Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La parapolítica debería servir para generar una ruptura histórica, en un país como Colombia que validó el actuar criminal de elites empresariales, políticas, militares y económicas que se aliaron con narco paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad, perseguir a ciudadanos incómodos (periodistas, políticos de izquierda y magistrados de la CSJ), promover el crimen organizado, urbano y rural, en mano de población joven, lavar dinero y penetrar instituciones del Estado, hasta cooptarlas para garantizar el efectivo desarrollo de sus proyectos.
El fallo condenatorio proferido por la Corte Suprema de Justicia contra el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, debe ser el inicio de un proceso de limpieza de las costumbres políticas (y judiciales) que debe ser sostenible en el tiempo, al que debe sumarse la Fiscalía, con el firme propósito de develar los niveles de complicidad de específicos actores de la sociedad civil colombiana, que actuaron en connivencia con criminales con suficiente poder económico para comprar las conciencias de quienes compartiendo la ideología de los paracos, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de refundación de la Patria.
Los colombianos (hombres y mujeres) no han dimensionado los alcances del proyecto de refundación de la nación, del Estado y de la patria que idearon políticos en todos los niveles de la democracia colombiana (congresistas, alcaldes y gobernadores), con el concurso, a veces silencioso, de militares, empresarios, un sector de la iglesia católica y medios de comunicación, con el apoyo armado y económico de los narcoparamilitares.
La ubicación en territorios geoestratégicos de los frentes paramilitares y de actores asociados a sus intereses, fue clave no sólo para la expansión armada, sino para el desarrollo de actividades agroindustriales, previo desplazamiento y desaparición de ciudadanos ‘incómodos’, o abiertamente enemigos de la causa paramilitar y del modelo económico y político que le acompaña y del cual se nutrió para constituirse como un proyecto multifactorial.
Las transformaciones en términos de capital social, alcanzadas gracias a las prácticas sociales genocidas, al desplazamiento y a las formas del miedo y la intimidación, facilitaron la entronización de los principios y en general del ideario paramilitar, compartido por empresarios, por funcionarios del Estado y por agentes importantes de la sociedad civil colombiana, que callaron ante las acciones armadas de las autodefensas unidas de Colombia y sus frentes militares.
Instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación moral, política y jurídica de avanzar en los procesos de la parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos y las ‘chuzadas’ del DAS, con el propósito no sólo de encontrar culpables, sino de dilucidar las finas relaciones que se establecieron entre empresarios, políticos y criminales. Esa es la petición de quienes no sólo han sido víctimas directas e indirectas, sino de todos los colombianos que no terminan por asombrarse con los episodios narrados y los que muy seguramente aún faltan por narrarse.
Quizás sea la última oportunidad que nos quede para superar este tenebroso proceso de penetración del fenómeno paramilitar, en instancias representativas del Estado: los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Es posible que tenga sentido decir que estamos en manos de los jueces, para sacar adelante este país. Fiscalía y Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos todos los elementos para poder generar una ruptura histórica que nos haga pensar en un nuevo país. Y es así porque la sociedad civil parece no incomodarse por lo sucedido.
La parapolítica debería servir para generar una ruptura histórica, en un país como Colombia que validó el actuar criminal de elites empresariales, políticas, militares y económicas que se aliaron con narco paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad, perseguir a ciudadanos incómodos (periodistas, políticos de izquierda y magistrados de la CSJ), promover el crimen organizado, urbano y rural, en mano de población joven, lavar dinero y penetrar instituciones del Estado, hasta cooptarlas para garantizar el efectivo desarrollo de sus proyectos.
El fallo condenatorio proferido por la Corte Suprema de Justicia contra el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, debe ser el inicio de un proceso de limpieza de las costumbres políticas (y judiciales) que debe ser sostenible en el tiempo, al que debe sumarse la Fiscalía, con el firme propósito de develar los niveles de complicidad de específicos actores de la sociedad civil colombiana, que actuaron en connivencia con criminales con suficiente poder económico para comprar las conciencias de quienes compartiendo la ideología de los paracos, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de refundación de la Patria.
Los colombianos (hombres y mujeres) no han dimensionado los alcances del proyecto de refundación de la nación, del Estado y de la patria que idearon políticos en todos los niveles de la democracia colombiana (congresistas, alcaldes y gobernadores), con el concurso, a veces silencioso, de militares, empresarios, un sector de la iglesia católica y medios de comunicación, con el apoyo armado y económico de los narcoparamilitares.
La ubicación en territorios geoestratégicos de los frentes paramilitares y de actores asociados a sus intereses, fue clave no sólo para la expansión armada, sino para el desarrollo de actividades agroindustriales, previo desplazamiento y desaparición de ciudadanos ‘incómodos’, o abiertamente enemigos de la causa paramilitar y del modelo económico y político que le acompaña y del cual se nutrió para constituirse como un proyecto multifactorial.
Las transformaciones en términos de capital social, alcanzadas gracias a las prácticas sociales genocidas, al desplazamiento y a las formas del miedo y la intimidación, facilitaron la entronización de los principios y en general del ideario paramilitar, compartido por empresarios, por funcionarios del Estado y por agentes importantes de la sociedad civil colombiana, que callaron ante las acciones armadas de las autodefensas unidas de Colombia y sus frentes militares.
Instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación moral, política y jurídica de avanzar en los procesos de la parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos y las ‘chuzadas’ del DAS, con el propósito no sólo de encontrar culpables, sino de dilucidar las finas relaciones que se establecieron entre empresarios, políticos y criminales. Esa es la petición de quienes no sólo han sido víctimas directas e indirectas, sino de todos los colombianos que no terminan por asombrarse con los episodios narrados y los que muy seguramente aún faltan por narrarse.
Quizás sea la última oportunidad que nos quede para superar este tenebroso proceso de penetración del fenómeno paramilitar, en instancias representativas del Estado: los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Es posible que tenga sentido decir que estamos en manos de los jueces, para sacar adelante este país. Fiscalía y Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos todos los elementos para poder generar una ruptura histórica que nos haga pensar en un nuevo país. Y es así porque la sociedad civil parece no incomodarse por lo sucedido.
Nota: este artículo fue publicado en el portal Aula y Asfalto, edición 216, de febrero 10 de 2011. http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, bajo el título A producir una ruptura histórica.
2 comentarios:
Bravo por la Corte.Sin justicia es imposible una democracia para todos.
Rodrigo Ramos Sánchez
Uribito:
Lo dicho: los jueces fueron las autoridades públicas que sostuvieron y salvaron a Colombia. Debemos seguir confiando en ellos, aunque se demoren en sus fallos.
Luis F.
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