Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Hay un elemento contextual que puede estar jugando en contra de la llamada Unidad Nacional del actual gobierno: empresarios y clase política entendieron, en los ochos años de Uribe, que era posible regresar al país de la Constitución de 1886. Es decir, la dirigencia más retardataria entiende hoy, que el legado de Uribe no está tanto en haber tomado las riendas del orden público, sino en haberle dado un respiro a las ideas conservadoras y a las posturas más reaccionarias. Ideas estas con las que se ha venido desestimando el valor que socialmente tiene el Estado social de derecho.
Las prácticas plutocráticas y autocráticas de Uribe estuvieron ancladas a un proyecto ultra conservador que le convino y aún le conviene a una clase dirigente y empresarial feudal, que desestima la democracia, el Estado social de derecho, los derechos humanos, la libertad y todo aquello que implique avanzar en materia de capital social.
En departamentos como el Valle del Cauca y el Cauca, en donde sobrevive una clase dirigente con ese talante feudatario, Uribe sigue siendo un líder irremplazable, aplaudido y reclamado.
Igual sucede con sectores políticos asociados a los insepultos partidos políticos tradicionales, en especial el partido conservador, animador número uno del proyecto uribista.
De ahí que el proyecto de refundación de la patria y de cooptación mafiosa del Estado no haya muerto con la desmovilización de un número importante de cabecillas paramilitares. Por el contrario, el actuar criminal de los paras sirvió a partidos políticos, a empresarios, Iglesia Católica, académicos, políticos y periodistas, entre otros, como prueba de calentamiento y como experimento, mientras de forma paralela, se construían las redes clientelares que hoy el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras señala, por ejemplo, en el INPEC, Superintendencia de Notariado y Registro y en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Hoy, ante las evidentes fisuras de la llamada Unidad Nacional de Santos, Uribe, desde su condición de ex presidente y desde su carácter mesiánico y caudillista, espera agazapado a que Santos no sólo se equivoque, sino que traicione los principios elementales y los estructurales del proyecto uribista, para atacarlo y probar así, que él, Santos, no supo cuidar sus ‘tres huevitos’.
Sin duda, su armazón ideológico y político está golpeado por los últimos acontecimientos y por las ya conocidas decisiones judiciales (hay que esperar las que vienen), pero Uribe sabe que en las elecciones de octubre de 2011 puede reiniciar su proyecto, esta vez, desde una condición política diferente, pero con el mismo entusiasmo con el que mandó entre 2002 y 2010.
Es ese, quizás, el mayor reto que tiene no sólo el gobierno de Juan Manuel Santos, sino las Altas Cortes, la propia Fiscalía y los sectores progresistas, en aras de frenar el proyecto de Uribe y el de sus ‘testaferros ideológicos’, ubicados en sectores estratégicos de la sociedad civil.
Por ello, la justicia debe actuar con diligencia para procesar y fallar en contra de todos aquellos que violaron la ley y acompañaron a Uribe en sus ocho años de gobierno. Y ello incluye a los empresarios que ha denunciado el asesino alias HH. Hay que golpear a sus áulicos, así como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia al investigar y sancionar a sus más cercanos colaboradores, incluyendo, claro está, a su primo Mario Uribe Escobar.
Claro que hay un escollo grande: el Procurador General de la Nación, cabeza visible de ese proyecto conservador que de seguir, nos llevará de regreso a las cavernas.
Si en las próximas elecciones de octubre Uribe logra obtener importantes triunfos político-electorales, es posible que la legitimidad y la gobernabilidad de Santos queden diezmadas, dándose así inicio la etapa de reconquista del poder, por parte del uribismo.
Sólo queda esperar un milagro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en los procesos que lleva contra Álvaro Uribe. De no darse el milagro, Colombia deberá escoger entre continuar el camino evolutivo trazado y sostenido en el espíritu garantista y profundamente liberal de la Carta Política de 1991 o, por el contrario, dar vuelta a atrás, y regresar al país autoritario, retrógrado, carca y excluyente con el que sueñan todos los días las élites, especialmente las de ciertas regiones. Avanzar o retroceder, esa es la cuestión hoy en Colombia.
Hay un elemento contextual que puede estar jugando en contra de la llamada Unidad Nacional del actual gobierno: empresarios y clase política entendieron, en los ochos años de Uribe, que era posible regresar al país de la Constitución de 1886. Es decir, la dirigencia más retardataria entiende hoy, que el legado de Uribe no está tanto en haber tomado las riendas del orden público, sino en haberle dado un respiro a las ideas conservadoras y a las posturas más reaccionarias. Ideas estas con las que se ha venido desestimando el valor que socialmente tiene el Estado social de derecho.
Las prácticas plutocráticas y autocráticas de Uribe estuvieron ancladas a un proyecto ultra conservador que le convino y aún le conviene a una clase dirigente y empresarial feudal, que desestima la democracia, el Estado social de derecho, los derechos humanos, la libertad y todo aquello que implique avanzar en materia de capital social.
En departamentos como el Valle del Cauca y el Cauca, en donde sobrevive una clase dirigente con ese talante feudatario, Uribe sigue siendo un líder irremplazable, aplaudido y reclamado.
Igual sucede con sectores políticos asociados a los insepultos partidos políticos tradicionales, en especial el partido conservador, animador número uno del proyecto uribista.
De ahí que el proyecto de refundación de la patria y de cooptación mafiosa del Estado no haya muerto con la desmovilización de un número importante de cabecillas paramilitares. Por el contrario, el actuar criminal de los paras sirvió a partidos políticos, a empresarios, Iglesia Católica, académicos, políticos y periodistas, entre otros, como prueba de calentamiento y como experimento, mientras de forma paralela, se construían las redes clientelares que hoy el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras señala, por ejemplo, en el INPEC, Superintendencia de Notariado y Registro y en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Hoy, ante las evidentes fisuras de la llamada Unidad Nacional de Santos, Uribe, desde su condición de ex presidente y desde su carácter mesiánico y caudillista, espera agazapado a que Santos no sólo se equivoque, sino que traicione los principios elementales y los estructurales del proyecto uribista, para atacarlo y probar así, que él, Santos, no supo cuidar sus ‘tres huevitos’.
Sin duda, su armazón ideológico y político está golpeado por los últimos acontecimientos y por las ya conocidas decisiones judiciales (hay que esperar las que vienen), pero Uribe sabe que en las elecciones de octubre de 2011 puede reiniciar su proyecto, esta vez, desde una condición política diferente, pero con el mismo entusiasmo con el que mandó entre 2002 y 2010.
Es ese, quizás, el mayor reto que tiene no sólo el gobierno de Juan Manuel Santos, sino las Altas Cortes, la propia Fiscalía y los sectores progresistas, en aras de frenar el proyecto de Uribe y el de sus ‘testaferros ideológicos’, ubicados en sectores estratégicos de la sociedad civil.
Por ello, la justicia debe actuar con diligencia para procesar y fallar en contra de todos aquellos que violaron la ley y acompañaron a Uribe en sus ocho años de gobierno. Y ello incluye a los empresarios que ha denunciado el asesino alias HH. Hay que golpear a sus áulicos, así como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia al investigar y sancionar a sus más cercanos colaboradores, incluyendo, claro está, a su primo Mario Uribe Escobar.
Claro que hay un escollo grande: el Procurador General de la Nación, cabeza visible de ese proyecto conservador que de seguir, nos llevará de regreso a las cavernas.
Si en las próximas elecciones de octubre Uribe logra obtener importantes triunfos político-electorales, es posible que la legitimidad y la gobernabilidad de Santos queden diezmadas, dándose así inicio la etapa de reconquista del poder, por parte del uribismo.
Sólo queda esperar un milagro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en los procesos que lleva contra Álvaro Uribe. De no darse el milagro, Colombia deberá escoger entre continuar el camino evolutivo trazado y sostenido en el espíritu garantista y profundamente liberal de la Carta Política de 1991 o, por el contrario, dar vuelta a atrás, y regresar al país autoritario, retrógrado, carca y excluyente con el que sueñan todos los días las élites, especialmente las de ciertas regiones. Avanzar o retroceder, esa es la cuestión hoy en Colombia.
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