Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
Los recientes y
reiterados atentados de las Farc contra
valiosos ecosistemas naturales en el Putumayo, dejan entrever una
abierta y clara actitud ecocida de la organización armada ilegal, que bien
puede obedecer a una ‘política’ avalada por los líderes farianos que negocian
en Cuba, o por el contrario, se trataría de decisiones inconsultas de guerrilleros
que hoy ya no reconocen la autoridad de
los comandantes que están en territorio cubano.
Si las actividades
ecocidas de las Farc responden a una política del Secretariado, entonces el
Estado debe preparar demandas ambientales contra sus líderes y los organismos
internacionales deberán hacer lo mismo, dado que Colombia tiene obligaciones en
materia de conservación ambiental que no
puede eludir, así el conflicto armado interno persista.
Ahora bien, si los
atentados obedecen a decisiones inconsultas de guerrilleros comandantes de
frente o de columna, entonces las Farc deben reconocer públicamente que no
tienen mando unificado y que hay
unidades operativas que ya no hacen parte de su estructura. Será difícil que
las Farc reconozcan que la unidad de mando está resquebrajada. Por ello, la
inteligencia militar debe estar atenta para descubrir qué pasa al interior de
las Farc y entregar esta información a los negociadores del Gobierno y al
propio Presidente, dado que ello no sólo afectaría el proceso de paz, la firma
del fin del conflicto, sino el diseño de escenarios de posconflicto.
En cualquier caso,
estamos ante verdaderos hechos demenciales dado que comprometen la flora, la
fauna y la vida de los habitantes de la zona, si se piensa en las consecuencias
que genera el derrame de cientos de barriles de crudo en ríos y afluentes.
Estamos ante
afectaciones ambientales que dejan muy mal a las Farc. Peor aún es el silencio
que la cúpula fariana guarda ante los
execrables hechos, que bien puede entenderse como una forma de convalidar lo
que hacen sus frentes o, por el contrario, una manera clara de ocultar que
perdieron el control de los guerrilleros que hoy decidieron ‘victimizar’ al
medio ambiente y de forma conexa, a quienes de manera directa puedan sufrir por
cortes en el suministro de agua por la contaminación que conlleva el derrame de
crudo en aguas de los ríos Orito, Quembí, Putumayo y Guamuez.
De igual manera,
llama la atención que ante los primeros hechos en los que las Farc obligaron a
transportadores de crudo a derramarlo, la Fuerza Pública poco o nada haya hecho
para evitar que dichas acciones se repitieran. Después de ocho días de
repetidos atentados, se anuncia la llegada de una brigada móvil para vigilar por aire y tierra los
desplazamientos de los camiones cisterna que transportan el petróleo. ¿Por qué
demoró el Ministro de la Defensa en tomar la decisión? ¿Acaso la inacción hace
parte de una postura política que busca debilitar el proceso de paz de La
Habana, ante una volátil opinión pública?
En este punto, el
presidente Santos deberá exigirle a los comandantes de fuerza que cumplan con
la tarea de proteger no sólo la vida y la honra de los colombianos, sino la
biodiversidad y en general ecosistemas naturales de especial valor como los
afectados recientemente.
El jefe negociador
del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, en forma un tanto tímida exigió a
los voceros de las Farc explicar y parar las acciones contra el medio ambiente.
La verdad es que estos hechos golpean la credibilidad que el proceso de paz
había ganado en los últimos meses y dan la oportunidad para que la
ultraderecha, representada hoy en el Congreso a través del Centro Democrático,
presione al gobierno de Santos para que conmine a las Farc a parar los
atentados y de esta manera, enrarecer el ambiente de un proceso que deviene
complejo y delicado.
Ya bastante tiene
el país que pensar en materia de reparación económica y moral a las víctimas de
la guerra interna, bien a manos de las Farc, del Estado y de los paramilitares,
para tener que entrar a valorar cuánto cuesta reparar ecosistemas naturales
afectados no sólo por el derrame de petróleo, y la presencia permanente y
flotante de combatientes en zonas de páramo y bosques, sino por los bombardeos
perpetrados por unidades de la Fuerza Aérea y de la aviación del Ejército.
Adenda: con los efectos socio ambientales y económicos que
deja la temporada de verano, la intensa sequía que ya se produce y que puede
empeorar con la llegada del Fenómeno de El Niño, queda clarísimo que en materia
ambiental el Gobierno de Uribe fue un total desastre. Fueron ocho años de total
desmonte de las instituciones ambientales. En cuanto al Gobierno de Santos hay
que señalar que poco hizo para preparar el país para afrontar esta situación
ambiental. El hoy llamado Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
no es más que un ‘elefante blanco’ no sólo paquidérmico en la toma de
decisiones tendientes a mitigar el impacto del fuerte verano, sino inexistente
como unidad orientadora y coordinadora de la gestión ambiental en todo el
territorio nacional.
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