Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Plan de Desarrollo del presidente Santos está listo para ser debatido al interior del Congreso. Prosperidad para todos es el nombre de un plan que pretende dar un giro formal y real frente al que aplicó Uribe en sus dos períodos de gobierno, en el que se hizo énfasis en la seguridad, una política de guerra con la que se buscaba acabar militarmente a las Farc y que sirvió para aterrorizar a dirigentes de izquierda, periodistas, intelectuales, sindicalistas y magistrados de la Corte Suprema, entre otros.
Bien vale la pena entonces, mirar algunos asuntos planteados en la propuesta de Santos. Hay que decir que los planes de desarrollo son apuestas de futuro, acosados no sólo por el tiempo de su aplicación real, sino por la recolección efectiva de los frutos de la implementación de políticas públicas, cuyo objetivo central es y deber ser, responder a las demandas sentidas de una sociedad civil fragmentada y a las de específicos sectores poblaciones, tradicionalmente abandonados por el Estado. Pero también quedan y están sujetos dichos planes a una inercia alrededor de cómo se hacen las cosas dentro del Estado, cómo han actuado los actores más poderosos de la sociedad civil en torno a exigirle al Estado que asuma sus responsabilidades y de cuál es el talante tanto de la clase política, las élites militares y económicas alrededor de temas claves para la construcción de una mejor sociedad: la solidaridad, la equidad y el respeto a la diferencia, entre otros.
El Plan de Desarrollo, Prosperidad para todos, señala en algunos apartes que “el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de estos ejes dependerá de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, pero también del papel crucial que jugará el sector privado y la sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre. Como lo ha dicho el presidente Santos en numerosas ocasiones, el objetivo es establecer un gobierno de Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Un gobierno que prioriza las políticas que consiguen los mayores resultados sociales, independientemente de su origen político. Políticas que conduzcan a una mayor cohesión social, a través de la generación de empleo, la educación y la igualdad de oportunidades, y que también promuevan la participación ciudadana y la responsabilidad social”.
Sobre las ideas subrayadas bien la pena reflexionar. ¿Qué actores de la sociedad civil van a participar del llamado que hace Santos en su Plan de Desarrollo? ¿Bajo qué orientaciones ideológicas y políticas concretas actuarán, cuando es claro que en Colombia sectores específicos de la llamada sociedad civil han, de muchas maneras, apoyado, aupado y legitimado el actuar de un Estado precario e irresponsable, sobre el cual amplios sectores de la ciudadanía y ONG de derechos humanos guardan reservas por el talante de las acciones de agentes del Estado que han violado los derechos humanos y en ocasiones, sirvieron a los propósitos e intereses económicos, sociales y políticos de grupos al margen de la ley, como paramilitares y guerrilleros.
¿Bajo qué principios éticos ha actuado el sector privado en Colombia? Especialmente los bancos, protegidos como nunca por el Estado cuando han necesitado la intervención de éste para salvarlos, pero que poco o nada han hecho para socializar las incalculables ganancias alcanzadas por su operación.
¿Qué significa realmente aquella frase que dice que “el Estado es quien despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre, cuando en ocho años, Uribe trabajó para reducir la injerencia del Estado en asuntos del mercado y la disminución de su rol responsable en asuntos estratégicos como la salud y en general en la política de aseguramiento social? Históricamente hemos asistido a la acción de un Estado privatizado, al servicio de unos pocos, de centros de poder privado, de agentes privados que en los últimos 20 años, por ejemplo, permitieron y auparon la penetración de paramilitares y narcotraficantes, transformando la sociedad, el propio Estado y la forma de hacer política.
Y la última frase: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Es claro que hoy asistimos a una relación cada vez más asimétrica entre el capital nacional y transnacional y el Estado-nación, que supone de inmediato, la reducción del poder de éste, con el claro propósito de hincarlo ante el poder absoluto del mercado. La crisis del Estado-nación, en términos de soberanía y capacidad administrativa y política, no sólo se confirma en la propuesta de desarrollo del actual gobierno de Colombia, sino que desestima como obstáculo para promover y lograr el mayor bienestar para las grandes mayorías.
¿Qué tipo de Estado tiene en la mente el Presidente? Un Estado que trabaje por el bienestar general de sus asociados, exigiendo mayor responsabilidad social y solidaridad al sector privado; o un Estado que intentará paliar los estragos de un modelo económico que no sólo reduce las oportunidades en términos de movilidad social, sino que convierte la participación política en algo insulso. ¿O un Estado mínimo, que hace asistencialismo? Creo que el asunto va en relación con las dos últimas posibilidades.
Entre tanto, el gobierno de Santos cree que colgando el documento en la página oficial de la Presidencia y presentarlo a un Congreso que arrastra problemas de legitimidad, dada la penetración y cooptación de un importante porcentaje de éste por parte del paramilitarismo, es suficiente para que todos los colombianos sepamos para dónde va el país.
¿En dónde está la Academia discutiendo este documento? ¿En dónde están los grupos de investigación, los foros ciudadanos, la izquierda democrática? La ausencia de escenarios distintos al Congreso que posibiliten la discusión de la propuesta presidencial, evidencia que al actual gobierno no le interesa socializar el documento en esferas que hagan una evaluación crítica y profunda de dicho documento. Demuestra con claridad que no habrá retroalimentación y maneras de discutir, reversar o mejorar lo planteado en dicho plan de desarrollo.
¿Qué significa, por ejemplo, que el desarrollo regional que se propone en el Plan Nacional de Santos, esté en la misma línea de lo planteado en el Informe sobre el Desarrollo Humano Mundial (BM, 2009), una nueva geografía económica, alrededor de que “las ciudades, la migración y el comercio han sido los principales catalizadores del progreso en el mundo desarrollado durante los dos últimos siglos. La historia se repite ahora en las economías más dinámicas del mundo en desarrollo” (IDHM, 2009, x)?
¿Qué va a pasar, por ejemplo, con indígenas, afros y campesinos? ¿Qué va a suceder en materia ambiental, cultural y social cuando se logre la interconexión vial de las zonas biodiversas donde se piensan construir carreteables?
El papel que juegan hoy las multinacionales en la bonanza minera que vive el país hace parte de lo expresado en el Plan de Santos: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Lo que viene sucediendo en el Páramo de Santurbán (Santander), en el que la firma Greystar explota oro, explica, junto a otros proyectos de explotación minera, como el de Cajamarca (a cargo de la multinacional Anglo Gold Ashanti), que el Estado allí no es necesario.
No es un asunto menor lo que está proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno de Santos. Muy seguramente será aprobado por el Congreso y quedaremos a la espera de la revisión que haga la Corte Constitucional. De resto, todo seguirá igual. Es la inercia de una vida sujeta al capital, al consumo y a la inacción política. Ya no hay ciudadanos, hay clientes. El Estado-nación agoniza, mientras el Mercado, cada vez se fortalece más.
El Plan de Desarrollo del presidente Santos está listo para ser debatido al interior del Congreso. Prosperidad para todos es el nombre de un plan que pretende dar un giro formal y real frente al que aplicó Uribe en sus dos períodos de gobierno, en el que se hizo énfasis en la seguridad, una política de guerra con la que se buscaba acabar militarmente a las Farc y que sirvió para aterrorizar a dirigentes de izquierda, periodistas, intelectuales, sindicalistas y magistrados de la Corte Suprema, entre otros.
Bien vale la pena entonces, mirar algunos asuntos planteados en la propuesta de Santos. Hay que decir que los planes de desarrollo son apuestas de futuro, acosados no sólo por el tiempo de su aplicación real, sino por la recolección efectiva de los frutos de la implementación de políticas públicas, cuyo objetivo central es y deber ser, responder a las demandas sentidas de una sociedad civil fragmentada y a las de específicos sectores poblaciones, tradicionalmente abandonados por el Estado. Pero también quedan y están sujetos dichos planes a una inercia alrededor de cómo se hacen las cosas dentro del Estado, cómo han actuado los actores más poderosos de la sociedad civil en torno a exigirle al Estado que asuma sus responsabilidades y de cuál es el talante tanto de la clase política, las élites militares y económicas alrededor de temas claves para la construcción de una mejor sociedad: la solidaridad, la equidad y el respeto a la diferencia, entre otros.
El Plan de Desarrollo, Prosperidad para todos, señala en algunos apartes que “el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de estos ejes dependerá de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, pero también del papel crucial que jugará el sector privado y la sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre. Como lo ha dicho el presidente Santos en numerosas ocasiones, el objetivo es establecer un gobierno de Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Un gobierno que prioriza las políticas que consiguen los mayores resultados sociales, independientemente de su origen político. Políticas que conduzcan a una mayor cohesión social, a través de la generación de empleo, la educación y la igualdad de oportunidades, y que también promuevan la participación ciudadana y la responsabilidad social”.
Sobre las ideas subrayadas bien la pena reflexionar. ¿Qué actores de la sociedad civil van a participar del llamado que hace Santos en su Plan de Desarrollo? ¿Bajo qué orientaciones ideológicas y políticas concretas actuarán, cuando es claro que en Colombia sectores específicos de la llamada sociedad civil han, de muchas maneras, apoyado, aupado y legitimado el actuar de un Estado precario e irresponsable, sobre el cual amplios sectores de la ciudadanía y ONG de derechos humanos guardan reservas por el talante de las acciones de agentes del Estado que han violado los derechos humanos y en ocasiones, sirvieron a los propósitos e intereses económicos, sociales y políticos de grupos al margen de la ley, como paramilitares y guerrilleros.
¿Bajo qué principios éticos ha actuado el sector privado en Colombia? Especialmente los bancos, protegidos como nunca por el Estado cuando han necesitado la intervención de éste para salvarlos, pero que poco o nada han hecho para socializar las incalculables ganancias alcanzadas por su operación.
¿Qué significa realmente aquella frase que dice que “el Estado es quien despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre, cuando en ocho años, Uribe trabajó para reducir la injerencia del Estado en asuntos del mercado y la disminución de su rol responsable en asuntos estratégicos como la salud y en general en la política de aseguramiento social? Históricamente hemos asistido a la acción de un Estado privatizado, al servicio de unos pocos, de centros de poder privado, de agentes privados que en los últimos 20 años, por ejemplo, permitieron y auparon la penetración de paramilitares y narcotraficantes, transformando la sociedad, el propio Estado y la forma de hacer política.
Y la última frase: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Es claro que hoy asistimos a una relación cada vez más asimétrica entre el capital nacional y transnacional y el Estado-nación, que supone de inmediato, la reducción del poder de éste, con el claro propósito de hincarlo ante el poder absoluto del mercado. La crisis del Estado-nación, en términos de soberanía y capacidad administrativa y política, no sólo se confirma en la propuesta de desarrollo del actual gobierno de Colombia, sino que desestima como obstáculo para promover y lograr el mayor bienestar para las grandes mayorías.
¿Qué tipo de Estado tiene en la mente el Presidente? Un Estado que trabaje por el bienestar general de sus asociados, exigiendo mayor responsabilidad social y solidaridad al sector privado; o un Estado que intentará paliar los estragos de un modelo económico que no sólo reduce las oportunidades en términos de movilidad social, sino que convierte la participación política en algo insulso. ¿O un Estado mínimo, que hace asistencialismo? Creo que el asunto va en relación con las dos últimas posibilidades.
Entre tanto, el gobierno de Santos cree que colgando el documento en la página oficial de la Presidencia y presentarlo a un Congreso que arrastra problemas de legitimidad, dada la penetración y cooptación de un importante porcentaje de éste por parte del paramilitarismo, es suficiente para que todos los colombianos sepamos para dónde va el país.
¿En dónde está la Academia discutiendo este documento? ¿En dónde están los grupos de investigación, los foros ciudadanos, la izquierda democrática? La ausencia de escenarios distintos al Congreso que posibiliten la discusión de la propuesta presidencial, evidencia que al actual gobierno no le interesa socializar el documento en esferas que hagan una evaluación crítica y profunda de dicho documento. Demuestra con claridad que no habrá retroalimentación y maneras de discutir, reversar o mejorar lo planteado en dicho plan de desarrollo.
¿Qué significa, por ejemplo, que el desarrollo regional que se propone en el Plan Nacional de Santos, esté en la misma línea de lo planteado en el Informe sobre el Desarrollo Humano Mundial (BM, 2009), una nueva geografía económica, alrededor de que “las ciudades, la migración y el comercio han sido los principales catalizadores del progreso en el mundo desarrollado durante los dos últimos siglos. La historia se repite ahora en las economías más dinámicas del mundo en desarrollo” (IDHM, 2009, x)?
¿Qué va a pasar, por ejemplo, con indígenas, afros y campesinos? ¿Qué va a suceder en materia ambiental, cultural y social cuando se logre la interconexión vial de las zonas biodiversas donde se piensan construir carreteables?
El papel que juegan hoy las multinacionales en la bonanza minera que vive el país hace parte de lo expresado en el Plan de Santos: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Lo que viene sucediendo en el Páramo de Santurbán (Santander), en el que la firma Greystar explota oro, explica, junto a otros proyectos de explotación minera, como el de Cajamarca (a cargo de la multinacional Anglo Gold Ashanti), que el Estado allí no es necesario.
No es un asunto menor lo que está proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno de Santos. Muy seguramente será aprobado por el Congreso y quedaremos a la espera de la revisión que haga la Corte Constitucional. De resto, todo seguirá igual. Es la inercia de una vida sujeta al capital, al consumo y a la inacción política. Ya no hay ciudadanos, hay clientes. El Estado-nación agoniza, mientras el Mercado, cada vez se fortalece más.
2 comentarios:
Germán. Excelente reflexión.Estás tocando temas cruxiales, que en el fondo se refieren a crear condiciones de reproducción del Capital, tema que muchos consideran obsoleto, pero que está en la médula de la reflexión.El Capital, en su desarrollo ha pasado por varios momentos, y en cada uno de ellosmoldea al Estado y a la Sociedad.La globalización y la Apertura económica enes su actual momento, dentro del cual el concepto de Estado Nación empieza a perder válidez. Santos representa una tendencia que busca con lúcidez dar cuenta de la situación; el proyecto de Uribe, en cierta manera estaba fuera de foco pero estaba apoyado por sectores poderosos de la ilegalidad que buscaban legitimarse. Esta confontación no ha sido superada y va ha estar en el centro del debate. No olvidemos que el Capital es amoral y no tiene reparos en asociarse hasta con el diablo si ello garantiza su reproducción. Pero el Capital tiene sus leyes y no perdona que sean violadas.
En este contexto aparecen temas de debate no solamente interesantes sino necesarios. De pront, vale la pena mantener un foco de discusión y no dejarse tentar por el tema de moda.
Saludos,
Gilberto
Hola Uribito:
Más que discutir sobre el tema en concreto, la propuesta, en la academía debería realizarse un debate a fondo sobre la forma de construir el Plan pues, desde la descentralización, hay mucho que aportar. ¿Qué tal, por ejemplo, el problema de la minería, en zonas de alto impacto?
Luis F.
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