobreviven en medio de la pobreza y la indiferencia.
En lo que toca a los PPT hay decir que viven su propia crisis debido al evidente adormecimiento de las élites que los representan, dedicadas a sus negocios particulares, lo que sin duda abrió espacios y oportunidades a quienes lideran los PPE.
Eso sí, los candidatos que representan los intereses y aspiraciones de los PPT y PPE tienen en común una idea: hacerse con el Estado local y regional no con el fin de cumplir con las expectativas que despiertan en los sectores poblacionales que dicen representar, sino con el firme propósito de poner al Estado al servicio de sus mezquinos intereses.
Antes del 30 de octubre y en la propia jornada electoral de ese domingo viviremos nuevamente la polarización ideológica que de tiempo atrás tiene dividido al departamento y a la ciudad. El Valle del Cauca y Cali, nuevamente, serán el laboratorio electoral en el que se exhiben las luchas sociales, la incapacidad del Estado en todos sus ámbitos, así como la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en una ciudad y en una región que de tiempo atrás dio cobijo a factores y a actores ilegales de poder.
NOTA: Publicado en Aula & Asfalto, edición 237, 09/09/2011. http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/; publicado también en el espacio www.hechoencali.com, 12/09/2011.
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