YO DIGO SÍ A LA PAZ

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miércoles, 8 de marzo de 2017

¿MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN O PROCESIÓN DE CORRUPTOS?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que el montaraz latifundista y ganadero, Álvaro Uribe Vélez y el ladino ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado convoquen a una marcha el 1 o el 2 de abril, con el objetivo de rechazar la corrupción, no solo deviene en una acción cínica, sino en una estratagema electoral de cara a las elecciones de 2018.

La invitación que hacen los dos personajes está anclada a una necesidad: medir su capacidad de convocatoria. No les interesa realmente atacar las prácticas corruptas, el ethos mafioso[1] que se entronizó en la política colombiana  y mucho menos, comprometerse con una lucha decidida contra la corrupción[2].

Como líder negativo y mesiánico, el ex presidente antioqueño sabe que ha perdido caudal electoral por cuenta de los procesos judiciales que se han abierto en contra de su círculo más cercano de colaboradores durante sus dos administraciones y por supuesto, los que en su contra reposan, inalterables, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la propia Fiscalía, por asuntos y hechos que tienen que ver con su paso por la Gobernación de Antioquia, como la masacre del Aro. A pesar de esa realidad política, su carácter combativo lo mueve, junto a un enorme cinismo, a invitar a los colombianos a marchar contra la corrupción.

La lucha del ex mandatario (2002- 2010) contra la corrupción supone dejar en el olvido episodios como la “yidispolítica”, proceso mediante el que logró reelegirse de manera inmediata y espuria.

Quienes aún lo defienden, insisten en que todos los señalamientos en su contra son fruto de odios y resquemores acumulados por sectores de izquierda y extrema izquierda, por la  efectividad de su política de seguridad democrática con la que no solo atacó militarmente a las Farc, sino con la que persiguió (“chuzó”) a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a intelectuales que se opusieron a sus ideas y a la forma de administrar y ejecutar el poder del Estado. 

Por un momento aceptemos que tienen razón sus fieles seguidores. Aún así, revisemos tan solo dos frases expresadas por Uribe, para colegir de ellas su cercanía con el ethos mafioso que dio vida a incontables casos de corrupción durante sus ocho largos años de Gobierno. La primera, expresada en el contexto de la parapolítica: “Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar…”[3]; y la segunda, en relación con los sicarios  de la Oficina de Envigado, dijo en su momento: Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general[4].

La primera frase deja entrever no solo un fuerte pragmatismo político, sino un desprecio por la acción de la justicia que poco a poco se acercaba a los congresistas que lo llevaron a la Presidencia, contando aquellos con el apoyo de los paramilitares. Además, en la frase subsiste una enorme desvergüenza en tanto que los delitos por los cuales sus congresistas fueron investigados, procesados y condenados, no ameritaban sanción moral alguna o recriminación de su parte.

En cuanto a la segunda frase, “Acábelos y por cuenta mía…” exhibe un profundo desconocimiento de derechos y garantías constitucionales, inaceptables en un Presidente y Jefe de Estado. Hasta los criminales más odiados y perseguidos, como los sicarios de la llamada Oficina de Envigado, tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto, a un debido proceso. Otra situación es que durante un operativo policial, los sicarios se enfrenten a tiros con los policiales y en ese cruce de disparos, resulten asesinados por las balas oficiales o "dados de baja", desde la perspectiva castrense.

En esa línea, no se necesitaría de la acción de la justicia en su contra para reconocer en su discurso, en sus frases, una muy fuerte inclinación a desvirtuar la acción de la justicia y desconocer el espíritu de la Carta Política. Y es claro que quien desconoce las normas, la constitución o mira con desdén esos marcos legales y normativos, es proclive a hacer parte de prácticas corruptas, dolosas y a actuar bajo la lógica de lo que en varias columnas he llamado el ethos mafioso.

Ahora miremos el caso del ex procurador Ordóñez Maldonado, sancionado, tardíamente, por el Consejo de Estado con destitución[5] de su cargo como Jefe del Ministerio Público, por violar el artículo 126 de la  Constitución Política, que señala: “los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien están ligados por matrimonio o unión permanente…”[6].

Además, Ordóñez Maldonado legitimó su espuria reelección como Jefe del Ministerio Público, al señalar que al no estar expresamente prohibida la reelección del Procurador, quedaba abierta la posibilidad de buscar continuidad en su cargo otros cuatro años, como finalmente lo logró con el concurso del Senado.

Ahora bien, si fracasara la marcha contra la corrupción, convocada por Uribe y Ordóñez, estaríamos ante un claro mensaje político y electoral que bien podría entenderse como un rechazo a estas dos figuras públicas. Su debilitada capacidad para convocar a la opinión pública a marchar contra la corrupción les dejaría como único tema de campaña lo acordado en La Habana entre los negociadores del Gobierno de Santos y los de las Farc. Ese sería, entonces, su caballito de batalla, si de verdad quiere Uribe recuperar el poder y Ordóñez, erigirse como un verdadero presidenciable al servicio del insepulto Partido Conservador y de los sectores más godos de la sociedad colombiana.

Así entonces, y desde ya, la Marcha contra la Corrupción corre el riesgo de convertirse en un desfile descarado y desvergonzado de corruptos consumados, que hábilmente se aprovechan de la mala memoria de los colombianos y del débil espíritu crítico de quienes aún los ven como referentes de moralidad y probidad.

Nota: esta columna fue reproducida por el portal Conlaorejaroja: http://conlaorejaroja.com/marcha-contra-la-corrupcion-o-procesion-de-corruptos/




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martes, 14 de febrero de 2017

URIBE Y EL PROCESO DE LA HABANA: HECHOS PARA RECORDAR

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Desde el 2002, la opinión pública en Colombia y el llamado “país político”, devienen polarizados en torno a la dicotomía Paz-Guerra. Durante los dos períodos de Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) la sociedad colombiana se polarizó hasta el punto de que se exacerbó esa división entre las dos opciones, Paz o Guerra, a fin buscar salidas negociadas al conflicto armado interno o por el contrario, extender en el tiempo el de por sí ya degradado conflicto armado interno.

Fue tal el nivel de crispación de la opinión pública, que quienes apoyaban, planteaban fórmulas o exigían una solución dialogada al conflicto armado interno, eran señalados como “amigos del terrorismo” o “terroristas vestidos de civil”, por cuanto los diálogos de paz quedaron proscritos por el fallido proceso de paz del Caguán, las arremetidas de las Farc y por la negación que hiciera Uribe Vélez de la existencia del conflicto armado interno, a través de su Política de Seguridad Democrática; mientras tanto, los sectores afectos a la salida militar cuyo objetivo era eliminar físicamente a las guerrillas, colaboradores, simpatizantes y a todo lo que oliera a izquierda,  erigieron a Uribe Vélez  como el “Mesías” que el país necesitaba para quitarse de encima y de una vez por todas el “flagelo” de una otoñal presencia guerrillera.

Dicho ambiente crispado se mantendría aún después de terminados los dos períodos de Uribe Vélez, quien a pesar de los escándalos de corrupción[1] y denuncias por la violación a los derechos humanos[2], mantendría una imagen positiva gracias a la búsqueda permanente de sus reacciones por parte de los periodistas de los medios masivos frente a hechos relacionados con la guerra interna y la posibilidad de conversar  nuevamente de paz con las guerrillas, en especial con las Farc[3].

La relación de Uribe Vélez con los medios masivos terminó consolidando en el país una especie de unanimismo ideológico[4], político y mediático que claramente coadyuvó a la entronización de la idea de que el único camino para terminar con el conflicto armado interno era la salida militar, es decir, la derrota de las guerrillas. Fue de tal proporciones lo que el país vivió en términos de la relación Poder político-Medios masivos, que el periodismo colombiano cerró filas en torno al carisma, al discurso guerrerista y al talante autárquico y  autoritario[5] de Uribe Vélez, lo que acercó, sin duda, lo que sucedía y sucedió en ese período con la llamada opinión pública, a la tesis planteada por Elizabeth Noelle-Neumann,  conocida como La Espiral del silencio[6].

La irritación en sectores de opinión aumentó cuando en su calidad de presidente, Juan Manuel Santos Calderón señaló que “la llave de la paz no se había perdido[7]”. Ello significaría que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño entablaría, tiempo después, formales diálogos de paz con las Farc, circunstancia que sin duda polarizaría aún más a la opinión pública y generaría enfrentamientos institucionales al interior del Estado.

A los anuncios de buscar caminos para poner fin al largo y degradado conflicto armado interno, se sumarían circunstancias políticas que claramente fueron “guardadas” bajo la nomenclatura “Traición de Santos” dado que el Presidente de Colombia (2010- 2018) se había desempeñado como Ministro de la Defensa durante el Gobierno de Uribe y desde esa cartera dio golpes certeros a las Farc, como la muerte del entonces comandante, alias Alfonso Cano[8]. Así entonces, Santos se hizo elegir Presidente con la bandera de la Seguridad Democrática[9] y con el  apoyo de Uribe y de por lo menos 7 millones de colombianos que seguían  a pie juntillas las tesis y la doctrina de seguridad nacional del político antioqueño.

Hay que insistir en la evidente irritación o furia de sectores de opinión cuando en su calidad de presidente, Juan Manuel Santos Calderón señaló que “la llave de la paz no se había perdido[10]” y posteriormente oficializó el inicio de conversaciones formales con las Farc-Ep, hecho político y militar que aumentaría los niveles de convulsión de la opinión pública y la consolidación de Uribe y de su movimiento político, el Centro Democrático (CD), como férreos y enconados opositores -enemigos[11]-  al Proceso de Paz y a todo lo que en la Mesa de Conversaciones de La Habana resultare aprobado.

Así entonces, el Proceso de Paz avanzaría con los tropiezos propios de una delicada y compleja negociación, que las partes sentadas en La Habana decidieron adelantar en medio de las hostilidades. A esta circunstancia político-militar se sumarían las críticas constantes de los opositores, concentrados especialmente en las labores legislativas y de generación de opinión pública del Centro Democrático[12].

Si bien cada punto de los seis puntos acordados en la llamada Agenda de La Habana motivó reacciones negativas y feroces críticas del llamado “uribismo[13]”, quizás el preacuerdo[14] que más exacerbó los ánimos en los opositores fue el que anunciaron las Delegaciones de Paz de las Farc y el Gobierno,  el jueves 12 de mayo de 2016, al caer la tarde. En el Comunicado Conjunto Nro 69, las partes dieron a conocer los alcances de este  nuevo acuerdo.

La molestia del expresidente Uribe Vélez lo llevó al extremo de declararse en “resistencia civil[15]” y de invitar a los ciudadanos y a otros sectores de poder social y político a movilizarse en rechazo a lo acordado alrededor de blindar jurídicamente el Acuerdo Final de La Habana, elevándolo a la figura de Acuerdo Especial de Paz[16] el documento resultante de las negociaciones de paz.

A la oposición de Uribe, de los miembros del Centro Democrático (CD) y de sectores de opinión que aún siguen las ideas del político antioqueño, se sumaría  el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado[17], quien de manera temprana y permanente ha hecho críticas al Proceso de Paz de La Habana.

Pero volvamos al llamado a la Resistencia Civil que haría Uribe. Sin duda alguna, el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez no solo se consolida como líder de los sectores de poder social y político que se oponen a lo acordado en La Habana, sino que desde ya se convierte en el primer agitador y animador del escenario electoral de 2018, en el que se iniciarán los procesos regionales de la implementación de lo acordado en la Mesa de Negociaciones instalada en Cuba, en perspectiva de Paz territorial[18].

Este corto recorrido hace parte del complejo devenir político por el que pasó el proceso de paz de La Habana. De todo lo que sucedió en torno a la larga negociación entre el Gobierno y las Farc, hoy se mantiene el negativo liderazgo  y la tozuda oposición de Uribe a que el país se pacifique por la vía  de la negociación política. Pero insisto en que el problema NO es Uribe, sino lo que él representa y a quienes representa: a sectores del Establecimiento que no solo temen a la Paz, sino a que sus nombres aparezcan bien en la Comisión de la Verdad (no vinculante), o a que deban comparecer ante los tribunales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (de carácter vinculante).

Y en esa tarea de oponerse y de torpedear[19] el proceso de implementación del Acuerdo Final (II), a Uribe se le sumó desde hace rato el Fiscal[20] General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira[21].  En el 2018 el pueblo colombiano tendrá la oportunidad de elegir a un Gobierno que se le juegue por la implementación o por el contrario, llevar a la Casa de Nariño a un Presidente[22] que haga todo para incumplir la palabra empeñada en el Acuerdo Final  firmado en el teatro Colón.





Imagen tomada de pulzo.com

[1] La reelección presidencial inmediata cobró vida en 2004, cuando a través de una fina “cirugía constitucional”, el Congreso de la época modificó el impedimento jurídico-político que evitaba la reelección presidencial. Uribe Vélez, según fallos de la Corte Suprema de Justicia y lo que trascendió a la opinión pública a través de la llamada “Yidispolítica”, logró reelegirse de manera fraudulenta. Véase recientemente el concepto jurídico del ex magistrado de la Corte Constitucional en el que señala que la reelección de Uribe Vélez devino espuria por los hechos relacionados con lo que se llamó como la Yidispolítica, es decir, la compra de los votos que hiciera el Gobierno de Uribe a los Congresistas, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño: http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/8203exmagistrado-pide-que-sean-declaradas-ilegales-las-reelecciones-de-santos-y-uribe/20150428/nota/2738045.aspx; importante también revisar las conclusiones a las que llegó en su ponencia, el magistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, con la que se declaró inconstitucional la ley que daba vida a la al referendo con el que se buscaba la segunda reelección de Uribe (tercer mandato). Véase: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7137447 y http://www.semana.com/politica/articulo/las-cinco-opciones-sierra-porto/112646-3


[2] Los llamados “falsos positivos” fue una práctica sistemática de crímenes perpetrados por militares, quienes al buscar beneficios económicos, condecoraciones y días de descanso, diseñaron estrategias para asesinar civiles para luego presentarlos como muertos en combate. Véase Decreto Boina 1400 del 05 de mayo de 2006, llamado Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (BOINA), así como la directiva ministerial 029 de 2005. Véase: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home2/decreto_bonificaciones.pdf y http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005

[3] Uribe Vélez señala, de tiempo atrás, que las Farc asesinaron a su padre. Su llegada a la Presidencia devino acompañada de un espíritu de venganza en contra de los máximos comandantes de dicha guerrilla. Recientemente, en el contexto del proceso de paz de La Habana, miembros del Secretariado de las Farc desmintieron esa versión de los hechos que siempre ha entregado Uribe. Así lo registró el diario EL ESPECTADOR: http://www.elespectador.com/noticias/politica/nosotros-no-matamos-al-papa-de-uribe-pablo-catatumbo-articulo-611111

[4] Véase De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. UAO, 2006.
[9] Política pública  con la que Uribe Vélez, sus mayorías en el Congreso y su propio gobierno  desconocieron la existencia del conflicto armado interno. En dicho documento se hablaba de la existencia de una amenaza terrorista, lo que claramente negaba la existencia y los derechos de las víctimas de las acciones bélicas de los combatientes enfrentados y por supuesto, desconocía al Estado como actor político armado. El documento se conoce como Política  Pública de Defensa.
[11] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/06/plebiscito-y-relacion-amigo-enemigo.html Uribe Vélez se “graduaría” como enemigo del Procesos de Paz en razón a que conserva algún poder desestabilizador, no solo porque tiene poder económico (es un rico latifundista y ganadero) y político, con el que podría convocar a fuerzas legales e ilegales, para debilitar las instituciones encargadas de dar cuenta de la implementación del Acuerdo Final al que se llegue en La Habana, Cuba. Ahora bien, no todos los detractores y críticos del Proceso de Paz caben dentro de la denominación enemigos de la paz o de las negociaciones de paz de La Habana. Y es así, porque esos ciudadanos no tendrían el poder desestabilizador que conserva Uribe Vélez como expresidentes y el que puede convocar desde sectores legales e ilegales.

[12] El nombre de Centro Democrático llega después de varias propuestas de nombres que giraban en torno al carácter megalómano y mesiánico de Uribe Vélez. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2013/09/elementos-para-entender-la-vigencia.html

[14] Se habla de preacuerdo porque los negociadores de La Habana decidieron que la Agenda de seis puntos obedecía a una sola unidad, lo que significaba que lo acordado en cada uno de los puntos obedecía a acuerdos preliminares. Desde la Mesa de Negociación se acuñó la sentencia Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Dicha sentencia cobraba vida, además, porque a pesar de que se anunciaban acuerdos preliminares, en los respectivos documentos consensuados quedaban anotaciones, puntos pendientes o salvedades que serían retomadas al final cuando estuviera listo el Acuerdo Final.

[16] Posteriormente, el Congreso de la República acogería lo acordado en La Habana en el Acto Legislativo para la Paz, con el que “blindaría” jurídica y políticamente el Acuerdo Final. http://www.elespectador.com/noticias/politica/descanse-paz-guerra-santos-celebro-aprobacion-de-acto-l-articulo-635636

[17] Se hizo reelegir como Procurador General de la Nación, violando la Carta Política. A pesar de que fun demandada dicha reelección ante el Consejo de Estado, su poder clientelar ha impedido que los magistrados de dicha Corte hayan podido falla en derecho ante la espuria reelección de Ordóñez. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/05/cinismo-puro.html

[18] Esta categoría y concepto hace parte de las discusiones dadas en la Mesa de Negociación de La Habana y de los preacuerdos firmados por las Delegaciones de Paz de las Farc y del Gobierno. El enfoque de Paz Territorial reconoce que las dinámicas de un conflicto armado degradado, se han concentrado en 368 municipios, lo que confirmaría el carácter periférico del conflicto armado interno. Así entonces, la Paz Territorial como enfoque y perspectiva de implementación del Acuerdo Final de La Habana tendrá mayores exigencias en esas localidades en las que el Estado, la ciudadanía  y el mercado legal son débiles o inexistentes. Véase: http://www.claudia-lopez.com/author/clopezsenado10gmail-com/page/64/

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martes, 10 de enero de 2017

12 de enero: ¿última oportunidad?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Este 12 de enero de 2017, delegados del Gobierno de Santos y del ELN nuevamente se reunirán para intentar poner en marcha la fase pública de un ya enrarecido proceso de  pre negociación política. Fase que se empantanó, según la dirigencia del grupo insurgente, por incumplimientos del Gobierno; y los delegados del Presidente, señalan lo mismo, por parte de la agrupación guerrillera.

Que el proceso no haya arrancado aún, es responsabilidad del Gobierno de Santos y de los miembros del COCE. Sin duda, hay expresiones de arrogancia en las partes. Varios intelectuales, líderes de opinión, sacerdotes y profesores universitarios, entre otros, enviaron una misiva a la Mesa de Negociación.

En dicha carta se lee lo siguiente: “Desde los años ochenta del siglo pasado, el ELN ha insistido en la necesidad de la humanización de la guerra y en la aplicación estricta del Derecho Internacional Humanitario. Y sin embargo, continúa practicando el secuestro, lo cual es inaceptable. Por ello, exigimos la liberación inmediata de Odín Sánchez y el abandono definitivo de esta práctica. Las partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país”[1].

La sociedad en general y en particular la opinión pública que sigue con interés ese asunto, fustigan a la dirigencia del ELN por insistir en el secuestro de civiles con fines extorsivos. El caso del ex congresista Odín Sánchez deslegitima la lucha del grupo armado ilegal y pone en entredicho la real voluntad de paz de su comandancia. Insistir en lo que suele llamarse como “justicia revolucionaria[2]” es un craso error, además de una actitud arrogante y despreciable.

Los guerrilleros del ELN suelen defender el secuestro como una práctica que les asegura recursos económicos con los que financian su lucha armada. Además, señalan que no confían en la “justicia burguesa”, de allí la obtusa insistencia en mantener  secuestrado a Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, condenado por la Corte Suprema de Justicia[3], por su connivencia con los paramilitares que delinquieron en el Chocó

 ¿Cuál es entonces la idea? ¿Que muera en cautiverio? ¿De qué les sirve Odín Sánchez muerto o enfermo? Si el ex congresista es responsable por desfalco o malversación de dinero público y por patrocinar o apoyar grupos paramilitares, para qué insistir en mantenerlo privado de su libertad? Ojalá estas preguntas sean materia de discusión al interior de la dirigencia del ELN.

Del lado del Gobierno, hay que señalar la falta de diligencia para avanzar en los impedimentos legales para indultar a los guerrilleros que el COCE exigió y eligió como futuros negociadores. En la ya citada epístola, los líderes de opinión señalan que “…el gobierno nacional se comprometió a designar como gestores de paz a dos miembros del ELN detenidos, en lo que ya se ha avanzado; pero además, a indultar a otros dos insurgentes, lo que debido a limitaciones legales no se ha podido cumplir. Como alternativa, proponemos designar a los cuatro como gestores de paz, mediante el levantamiento provisional de sus responsabilidades penales en aras de facilitar el diálogo”.

Así entonces, y ante la urgencia de avanzar hacia lo que el país político y periodístico ya conoce como Paz completa, me sumo al llamado y a la exigencia que hace el grupo de intelectuales y académicos, cuando señala que “las partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país. Desde una sociedad expectante y convencida de que una paz completa requiere de todos los sectores sociales, demandamos que no cesen los esfuerzos de paz y que se instale cuanto antes la negociación formal entre el Gobierno y el ELN”.

Si este 12 de enero de 2017 nuevamente se trunca el inicio de la fase pública de este Proceso de Paz, el gran perdedor será el ELN. Finalmente, el Gobierno podrá decir que logró firmar el fin del conflicto con las Farc, siendo esta una guerrilla más grande y con mayor poder operacional[4] y por lo tanto, de daño. Y para ello, cuenta con la Gran Prensa para ocultar la ineficacia o quizás  el desinterés del Gobierno Central, de cumplir con lo pactado con la dirigencia del ELN.

Si este grupo armado ilegal insiste en el secuestro y mantiene el dogmatismo y la arrogancia, el proceso de paz perderá interés social y político. Sería un inmenso error quedarse por fuera del momento histórico que vive el país y negarse a escuchar a los sectores de opinión que hoy demandan del COCE, coherencia, responsabilidad histórica y sensatez.

Ojalá no sea esta la última oportunidad para consolidar lo que el país llama como la Paz completa. Amanecerá y veremos.

Adenda: quizás un inesperado golpe militar que propine la Fuerza Pública al COCE haga a sus miembros recapacitar y dejar a un lado sus obtusas posturas. 




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jueves, 10 de noviembre de 2016

El difícil desmonte del Paramilitarismo




Ponencia 

Foro sobre Desmonte del Paramilitarismo

Universidad Autónoma de Occidente y Corporación Nuevo Arco Iris
Noviembre 9 de 2016
Cali - Colombia

Por Germán Ayala Osorio[1]

El paramilitarismo es un principio transversal de la ideología conservadora.


A pesar de la existencia de estudios y análisis del fenómeno Paramilitar y de las acciones político-militares llevadas a cabo por su expresión armada, los Paramilitares, aún falta mucho por decir de dicho fenómeno.

Insisto en mirar al paramilitarismo[2] como una realidad ideológica, económica, social, política y cultural, anclada profundamente en la precariedad y debilidad del Estado y fondeada en una sociedad que exhibe truncos o incompletos procesos de construcción de civilidad.

Todo lo anterior, mirado en el contexto de la globalización económica, la consolidación del modelo económico neoliberal y la expansión del latifundio,  de la ganadería, de la minería y de la agroindustria, como insuperables, únicas y legítimas actividades económicas.

Paralelo a estas actividades económicas, aparece el narcotráfico, fenómeno que a su vez reprodujo el ethos mafioso[3] que penetró la Política, las prácticas del poder político y disímiles formas de relación social y económica.

Por ello, el desmonte del paramilitarismo, pactado en el Acuerdo Final de La Habana, será en adelante un reto mayúsculo que no solo compromete a la operación misma del Estado, como orden legítimo y guía moral para sus asociados, sino a la sociedad civil y en general a todos los colombianos. Y es así, porque el histórico rechazo a la acción guerrillera sirvió de puente axiológico para legitimar las acciones de un proyecto neoconservador agenciado y aupado por un conjunto de organizaciones, legales e ilegales, de fuerzas de poder local, regional y nacional -élites económicas y políticas-, como también por actores globales –multinacionales-, y el propio sistema financiero nacional e internacional.

Así entonces, el fenómeno paramilitar hay que mirarlo y comprenderlo más allá de la violencia política generada por los grupos paramilitares concentrados en esa confederación armada conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En ese camino comprensivo,  hay que volver sobre la discusión del tipo de Estado-Nación que hemos construido. Como país de regiones, el Estado colombiano ha enfrentado un reto mayúsculo: consolidarse mediante un concepto de Nación que convoque a todos los sectores societales y de una acción estatal que respete y reconozca las diferencias regionales y que coadyuve a fortalecer la idea de la existencia de un único orden social al servicio de todos los ciudadanos, sin distingo de raza, condición social, religión, idea política y menos aún, por el origen regional.

Los desarrollos regionales son desiguales, justamente, porque no ha existido una noción compartida de lo que debe ser el Estado. Hay ideas remotas de lo que debe ser, por ejemplo, en los antiguos Territoriales Nacionales, pues allá la imagen estatal se refunde en maniguas, por la acción violenta, tanto del propio Estado, como de actores armados ilegales.

El centralismo bogotano compite con fuerzas electorales, con caciques y gamonales, y con élites regionales que tienen una particular concepción de lo que debe ser el Estado, idea que se expresa en la frase: Estado para unos pocos. Huelga decir, que ese mismo centralismo es la expresión de una élite que, históricamente, ha vivido de la función pública y ha dado ejemplo de cómo se pueden someter los recursos públicos y el interés colectivo, connatural al ejercicio estatal, a sus conveniencias e intereses. Justamente, esa misma élite se ha encargado de naturalizar ese ethos mafioso con el que operan las relaciones Estado-Sociedad y Mercado.

Así entonces, no hay una doctrina de Estado sobre la cual la sociedad colombiana pueda pensar su devenir y proyectar su futuro. Hay una variedad de juicios alrededor de lo que debe ser el Estado, sujetos, claro está, a las acciones privadas de élites y de grupos que emergen asociados a actividades lícitas e ilícitas, teniendo como principio orientador someterlo, y crear uno que se ponga a su servicio, así el costo sea la disgregación del Estado como único orden social, político y económico.

Por ello, actividades como el narcotráfico, proyectos agroindustriales, el desarrollo empresarial y fenómenos como el paramilitarismo, comparten la idea de que entre más precario sea el Estado, mejor para los intereses de quienes han creado, desde la legalidad o la ilegalidad, verdaderos paraestados que se oponen a la consolidación de un único referente de orden. 

Como referente y símbolo de unidad social y cultural, el Estado colombiano colapsó. Como referente político, ese mismo Estado sobrevive porque hay una acción política vigorosa, desde lo electoral –a través del clientelismo- y desde la construcción de forzosos consensos que, claramente, benefician a quienes, desde la tradición, se erigen como sectores poderosos que sostienen el aparataje estatal, a pesar de su notable y evidente ilegitimidad.

Además, existe Estado porque hay la suficiente fuerza represiva para enmascarar su crisis y porque hay una actividad económica capaz de sostener tanto a dicha fuerza represiva, como al mismo referente de orden. 

Propongo tres criterios[4] para entender el origen y la presencia histórica del fenómeno paramilitar, que bien pueden servir para dimensionar por qué será tan difícil desmontar el fenómeno Paramilitar:

1. Baja institucionalidad, representada en el imaginario de ineficacia construido alrededor del pobre accionar de la justicia, que tiene un carácter histórico y exalta la debilidad y la incapacidad del Estado de imponerse frente a grupos sociales con conductas anómicas y frente a grupos armados ilegales que desde hace tiempo desconocen su autoridad y lo enfrentan militarmente. 

2. Tradición violenta aceptada socialmente, que induce a pensar que los amplios y disímiles fenómenos de violencia que aún se dan en Colombia, están soportados en la ‘naturaleza violenta’[5] del colombiano, asociada, además, a un problema fenotípico aupado por la incapacidad de las instituciones estatales y la falta de una sociedad civil estructurada, con una agenda pública común, capaz de exigirle al Estado cumplir con principios y valores modernos.

3. Conductas societales normatizadas y normalizadas. Desde allí se concibe y se explica que el actuar de la autodefensa, como práctica social complementada o asociada a la posibilidad de hacer justicia por mano propia, el ciudadano colombiano la reconoce o la ha internalizado como norma, lo que, a su vez, permite volver ley socialmente aceptada todas aquellas prácticas y procedimientos que, alejados del contexto y las condiciones propias de un Estado social de derecho, se convierten en hechos perfectamente normales de acuerdo con las precarias condiciones en las que sobreviven el Estado y la sociedad colombianas en su conjunto.

El Paramilitarismo hoy

Después del proceso de sometimiento[6] de los paramilitares en el gobierno de Uribe Vélez, el fenómeno se mantuvo y su expresión armada sufrió transformaciones. Mutó. Digamos que los paramilitares y el fenómeno Paramilitar mismo, políticamente se “desvanecieron”, lo que hizo creer en su desaparición o en el debilitamiento del proyecto neoconservador que los paramilitares agenciaron, a nombre de poderosos actores de la sociedad civil que simpatizaron y simpatizan aún con la ideología paramilitar.

Por el contrario, el proyecto económico, social, político y cultural que los paramilitares agenciaron, continúa vigente, solo que ahora la visibilidad política que en otrora tuvieron los jefes de las AUC, está en manos de los “naturales” agentes y aupadores de dicho fenómeno y directos beneficiarios del despojo de grandes extensiones de tierra que lograron los paramilitares: hablo de agroindustriales, ingenios azucareros, ganaderos, empresas mineras y todos aquellos amigos del latifundio como único  y posible modelo de producción. Baste con recordar, para el caso del Valle del Cauca, las declaraciones que dio el paramilitar Hebert Veloza[7], conocido con el alias de HH, en las que reconoció el aporte económico que sectores de poder[8] de este departamento, dieron al Bloque Calima.

Hay  que señalar que los residuos paramilitares que no se desmovilizaron, actúan hoy sin claros referentes políticos[9], lo que hace que su operación se reduzca, quizás, a la prestación de servicios de seguridad privada o acciones delincuenciales. La operación dispersa de lo que las autoridades llaman los “neoparamilitares”, sirve a la estrategia de sectores del Establecimiento que insisten en que el fenómeno paramilitar y su expresión armada, los Paramilitares, efectivamente ya no existen. De allí que lo acordado en La Habana, en lo que toca al desmonte del paramilitarismo, poco interés despierte en ciertos sectores del Establecimiento.

Insisto, el fenómeno se mantiene porque subsisten las circunstancias económicas, las motivaciones políticas y las prácticas socio culturales con las que se legitimó su presencia y su lucha. Se suma a lo anterior, la complacencia social con el ethos mafioso, el odio visceral hacia las guerrillas, y la oposición a su reinserción por la vía de una negociación política. Igualmente, la natural animadversión hacia las ideas de izquierda.

De igual manera, a pesar de la cercana  posibilidad de que se ponga fin al conflicto armado, por lo menos con las Farc, la Doctrina de Seguridad Nacional seguirá vigente en sectores castrenses que, al compartir la visión de desarrollo de azucareros, ganaderos, latifundistas y agroindustriales, entre otros, continúan reconociendo a indígenas, afros y campesinos[10], y a defensores de derechos humanos y del medio ambiente, como aliados de las guerrillas o simpatizantes de las ideas de izquierda.

Por todo lo anterior, vislumbro un difícil desmonte del paramilitarismo porque está adherido a la cultura y a las propias lógicas del Establecimiento. Su desmonte es, desde ya, el reto más difícil para el  imaginado y deseado escenario de posconflicto.

Además, frente a los crímenes cometidos por los paramilitares jamás hubo sanción social. Termino con apartes de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el paramilitar y genocida, Salvatore Mancuso:

“Jamás aplicamos eso que a veces resulta más efectivo que la sanción penal: el control social, dado que antes que rechazar al agresor o a quien lo auxiliaba, permitimos que hicieran vida social, sin reprocharles, sin excluirlos, sin señalarlos…[11]”.


Imagen tomada de Semana.com



[1] Comunicador social y politólogo. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente.

[2] “Los irregulares en lucha contra la guerrilla prefieren llamarse ‘autodefensas’, mientras en el lenguaje ordinario es más común llamarlos ‘paramilitares’. Estos dos términos difieren en que el primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia de Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de combate paralelo a las Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del Estado. En la realidad colombiana se han dado mezclas de ambos fenómenos, por lo cual -salvo donde el contexto indique lo contrario-  en este Informe se usarán ambos apelativos indistintamente. Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al siglo XIX  y, en tiempos más recientes, a la ya mencionada ‘ley del llano’, a los ‘chulavitas’ y ‘pájaros’ de mediados del siglo XX, o a las autodefensas que, en la estrategia contrainsurgente de la Guerra Fría, tuvieron existencia legal y debatida a partir de 1965. Pero, a comienzos de los 80 surge un paramilitarismo diferente, pues no es ‘autodefensa’ ni tampoco ‘estatal’, sino extensión de los ejércitos privados que, necesariamente, tienen las industrias ilegales (narcotráfico y comercio de esmeraldas). Tras comprar grandes extensiones de tierra, aquellos ‘empresarios de la coacción’ se empeñan en ‘limpiar de guerrilleros’ el Magdalena medio, y su ejemplo es seguido por propietarios de Córdoba, Urabá y la Orinoquia. A partir de sus orígenes locales, algunos de estos grupos confluyeron -y así lo indica el nombre-  en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero se trata, en el mejor de los casos, de un proyecto nacional en construcción, de abajo hacia arriba, y sujeto a intensas tensiones internas. En otras palabras, aunque hayan adoptado un discurso ‘político’ de alcance nacional, las autodefensas son respuestas locales a la guerrilla y, al igual que ella, pertenecen al mundo rural.” Gómez Buendía, Hernando. El Conflicto, callejón con salida: informe nacional de desarrollo humano para Colombia. Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2003. p. 29.
[3] Se define como el conjunto de acciones, decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y transacciones de todo tipo que los ciudadanos y las instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar el Bien Común. 
[4] Tomado de Ayala, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.
[5] Al hablar de ‘naturaleza violenta’, así, entre comillas, no pretendo sugerir un apague y vámonos o  considerar que nuestra sociedad no vislumbra un futuro, en la medida en que los individuos estarían condenados a repetir cíclicamente las dinámicas de violencia. Por el contrario, como creo que hay caminos para superar estos hechos y estadios de violencia, con este ejercicio de reflexión intento aportar elementos para comprender y buscar soluciones alternas a las dinámicas del conflicto que, históricamente, ha permeado a la sociedad colombiana. De igual manera, rechazo la tesis de que exista una naturaleza violenta exclusiva de los colombianos. Nota del autor.

[6] No hablo de proceso de paz, por cuanto un proceso de esa naturaleza supone una negociación política  con un enemigo interno que desconoce la autoridad del Estado y lo ataca militarmente. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/09/dos-procesos-distintos.html

[9] No quiere decir que de manea natural los paramilitares tengan derecho al reconocimiento de un estatus político.
[10] La ubicación en territorios geoestratégicos de los frentes paramilitares y de actores asociados a sus intereses, fue clave no solo para la expansión armada, sino para el desarrollo de diversas actividades económicas    -agroindustriales, por ejemplo- previo desplazamiento y desaparición de ciudadanos incómodos (Indígenas, afros y campesinos, vistos, además, como víctimas culpables), o abiertamente enemigos de la causa paramilitar y del modelo económico y político que le acompaña y del cual se nutrió para constituirse como un proyecto multifactorial. Véase: Ayala, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011.
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