Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Está claro que la política de seguridad democrática fue diseñada exclusivamente para enfrentar militarmente a las FARC, lo que explica lo poco que Uribe ha hecho, en casi ya ocho años de gobierno, por brindar seguridad a los ciudadanos que deambulan por calles y avenidas. Y es así, porque la propaganda mediática y la oficial (y la que se pone en marcha desde la Casa de Nariño) lograron ‘convencer’ a amplios sectores de la opinión, de que el enemigo a vencer son las guerrillas y no la corrupción, pública y privada, y la pauperización de las condiciones de vida de trabajadores y de ciudadanos en general.
Para completar el oscuro panorama, el mismo Gobierno anunció que no hay presupuesto para enfrentar la creciente inseguridad en las ciudades de Colombia; pero sí hay dinero para pagar favores reeleccionistas a través de la política pública Agro Ingreso Seguro. Confirmado: al no ser la seguridad ciudadana un asunto político-electoral, los candidatos a diversos cargos públicos se dedican a fortalecer sus mafias clientelares, dejando por fuera de la ‘agenda de gobierno’, un asunto vital para la vida de los ciudadanos.
El caso de Cali es alarmante: 1.436 asesinatos en lo corrido de 2009, representa no sólo la incapacidad del Estado para salvaguardar la vida de sus asociados, sino el desinterés del gobierno de trabajar en procura de bajar las tasas de homicidios en ciudades y pueblos.
Alcaldes, gobernadores y comandantes de Policía y, por supuesto, el alto Gobierno, poco hacen para enfrentar el tráfico de armas, principal variable de la creciente inseguridad ciudadana. De ¿dónde salen las armas? ¿Acaso de miembros de las propias fuerzas militares que las venden a narcotraficantes, bandas de criminales y/o oficinas de cobro? ¿Acaso éstos conocen las mafias y las rutas de acceso y consecución de armas ilegales y guardan silencio por miedo represalias o por simpatías ideológicas?
No hay evidencias de un trabajo concertado al interior de las fuerzas militares para hacer el seguimiento a la procedencia de las armas incautadas o recuperadas en las escenas de los crímenes. ¿Hay, acaso, fábricas clandestinas o una mafia al interior de Indumil; o se trata de armamento que penetra con facilidad las abandonadas fronteras de Colombia?
Además de descubrir y enfrentar las cadenas de tráfico de armas, es responsabilidad del Estado contener el acelerado empobrecimiento de amplios grupos humanos y fenómenos delincuenciales asociados a falta de oportunidades, violencia intrafamiliar, narcotráfico y en general, aquellos generados por la ausencia del Estado y de instituciones responsables de los llamados procesos de socialización.
Hasta tanto las autoridades de Policía no asuman con seriedad y rigor el control de las armas con las cuales se asesinan ciudadanos, ciudades colombianas, como Cali, estarán condenadas a registrar cada fin de semana múltiples homicidios.
Mientras que la seguridad ciudadana no se eleve a un asunto político y se le dé la importancia que merece, caleños y colombianos somos potenciales víctimas de una bala perdida o de un asalto.
La seguridad ciudadana en las ciudades es, sin duda, una asignatura pendiente de las dos administraciones de Uribe, concentradas a generar, por un lado, riqueza al sistema financiero y a multinacionales y por el otro lado, sensaciones positivas que se expresan en estribillos insulsos como Vive Colombia Viaja Por Ella.
Está claro que la política de seguridad democrática fue diseñada exclusivamente para enfrentar militarmente a las FARC, lo que explica lo poco que Uribe ha hecho, en casi ya ocho años de gobierno, por brindar seguridad a los ciudadanos que deambulan por calles y avenidas. Y es así, porque la propaganda mediática y la oficial (y la que se pone en marcha desde la Casa de Nariño) lograron ‘convencer’ a amplios sectores de la opinión, de que el enemigo a vencer son las guerrillas y no la corrupción, pública y privada, y la pauperización de las condiciones de vida de trabajadores y de ciudadanos en general.
Para completar el oscuro panorama, el mismo Gobierno anunció que no hay presupuesto para enfrentar la creciente inseguridad en las ciudades de Colombia; pero sí hay dinero para pagar favores reeleccionistas a través de la política pública Agro Ingreso Seguro. Confirmado: al no ser la seguridad ciudadana un asunto político-electoral, los candidatos a diversos cargos públicos se dedican a fortalecer sus mafias clientelares, dejando por fuera de la ‘agenda de gobierno’, un asunto vital para la vida de los ciudadanos.
El caso de Cali es alarmante: 1.436 asesinatos en lo corrido de 2009, representa no sólo la incapacidad del Estado para salvaguardar la vida de sus asociados, sino el desinterés del gobierno de trabajar en procura de bajar las tasas de homicidios en ciudades y pueblos.
Alcaldes, gobernadores y comandantes de Policía y, por supuesto, el alto Gobierno, poco hacen para enfrentar el tráfico de armas, principal variable de la creciente inseguridad ciudadana. De ¿dónde salen las armas? ¿Acaso de miembros de las propias fuerzas militares que las venden a narcotraficantes, bandas de criminales y/o oficinas de cobro? ¿Acaso éstos conocen las mafias y las rutas de acceso y consecución de armas ilegales y guardan silencio por miedo represalias o por simpatías ideológicas?
No hay evidencias de un trabajo concertado al interior de las fuerzas militares para hacer el seguimiento a la procedencia de las armas incautadas o recuperadas en las escenas de los crímenes. ¿Hay, acaso, fábricas clandestinas o una mafia al interior de Indumil; o se trata de armamento que penetra con facilidad las abandonadas fronteras de Colombia?
Además de descubrir y enfrentar las cadenas de tráfico de armas, es responsabilidad del Estado contener el acelerado empobrecimiento de amplios grupos humanos y fenómenos delincuenciales asociados a falta de oportunidades, violencia intrafamiliar, narcotráfico y en general, aquellos generados por la ausencia del Estado y de instituciones responsables de los llamados procesos de socialización.
Hasta tanto las autoridades de Policía no asuman con seriedad y rigor el control de las armas con las cuales se asesinan ciudadanos, ciudades colombianas, como Cali, estarán condenadas a registrar cada fin de semana múltiples homicidios.
Mientras que la seguridad ciudadana no se eleve a un asunto político y se le dé la importancia que merece, caleños y colombianos somos potenciales víctimas de una bala perdida o de un asalto.
La seguridad ciudadana en las ciudades es, sin duda, una asignatura pendiente de las dos administraciones de Uribe, concentradas a generar, por un lado, riqueza al sistema financiero y a multinacionales y por el otro lado, sensaciones positivas que se expresan en estribillos insulsos como Vive Colombia Viaja Por Ella.
3 comentarios:
¿??¿?¿
Perdon! :)
Uribito:
Te veo bien.
Luisf
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