CÁRCELES CIVILES PARA MILITARES QUE VIOLEN LA LEY

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El lugar de reclusión de militares que hayan participado en la comisión de todo tipo de delitos, no puede darse desde la defensa del honor y el fuero militares. Se equivocan los generales y el propio ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, al defender a dentelladas lo que es a todas luces indefendible, tal y como sucedió en la Comisión Segunda del Senado, donde se debatieron los escándalos protagonizados por militares recluidos dentro de la Base de Tolemaida.


Cuando un militar activo viola la ley en cumplimiento de sus funciones constitucionales y obedeciendo órdenes superiores, es decir, comete un error en la ejecución de actos del servicio, puede ser aceptable que el lugar de reclusión sea una guarnición militar en reconocimiento a su fuero. Pero cuando los delitos cometidos, por ejemplo, el homicidio en persona protegida, o la vinculación en actividades de narcotráfico, los uniformados responsables deben de pagar sus penas en cárceles civiles.

Ahora bien, en cualquier sentido y circunstancias, a todos y cada uno de los militares sindicados y procesados se les debe garantizar el debido proceso. Y una vez vencidos en juicio, deberían trasladarse a cárceles civiles de alta seguridad, así los delitos estén relacionados con actos del servicio. Los militares suelen defender aquello del honor militar y su fuero, colocándolos por encima del valor que tiene la vida de los civiles e incluso, de los propios enemigos que combaten en las selvas de Colombia.


Mancillan ellos mismos su honor militar al violar los derechos humanos de civiles (los falsos positivos, por ejemplo), así como cuando incumplen las exigencias y los principios contenidos en el Protocolo II, aplicable al tipo de conflicto armado interno colombiano. En el fragor de la guerra, en especial, en el contexto de un conflicto interno degradado, los militares no pueden actuar de la misma manera que lo hacen sus enemigos y menos aún, violar los derechos humanos de civiles que quedan en medio del fuego cruzado y a merced de las presiones de grupos armados ilegales. Por qué insistir en que los lugares de reclusión sean las guarniciones militares cuando ellos mismos saben que la autoridad, el mando y la obediencia debida no se pierden por el hecho de estar vinculados, procesados o condenados por disímiles delitos.


Es allí en donde está el problema central de la discusión. Al mantener las relaciones de autoridad, soportadas en la jerarquización por rangos, oficiales y suboficiales procesados saben que pueden obtener beneficios de esa relación de poder, naturalmente asimétrica, de allí que se aseguren privilegios que terminan convertidos en prácticas poco éticas, que no sólo le hacen daño a la imagen externa de la institución armada, sino que dentro de ella, esas mismas prácticas y los delitos cometidos, se legitiman de tal forma que se convierten en comportamientos y acciones normales, propias de una institución sobre la que, al parecer, no hay control alguno por parte del Ejecutivo y de los jueces ordinarios que llevan los casos de los militares sindicados de haber violado la ley.


En esa línea, lo mejor para la institución militar es alejar de las guarniciones a todos los soldados que hayan cometido delitos, en cumplimiento o no de órdenes superiores. Hacerlo de esta manera, muy seguramente evitaría el desgaste al que hoy se somete la imagen del Ejército por lo sucedido recientemente en la Base de Tolemaida. Los generales, el Comandante de las Fuerzas Militares y el propio Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, en lugar de rasgarse las vestiduras defendiendo el honor militar de los procesados, lo que deben hacer es ajustar los procesos de reclutamiento y la vigilancia interna de los hombres y mujeres bajo su mando, en aras de someter a cada uno de ellos y a la institucionalidad militar a la autoridad civil, a la legislación y a los marcos democráticos.

Desde el preciso momento en el que se exigen condiciones especiales de reclusión para quienes han violado la ley, mancillado el honor militar y traicionado la confianza ciudadana, entramos en el terreno de la impunidad. Y ello conlleva no sólo a la pérdida de legitimidad, sino que activa dentro de las fuerzas procesos de lumpenización con graves e incontrolables consecuencias para la sociedad en general y para el ordenamiento social y político.

Nota: esta columna fue publicada en la página www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/attachments/article/1916/cárceles%20civiles%20para%20militares%20que%20violen%20la%20ley-1.pdf

Publicado también en el portal Aula y Asfalto, del programa de periodismo de la Universidad Central de Bogotá, edición 225, 04/15 de 2011, http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/