ÉTICA Y CORRUPCIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En los escándalos de corrupción destapados (contratación en Bogotá, en el programa Agro Ingreso Seguro, en el sector salud y ahora en la DIAN) poco interés despierta un hecho que debería causar, por lo menos, el mismo rechazo social que parece generarse en las audiencias a raíz de los hechos de corrupción denunciados a través de los medios masivos. Y ese hecho tiene que ver con la presencia de Profesionales, muchos, seguramente, con estudios de postgrado en el exterior y egresados de prestantes universidades del país.

Y no se trata de trasladar responsabilidades a las universidades y a los profesores que insisten en la formación ética y humanística dentro de dichos centros de formación. De lo que se trata, por el contrario, es de tratar de explicar por qué idóneos profesionales se prestan para este tipo de prácticas a todas luces dolosas y dañinas, en la perspectiva de que se convierten en referentes morales y éticos para una sociedad que justamente carece de éstos.

Claro que si hay lugar a revisar, necesariamente, los planes de estudio de las universidades, de manera particular en ciencias económicas, administrativas y contables, entre otras, de aquellas instituciones que validaron los títulos de los profesionales que hoy están involucrados en los actos de corrupción denunciados, en la perspectiva de hacer un balance entre la formación técnica-profesional y la formación humanística, que claramente viene desapareciendo de los currículos, como efecto de un modelo económico y de una lógica tecnocrática que ve con desdén la formación humanística, víctima, por ejemplo, de la reducción de los tiempos de duración de las carreras profesionales.

Es clave develar las circunstancias y los factores que hoy dejan muy mal paradas las instituciones universitarias, que insisten en decirle a la sociedad que allí, en sus campus, se forman ciudadanos de bien y profesionales con las más altas calidades humanas, científicas y técnicas. Por lo pronto, ese discurso, queda en el vacío con el actuar de los egresados involucrados en los recientes escándalos de corrupción.

El factor costumbre es clave para explicar el fenómeno. Es decir, la sociedad colombiana convive de largo tiempo atrás con este tipo de prácticas, lo que las convierte en un fenómeno normal, aceptado y hasta cierto punto promovido desde varias esferas societales. Y la costumbre resulta no sólo de las bajas condenas de un sistema judicial colapsado y una política criminal incoherente o inexistente, sino de los inefectivos ajustes que desde el Estado y desde sucesivos gobiernos, se hacen para evitar o por lo menos minimizar los actos corrupción, en especial cuando se contrata con particulares.

También aporta a la situación el comportamiento mafioso de ciudadanos, políticos y partidos políticos, instancias desde donde se alimentan hábitos clientelares, que constituyen el primer paso para la puesta en marcha de rutinas a todas luces indebidas y dolosas. Por largo tiempo, la sociedad colombiana, y en especial sus élites, aceptaron la influencia de disímiles carteles (de la droga, del contrabando y de otras actividades productivas). Es más, emergentes empresarios buscaron a políticos y a familias prestantes de ciudades capitales para buscar aceptación social, que al final lograron gracias a la entrega de dádivas y de ganancias extraordinarias a unos y otras, logradas a través del lavado de activos, entre otras actividades.

Pero quizás haya que mirar el sistema económico capitalista (que también es social, político y cultural) como el máximo inspirador para que profesionales emprendan prácticas indebidas. Y es así, cuando principios ideológicos de dicho sistema como la consecución de máximas ganancias, con inversiones y esfuerzos menores, alcanzar el éxito y construir emporios empresariales, entre otros, terminan aupando a ciudadanos profesionales a atravesar la delgada línea que dicho sistema económico traza entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y ilegítimo, entre lo correcto y lo incorrecto.

Hay un hecho humano que también puede tener alguna incidencia en las conductas que muchos profesionales y ciudadanos deciden asumir dentro de sus ámbitos de acción social, política, económica y cultural. Y este es la finitud. El sabernos finitos puede resultar la mejor ‘excusa’ para aquellos que deciden aceptar y replicar frases, imaginarios y prácticas indebidas y corruptas, que claramente se expresan en frases como: me condeno, pero dejo asegurada a mi familia (propia de narcotraficantes); tengo hijos que sacar adelante y el sueldo no alcanza; como profesional, debo ser exitoso y ello implica conseguir plata; y si otros lo hacen, por qué yo no, entre otras.

Si conjugamos las circunstancias y los elementos señalados, se advierte que el asunto de la corrupción es tan complejo como la propia condición humana. De allí que la solución (que sería reducir las prácticas corruptas o evitar al máximo que se sucedan) no sea fácil de lograr.

Y aquí es momento de mirar también el modelo y el régimen político imperante en Colombia. Es claro que de tiempo atrás el Estado está cooptado por familias y grupos de poder, legales e ilegales, que lo han puesto al servicio de sus particulares intereses. Se suma a ello, la imagen negativa que los colombianos tenemos del Estado y de lo público-estatal.

La precariedad del Estado inspira y asegura, sin duda, la fragilidad de la ética de los profesionales que hoy hacen parte de las redes corruptas que han defalcado las finanzas públicas. Una ética que no resiste los embates de una sociedad consumista y de una industria cultural (en especial, la publicidad) que insisten en que la vida, corta per se, tiene sentido por la existencia abundante del dinero, razón última para hacer parte de las mafias que hoy se están develando, pero que mañana germinarán pues los incentivos para hacerlo permiten a dichos profesionales sopesar los riesgos frente a posibles condenas, por demás irrisorias, de la justicia. El delito paga en la medida en que los dineros robados en muchas ocasiones el Estado no logra recuperarlos, lo que motiva más a quienes ponen en la balanza los riesgos y los beneficios de las prácticas corruptas.

Y aquí es clave el papel de la oferta televisiva de unos canales de televisión privada, que insisten en replicar modelos y prácticas ilegales, que terminan alimentando los imaginarios, colectivos e individuales, de las audiencias que consumen a gusto productos como series y novelas dedicadas, por ejemplo, a los carteles de la mafia.

Insistir y ampliar la formación humanística en las prestantes universidades, y en general, en el sistema universitario colombiano, que hoy ven con preocupación lo que hacen sus idóneos egresados, puede contrarrestar en algo la fuerza corruptora de un sistema cultural que ha logrado ponerle precio a la dignidad, a la ética, y a la vida y que está allí, esperando atraer y someter a quienes hoy están por egresar de esas y de otras instituciones universitarias. Cuando una sociedad cuestiona y se pregunta para qué la ética, es porque sobre ella triunfó el perverso modelo económico imperante, resultante de una condición humana de la que podemos esperar lo más sublime, pero también lo más execrable.