LAS ARENGAS DE PIEDAD CÓRDOBA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con el discurso y el actuar político de la ex senadora Piedad Córdoba es posible no estar de acuerdo. Cuestionable, ideológicamente, puede resultar para muchos el papel que jugó en la liberación de varios militares y policías secuestrados, retenidos por las Farc. De hecho, agentes de la derecha colombiana vieron sus actividades como claras formas de deslegitimar la lucha armada y de abrirle espacios políticos a los narcoterroristas farianos.  

Justamente, por ese rol que jugó, el Procurador Ordóñez la destituyó porque, a juzgar por el jefe del Ministerio Público, la entonces senadora traspasó la delgada línea que se traza entre quienes median en un conflicto armado y los actores armados y al tiempo mantienen simpatías con la apuesta política de unos de éstos, en este caso las Farc.

En su momento, dije que  “que es posible que ella haya traspasado esa débil y tenue frontera que existe entre la mediación y las acciones de paz y la simpatía ideológica por la acción revolucionaria de un movimiento de izquierda, apoyada en la ilegitimidad histórica del Estado colombiano, y la acción política en beneficio de la agrupación armada ilegal, Farc, en un contexto de total animadversión social hacia dicha organización armada”.

Ahora, por fuera del Congreso e inhabilitada por varios años para ejercer cargos públicos, Piedad Córdoba se presenta como una activa ciudadana que ejerce un liderazgo político comprometido con unas ideas de izquierda, que en muchos sectores se consideran peligrosas.  

Al hacer valer los derechos a opinar, a pensar y hacer política, la polémica líder se convierte en una piedra en los zapatos de funcionarios públicos que defienden ideas contrarias alrededor del modelo Estado y de sus responsabilidades.

Polémica, como otras, la última actuación semi pública de la ex senadora Córdoba calentó las agendas de gobierno y de los medios, por las arengas que expuso ante un grupo de indígenas del Cauca.

En un discurso vehemente, y por momentos panfletario, populista y provocador, la ex senadora arengó a un grupo de indígenas para que mantuvieran la lucha contra la presencia de las  bases militares y en general, que repudiaran la presencia de militares en sus territorios ancestrales. Respaldó el proceso reivindicador de las comunidades indígenas y expuso públicamente su deseo de ‘tumbar’ a Santos.

Este mismo deseo lo expusieron militares[1] retirados que se cruzaron correos en los que dejan ver sus molestias con el actual Presidente de Colombia. Por un lado va que un ciudadano desee que un gobierno, o un presidente se caiga, dimita o sea obligado a abandonar el poder y otra muy distinta es que ese ciudadano(a) o grupo de ciudadanos tengan la capacidad para desestabilizar un gobierno. Así, si a Piedad Córdoba la investigan por ese deseo, la justicia tendría que hacer lo mismo con los ex militares.

Ahora bien, lo que sí resulta cuestionable, ética y políticamente, es que un ex funcionario público y más ella, como ex senadora, desee para un país como Colombia, un escenario a todas luces indeseable como es que un Presidente se caiga. Las salidas democráticas y pacíficas siempre deben estar por encima de cualquier otro camino político o prepolítico, con el cual se termine afectando la estabilidad institucional del país. Allí se equivoca Piedad Córdoba, de allí que su postura sea criticable.

En cuanto a que el ejército siembra minas, la ex senadora incurre en una imprecisión contextual que generó la molestia en el ministro de la Defensa, cuando aquella señaló que las Fuerzas armadas eran responsables del minado de varios territorios en el país. Una vez firmado el tratado de Ottawa[2], el Estado colombiano y sus fuerzas armadas se comprometieron a no ‘sembrar’ más minas y a retirar las que habían sido ‘sembradas’. Otra cosa es que esas mismas fuerzas armadas estatales lo hayan seguido haciendo, para lo que la ex legisladora debería presentar las pruebas correspondientes. Es claro que en la guerra interna colombiana los actores armados en confrontación han violado la legislación en torno no sólo a la ubicación de minas antipersona, sino al reclutamiento de menores, entre otras prácticas violatorias del Protocolo II.

Así las cosas, los detractores políticos e ideológicos de Piedad Córdoba salieron al paso pidiendo una investigación penal, amparados en una presunta violación del código penal, porque esos mismos detractores y enemigos creen que sus arengas traspasaron los límites, con lo cual la ex congresista estaba incitando a la violencia, promoviendo la violación del orden jurídico y político y en general, estaba aupando a los indígenas para que violaran la ley. Finalmente, que la ex senadora incurriría en los delitos de sedición, asonada y concierto para delinquir.

El ministro de la Defensa y el Procurador Ordóñez pidieron al Fiscal Montealegre que abriera una investigación penal, con el fin de judicializar a la ex senadora por las proclamas y por la perorata bastante emotiva que expuso ante un grupo de indígenas. Ahora bien, olvidan el ministro de la Defensa y el jefe del Ministerio Público la naturaleza de quienes estaban oyendo a Córdoba. Se trata de ciudadanos que en muchas ocasiones han demostrado un carácter pacífico y gran capacidad para analizar caminos a seguir para hacer respetar sus derechos.

Nada más alejado de la realidad y exagerada que la solicitud elevada por los dos funcionarios públicos, Pinzón y Ordóñez, ante el Fiscal General de la Nación. La ex senadora hizo uso efectivo de varios derechos consagrados constitucionalmente: Artículo 18: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad  de expresar y difundir  su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…

El discurso de Piedad Córdoba resultó, eso sí, inconveniente para el complejo contexto que se vive en el Cauca y para un país con una amplia intolerancia política. Bien pudo ella morigerar el tono y el lenguaje mismo, para evitar que resultara panfletario, pero por sobre todo, que hiciera levantar en cólera a miembros del gobierno.

Lo sucedido con Piedad Córdoba no sólo confirma que el Procurador Ordóñez siente hacia ella una especial animadversión que puede hacer pensar en que no sólo le molesta sus postura política de izquierda, sino que su condición de mujer puede dejar en el ambiente una especie de misoginia de los funcionarios públicos que reaccionaron a las arengas de la ex congresista. Y es así, porque la reacción, cuando se trata de hombres que han expresado ideas similares, como las expuestas por los ex militares, no generaron tanta molestia en el ministro de la Defensa y el Procurador Ordóñez.

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[1] “Durante los últimos días han circulado correos electrónicos entre hombres de las Fuerzas Armadas con mensajes redactados aparentemente por el General retirado del Ejército Eduardo Santos Quiñones y el Mayor retirado Jorge Arturo Galvis Noyes, y que harían referencia a una supuesta interrupción del mandato constitucional del Presidente Santos. El Capitán Juan Alfonso Fierro, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública, dijo que son muchos los militares inconformes con el Gobierno.  El Presidente de Analvet que asocia a más de 10 mil retirados de la Policía y de las Fuerzas Militares dice que estaría de acuerdo con el nombramiento de un Gobierno que reemplace provisionalmente al de Juan Manuel Santos mediante una Constituyente o un Referendo” (Tomado de http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/05/19/noticias/ruido-de-sablesmilitares-retirados-inconformes-con-el-presidente-santos/).

[2] El diario EL TIEMPO registró en su momento una nota al respecto, intitulada Colombia pide prórroga para diez años para desminado todo su territorio: “Colombia solicitó a los estados miembros de la Convención para la Prohibición de Minas Antipersonales una prórroga para poder cumplir con la obligación de destruir todos los artefactos explosivos esparcidos en su territorio. Hoy comenzó en Ginebra la décima reunión de los más de 100 estados integrantes de este tratado, conocido como Convención de Ottawa, en la que se evaluará la situación de todos los países miembros.  Ante la asamblea, Colombia explicó que va a cumplir con el plazo otorgado inicialmente con respeto al desminado de los artefactos explosivos colocados por las Fuerzas Armadas "antes de suscribir la Convención", pero que necesita la prórroga para acabar con las minas plantadas por los diversos grupos armados.  "Esta solicitud tiene como base la complejidad de la problemática colombiana, cuya contaminación actual por minas antipersonal deriva del accionar de Grupos Armados al Margen de la Ley (Gaml), que emplean en diversas regiones del territorio nacional de manera continua artefactos explosivos improvisados que funcionan como Minas Antipersonal", indicó el Gobierno colombiano. Según Bogotá, ya se ha logrado destruir los campos minados localizados alrededor de 30 bases militares, y aún se debe acabar con otros cinco, algo que se pretende conseguir antes de que expire el plazo inicial de 1 de marzo del 2011. (Tomado de http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8473922.html).