Por considerar de gran valor político y académico, publico las misivas que se cruzaron recientemente las Farc y la ACIN. Intercambio de ideas y aseveraciones, en especial por parte de las Farc, que deben llamar la atención del Estado colombiano, en aras de que adopte medidas para velar por la vida y la honra de los pueblos indígenas que luchan por su autonomía territorial. En un primer momento, se publica la epístola del grupo armado ilegal, Farc, y en segundo momento, aparecerá la misiva de respuesta de los indígenas Nasa.
Carta abierta, de las Farc, a la dirigencia de la ACIN, el CRIC y a los pueblos indígenas
– 12/05/2013Posted in: Comunicados
Señores voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones.
1. Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros.
2. Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: “se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización”.
3. Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un “plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.
4. Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.
5. Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas.
6. Resultados de esta política es el “juicio” adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la “amenaza” de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.
7. Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC.
8. Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.
9. Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.
10. El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural.
11. Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.
12. Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares.
13. Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra.
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
Compañías del Suroccidente Colombiano.
Mayo de 2013
Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-EP
Corinto, Resguardo López Adentro, mayo 16 de 2013
Señor:
TIMO LEÓN JIMÉNEZ
Comandante
FARC
Reciba un saludo, desde nuestra resistencia a la guerra y al capital.
Hemos leído su carta del 13 de mayo de 2013, donde usted cortésmente acepta que dialoguemos para superar el conflicto que tenemos las comunidades indígenas del Cauca por la presencia de las FARC en nuestro territorio. También hemos leído la carta del 12 de mayo de 2013, donde el Bloque Occidental de su organización nos acusa una vez más --creemos que es la vez número 90-- de ser una avanzada contrainsurgente, acusa a nuestro mayor Alcibiades Escué de ser reclutador de informantes y acusa a nuestro vocero Feliciano Valencia de ser un amigo mimado de la Tercera División del Ejército.
Preferimos contestar la carta suya, que propone conversar, porque la otra nos anuncia –ahora sí con toda la claridad-- que somos objetivo militar de esos frentes de las FARC. Eso ya lo sabíamos, pero ahora con esa declaración oficial de las FARC ya nos ahorran la tarea de hacer las investigaciones sobre los responsables cuando aparezca el próximo muerto, que seguro llegará; al fin y al cabo no hemos visto que el Secretariado le dé la orden imperativa a sus frentes de que paren la matanza de indios nasa y de otros pueblos hermanos.
Pero preferimos dialogar. Siempre preferimos dialogar. Eso sí, no renunciamos a ejercer nuestra autonomía como pueblos, nuestro gobierno y nuestra justicia propios. Estamos tan dispuestos a dialogar, que a veces algunos interlocutores creen que somos apendejados y que pueden pasar por encima de nosotros. Es una herencia colonial que tiene mucha gente wakasx (no indígena): creer que como reclamamos con el pensamiento de nuestra comunidad, apenas con nuestros bastones de autoridad, con voz bajita y de buen modo es que les tenemos miedo y que nos vamos a dejar oprimir o utilizar por el resto del siglo y el siglo que sigue.
Estamos de acuerdo que muchos temas no deben ser tratados con escándalos de la prensa, que siempre los aprovecha para el lado de los más culpables. Pero teniendo en cuenta que no hemos podido hablar directamente con usted, y que lo más posible es que no podamos, o que nos manden a hablar con los comandantes más agresivos para que luego no cambie nada, queremos por esta vía decirle algunas cosas que vemos importantes, y que le van a aclarar algunos puntos que es evidente que no conoce bien.
Ya lo hemos dicho varias veces: entre enero de 2002 y abril de este año, contados uno por uno, registrado nombre por nombre, solo en el norte del Cauca y Caldono hemos tenido 70 comuneros y comuneras asesinados, muchos de ellos autoridades espirituales, líderes políticos y kiwe thegza (guardias del territorio); otros han muerto por las minas antipersona, la mayoría niños y niñas. De todos esos asesinatos, la tercera parte han sido causados por combatientes o milicianos de las FARC o por minas dejadas por ustedes, otra tercera parte por el ejército y los paramilitares, y el resto no hemos podido establecer el responsable. No contamos amenazas ni señalamientos, porque el larguero no terminaría en esta carta. En una carta anterior ya le habíamos planteado el caso de Gargantillas, donde unos niños fueron bombardeados luego que el jefe de las milicias de las FARC se entregara y le informara al Ejército el sitio del campamento. Díganos, comandante Timoleón: ¿en una población tan reducida como la nuestra, no se trata de un caso de muertes sistemáticas? ¿No es eso lo que llaman un crimen de lesa humanidad?
Usted podría preguntar que cómo sabemos que han sido las FARC; pues porque vivimos ahí, porque las comunidades estamos en permanente cuidado y vemos lo que pasa, porque nuestro sistema de justicia está trabajando según nuestra costumbre, y sobre todo porque en voz baja sus propios militantes reconocen los crímenes y algunos hasta sacan pecho con el propósito de asustarnos. También usted podría responder que sí, que sí ha habido casos, pero que se trata de guayabas dañadas o de casos aislados. ¿20 casos aislados en un solo año y medio? Eso es lo que dice el Procurador y el ministro de Defensa de los criminales “falsos positivos”, y nadie les cree. Díganos, comandante Timoleón: ¿Hay una palabra, distinta a exterminio, que podamos usar para llamar a esta muerte continua de indígenas cuyo delito es que queremos mandarnos y vivir a nuestro modo y según nuestras costumbres? Si usted la conoce, la cambiamos. Usted dice que no hay orden de exterminio, pero no nos dice si le ha informado a su tropa que está prohibido matar indios desarmados; ojalá algún día lo hiciera.
Como usted puede ver, para decidir aplicar justicia a los responsables de la muerte de nuestro mayor Benancio no necesitamos que unos azuzadores nos dijeran por dónde agarrar. Ya que nos dice que quiere dialogar, le recordamos un pedazo de la historia para que entienda de dónde es que sale esa decisión: En la Resolución de Jambaló en 2000 nosotros tomamos la decisión de excluir de la comunidad a las personas que se sumaran a cualquier actor armado (ustedes o el ejército y sus paramilitares), de modo que se quedaban sin derechos políticos y pasaban a ser juzgados por su organización política o por sus enemigos cuando fueran cogidos; pero también dijimos que si las comunidades eran agredidas íbamos a mantener nuestro derecho de aplicar la jurisdicción, y más si se trataba de milicianos nasa, que quieren vivir en la comunidad escudándose en la gente pero no quieren cumplir nuestras leyes, y que para nuestro profundo dolor actúan más contra nuestra organización y su propio pueblo que contra el poder oficial y sus ejércitos público y privado.
La decisión de aplicar justicia con los guerrilleros la retomamos en julio de 2011, cuando ustedes hicieron estallar una chiva-bomba en Toribío el día de mercado, matando dos civiles, hiriendo a 134 personas y causando daño a 651 casas (mejor dicho, casi todas las que hay en ese pueblo); en esa ocasión dijimos que empezábamos un proceso de desmilitarización y que íbamos a fortalecer el control territorial. Ni el ejército ni la gente de ustedes pensó que hablábamos en serio, de pronto porque hablamos bajito o porque meterse a enfrentar gente armada a punta de bastones simbólicos a veces les parece muy folclórico; se les olvidó que un pueblo unido jamás será vencido y que la multitud organizada es más poderosa que cualquier ejército, y hasta quita el miedo. ¿Se acuerda del sargento que lloró en el cerro El Berlín? ¿El que lloró porque no le tuvimos miedo? Pues ese tampoco creyó que estábamos hablando en serio.
Y en lugar de entender esta decisión autónoma, lo que hizo el Bloque de Occidente fue sacar un mensaje donde decía que la decisión de desmilitarizar era un favor que le hacíamos al ejército y que alguien estaba detrás de nosotros. Es que siempre el prejuicio racista impide analizar la situación concreta. Aún así, le mandamos a usted una carta donde explicábamos toda nuestra posición frente a la guerra y sobre la necesidad de la paz, donde celebrábamos que ustedes hablaran de diálogo, y donde reconocíamos que la decisión de no hacer más retenciones económicas era un gesto de paz que obligaba al gobierno a responder. ¿Alguien estaba entonces detrás de nosotros? En esa ocasión dijimos que algún sector había con ganas de provocar una masacre de la guerrilla contra los indios del Cauca, le informamos que luego de hacer un análisis muy serio no había entre nuestro liderazgo ningún provocador y le dijimos que hiciera esa revisada entre los suyos. Nunca respondieron. No sabemos si hicieron el análisis. Creemos que no.
No hay ningún miembro de nuestra organización que haya entregado información a la fuerza pública del Estado. Esa es una posición de principios: no darle ventaja a ninguno de los actores armados, no involucrarse con ellos. En cambio durante todos estos meses, lo que hemos visto es un montón de guerrilleros que desertan y se voltean para el lado del ejército oficial. La misma gente que nosotros hemos dicho que son personas descompuestas y desarmonizadas; los que se van para la guerrilla o para el ejército porque quieren sacarle el cuerpo a las decisiones de sus autoridades y organizaciones, y que ustedes recogen como si fuera una victoria sobre nosotros. Los informantes están entre sus filas, comandante Timoleón; los que dirigen los frentes de estas zonas saben que esas personas son los que luego le informan al ejército. Pero prefieren echarnos la culpa a nosotros para no asumir la responsabilidad de una estrategia de reclutamiento equivocada, de muchachos sin formación política, recogiendo gente que puede que sirva para la guerra pero que definitivamente no sirve para la revolución. Es lógico que esa gente se les tuerza, comandante.
A usted le dijeron que sus fuerzas habían matado a Benancio por colaborar con la fuerza áerea y el ejército (los indios de por acá hasta ahora nos enteramos que había fuerza aérea en Toribío); suponemos que también le contaron de las acusaciones a Alcibiades y Feliciano (¡pobre Feliciano, al que el gobierno y la derecha le llaman “Miliciano Valencia”). Mire usted la locura de la guerra: Esos dos compañeros y 150 más, incluido Benancio, tenemos abiertas investigaciones penales por supuesta colaboración con la guerrilla y más de uno tiene orden de captura.
Usted reclama para los condenados por la muerte de Benancio Taquinás el debido proceso que no le permitieron al propio Benancio; porque juicio no hubo con Benancio, comandante. ¿No le parece una contradicción? ¿Los suyos se merecen el debido proceso y los nuestros se merecen 14 balazos? Esos acusados y condenados tienen garantías en nuestra justicia. Usted dice que ellos no fueron; nuestra investigación rigurosa dice otra cosa. Si ustedes nos envían las evidencias sobre otros responsables, la comunidad, que es el juez, no es ciega; al revés, si aparecen nuevas pruebas, la gente va a volver a analizar. Porque nuestra justicia busca es la armonía de la comunidad y con la Madre Tierra, no la venganza.
Perdone lo largo de esta carta. Pero era necesario dejar varias cosas claras sobre nuestra posición política.
Comandante Timoleón: Sentémonos a conversar directamente. De forma urgente. Pero nuestras comunidades quieren ver que el diálogo sí representa cambios; por eso nuestras condiciones: que nos dejen de matar, de señalar y de dividir. Específicamente, les proponemos que mientras hablamos, ustedes paren las acciones armadas que nos afectan; empecemos por lo siguiente antes de sentarnos:
1. El compromiso de ustedes de que la presencia guerrillera, y sobre todo cuando ataquen a las fuerzas del Estado, lo van a hacer sin afectar ni poner en riesgo la seguridad de la población civil.
2. El compromiso de respeto a las autoridades, los usos y costumbres ancestrales de las comunidades; en consecuencia el respeto al ejercicio de la justicia indígena y del control territorial.
3. El compromiso de ustedes de prohibir de forma absoluta y sin excepciones las amenazas, la ejecución, el fusilamiento o el ataque armado a autoridades, líderes o comuneros/as indígenas, sobre todo de las mujeres nasa; eso quiere decir que ningún combatiente o miliciano de las FARC podrá realizar actividades o acciones que puedan causarle la muerte o heridas a dichas personas, o para intimidarlos o amenazarlos, o realizar acciones de intimidación al conjunto de una comunidad, o actos y pronunciamientos que puedan interpretarse en ese sentido.
Empecemos por esos compromisos. Y sentémonos a conversar el resto de puntos, que ustedes conocen, sobre el cumplimiento del DIH: minas, tatucos, reclutamiento. Y, claro, de la paz. Y de la necesidad de terminar esta guerra eterna. Y de los cambios que necesita este país: las reformas que nosotros hemos dicho por diferentes medios que requiere la adolorida tierra de Manuel Quintín. Sirva la ocasión para repetir lo que hemos dicho en varias partes estos días, a raíz de nuestra decisión de aplicar justicia: “no estamos condenando a la guerrilla como tal. Es decir, la guerrilla tendrá sus razones de existir, sus objetivos o planes. Tendrán razones para haber optado por una lucha armada. Nosotros en el Cauca tenemos nuestras razones para haber optado por una lucha pacífica. Por eso no estamos en contra de los diálogos. Al contrario, los felicitamos y saludamos. Porque creemos que ese es el camino. Lo que no podemos aceptar es que mientras se dialoga, se sigan cometiendo faltas gravísimas en nuestro territorio. Nosotros no estamos castigando el proceso de paz. Estamos castigando las faltas en nuestro territorio”.
Le proponemos que el diálogo se haga con algunos facilitadores internacionales y unos garantes nacionales, para que la palabra de paz tenga testigos. La presencia de organizaciones populares de otros países sería muy importante para que ese diálogo avance.
Esperamos su pronunciamiento sobre estos puntos elementales, y el consiguiente contacto que permita discutir a fondo los temas que nos interesan. Nos gustaría que la próxima vez que nos comuniquemos, sea para analizar los problemas estructurales del país, esos que deben empezar a resolverse para construir la paz.
Señor comandante Timoleón:
CUENTE CON NOSOTROS PARA LA PAZ. NO NOS CUENTE PARA LA GUERRA.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA- ONIC
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DE LA CAUCA -CRIC
CONSEJERÍA MAYOR DE LA CXHAB WALA KIWE
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN
PD. Cuando aprobábamos en Junta Directa de gobernadores esta carta, llegó el siguiente muerto: un menor de edad, a quien otros dos milicianos de las FARC también menores de edad le dispararon con una AK47. A usted no le gusta contar sus muertos. A nosotros tampoco. A nadie. ¡Y son tantos, comandante! Hay familias que ya ni lágrimas tienen. ¿Será que no puede usted parar eso, comandante Timoleón?
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