Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Lo que viene sucediendo en la
Corte Constitucional, en otras Cortes y en general, al interior del aparato de
justicia, obedece a la entronización de un ethos
mafioso y de unas prácticas desinstitucionalizantes, que tocan, erosionan y
afectan la estructura del Estado y las relaciones de este con la sociedad, en
un largo periodo de Gobierno (2002-2010), en el que el Todo Vale se convirtió en un principio que guió la función pública
y el ejercicio de la política en Colombia.
Es decir, el escándalo que hoy
cubre y ensucia a la Corte Constitucional, hasta hace unos años un faro
ético-político[1] para el país, es la
expresión máxima de un proyecto político, social, económico y cultural asociado
a los valores morales y principios éticos de una empresa criminal llamada
paramilitarismo.
El paramilitarismo[2] fue
una exitosa empresa criminal con la que se promovió ese ethos mafioso que hoy el país reconoce en las actuaciones de
algunos magistrados de las altas Cortes y se aseguró la captura del Estado, en todas sus instancias de poder y
representación simbólica, por parte de grupos de interés y de fuertes redes
clientelares, que mantuvieron, ampliaron y consolidaron el maridaje entre política
y crimen. Todo ello sucedió con el cómplice silencio y la ceguera, en otros
casos, de la clase política[3] y
dirigente del país, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Ordóñez
Maldonado, durante el periodo de gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Las
condiciones en las que se dio, por ejemplo, la reelección del Procurador
Ordóñez, son claves para explicar el poder clientelar que ostenta quien está al
frente del Ministerio Público y quien guarda inconveniente silencio frente a
los hechos de corrupción que involucran al magistrado Pretel.
En ese largo periodo de
unanimismo ideológico, político y mediático y del Todo Vale, a las altas cortes llegaron, incluyendo a la Corte
Constitucional, magistrados que jamás podrán tener el talante jurídico y
ético-político que tuvieron y que aún mantienen, ex magistrados como José
Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz, para nombrar tan solo dos.
Durante los ocho años del
Gobierno de Uribe Vélez, el país perdió los límites de la decencia. El
contubernio entre clase política y crimen y las prácticas clientelistas
afloraron por cuenta del comportamiento del entonces Jefe del Estado, de sus
círculos cercanos y por ese ethos mafioso
que se proclamaba con el Todo Vale.
Aquí, entonces, las responsabilidades son compartidas entre el entonces
Presidente, actores de la sociedad civil, los partidos políticos, los jueces,
los medios masivos[4] y en general, el grueso de
la sociedad.
El magistrado Pretel[5] no es
más que un eslabón de una larga cadena de corrupción al interior del Estado,
orden que deviene capturado por las prácticas mafiosas y clientelares de
funcionarios públicos, de ex funcionarios, que vienen actuando con la anuencia
de los partidos políticos y de sectores de la alta sociedad bogotana y las
élites regionales que se benefician de la debilidad del Estado y a las que poco
les preocupa la corrupción de la
justicia.
Proceso de paz y Asamblea Nacional Constituyente
La crisis que hoy vive la Corte
Constitucional no se soluciona con la salida del controvertido magistrado
Pretel. Y mucho menos, se encontrarán salidas con nuevos proyectos de reforma a
la justicia. Y es así, por que de fondo, hay una pendiente transformación
cultural que no se va a dar por decreto. Y en eso, son pocos los actores de la
sociedad que reconocen que el asunto es estructural y no coyuntural.
Y por lo anterior, los
magistrados, compañeros y amigos de Pretel, llaman al Jefe del Estado para que
medie en lo que ellos mismos llaman la crisis
de la Corte Constitucional, dada la actitud asumida por el Presidente de
dicha Corporación, de mantenerse en el cargo, a pesar de los graves indicios de
corrupción que lo comprometen en materia grave.
Lo que preocupa de la actual crisis que vive la justicia en Colombia,
por cuenta de lo que acontece al interior de la Corte Constitucional, no está
exclusivamente en el nivel de corrupción que toca a varios de sus magistrados,
sino en las soluciones planteadas para superar semejante pérdida de
credibilidad y de confianza pública por parte de los ciudadanos. Ya se habla de
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar operativamente
lo que culturalmente no hemos podido lograr: respetar el imperio de la ley, el
Estado, la confianza pública, la constitución política, la democracia, en el
marco de un Estado Social de Derecho en proceso de consolidación.
El riesgo de aceptar ese llamado
está dado en las siguientes
circunstancias y elementos contextuales: primero, la coincidencia que hay entre
Farc y el Uribismo, en el llamado a una ANC, tal y como sucedió en 1990. Que
dos fuerzas extremas (extrema izquierda y derecha) logren coincidir en una
salida política a una larga guerra interna
y a la crisis de credibilidad de la justicia, debe llamar la atención en
la medida en que esa coincidencia, determinará acuerdos políticos al interior
de la Asamblea Nacional Constituyente que se convoque, que no necesariamente
beneficiarán al grueso de la sociedad. Es más, las discusiones y los consensos
que se logren, dado el talante conservador y autoritario de esas dos fuerzas,
pueden terminar en un retroceso en materia de libertades y derechos. Ese es un
riesgo.
Eso sí, huelga recordar que la
crisis y el debilitamiento del Estado y el de sus instituciones en el contexto
de los 90, en nada se parece a lo que se vive hoy. Que el Presidente de la
Corte Constitucional no renuncie a su cargo, obedece más a que su juez natural,
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es totalmente
inoperante, inexistente, y por supuesto, ilegítimo. De allí, que Pretel sea
capaz de retar no solo a sus compañeros, al Estado mismo, sino a la sociedad.
La segunda circunstancia y
elemento político, toca o tiene que ver con el proceso de paz de La Habana.
Resulta inconveniente hablar de una ANC cuando la firma del fin del conflicto
armado con las Farc[6] no está cerca, por cuenta
de las salvedades que hay sobre los acuerdos preliminares y porque aún hay
puntos por abordar y lograr acuerdos. La cúpula de las Farc considera que ese es
el camino más seguro para sus miembros, en aras de refrendar lo acordado en la
Mesa, especialmente en lo que concierne a participación política y justicia
transicional (no ir a la cárcel). Es claro que frente al Referendo, mecanismo
ofrecido por el Gobierno de Santos para darle legalidad a lo que se acuerde en
La Habana, una ANC es mucho más confiable y viable para los intereses de las
Farc.
Antes de pensar en convocar a una
Asamblea Nacional Constituyente, agentes de la sociedad civil, como la Universidad,
sindicatos, empresarios y ONG, deben hacer un llamado para que se depuren no
solo la Corte Constitucional y las otras instancias del poder judicial, sino
las prácticas políticas y la política
misma. Y ello pasa por develar y aceptar que desde 2002, el Estado viene
cooptado y capturado por poderes clientelares que, fincados en intereses
privados, actúan con la anuencia de altos funcionarios públicos, que
profundizan la debilidad de la institucionalidad estatal.
Será muy difícil avanzar en la
superación de prácticas corruptas en el manejo del Estado y la separación de la
política, del crimen organizado, mientras agentes y aupadores del Todo Vale, se mantengan vigentes
política y electoralmente. Por ello, es urgente que, de cara a las elecciones
regionales de octubre de 2015 y las presidenciales de 2018, los colombianos
digan No a todas aquellas propuestas de gobierno local, regional y nacional,
que hayan tenido vínculos de amistad, cercanía política o guarden simpatías con
quienes entre 2002 y 2010, validaron la penetración, cooptación y captura
mafiosa del Estado y aplaudieron, en silencio unos y a grito herido, otros, los
éxitos del paramilitarismo y de las prácticas clientelares que le facilitaron
la captura del Estado.
[2] Véase el libro Paramilitarismo en
Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.
[5] Las tierras adquiridas por el
Magistrado Pretel dan cuenta, por lo menos, de su cercanía ideológica y
económica, con un proyecto político que se montó sobre la necesidad de despojar
de sus tierras a campesinos, para adelantar allí ganadería extensiva.
[6] Con qué moral y legitimidad política
y social piensa la justicia colombiana “someter” a la cúpula de las Farc por
los delitos cometidos, cuando la Corte Constitucional, máxima corporación
garante de que la Carta Política se cumpla, deviene sucia y cooptada por mafias
clientelares. Le cabe razón a Pastor Álape por el reciente reclamo que desde La
Habana hizo a lo que acontece alrededor del magistrado Pretel.
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