Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
De un Estado moderno los ciudadanos esperan que los poderes públicos funcionen de manera coordinada, independiente, manteniendo el equilibrio entre ellos, en aras de avanzar en sacar adelante el orden social y el poder político que se concentra en la nomenclatura Estado, y generar así convivencia social.
La tarea no es fácil, por cuanto allí se exhiben las características y el talante de la condición humana, per se compleja y difícil. Más complejo se hace el manejo de esa condición humana cuando el Poder aparece para determinar las formas y el espíritu de las relaciones que de forma natural se generan en ese diálogo, pretendidamente simétrico y respetuoso, entre los tres poderes públicos.
Se suma a lo anterior las características del sistema político en el que la figura presidencial es determinante en el manejo de los asuntos del Estado, como quiera que tiene la capacidad de cooptar o someter políticamente y por la fuerza, si es necesario, la voluntad de los otros dos poderes.
Lo que ha venido sucediendo en Colombia es que el poder presidencial, a través de diversas fórmulas, legítimas, no legítimas, legales e ilegales, ha cooptado y sometido al poder Legislativo (Congreso), con las consecuencias de un país con altos índices de desigualdad, pobreza y exclusión social, circunstancias estas de la que son responsables las acciones de gobierno, validadas por un Congreso que no hace efectivo control político sobre aquel y por la acción legislativa que sólo beneficia a reducidos sectores poderosos del país.
El otro poder, el Judicial, siempre relegado y golpeado por gobiernos sucesivos y por fuerzas armadas ilegales, en los últimos años ha venido ganando terreno gracias no sólo a la estructura constitucional propuesta en la Carta Política de 1991, sino a la línea de filosofía constitucional que legitima la acción jurídica y política de las instancias y jueces constitucionales, para oponerse al peligroso poder que se concentra al momento en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deciden, por múltiples razones, circunstancias contextuales e intereses, enfrentar el poder Judicial en cabeza de las altas cortes y en general de los jueces.
Ese es el contexto en el cabe la discusión alrededor de lo que está sucediendo en Colombia, con propuestas de ajuste y reforma a la justicia y a las maneras en las que los tres poderes deben mantener el consagrado principio democrático de actuar de manera equilibrada, respetuosa y autónoma.
Empecemos por la propuesta presentada por el Presidente del Senado, Juan Manuel Corzo de revivir la inmunidad parlamentaria y de asegurar a futuro una segunda instancia para los congresistas. Dicha iniciativa no deja de ser inconveniente no sólo por los efectos jurídico-políticos y el diseño constitucional que hay detrás, sino porque puede esconder la idea de frenar las acciones valerosas de la Corte Suprema de Justicia en lo que toca al fenómeno de la parapolítica, en donde por lo menos el 35% del Congreso(el mismo que acompañó a Uribe y que en parte acompaña hoy a Santos) patrocinó, apoyó y facilitó la acción criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia en la comisión de delitos de lesa humanidad (masacres cometidas por los paramilitares) y en la penetración y cooptación del Estado.
Es claro que hay la intención de ponerle punto final a la acción de los jueces, en especial a las acciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia que han tocado a congresistas y que aún tiene en la mira a quienes hoy participan de la Unidad Nacional del Gobierno de Santos. Entre ellos el senador Corzo, quien tiene asuntos pendientes por supuestos vínculos con los paramilitares, asunto que en su momento deberá responder.
La propuesta, entonces, resulta grotesca porque el actual Congreso está sub judice, lo que resta legitimidad y autoridad moral para proponer reformas a todas luces convenientes para quienes han hecho del ejercicio legislativo y político una empresa criminal.
De igual manera, lo propuesto por Corzo cae mal en la opinión pública nacional porque hay evidencias históricas que señalan que el Congreso sirvió y sirve aún de madriguera para que fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo pongan allí a sus defensores, impulsores y finalmente, las fichas que les sirven ideológica y políticamente.
Baste con recordar que Pablo Escobar Gaviria se refugió en el Congreso para mimetizar su actividad criminal, con todo lo que ello significó para el país y para la propia Corporación.
En Colombia la política y el crimen han ido de la mano y han servido no sólo a narcotraficantes y paramilitares, sino a agentes poderosos de la sociedad civil que han buscado, a través de la fuerza, la violencia y los beneficios legislativos, perpetuar su poder económico, político y social en varias regiones del país.
En lo que toca al asunto de la doble instancia, la investidura de los congresistas no puede estar provista de ningún blindaje especial del que ya ostentan por ser ciudadanos aforados, porque ello significaría exponer y someter a la sociedad, al país, a la democracia y al propio Estado a los intereses de políticos inescrupulosos, capaces de ponerse al servicio de proyectos políticos como el trazado por las AUC y por quienes desde la sociedad política y civil, coadyuvaron para que penetraran las instituciones estatales y pusieran al Estado al servicio de su criminal empresa.
Ahora revisemos lo sucedido con la propuesta radicada por el Gobierno de Santos en torno a reformar la justicia y la reacción de altas cortes en relación con el espíritu de dicha iniciativa, que al parecer no recoge los elementos expuestos por los magistrados en las discusiones que se dieron entre el Gobierno y las Cortes.
Dentro del proyecto de reforma a la justicia se propone que a los congresistas los investigue la Fiscalía y que el juzgamiento lo haga la CSJ. Lo propuesto busca también ponerle fin al proceso de la parapolítica, así como a los asuntos de las ‘chuzadas’, buscando dilatar dichas investigaciones y golpear la inercia que ya lleva la Corte Suprema de Justicia en estas materias.
Es decir, tanto la propuesta de Corzo, como la radicada por el Gobierno de Santos, apuntan a golpear los sensibles y delicados procesos judiciales que lleva la Corte Suprema de Justicia y fijar límites inconvenientes a lo que muchos han llamado el gobierno de los jueces। Ejercicio éste que ha desentrañado los oscuros poderes mafiosos y criminales que se han filtrado en el Estado, pero en especial en el poder legislativo. No es, pues, simple coincidencia que las dos iniciativas se presenten al tiempo. Detrás hay una idea de punto final al ejercicio de control que sobre el Legislativo y el Ejecutivo (los procesos que lleva contra altos ex funcionarios del gobierno de Uribe) viene haciendo no sólo la Corte Suprema de Justicia, sino a las funciones constitucionales del Consejo de Estado.
De un Estado moderno los ciudadanos esperan que los poderes públicos funcionen de manera coordinada, independiente, manteniendo el equilibrio entre ellos, en aras de avanzar en sacar adelante el orden social y el poder político que se concentra en la nomenclatura Estado, y generar así convivencia social.
La tarea no es fácil, por cuanto allí se exhiben las características y el talante de la condición humana, per se compleja y difícil. Más complejo se hace el manejo de esa condición humana cuando el Poder aparece para determinar las formas y el espíritu de las relaciones que de forma natural se generan en ese diálogo, pretendidamente simétrico y respetuoso, entre los tres poderes públicos.
Se suma a lo anterior las características del sistema político en el que la figura presidencial es determinante en el manejo de los asuntos del Estado, como quiera que tiene la capacidad de cooptar o someter políticamente y por la fuerza, si es necesario, la voluntad de los otros dos poderes.
Lo que ha venido sucediendo en Colombia es que el poder presidencial, a través de diversas fórmulas, legítimas, no legítimas, legales e ilegales, ha cooptado y sometido al poder Legislativo (Congreso), con las consecuencias de un país con altos índices de desigualdad, pobreza y exclusión social, circunstancias estas de la que son responsables las acciones de gobierno, validadas por un Congreso que no hace efectivo control político sobre aquel y por la acción legislativa que sólo beneficia a reducidos sectores poderosos del país.
El otro poder, el Judicial, siempre relegado y golpeado por gobiernos sucesivos y por fuerzas armadas ilegales, en los últimos años ha venido ganando terreno gracias no sólo a la estructura constitucional propuesta en la Carta Política de 1991, sino a la línea de filosofía constitucional que legitima la acción jurídica y política de las instancias y jueces constitucionales, para oponerse al peligroso poder que se concentra al momento en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deciden, por múltiples razones, circunstancias contextuales e intereses, enfrentar el poder Judicial en cabeza de las altas cortes y en general de los jueces.
Ese es el contexto en el cabe la discusión alrededor de lo que está sucediendo en Colombia, con propuestas de ajuste y reforma a la justicia y a las maneras en las que los tres poderes deben mantener el consagrado principio democrático de actuar de manera equilibrada, respetuosa y autónoma.
Empecemos por la propuesta presentada por el Presidente del Senado, Juan Manuel Corzo de revivir la inmunidad parlamentaria y de asegurar a futuro una segunda instancia para los congresistas. Dicha iniciativa no deja de ser inconveniente no sólo por los efectos jurídico-políticos y el diseño constitucional que hay detrás, sino porque puede esconder la idea de frenar las acciones valerosas de la Corte Suprema de Justicia en lo que toca al fenómeno de la parapolítica, en donde por lo menos el 35% del Congreso(el mismo que acompañó a Uribe y que en parte acompaña hoy a Santos) patrocinó, apoyó y facilitó la acción criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia en la comisión de delitos de lesa humanidad (masacres cometidas por los paramilitares) y en la penetración y cooptación del Estado.
Es claro que hay la intención de ponerle punto final a la acción de los jueces, en especial a las acciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia que han tocado a congresistas y que aún tiene en la mira a quienes hoy participan de la Unidad Nacional del Gobierno de Santos. Entre ellos el senador Corzo, quien tiene asuntos pendientes por supuestos vínculos con los paramilitares, asunto que en su momento deberá responder.
La propuesta, entonces, resulta grotesca porque el actual Congreso está sub judice, lo que resta legitimidad y autoridad moral para proponer reformas a todas luces convenientes para quienes han hecho del ejercicio legislativo y político una empresa criminal.
De igual manera, lo propuesto por Corzo cae mal en la opinión pública nacional porque hay evidencias históricas que señalan que el Congreso sirvió y sirve aún de madriguera para que fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo pongan allí a sus defensores, impulsores y finalmente, las fichas que les sirven ideológica y políticamente.
Baste con recordar que Pablo Escobar Gaviria se refugió en el Congreso para mimetizar su actividad criminal, con todo lo que ello significó para el país y para la propia Corporación.
En Colombia la política y el crimen han ido de la mano y han servido no sólo a narcotraficantes y paramilitares, sino a agentes poderosos de la sociedad civil que han buscado, a través de la fuerza, la violencia y los beneficios legislativos, perpetuar su poder económico, político y social en varias regiones del país.
En lo que toca al asunto de la doble instancia, la investidura de los congresistas no puede estar provista de ningún blindaje especial del que ya ostentan por ser ciudadanos aforados, porque ello significaría exponer y someter a la sociedad, al país, a la democracia y al propio Estado a los intereses de políticos inescrupulosos, capaces de ponerse al servicio de proyectos políticos como el trazado por las AUC y por quienes desde la sociedad política y civil, coadyuvaron para que penetraran las instituciones estatales y pusieran al Estado al servicio de su criminal empresa.
Ahora revisemos lo sucedido con la propuesta radicada por el Gobierno de Santos en torno a reformar la justicia y la reacción de altas cortes en relación con el espíritu de dicha iniciativa, que al parecer no recoge los elementos expuestos por los magistrados en las discusiones que se dieron entre el Gobierno y las Cortes.
Dentro del proyecto de reforma a la justicia se propone que a los congresistas los investigue la Fiscalía y que el juzgamiento lo haga la CSJ. Lo propuesto busca también ponerle fin al proceso de la parapolítica, así como a los asuntos de las ‘chuzadas’, buscando dilatar dichas investigaciones y golpear la inercia que ya lleva la Corte Suprema de Justicia en estas materias.
Es decir, tanto la propuesta de Corzo, como la radicada por el Gobierno de Santos, apuntan a golpear los sensibles y delicados procesos judiciales que lleva la Corte Suprema de Justicia y fijar límites inconvenientes a lo que muchos han llamado el gobierno de los jueces। Ejercicio éste que ha desentrañado los oscuros poderes mafiosos y criminales que se han filtrado en el Estado, pero en especial en el poder legislativo. No es, pues, simple coincidencia que las dos iniciativas se presenten al tiempo. Detrás hay una idea de punto final al ejercicio de control que sobre el Legislativo y el Ejecutivo (los procesos que lleva contra altos ex funcionarios del gobierno de Uribe) viene haciendo no sólo la Corte Suprema de Justicia, sino a las funciones constitucionales del Consejo de Estado.
Si realmente en las dos iniciativas hubiese la idea de mejorar la justicia para los ciudadanos de a pie, no habría lugar a suspicacias. Y huelga decir que más han hecho los jueces constitucionales por la gente, por ejemplo a través de fallos de tutela (que también quieren reformar para reducir sus alcances), que quienes supuestamente representan los intereses de los ciudadanos, esto es, los congresistas. Quizás por ello, en el comunicado del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se lee, en los puntos 1, 2 y 7 que lo propuesto,
1. Se presenta como resultado de un desgaste y un diálogo inane, al cual fueron sometidas las altas Cortes de manera innecesaria durante un año.
2. No incluye medida efectiva alguna para solucionar la ausencia de recursos a la cual se ha confinado desde hace décadas a la Rama Judicial.
7. Los Tribunales Supremos de la Jurisdicción Ordinaria y de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, corporaciones centenarias que han sido pilares fundamentales para soportar la Democracia Colombiana, confían en que el Congreso de la República, en su sabiduría, examinará con serenidad los alcances del proyecto y adoptará las decisiones que correspondan consultando los más altos intereses de la Patria, del régimen Democrático y de la Administración de Justicia que tiene por objeto garantizarle a los colombianos la efectividad de un orden justo, la convivencia pacífica mediante la solución de sus conflictos y el imperio de la Constitución Política y de las leyes de la República”. (sic).
Aunque las dos altas cortes confían en la sabiduría del Congreso actual para examinar con buen criterio dicha propuesta gubernamental, la verdad es que no se puede esperar mucho del actual Congreso, pues así como hubo aplanadora uribista entre el 2002-2010, es posible que Santos quiera poner a andar la propia, para someter a los jueces a los intereses de la Unidad Nacional que hoy concentra el 95% del Congreso de la República.
Nota: publicado en el portal www.hechoencali.comhttp://www.hechoencali.com/columnas/corzo-el-congreso-y-el-gobierno-de-santos-contra-el-gobierno-de-los-jueces/,
2 comentarios:
Hola Germán. Comparto el análisis sobre el sentido de la reforma a la justicia de Santos. Hace parte de un acelerado y descarado recentramiento del poder, y un descomunal control en manos del presidente. Chao.
Rodolfo
) Creo que valdría la pena la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, derecho que tiene cualquier persona por ciertas normas internacionales. 2) Debe separarse, como ordena la garantía de los derechos, la función de investigación de la de juzgamiento. No tiene buena presentación que el que investiga juzgue. Ahora esto no significa que quien investigue sea la Fiscalía, podría ser otro órgano, o dividir la Corte Suprema en dos para estos asuntos, etc. 3) Recuerda que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia no se pusieron de acuerdo entre ellas. Es decir, no se trata de un tira y afloje entre ejecutivo-congreso y Altas Cortes... es que ni siquiera las Altas Cortes lograron consenso entre sí para la reforma. 4) El punto central y urgente es la financiación de la rama, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, y dar funciones de descongestión a las Altas Cortes y al Fiscal general. Esto no logró consenso... nadie se puso de acuerdo.
A mi no me gustó mucho el proyecto que presentó el Presidente, pero no creo que la culpa sea solo de la clase política... es que las Altas Cortes ni siquieras, en un año de negociación, lograron acuerdos entre ellas... todo el mundo fue a defender lo suyo y el ánimo de negociación fue mínimo.
Un abrazo,
AB
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