¿ESTARÁ CERCA EL DELITO DE OPINIÓN?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Registra EL ESPECTADOR.COM lo que la fiscal Jenny Claudia Almeida considera alrededor del caso, que por injuria y calumnia, se lleva contra la investigadora y politóloga Claudia López.

Según el medio bogotano, la fiscal considera que “Claudia López sobrepasó su derecho a la libertad de expresión al lanzar falsas imputaciones contra el ex presidente Ernesto Samper”.

Si la discutible tesis de la fiscal prospera, es posible que no sólo se condene a Claudia López, sino que se dé vida al delito de opinión. Sería gravísimo para esta débil democracia que ello sucediera.

Que Samper haya o no participado directamente en la muerte de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Monita Retrechera, sólo lo sabrá Dios, tal y como lo expresó con claridad la columnista en su momento. Es sobre esa frase que debería girar la discusión con la fiscal Almeida. López no está señalando a Samper, sólo que ella cree que el ex presidente tiene el talante necesario como para haber participado de ese crimen. Y como simple ciudadana, López tiene el derecho de pensar, relacionar y de enunciar lo que ella a bien tenga creer alrededor de personajes públicos que, como Samper, permitieron, por omisión, por acción directa, con evidente complicidad e incluso, con probada ingenuidad (que no es el caso), la penetración de la mafia en la contienda electoral que lo llevó a la Presidencia (1990-1994).

La fiscal no puede apresurarse mirando sólo lo que el texto pueda denotar o connotar. La frase de López está cubierta por el ejercicio de la doxa, del periodismo, es decir, por una deontología que pone al periodismo, al periodismo de opinión y al columnista, por encima de las legítimas molestias que una opinión le puede generar a un mandatario o funcionario público. A lo que se suma el derecho de dudar de la buena fe de un servidor público, en especial de un Presidente cuando hay evidencias suficientes de que éste faltó a la confianza de sus electores, y aceptó, directa e indirectamente, la injerencia de mafiosos que asesinaron policías, periodistas y jueces. Por el contrario, la fiscal debe mirar el contexto histórico y reconocer que hay suficientes evidencias de la penetración de la mafia y del paramilitarismo en las entrañas del Estado, de los partidos políticos y en el mismo corazón de una clase política y dirigente que no sólo aceptó dineros, sino que comparte el ideario de narcos y paracos.

Si condenan a Claudia López, el delito de opinión habrá cobrado vida en Colombia. Será el inicio de un régimen de terror para quienes ejercen con valentía la labor de opinar, de criticar y de develar las oscuras relaciones entre mafiosos y políticos.

Cualquiera que sea el fallo, Samper jamás podrá evitar que pensemos de él lo peor. Y lo mismo para otros ex presidentes que ideológicamente han estado cercanos al actuar criminal de actores armados ilegales. No necesitamos pruebas técnicas ni testimonios para comprender que desde hace muchos años vivimos en una narcodemocracia, soportada en el poder intimidatorio de una clase política enferma y de unos fiscales que le hacen el juego, señalando como delito lo que es simplemente la expresión de una profunda desconfianza ciudadana, de millones de colombianos, que bien recoge la columnista Claudia López.

Ahora resulta que dudar y desconfiar de la buena fe de nuestra clase dirigente es un delito. Apague y vámonos, porque Torquemada resucitó y viene recargado de poderes.

Y lo más triste es el silencio de las empresas periodísticas, de los directores y editores y demás columnistas, e incluso, de las facultades de periodismo. Son estos temas los que deben movilizar a la prensa, siempre presta a cubrir con espectacularidad crímenes, violaciones y robos, pero incapaz de escandalizarse ante la evidente criminalización de la opinión, de las libertades de prensa y expresión.