YO DIGO SÍ A LA PAZ

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martes, 13 de mayo de 2008

Con extradiciones masivas, gana la impunidad y se legitima el crimen de lesa humanidad

Por

Germán Ayala Osorio

El Tiempo.com destaca hoy 13 de mayo, las extradiciones de “Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo ('Don Berna), Hernán Giraldo, alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy…” y de nueve paramilitares más, enviados de manera intempestiva hacia los Estados Unidos.

La decisión del Presidente se ampara en que los paramilitares violaron los compromisos adquiridos en el marco de la ley de Justicia y Paz, es decir, continuaron delinquiendo desde sus lugares de reclusión. Sin duda, un argumento válido que sirve de cortina de humo para que los medios masivos, especialmente RCN, dediquen varios días al asunto, minimizando la evidente crisis de gobernabilidad por el “escándalo de la parapolítica”.

La efectista y ágil maniobra de Uribe Vélez, da la sensación de firmeza de un gobierno claramente comprometido electoral, política, programática e ideológicamente con el paramilitarismo. Un gobierno firme con los delincuentes, que en el pasado inmediato fueron sus aliados electorales en varias zonas del país, genera credibilidad en quienes vienen ambientando la segunda reelección inmediata de Uribe Vélez y por supuesto, en la llamada comunidad internacional. La masiva extradición busca modificar la férrea posición de Nancy Pelosi respecto al TLC.

Con la medida presidencial se desmonta la ley de Justicia y Paz, es decir, se desconoce de un plumazo sus alcances, su razón de ser y la deja en estado de coma. Lo que confirma a Uribe Vélez como un Presidente que no sólo le apuesta a la impunidad, sino que con su decisión política, beneficia a quienes le abonaron el camino para que ocupara el Solio de Bolívar, asegurando, hacia futuro, el apoyo de las bases y las células del paramilitarismo nacional que aún permanecen con poder económico y militar, en su clara intención de perpetuarse en el poder.

Con la extradición de los 14 asesinos, el Gobierno de Uribe legitima y aprueba los delitos de lesa humanidad que se cometan a nombre del paramilitarismo, por cuanto los extraditados responderán por un delito menor, con la posibilidad de negociar con la acomodaticia justicia norteamericana, a partir de la entrega de rutas y bienes.

Con la decisión presidencial, se silencia a quienes desde sus lugares de reclusión venían presionando al Gobierno para que sus millonarios bienes no fueran a parar -o regresaran- a manos de quienes ellos consideran ‘amigos de la guerrilla’. De igual manera, intenta detener, en parte, el manantial de información que alimentó y alimenta el “escándalo” de la parapolítica, en un intento desesperado por evitar más detenciones de congresistas, de militares y posiblemente, el de empresarios afectos al fenómeno paramilitar; y claro, a un posible involucramiento de su nombre en las versiones que venían entregando los paramilitares ‘desmovilizados’. Sin duda, con la extradición de los jefes paras, el Gobierno intenta ponerle freno al trabajo investigativo de la Corte Suprema de Justicia.

Con la extradición de los 14 paramilitares, el Gobierno accede a las presiones que el Departamento de Estado de los EE.UU. le venía haciendo, con el fin de controlar las rutas y hacerse a cuantiosas fortunas, manteniendo de esta manera, la presión y el control sobre este gobierno y el de sucesivas administraciones.

Es evidente que la extradición dejó de ser el mecanismo de presión y amedrentamiento que usó el Estado colombiano, en la lucha que libró contra los carteles de la droga en recientes épocas. Hoy, la misma herramienta jurídico-política, viene siendo el correlato de los paraísos fiscales usados por mafiosos para lavar sus fortunas; para el caso de los paracos extraditados, con el nuevo paraíso, aseguran una vida tranquila en los Estados Unidos, a cambio de la entrega de bienes y rutas. No serán, pues, juzgados por las masacres ordenadas y perpetradas, sino por un delito que deja muy buenos dividendos para quienes lo cometen.

Qué triste saber que el Estado colombiano, a través de un gobierno, sea incapaz no sólo de castigar con rigor a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, sino de garantizar la reparación a un número importante de familiares, que sufrieron con la muerte de sus seres queridos, el destierro y la persecución para-estatal.

Resta esperar que la justicia americana atienda el grito desesperado de los familiares de las víctimas, exigiendo y asegurando la reparación. Sin duda, todo un milagro. Y resta también, que la Corte Suprema de Justicia, continúe con el caso de la Yidispolítica, para que así los colombianos confirmen lo que era apenas un rumor: que la reelección de Uribe Vélez es ilegítima, está manchada por el clientelismo y la corrupción que él prometio combatir.

Adenda:

La jugada presidencial se entiende también como el afán de cumplir con las exigencias de la demócrata, Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso americano, quien ha sido la mayor opositora a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia. Habrá que esperar si es suficiente para la señora Pelosi, con el envío en extradición de los 14 criminales. Claro que hay otros asuntos pendientes, como por ejemplo, la persecución y muerte de sindicalistas. Habrá que esperar.

Mayo 21 de 2008

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