Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no toma una decisión alrededor de otorgarle o no inmunidad a Uribe Vélez. Es más, acaba de solicitar al juez 30 días más para discutir el asunto.
Por ahora y mientras se toma la decisión de otorgarle o no la inmunidad solicitada por el gobierno de Juan Manuel Santos, hay que decir que las dos prórrogas pedidas por el Departamento de Estado resultan significativas en la medida en que el gobierno demócrata quiere ser cuidadoso en un asunto que no sólo compromete -y comprometería- las relaciones Washington-Bogotá, sino la ambigua y difícil postura que el gobierno de Obama ha asumido frente a la defensa de los derechos humanos, en especial para el caso colombiano. Baste con recordar lo que ha sucedido con el TLC, que por razones económicas internas de los Estados, y por la violación de los derechos humanos en Colombia, no ha sido aprobado aún.
Es claro que hay una situación distinta. No estamos en los tiempos en los que Colombia, hincada al poder gringo por cuenta de Uribe, gozaba de la simpatía, de la aquiescencia y colaboración del gobierno de Bush. Relación compleja esa entre Busch y Uribe, que pasó desapercibida en buena medida para los analistas e intelectuales y por la gran prensa colombiana. Hoy el asunto es a otro precio.
Y por cuenta de estas nuevas circunstancias, es posible que la inmunidad de Uribe, por ahora embolatada, determine el tipo de relación que Washington desea construir con el gobierno de Santos, sobre la base del respeto a los derechos humanos, a los sindicalistas, a la oposición y en general, a condiciones de seguridad no sólo para los trabajadores, sino en general para los ciudadanos colombianos. Es decir, que lo sucedido en Colombia entre el 2002 y el 2010, no se vuelva a repetir.
En caso tal de que el Departamento de Estado decida negar o no reconocer la inmunidad solicitada por Colombia, Uribe Vélez no sólo deberá comparecer en condición de testigo en el caso que se lleva contra la multinacional Drummond por vínculos con paramilitares y la comisión de delitos (homicidio de sindicalistas), sino que podría abrirse el camino para que Uribe sea investigado y procesado por casos y hechos que tienen que ver con el fenómeno paramilitar (apoyo, agenciamiento y beneficios políticos recibidos), ‘falsos positivos’ (en los que por lo menos, le cabe responsabilidad indirecta, por haber presionado a la tropa a entregar ‘más y mejores resultados operacionales’) y las interceptaciones ilegales hechas por el DAS, órgano que depende directamente de la Presidencia y que Uribe convirtió en su policía política para perseguir a sus críticos, detractores, opositores, periodistas y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se atrevieron a investigar, procesar y castigar a políticos amigos que fueron decisivos en sus triunfos electorales en 2002 y en 2006.
Si por el contrario, el Departamento de Estado otorga la inmunidad al ex presidente Uribe, ello cierra el camino para que las demandas y las denuncias hechas, por ejemplo, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otros actores sociales que creen posible que se juzgue a Uribe en escenarios internacionales e incluso, en el escenario local, queden sin el respaldo político que se requiere para que dichas demandas prosperen, dada su condición de ex presidente de la República.
De cualquier forma, el aplazamiento es ya una muestra fehaciente de que algo ha cambiado desde la llegada de Obama a la Casa Blanca. Uribe sirvió a los intereses de los Estados Unidos en la época de Bush y se hincó de manera expresa a su poder, pero ello no alcanza a borrar las dudas y a desestimar la información que el Departamento de Estado tiene y la que ha acumulado en relación con el actuar de Uribe como Presidente, como gobernador y como político. Como en otras ocasiones y casos, estamos en manos del Departamento de Estado. ¿Realmente está embolatada la inmunidad a Uribe o es parte del juego perverso en el que caen quienes dicen defender los derechos humanos?
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no toma una decisión alrededor de otorgarle o no inmunidad a Uribe Vélez. Es más, acaba de solicitar al juez 30 días más para discutir el asunto.
Por ahora y mientras se toma la decisión de otorgarle o no la inmunidad solicitada por el gobierno de Juan Manuel Santos, hay que decir que las dos prórrogas pedidas por el Departamento de Estado resultan significativas en la medida en que el gobierno demócrata quiere ser cuidadoso en un asunto que no sólo compromete -y comprometería- las relaciones Washington-Bogotá, sino la ambigua y difícil postura que el gobierno de Obama ha asumido frente a la defensa de los derechos humanos, en especial para el caso colombiano. Baste con recordar lo que ha sucedido con el TLC, que por razones económicas internas de los Estados, y por la violación de los derechos humanos en Colombia, no ha sido aprobado aún.
Es claro que hay una situación distinta. No estamos en los tiempos en los que Colombia, hincada al poder gringo por cuenta de Uribe, gozaba de la simpatía, de la aquiescencia y colaboración del gobierno de Bush. Relación compleja esa entre Busch y Uribe, que pasó desapercibida en buena medida para los analistas e intelectuales y por la gran prensa colombiana. Hoy el asunto es a otro precio.
Y por cuenta de estas nuevas circunstancias, es posible que la inmunidad de Uribe, por ahora embolatada, determine el tipo de relación que Washington desea construir con el gobierno de Santos, sobre la base del respeto a los derechos humanos, a los sindicalistas, a la oposición y en general, a condiciones de seguridad no sólo para los trabajadores, sino en general para los ciudadanos colombianos. Es decir, que lo sucedido en Colombia entre el 2002 y el 2010, no se vuelva a repetir.
En caso tal de que el Departamento de Estado decida negar o no reconocer la inmunidad solicitada por Colombia, Uribe Vélez no sólo deberá comparecer en condición de testigo en el caso que se lleva contra la multinacional Drummond por vínculos con paramilitares y la comisión de delitos (homicidio de sindicalistas), sino que podría abrirse el camino para que Uribe sea investigado y procesado por casos y hechos que tienen que ver con el fenómeno paramilitar (apoyo, agenciamiento y beneficios políticos recibidos), ‘falsos positivos’ (en los que por lo menos, le cabe responsabilidad indirecta, por haber presionado a la tropa a entregar ‘más y mejores resultados operacionales’) y las interceptaciones ilegales hechas por el DAS, órgano que depende directamente de la Presidencia y que Uribe convirtió en su policía política para perseguir a sus críticos, detractores, opositores, periodistas y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se atrevieron a investigar, procesar y castigar a políticos amigos que fueron decisivos en sus triunfos electorales en 2002 y en 2006.
Si por el contrario, el Departamento de Estado otorga la inmunidad al ex presidente Uribe, ello cierra el camino para que las demandas y las denuncias hechas, por ejemplo, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otros actores sociales que creen posible que se juzgue a Uribe en escenarios internacionales e incluso, en el escenario local, queden sin el respaldo político que se requiere para que dichas demandas prosperen, dada su condición de ex presidente de la República.
De cualquier forma, el aplazamiento es ya una muestra fehaciente de que algo ha cambiado desde la llegada de Obama a la Casa Blanca. Uribe sirvió a los intereses de los Estados Unidos en la época de Bush y se hincó de manera expresa a su poder, pero ello no alcanza a borrar las dudas y a desestimar la información que el Departamento de Estado tiene y la que ha acumulado en relación con el actuar de Uribe como Presidente, como gobernador y como político. Como en otras ocasiones y casos, estamos en manos del Departamento de Estado. ¿Realmente está embolatada la inmunidad a Uribe o es parte del juego perverso en el que caen quienes dicen defender los derechos humanos?
NOTA: esta columna fue publicada en el espacio Aula & Asfalto, de la Universidad Central de Bogotá, http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, edición 221 de 03/18 de 2011.
2 comentarios:
Barak Obama es un hombrecillo que no puede ni con su humanidad, de estadista poco y de político habilidoso menos, es una gran veleta que se direcciona al paso de los vientos de los Senadores Demócratas más influyentes tan “preocupados” por la situación de los Sindicalistas en Colombia sin tan siquiera inmutarse de cómo la Mafia Italiana y Rusa cooptó a los de su propio país y/o los elimina cuando se alejan de la senda. En los puertos de la Costa Este no se mueve una sola estiba sin que las “Familias Italianas” o “Armenias” lo aprueben, ¿qué ironía no?, los abuelos le llamarían a esta situación “observar la paja en el ojo ajeno sin observar la viga en el propio”.
Por fortuna estos “Mamertos demócratas aburguesados” (que son los peores) ya no son mayoría en el Congreso puesto que regresó la mayoría Republicana y no me cabe la menor duda que su Presidente “Progresista” y “Humanista” tan preocupado por la situación en Guantánamo Bay no será reelegido. A terminado extendiendo o sea alimentando todos los conflictos de su antagonista político George W. Bush, ¿o no?
Los demócratas de la era Obama se me asemejan bastante al “Glorioso” Polo Democrático Alternativo hasta en sus contradicciones y casi nula coherencia entre lo que predican y practican (léase Petro y sus clientelas cada vez más aceitadas y los hermanitos Moreno, entre otros). A propósito ¿los seguís adorando con la pasión genital de siempre perrazo?
Álvaro Uribe con todos sus logros pero también con todas sus equivocaciones (a lo largo de ocho años) hizo inviable el “sueño” de la izquierda democrática y no democrática (que a veces son lo mismo) en Colombia y eso no se lo perdonarán jamás los guerrilleros de doble faz parapetados en los medios de comunicación del orden local, regional y nacional, las ONG (léase aliados incondicionales de los alzados en armas) y hasta un número importante de “respetados juristas” en las Altas Cortes.
¡Larga vida e inmunidad en USA y el mundo al Héroe Nacional carajo!
Mario G.
Hola Uribito:
Vamos por partes.
1. Ante el hecho de que el Departamento de Estado norteamericano le reconociera la inmunidad diplomática al ex presidente colombiano, sólo significa que no estará obligado a comparecer ante el Tribunal Judicial americano a declarar sobre los hechos investigados. De esta situación no se puede inferir consecuencias alguna adicional.
2.- El reconocimiento de la inmunidad no significa que las eventuales causas judiciales, desde lo penal, contra ex presidente, queden amparadas por la inmunidad concreta y, que por ello, no pueda perseguirse su responsabilidad. Esto solo es posible ante las autoridades judiciales norteamericanas, que carecen legalmente de Jurisdicción Universal.
3.- De otra parte, una cosa es lo que suceda en la casa norteamericana y, otra diferente, lo que sucede en el planeta tierra, que cuenta con una Jurisdicción Universal en España, Bélgica y otros Estados europeos, quienes pudieran iniciar causa en contra del ex.
4.- A pesar de lo anterior, el planeta también cuenta con una Corte Penal Internacional que persigue, de oficio y en subsidio crímenes graves contra la humanidad, si considera que el Estado de origen no los ha juzgados conforme a un concepto universal de justicia,
Lo anterior significa que el caso norteamericano es una situación muy concreta y particular, de la cual no puede generalizarse.
Un abrazo,
Luis F.
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